STC9932-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9932-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02510-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar – Comfenalco Antioquia, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil de radicado No. 0500130300120180057300. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El apoderado de la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, Diana Patricia S\u00e1nchez Rojo y otros interpusieron demanda de responsabilidad civil contra la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Comfenalco y el Colegio Santa Bertilla Boscard\u00edn, de la que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
La finalidad de la misma, consisti\u00f3 en que se declarara a las demandadas responsables civil y solidariamente por los da\u00f1os y perjuicios sufridos por los demandantes, con ocasi\u00f3n del accidente que sufri\u00f3 Denise Julissa Echeverri S\u00e1nchez el 12 de septiembre de 2008 -cuando ten\u00eda 8 a\u00f1os de edad-, quien para ese entonces era alumna de la instituci\u00f3n educativa referida, la que program\u00f3 una salida recreacional al Parque Los Tamarindos, de propiedad de la accionante. <\/p>\n
Explic\u00f3 que cuando la afectada estaba haciendo fila para ingresar al parque, \u00abtropez\u00f3, perdi\u00f3 el equilibrio y cay\u00f3 desde su propia altura, golpe\u00e1ndose fuertemente contra un bolardo en su boca, el impact\u00f3 fractur\u00f3 la enc\u00eda superior, gener\u00f3 la avulsi\u00f3n de los dientes 11 y 21 y la luxaci\u00f3n extrusiva del diente 12\u00bb, y, le fueron prestados los servicios m\u00e9dicos y tratamiento requeridos para mejorar su condici\u00f3n de salud. <\/p>\n
En sentencia de 11 de junio de 2021, el Juzgado de conocimiento desestim\u00f3 las pretensiones y declar\u00f3 probadas las excepciones de prescripci\u00f3n, inexistencia de nexo causal y de culpa, y causa extra\u00f1a, por no haberse acreditado los presupuestos de la responsabilidad civil, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 el Tribunal accionado, en fallo de 30 de marzo de 2022, y declar\u00f3 a las demandadas responsables por los da\u00f1os y perjuicios reclamados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en esta \u00faltima providencia, se observ\u00f3 que la demanda fue presentada antes que se cumpliera el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, se hallaron probados los elementos constitutivos de la responsabilidad civil atribuida a las demandadas, se demostr\u00f3 la causaci\u00f3n de los da\u00f1os patrimoniales -lucro cesante futuro y da\u00f1o emergente-, extrapatrimoniales, -da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y da\u00f1os morales-, y se les conden\u00f3 al pago de los montos acreditados, determinaci\u00f3n en la cual, uno de los magistrados miembros de la Sala de Decisi\u00f3n salv\u00f3 vota parcialmente. <\/p>\n
En sentir de la accionante, el Tribunal Superior en la decisi\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defectos sustanciales y f\u00e1cticos, toda vez que, aplic\u00f3 una norma que no exist\u00eda para el momento de los hechos (Ley 1480 de 2011), el litigio no se desenvolvi\u00f3 bajo el amparo de las reglas jur\u00eddicas que rigen la responsabilidad civil (sin ajustarse al caso aquella que nace por el hecho ajeno), no se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis conjunto de las pruebas recaudadas, tampoco se prob\u00f3 el incumplimiento o la responsabilidad atribuida a Comfenalco, no se tuvo en cuenta las actuaciones imprudentes que despleg\u00f3 la menor, pese a las instrucciones y al cuidado que se le brind\u00f3 y, se demostr\u00f3 que la afectada no present\u00f3 perdida de su capacidad laboral, pues su estado de salud se reestableci\u00f3 satisfactoriamente y sin secuelas, conforme al dictamen pericial aportado. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia proferida el 30 de marzo de 2022 por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, para que, en su lugar, se profiera una nueva decisi\u00f3n que se ajuste a derecho y en la que se le absuelva de las pretensiones a Comfenalco. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado y vinculados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso declarativo citado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn comparti\u00f3 el link del expediente contentivo del proceso declarativo bajo examen, y se atuvo a las constancias procesales que aparecen en el mismo. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, inform\u00f3 que los defectos materiales y sustantivos en los que la accionante fund\u00f3 su demanda constitucional, \u00abno pasan de ser un desacuerdo con la valoraci\u00f3n probatoria aplicada a la sentencia emitida el pasado 30 de marzo de 2022 (\u2026), juicio interpretativo [que] le corresponde al sentenciador en su discreta autonom\u00eda y fue lo que en efecto ocurri\u00f3 en el caso sometido a esta Sala del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
3. Los demandantes en el juicio declarativo en menci\u00f3n, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, expresaron que la acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en una tercera instancia, ni acusar una sentencia tan solo porque no se comparta las consideraciones o la determinaci\u00f3n adoptada. Adujo igualmente, que el r\u00e9gimen normativo que el ad quem aplic\u00f3 fue el de responsabilidad civil contractual, encontrando la concurrencia de sus presupuestos, lo que llev\u00f3 a la condena impuesta a las demandadas, y finalmente agreg\u00f3 que la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria, no son m\u00e1s que simples inconformismos o reproches que tiene la entidad suficiente para derrumbar la providencia atacada. <\/p>\n
4. La Comunidad de Hermanas Doroteas, propietaria del Colegio Santa Bertilla Boscard\u00edn, destac\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Colegiatura accionada es injusta no solo con Comfenalco, sino tambi\u00e9n con esa instituci\u00f3n, por indebida aplicaci\u00f3n de la normatividad llamada a regular el caso, valoraci\u00f3n incorrecta de las pruebas recaudadas y ausencia de responsabilidad de ambas demandadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias que desconocen de manera protuberante las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, o las normas de orden p\u00fablico, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente, obrar en sentido contrario, quebrantar\u00eda los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la queja constitucional cuestiona la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 30 de marzo de 2022, a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn de 11 de junio de 2021, que accedi\u00f3 a lo pretendido en el proceso de responsabilidad civil que promovieron Diana Patricia S\u00e1nchez Rojo, Mar\u00eda Alejandra, Diandra Nicole y Denise Julissa Echeverri S\u00e1nchez contra el Colegio Santa Betilla Boscard\u00edn y la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Comfenalco Antioquia, pues seg\u00fan afirma la actora, la determinaci\u00f3n de segunda instancia, es consecuencia de una indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba recaudados y de la aplicaci\u00f3n de la normativa que resultaba aplicable al caso, adem\u00e1s de carecer de congruencia y de motivos v\u00e1lidos. <\/p>\n
3. Establecido lo anterior, luego de efectuado un an\u00e1lisis al escrito de tutela en armon\u00eda con los medios de convicci\u00f3n incorporados al expediente declarativo, la Sala considera que el amparo reclamado est\u00e1 llamado al fracaso, porque la sentencia atacada carece de arbitrariedad, aunado a la concienzuda valoraci\u00f3n de las pruebas, y que, por tanto, no puede calificarse de antojadiza o caprichosa. <\/p>\n
Lo anterior se fundamenta en que la Corporaci\u00f3n accionada para llegar a la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, y para lo que importa a este estudio limitado a los inconformismos exteriorizados en el escrito de tutela, sostuvo en cuanto al r\u00e9gimen legal aplicable, que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien frente a la entidad recreativa, la parte actora podr\u00eda considerarse un tercero ajeno a esa relaci\u00f3n contractual, no cabe duda, de cara a la legitimaci\u00f3n de la entonces menor Dennise Julissa Echeverri S\u00e1nchez, que ha demostrado que fue part\u00edcipe en la ejecuci\u00f3n del mismo, en calidad de beneficiaria de los servicios recreativos y, precisamente, en vigencia de esta cadena de negocios y actos, fue que ella sufri\u00f3 los perjuicios que ahora reclama, por eso llama a juicio al Colegio y al Parque Recreacional de Comfenalco, quienes seg\u00fan los argumentos del recurso de apelaci\u00f3n y el escrito introductor de la demanda, deben responder civil y contractualmente, porque ten\u00edan la obligaci\u00f3n de vigilar y proteger a sus estudiantes menores de edad, de los riesgos que acarreaba la actividad extracurricular (\u2026) [C]abe anotar, que se entiende por responsabilidad civil contractual la que surge en relaci\u00f3n a la persona, natural o jur\u00eddica, que debe responder por el da\u00f1o que le ha causado a otra, por incurrir en el incumplimiento o en la ejecuci\u00f3n tard\u00eda o imperfecta de sus obligaciones emanadas de un contrato v\u00e1lido que han celebrado y que los vincula como partes, de modo que al contratante incumplido le corresponde reparar o indemnizar los perjuicios irrogados al otro. Para la configuraci\u00f3n de la responsabilidad en comento han de reunirse los siguientes presupuestos: a) Que exista un contrato bilateral celebrado por el demandante y el demandado. b) El hecho da\u00f1oso. c) El perjuicio. d) El nexo causal. e) La culpa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Superado lo anterior, se ocup\u00f3 del examen conjunto de las pruebas recopiladas durante el litigio \u2013documentales, historias cl\u00ednicas, contratos de servicios, declaraciones de las partes, testimonios de Luz Elena Uribe, Emilcen Villa, Sor Fabiola Mar\u00edn, dictamen pericial rendido por el odont\u00f3logo, cirujano, maxilofacial Pablo Emilio Correa Echeverri, dictamen pericial elaborado por la Facultad Nacional de Salud P\u00fablica de la Universidad de Antioquia, respecto a la p\u00e9rdida de la capacidad laboral de la afectada (2.2%), por citar algunos de los m\u00e1s relevantes-, como lo dispone el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso y de lo anterior concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abLo verdaderamente importante entonces, es que las medidas de seguridad no eran suficientes y que tanto la coordinadora como la profesora, que estaban asignadas al grupo, si bien dieron instrucciones necesarias para advertirle a las alumnas que no se apartaran del grupo y estar al pie de ellas, est\u00e1s advertencias no resultaban suficientes, pues el deber de vigilancia sobre la menor reca\u00eda en directivos, maestras, profesores, porteros, personal de log\u00edstica del parque, ya que todos a una, debieron ser personas designadas por el establecimiento educativo y por el parque, para conformar una vigilancia especial y adecuada, distinta a la normalmente ofrecida a personas adultas o menores que van acompa\u00f1ados de un cuidador, panorama que no era el que se presentaba con motivo de la actividad extracurricular. <\/p>\n
Para el efecto, la actividad se plane\u00f3 con casi dos meses de anticipaci\u00f3n, desde el 28 de julio de 2008, tiempo suficiente para hacer recorridos y prever los posibles puntos de riesgo para la integridad de los menores, lo que explica por qu\u00e9 nadie, ni las directivas o el personal del parque, habla de instrucciones dirigidas espec\u00edficamente a evitar juegos en los bolardos, lo cual hubiese llamado alarma a los acudientes de los ni\u00f1os para extremar las precauciones y la vigilancia durante ese recorrido inicial y all\u00ed falt\u00f3 una coordinaci\u00f3n entre las directivas del parque y del colegio, quienes previamente debieron conocer al dedillo los obst\u00e1culos que en esas circunstancias pod\u00edan representar un peligro para los infantes, pero omitieron hacerlo y tan siquiera se habl\u00f3 por las directivas del parque a los profesores que pusieran cuidado con los ni\u00f1os para que les prohibieran jugar sobre los bolardos\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, determin\u00f3 que la responsabilidad que se atribuy\u00f3 tanto al Colegio Santa Betilla Boscard\u00edn como a la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Comfenalco Antioquia, se realiz\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) con fundamento en el deber de vigilancia del docente o director y del centro recreacional, como garantes y deudores de la obligaci\u00f3n de responder por el da\u00f1o que puedan causar o sufrir, pues legalmente, se presupone que, el uno al ejercer la autoridad educativa y, el otro, cuando cobra un dinero por el ingreso a las instalaciones, asumen la seguridad de los usuarios, por consiguiente, no se trata si efectivamente pudieron o no controlar al estudiantado, sino hasta qu\u00e9 punto deb\u00edan hacerlo y, es precisamente el incumplimiento de esa labor de aminoraci\u00f3n de riesgo, la que trae consigo la responsabilidad endilgada a las entidades codemandadas, de ah\u00ed que la sentencia deba ser revocada en su integridad para abrir paso a las pretensiones indemnizatorias, siempre y cuando se hallen probadas, claro est\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, apreci\u00f3 que era viable revocar la sentencia apelada, para en su lugar, declarar a las demandadas responsables civil y solidariamente por los da\u00f1os y perjuicios sufridos por los demandantes, a ra\u00edz del accidente que sufri\u00f3 Denise Julissa Echeverri S\u00e1nchez el 12 de septiembre de 2008 cuando se encontraba en la fila para ingresar al Parque Los Tamarindos, accediendo, entonces, a las condenas por las siguientes sumas que se encontraron acreditadas en el plenario: <\/p>\n
\u00ab1. Da\u00f1os patrimoniales. <\/p>\n
i) Por concepto de lucro cesante futuro. Para Denisse Yulissa S\u00e1nchez Echeverri, la suma de cuatro millones trescientos noventa y cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos ($4.395.358.) <\/p>\n
ii) Por concepto de da\u00f1o emergente. Para la se\u00f1ora Diana Patricia S\u00e1nchez Rojo, la suma de quince millones ciento veintis\u00e9is mil seiscientos noventa y ocho pesos ($15.126.698,8). <\/p>\n
2. Da\u00f1os extra-patrimoniales. <\/p>\n
i) Por concepto de da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. Para Denisse Yulissa S\u00e1nchez Echeverri, la suma equivalente treinta (30) Salarios M\u00ednimos Legales Mensuales Vigentes al momento del pago. <\/p>\n
ii) Por concepto de perjuicios morales. Para Denisse Yulissa S\u00e1nchez Echeverri, la suma equivalente cuarenta (40) Salarios M\u00ednimos Legales Mensuales Vigentes al momento del pago. <\/p>\n
Y, para sus familiares co-demandantes, su madre Diana Patricia S\u00e1nchez Rojo y sus dos hermanas Mar\u00eda Alejandra Echeverri S\u00e1nchez, Diandra Nicole Echeverri S\u00e1nchez, la suma equivalente a veinte (20) Salarios M\u00ednimos Legales Mensuales Vigentes al momento del pago, para cada una de ellas\u00bb. <\/p>\n
4. Puestas de este modo las cosas, e independientemente que esta Sala comparta o no los razonamientos transcritos, e incluso difiera de algunos de los fundamentos que sirvieron de apoyo para llegar a las conclusiones en que se ciment\u00f3 la decisi\u00f3n censurada, no se vislumbra defecto alguno del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega la accionante, quien pretende imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y normativa sobre la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se ajuste a la finalidad con la que el constituyente introdujo en el ordenamiento jur\u00eddico el mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las decisiones que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (Ver CSJ STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021 y STC1212-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, referente al defecto f\u00e1ctico alegado por la accionante, por la supuesta falta de valoraci\u00f3n de algunas pruebas obrantes en el expediente, sus cuestionamientos no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia reprochada pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022), adem\u00e1s que, <\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (Ver CSJ STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022, STC4609-2022). <\/p>\n
6. Quedaron as\u00ed contestados los inconformismos de la accionante, pues ciertamente la v\u00eda sustancial tomada por el ad quem para resolver el caso bajo an\u00e1lisis, lo fue la responsabilidad civil contractual, s\u00ed se efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n adecuada y mancomunada de las pruebas practicadas, se expusieron los motivos con cargo a los medios que sirvieron para demostrar la responsabilidad atribuida a las demandadas y, se demostraron los da\u00f1os y perjuicios soportados por los demandantes. <\/p>\n
7. En consecuencia, se impone negar la acci\u00f3n de tutela pedida por las razones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Caja de Compensaci\u00f3n Familiar – Comfenalco Antioquia, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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