STC9924-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9924-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02474-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Sara Esther Coronado Noriega contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogot\u00e1, y citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00ba 11001-60-000-49-2008-08223 (R.I. 50932). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Para sustentar su reproche, se\u00f1al\u00f3 que en su contra y de Orlando Hern\u00e1ndez L\u00f3pez se adelant\u00f3 proceso penal por los delitos de estafa agravada, falsedad material en documentos p\u00fablico y falsedad en documento privado en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogot\u00e1 la conden\u00f3 el 30 de mayo de 2012, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en providencia de 29 de marzo de 2017, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por las conductas de concierto para delinquir, falsedad en documento p\u00fablico y falsedad en documento privado, confirm\u00f3 la condena por los dem\u00e1s punibles y modific\u00f3 la pena que le hab\u00eda sido impuesta. <\/p>\n
Frente al anterior pronunciamiento, tanto ella como el representante de las v\u00edctimas, interpusieron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y las demandas correspondientes se admitieron el 2 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Explica que posteriormente, pidi\u00f3 que se declarara la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n y que, en consecuencia, se ordenara su libertad inmediata, reclamo apoyado en la sentencia SU-126 de 2022 de la Corte Constitucional, donde seg\u00fan afirm\u00f3, se se\u00f1al\u00f3 que la interpretaci\u00f3n correcta del fen\u00f3meno prescriptivo contemplado en el art\u00edculo 189 de la Ley 904 de 2004, impon\u00eda contabilizar los cinco (5) a\u00f1os previstos en esa norma, desde la notificaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, y, para su caso, hab\u00eda tenido lugar en marzo de 2022. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que en sentencia STP6929 de 1\u00ba de junio de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 adversamente sus solicitudes de \u00abprescripci\u00f3n de la pena y de la acci\u00f3n penal\u00bb y se neg\u00f3 a casar el fallo del ad quem. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 esta decisi\u00f3n, porque, seg\u00fan expres\u00f3, la Corporaci\u00f3n accionada, de manera contraria a lo establecido en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, se\u00f1al\u00f3 que adem\u00e1s del plazo de los cinco (5) a\u00f1os atr\u00e1s comentados, deb\u00eda sumarse \u00abel tiempo que faltare entre la imputaci\u00f3n de cargos y la notificaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia\u00bb, argumentaci\u00f3n lesiva de sus garant\u00edas, opuesta a la jurisprudencia, a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenarle a la Sala de Casaci\u00f3n Penal invalidar la sentencia de 1\u00ba de junio de 2022 para que, en su lugar, declare \u00abla prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y consecuentemente [su] libertad inmediata\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la Sala de Casaci\u00f3n accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto la accionante cuenta con la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para cuestionar lo relativo a la prescripci\u00f3n alegada. Con todo, se\u00f1al\u00f3 que en la sentencia criticada no incurri\u00f3 en irregularidad, pues la sentencia SU-126 de 2022 de la Corte Constitucional, que no fue aplicada, adem\u00e1s de tener efectos inter partes, no ha cobrado firmeza, toda vez que la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 su nulidad y ello a\u00fan no ha sido definido; por tanto, la aplicaci\u00f3n del criterio de la Sala Especializada, en cuanto al t\u00e9rmino prescriptivo aducido por la accionante no es irrazonable. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Fiscal S\u00e9ptimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 que se declarara improcedente el amparo reclamado, como quiera que no existi\u00f3 irregularidad en la sentencia emitida por la accionada; adem\u00e1s, lo concerniente a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal puede ser alegado por la accionante a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 relat\u00f3 los antecedentes del proceso penal seguido a la actora y destac\u00f3 que el 21 de febrero de 2022 deneg\u00f3 las peticiones de \u00ablibertad inmediata\u201d, \u201cprisi\u00f3n domiciliaria por enfermedad grave\u201d, \u201cprisi\u00f3n domiciliaria transitoria\u201d y \u201cprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb formuladas por la accionante; sin embargo, se orden\u00f3 oficiar a Medicina Legal para que fijara cita para una valoraci\u00f3n medida de la accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El banco BBVA pidi\u00f3 desestimar el amparo, toda vez que no existi\u00f3 \u00abtransgresi\u00f3n o violaci\u00f3n alguna a sus derechos y garant\u00edas fundamentales, con las decisiones proferidas dentro del proceso penal\u00bb criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta capital, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del asunto reprochado en segunda instancia, escenario en el que dict\u00f3 la sentencia de 29 de marzo de 2017, modificando la providencia apelada. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Sara Esther Coronado Noriega reprocha, concretamente, la negativa a la solicitud que present\u00f3 de \u00abprescripci\u00f3n de la pena y de la acci\u00f3n penal\u00bb, adoptada en la sentencia STP6929-2022, toda vez que considera que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al proferir esa determinaci\u00f3n, desconoci\u00f3 la sentencia SU-126 de 2022 de la Corte Constitucional, as\u00ed como las normas aplicables y sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Revisada la decisi\u00f3n controvertida, en punto a la queja propuesta, pronto se advierte el fracaso del reproche constitucional, toda vez que la autoridad accionada resolvi\u00f3 la problem\u00e1tica con suficiencia, explicando detalladamente su postura y la imposibilidad de aplicar el criterio contenido en sentencia SU-126 de 2022. <\/p>\n
3.1 En su providencia, la Sala accionada, tras referirse a la actuaci\u00f3n procesal, destac\u00f3 que en los asuntos gobernados por la Ley 906 del 2004, como el censurado, el per\u00edodo inicial de prescripci\u00f3n, esto es, anterior a la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n y desde la fecha de consumaci\u00f3n de los hechos, corresponde al m\u00e1ximo previsto para el tipo penal, sin que pueda ser inferior a 5 a\u00f1os, ni superior a 20. <\/p>\n
Enseguida, anot\u00f3 que el delito de estafa agravada, por el cual fue condenada la accionante en primera y segunda instancia, de acuerdo con el criterio de esa Sala de Casaci\u00f3n, ten\u00eda prevista una <\/p>\n
\u00abpena de prisi\u00f3n que va de 42.66 a 216 meses; por lo tanto, el t\u00e9rmino prescriptivo para el referido injusto i) entre la fecha de los hechos y la fecha de la imputaci\u00f3n es de 18 a\u00f1os, ii) desde este \u00faltimo acto procesal \u2013por el cual se interrumpe el plazo extintivo- y la sentencia de segunda instancia es de 9 a\u00f1os, que corresponde a la mitad de 18 a\u00f1os y, iii) tras la emisi\u00f3n del fallo de segundo grado \u2013no de su notificaci\u00f3n- la Corte cuenta con un plazo de suspensi\u00f3n de 5 a\u00f1os, m\u00e1s el tiempo que faltare por correr del transcurrido entre la imputaci\u00f3n y la sentencia de segundo nivel\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, advirti\u00f3 que la imputaci\u00f3n se produjo el 18 de diciembre de 2008, por lo que entre la fecha de los hechos -abril de 2008- y la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, no transcurrieron los 18 a\u00f1os consagrados en la ley para que prescribiera la acci\u00f3n penal en el primer escenario expuesto; asimismo, anot\u00f3 que, para el segundo, tampoco se hab\u00eda dado el fen\u00f3meno prescriptivo, como quiera que desde la imputaci\u00f3n y hasta la sentencia de segunda instancia -29 de marzo de 2017, no transcurrieron los 9 a\u00f1os necesarios para su consolidaci\u00f3n \u2013s\u00f3lo pasaron 8 a\u00f1os, 3 meses y 11 d\u00edas-, y, finalmente, en el tercer escenario tampoco hab\u00eda tenido lugar el per\u00edodo prescriptivo, pues <\/p>\n
\u00abcumplido el lapso inicial de 5 a\u00f1os de suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de 9 a\u00f1os, a partir del 29 de marzo de 2017 -fecha de la sentencia de segunda instancia-, se reanud\u00f3 el per\u00edodo extintivo restante \u2013es decir, del contabilizado entre la imputaci\u00f3n y el fallo de segundo nivel-, equivalente a 8 meses y 19 d\u00edas, el cual solamente vendr\u00eda a fenecer el 18 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, concluy\u00f3 la improcedencia de la petici\u00f3n de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal reclamada por la procesada, ya que la sentencia se estaba profiriendo el 1\u00ba de junio de 2022. <\/p>\n
3.2 Ahora, en cuanto a la aplicaci\u00f3n de la sentencia SU-126 de 2022 de la Corte Constitucional, explic\u00f3 que la misma no pod\u00eda materializarse porque, para ese momento -1\u00ba de junio de 2022-, a\u00fan no se conoc\u00eda su contenido, sino un \u00abcomunicado de presa\u00bb que, como tal no es una providencia judicial ni tiene fuerza vinculante, <\/p>\n
\u00abhasta este momento se desconoce el texto completo de dicha providencia y sus efectos, por ende, la \u00fanica hermen\u00e9utica vigente, que responde a los principios de legalidad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como al inter\u00e9s del legislador, es la plasmada atr\u00e1s \u2013supra p\u00e1rr. 103-, la cual garantiza que la persecuci\u00f3n penal por parte del Estado se har\u00e1 dentro de un plazo razonable y leg\u00edtimo\u00bb. <\/p>\n
3.3 As\u00ed las cosas, no se halla desafuero o irregularidad que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, ya que, como se se\u00f1al\u00f3, la Sala accionada resolvi\u00f3 la controversia bajo su conocimiento, con argumentos razonables y acordes con el criterio expresado en otros casos. Adem\u00e1s, no surge defecto alguno que estructure una v\u00eda de hecho como lo sostiene la peticionaria, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se ajuste con la finalidad del mecanismo excepcional, cuyo objetivo no es servir de una nueva instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (Ver CSJ STC-9232-2018, STC-5974-2021, CSJ STC 1212-2022 y STC2260-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
4. Aunado a lo expresado, surge necesario advertir que, a la fecha de esta decisi\u00f3n, ya se encuentra publicada la sentencia SU-126 de 2022 de la Corte Constitucional, no obstante, frente a la misma la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s de su Sala Plena, solicit\u00f3 la nulidad el 25 de julio de 2022, tr\u00e1mite aun no resuelto. <\/p>\n
5. Fijado lo anterior, se le pone de presente a la accionante que, una vez definido el tr\u00e1mite mencionado y, en caso de insistir en la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n aqu\u00ed alegada con apoyo en lo resuelto en la citada sentencia SU-126 de 2022, tiene a su alcance la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de que trata el art\u00edculo 192 y siguientes el C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013Ley 906 de 2004-, como quiera que dentro de las causales establecidas se prev\u00e9 su procedencia, entre otras, \u00abCuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb, mecanismo igualmente aceptado por esta Sala en casos asimilables (Ver CSJ, STC15701-2016, reiterada en STC8629-2021, entre otras) <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Sara Esther Coronado Noriega contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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