STC9929-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9929-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02486-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Alfonso S\u00e1nchez Mart\u00ednez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el el proceso verbal No. 2018-000003. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por el Tribunal accionado. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3 que la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales Suramericana SA en subrogaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda C\u00e1lculos y Construcciones SA, promovi\u00f3 en su contra el citado pleito verbal, en el que se inobserv\u00f3 la existencia de la cl\u00e1usula compromisoria o de amigable composici\u00f3n, que hab\u00eda propuesto como excepci\u00f3n previa, ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Monter\u00eda, donde fue negada, decisi\u00f3n con la que se desconoci\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, y le cercen\u00f3 el derecho a la defensa. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en el litigio, se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por desconocimiento de las reglas de la sana cr\u00edtica, porque el Juzgado de conocimiento en la sentencia no apreci\u00f3 las pruebas esenciales y determinantes que aport\u00f3, y, por el contrario, admiti\u00f3 y valor\u00f3 las que fueron \u00abindebidamente recaudadas\u00bb, por lo que analiz\u00f3 un medio probatorio que era nulo de pleno derecho o totalmente inconducente al caso concreto. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en la contestaci\u00f3n de la demanda, alleg\u00f3 un registro fotogr\u00e1fico de las formaciones rocosas, as\u00ed como las actividades extras que no fueron pactadas, las interventor\u00edas, junto con las actas de comit\u00e9 de obra que hac\u00edan parte del contrato, donde se anot\u00f3 las dificultades generadas, adem\u00e1s el convenio contemplaba la excavaci\u00f3n manual por cuadrilla de trabajadores y no de maquinaria pesada, o de explosivos; sin embargo, los mismos no fueron tenidas en cuenta. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en el expediente qued\u00f3 probado que era imposible efectuar la obra dentro de los noventa (90) d\u00edas calendario pactados, porque los contratantes ocultaron los estudios de suelos realizados, fueron quienes confeccionaron los contratos, y determinaron las actividades a realizar, cuando de antemano sab\u00edan las condiciones del terreno. <\/p>\n
Indic\u00f3, que igualmente estaba plenamente acreditado que la actividad adicional no estaba convenida, porque al encontrarse formaciones rocosas impenetrables manualmente, se requer\u00eda de maquinaria pesada, o estrategias no convencionales como dinamitar, para lo que no estaba autorizado y el contratista carec\u00eda de licencia, as\u00ed como de los conocimientos para realizar explosiones, lo cual retraso la actividad propia de la ejecuci\u00f3n de la obra. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, se deb\u00edan apreciar las pruebas en conjunto y exponer razonadamente el m\u00e9rito que se le asign\u00f3 a cada una, no obstante, en las sentencias proferidas en el proceso se omiti\u00f3 hacerlo, y valoraron unos medios probatorios \u00abindebidamente recaudadas\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 dejar sin efecto las sentencias de 23 de julio del a\u00f1o 2021 y 25 de enero de 2022. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Tribunal Superior de Monter\u00eda, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
La Juez Tercera Civil del Circuito de ese distrito judicial, indic\u00f3 que la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 sobre la excepci\u00f3n previa adquiri\u00f3 firmeza porque el accionante no efect\u00fao ninguna manifestaci\u00f3n, y en lo que ata\u00f1e a la sentencia, no se cumple el presupuesto de la inmediatez, porque present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela un a\u00f1o despu\u00e9s de haberse proferido la misma. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto, y la presente de manera oportuna. <\/p>\n
De igual manera, la jurisprudencia estableci\u00f3 unos requisitos de orden general que se deben examinar desde un comienzo, en aras de determinar si la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo de protecci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n adoptada por otra autoridad judicial, siendo estos: <\/p>\n
\u00abi) Que, la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; ii) Que, se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que, se cumpla con el requisito de la inmediatez; iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. v) Que, la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y vi) Que, no se trate de sentencias de tutela1\u00bb. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Jos\u00e9 Alfonso S\u00e1nchez Mart\u00ednez dirige su reclamo constitucional contra las sentencias proferidas por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, sin embargo, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que profiri\u00f3 el juzgador de segundo grado, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n
Ahora bien, en la providencia de 25 de enero de 2022, la Corporaci\u00f3n accionada confirm\u00f3 el fallo de primera instancia que resolvi\u00f3, declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el demandado aqu\u00ed accionante, acoger las pretensiones de la demanda, y condenarlo al pago de $131\u2019482.016. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se advierte que la acci\u00f3n resulta improcedente porque no se cumple el requisito de la inmediatez, como quiera que la acci\u00f3n de tutela fue promovida solo hasta el 26 de julio de 2022, seg\u00fan acta de reparto (derivado No. 0001 del expediente digital), esto es, luego de pasados los seis (6) meses despu\u00e9s de proferirse el fallo cuestionado, t\u00e9rmino que supera el lapso se\u00f1alado de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, sin que el peticionario haya dado a conocer alguna causa para justificar tal extemporaneidad, exigencia sobre la que la Corte reiteradamente ha puntualizado, \u00ab(\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (Ver CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC1526-2022, STC4732 de 2022, STC6331-2022 y STC7548-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
En este sentido, el requisito de la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
4. Ahora bien, si en gracia de discusi\u00f3n se tuviera como satisfecho el requisito de la inmediatez, de igual modo el amparo no puede prosperar, porque al margen de que el reclamante no comparta la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior accionado, se observa que en la misma se hizo un estudio de las pruebas aportadas tales como las fotograf\u00edas, actas de comit\u00e9 de obra, ente otras, que daban cuenta de la existencia de un material rocoso de gran magnitud en la obra, que no permit\u00eda echar de menos el presupuesto de imprevisibilidad y tampoco demostraba la fuerza mayor alegada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los cuestionamientos del aqu\u00ed accionante, no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia de segunda instancia reprochada, pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite verbal o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, m\u00e1xime cuando no se acredit\u00f3 el defecto f\u00e1ctico reprochado y dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Jos\u00e9 Alfonso S\u00e1nchez Mart\u00ednez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional C-590\/05, SU184\/19. <\/p>\n
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