STC9928-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9928-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02484-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por John Fernando Rojas Gallego contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo de Familia de Concordia, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, con radicado N\u00ba 05209-34-89-001-2021-00074-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Para sustentar los reparos, se\u00f1al\u00f3 que, Isabel Burgos Corredor present\u00f3 contra John Fernando Rojas Gallego demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de la que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Promiscuo de Familia de Concordia. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el tr\u00e1mite, se pronunci\u00f3 sobre \u00abla demanda\u00bb y pidi\u00f3 que se decretaran los testimonios de Gabriel Dar\u00edo Montoya y Orlando de Jes\u00fas Osorio Restrepo, no obstante, el Juzgado de conocimiento omiti\u00f3 proveer al respecto y s\u00f3lo fij\u00f3 fecha para la audiencia de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, tras suscitarse desacuerdos en esa diligencia, se program\u00f3 el 16 de febrero de 2022 para su continuaci\u00f3n y en ella manifest\u00f3 su oposici\u00f3n frente a varias partidas denunciadas por la demandante y su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que formul\u00f3 apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n porque, seg\u00fan advirti\u00f3, aunque prob\u00f3 con documentos \u00abnotariados\u00bb que dichos automotores y sus cupos hac\u00edan parte de un contrato de cuentas de participaci\u00f3n y que, a pesar de que dichos bienes estaban a nombre del se\u00f1or Rojas Gallego, en verdad, le pertenec\u00edan como socio gestor y a los dem\u00e1s como socios ocultos, el Juzgado no accedi\u00f3 a reducir los porcentajes que sobre dichos bienes se incluyeron en el inventario. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Tribunal accionado, en providencia de 16 de mayo de 2022, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n recurrida porque no hall\u00f3 prueba fehaciente de la existencia del contrato de cuentas de participaci\u00f3n, decisi\u00f3n que considera lesiva de los derechos de su representado, pues se desconoci\u00f3 que en su primera intervenci\u00f3n en el proceso solicit\u00f3 distintos medios de prueba que no fueron decretados. <\/p>\n
Tras describir los documentos que aport\u00f3 y sostener que la Corporaci\u00f3n acusada incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria, asever\u00f3 que esa autoridad incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto\u00bb, porque, aun cuando se le indic\u00f3 que los involucrados en el negocio no eran abogados, censur\u00f3 las omisiones de \u00e9stos en los documentos presentados en relaci\u00f3n a las caracter\u00edsticas del nombrado contrato y parti\u00f3 de la mala fe al asegurar que el actor \u00abpretendi\u00f3 hacer pasar como un contrato de cuentas en participaci\u00f3n\u00bb los documentos suscritos con sus socios, con lo cual \u00absacrific\u00f3 varios principios constitucionales contra el se\u00f1or John Rojas y sus socios solamente porque ellos no est\u00e1n instruidos de forma correcta en la codificaci\u00f3n mercantil y no supieron redactar un verdadero contrato de cuentas en participaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 que provisionalmente, se ordene la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n de los bienes que fueron incluidos en el activo de la sociedad patrimonial materia del proceso criticado. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Isabel Burgos Corredor, mediante apoderado judicial, se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto los acusados no incurrieron en arbitrariedad o desafuero. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia advirti\u00f3 que no lesion\u00f3 las garant\u00edas del actor en el proceso cuestionado, pues emiti\u00f3 la decisi\u00f3n de segundo grado valorando las pruebas adosadas y sin desconocer las normas aplicables. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Fijado lo anterior, establece la Sala el fracaso del amparo planteado por el accionante John Fernando Rojas Gallego, pues revisada la providencia de 16 de mayo de 2022, mediante la cual el Tribunal Superior de Antioquia confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Concordia, en la audiencia de 16 de febrero de 2022 en relaci\u00f3n con las objeciones formuladas por el demandado respecto de las cuatro partidas referidas en la demanda de tutela, no se encuentra irregularidad lesiva de garant\u00edas sustanciales que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 En efecto, se encuentra que la Corporaci\u00f3n accionada tras relatar los antecedentes del asunto, precisar las partidas reportadas por la demandante en la diligencia de inventarios y aval\u00faos, y se\u00f1alar en qu\u00e9 consistieron las objeciones que el accionante propuso, destac\u00f3 que la apelaci\u00f3n se formul\u00f3 de manera parcial, frente a inclusi\u00f3n en el inventario (i) del 100% del veh\u00edculo con placas TOE516, (ii) su cupo de operaci\u00f3n en la empresa Cooncor en igual porcentaje; (iii) el 50% del automotor de placas NSY001 y (iv) el cupo de ese autom\u00f3vil en igual proporci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 a continuaci\u00f3n que seg\u00fan manifest\u00f3 el demandado, como dichas partidas hac\u00edan parte del contrato de cuentas en participaci\u00f3n que celebr\u00f3 con Orlando de Jes\u00fas Osorio Restrepo y Gabriel Dar\u00edo Montoya Santamar\u00eda, las mismas debieron ser incluidas en los porcentajes que le corresponden como socio gestor. <\/p>\n
Para resolver tal problem\u00e1tica, efectu\u00f3 algunas consideraciones sobre la sociedad patrimonial conformada entre compa\u00f1eros permanentes y los contratos de cuentas en participaci\u00f3n, punto en el que resalt\u00f3 que ese negocio estaba regulado en los art\u00edculos 507 a 514 del C\u00f3digo de Comercio y que se caracterizaba porque se trataba de \u00abun contrato de colaboraci\u00f3n empresarial\u00bb que no constitu\u00eda una persona jur\u00eddica, estaba conformado por un socio gestor y uno o m\u00e1s socios ocultos con calidad de comerciantes y en el que \u00absolamente uno de los part\u00edcipes lleva la administraci\u00f3n en su nombre, reput\u00e1ndose como due\u00f1o mientras los dem\u00e1s part\u00edcipes permanecen ocultos ante terceros (\u2026) [y] las utilidades o p\u00e9rdidas se distribuyen seg\u00fan la participaci\u00f3n de cada uno en el negocio o como lo dispongan, a su plena voluntad\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente se pronunci\u00f3 sobre las pruebas con las cuales el aqu\u00ed accionante, pretendi\u00f3 probar la existencia de dicho contrato y, adem\u00e1s, refiri\u00f3 que la carga probatoria de estaba en cabeza del recurrente, dadas sus afirmaciones sobre la celebraci\u00f3n del negocio y las consecuencias de \u00e9ste en relaci\u00f3n con el inventario de la sociedad patrimonial a liquidar. <\/p>\n
En cuanto al material probatorio, refiri\u00f3 que el recurrente aport\u00f3 dos documentos \u00abintitulados como \u2018Constancia de Propiedad de un veh\u00edculo\u2019\u00bb en los que se consignaba que, si bien los veh\u00edculos figuraban a nombre del accionante, all\u00ed demandado, \u00abson propiedad de los firmantes por partes iguales\u00bb, asimismo, indic\u00f3 que en los escritos se advert\u00eda que los veh\u00edculos prestaban el servicio de transporte con la empresa Cooncor, en la ruta Medell\u00edn-Concordia y viceversa. <\/p>\n
Destac\u00f3 a la par, que en tales documentos no se detallaba el valor aportado por los suscriptores respecto del cupo operativo y tampoco pod\u00eda extraerse qui\u00e9n era el socio gestor y cu\u00e1les los part\u00edcipes u ocultos, as\u00ed como tampoco era posible establecer a cargo de qui\u00e9n estaba la administraci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que de los documentos allegados no pod\u00eda inferirse la existencia del contrato de cuentas en participaci\u00f3n, ya que no estaban acreditadas varias de sus caracter\u00edsticas, y advirti\u00f3, <\/p>\n
\u00ab[Los] elementos axiol\u00f3gicos propios del contrato de cuentas en participaci\u00f3n, que deben estar circunstantes en el documento g\u00e9nesis aportado por el accionado con la finalidad de que preste m\u00e9rito probatorio sobre la existencia de la mencionada relaci\u00f3n contractual, brillan por su ausencia en las dos \u201cconstancias de propiedad de un veh\u00edculo\u2026\u201d que se pretendi\u00f3 hacer pasar por el resistente dentro de la presente causa procesal como contratos de cuentas en participaci\u00f3n; empero, se itera, la referida prueba documental no da cuenta de la referida negociaci\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que realmente los dos escritos adosados al plenario no evidencian, ni por asomo, que entre los suscriptores de los mismos se haya convenido una relaci\u00f3n contractual que se enmarque dentro del mencionado contrato; pues en tales instrumentos se denota ausencias o falencias en tal sentido, puesto que no permiten inferir el negocio de cuentas en participaci\u00f3n invocado por el aqu\u00ed convocado para afincar lo arg\u00fcido en la objeci\u00f3n formulada a las partidas 2, 3, 6 y 7 y es as\u00ed que teniendo en cuenta la libertad probatoria que en la materia fue establecida por el legislador, el extremo pasivo bien pudo acreditar los elementos del contrato de cuentas en participaci\u00f3n de manera concomitante con otros medios confirmatorios como lo es, por ejemplo, la prueba testimonial\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 el Tribunal Superior, que el recurrente \u00aben la oportunidad que establece el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 501 del CGP\u00bb bien pudo solicitar los interrogatorios de las partes, la declaraci\u00f3n de los comerciantes part\u00edcipes o el testimonio de los conductores de los veh\u00edculos o empleados de la empresa Cooncor, medios demostrativos que habr\u00edan sido id\u00f3neos para establecer si los veh\u00edculos en debate y sus cupos constituyeron un aporte de varias personas a un contrato de cuentas en participaci\u00f3n, sin embargo, como no procedi\u00f3 de esa manera, no logr\u00f3 demostrar tales cuestiones. <\/p>\n
Por lo examinado, advirti\u00f3 que resultaba viable confirmar la decisi\u00f3n apelada, aunque llam\u00f3 la atenci\u00f3n del a quo porque \u00e9ste ninguna apreciaci\u00f3n hab\u00eda realizado sobre el contrato de cuentas en participaci\u00f3n, a pesar de ser el argumento central de las objeciones del demandado. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, surge evidente la ausencia de irregularidades en la decisi\u00f3n que viene de memorarse, pues el Tribunal Superior de Antioquia resolvi\u00f3 con suficiencia la problem\u00e1tica planteada, toda vez que adem\u00e1s de profundizar sobre el contrato de cuentas en participaci\u00f3n, examin\u00f3 los medios demostrativos y extrajo la imposibilidad de tener por acreditada la celebraci\u00f3n de ese negocio y la destinaci\u00f3n de las partidas cuestionadas como parte del mismo, en tanto que, de los dos documentos allegados s\u00f3lo pod\u00eda concluirse un pacto privado para establecer que, pese e figurar a nombre del accionante los veh\u00edculos y los cupos, \u00e9stos pertenec\u00eda a dos personas m\u00e1s. <\/p>\n
Adicionalmente, ning\u00fan yerro se observa en lo expresado por el Tribunal, en cuanto a la carga probatoria que estaba en cabeza del recurrente, quien debi\u00f3 efectuar un ejercicio activo en aras de probar sus afirmaciones, en realidad, aunque el actor pidi\u00f3 pruebas al pronunciarse sobre la demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, esa no era la oportunidad legalmente establecida, pues, como lo expres\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada, de cara a las objeciones a los inventarios y aval\u00faos, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 expresamente, que \u00abPara resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y aval\u00faos o sobre la inclusi\u00f3n o exclusi\u00f3n de bienes o deudas sociales, el juez suspender\u00e1 la audiencia y ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de las pruebas que las partes soliciten\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se insiste, no se encuentra desafuero en la decisi\u00f3n controvertida, pues si el solicitante no logr\u00f3 demostrar indubitablemente la celebraci\u00f3n del contrato de cuentas en participaci\u00f3n, su actividad como socio gestor y el hecho de estar destinados los automotores y cupos rese\u00f1ados al desarrollo de ese contrato, no pod\u00eda pretender que el Tribunal Superior revocara la providencia impugnada y acogiera sus objeciones, aspecto que en nada permite concluir el excesivo rigorismo o la mala fe que, el accionante le endilg\u00f3 a la Corporaci\u00f3n accionada, ya que, se reitera, los documentos allegados no probaban el negocio alegado, el cual probablemente habr\u00eda podido acreditarse a trav\u00e9s de otros medios demostrativos solicitados de manera oportuna. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que en el punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por por John Fernando Rojas Gallego contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo de Familia de Concordia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9928-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9928-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02484-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por John Fernando Rojas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66524\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}