STC9937-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9937-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00199-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Ricardo Useche Bonilla contra el fallo de 22 de junio de 2022, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Honda, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil municipal de la misma ciudad y a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2013-200-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor pretende que se deje sin valor y efecto la providencia de segunda instancia emitida en el proceso en comento por medio de la cual se confirm\u00f3 el auto que aprob\u00f3 el remate (20 mayo 2022), para que, en su lugar rehaga la actuaci\u00f3n y corra traslado de las documentales que solicit\u00f3 oficiosamente, con el fin de garantizar el derecho de contradicci\u00f3n. Subsidiariamente peticion\u00f3 que de no prosperar ese pedimento, se \u00abenjuicie la diferencia entre verdad real y la aparente que de manera inusual ha sido incorporada [al prove\u00eddo cuestionado] en perjuicio de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que act\u00faa como demandado en el proceso ejecutivo en comento. En dicho tr\u00e1mite fue proferido auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n (19 marzo 2021); adem\u00e1s, se realiz\u00f3 la diligencia de remate, la cual fue aprobada (16 septiembre 2021), decisi\u00f3n que apel\u00f3. El tr\u00e1mite de la alzada le correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Honda, quien para resolver el asunto le solicit\u00f3 al Juzgado de primer grado que le remitiera copia de todas las solicitudes de nulidad presentadas en el proceso coercitivo, documentales de las cuales no corri\u00f3 el traslado respectivo y, aun as\u00ed, emiti\u00f3 decisi\u00f3n de fondo y confirm\u00f3 la providencia apelada que no fue soportada en derecho (20 mayo 2022). A juicio del censor, lo que hizo el Juzgado fue decretar una prueba de oficio, por lo que era necesario que se garantizara el derecho de contradicci\u00f3n, efecto para el cual debi\u00f3 surtirse el traslado de rigor. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el censor aludi\u00f3 a que ya hab\u00eda promovido otra acci\u00f3n constitucional por el tr\u00e1mite surtido en el proceso ejecutivo referido. <\/p>\n
2. El Juzgado accionado remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente. <\/p>\n
El Banco Caja Social adujo que la tutela carece del requisito de subsidiariedad; adem\u00e1s, sostuvo que el an\u00e1lisis efectuado por el juzgado es razonable y que en el tr\u00e1mite de la segunda instancia no fueron decretadas pruebas de oficio, sino que la autoridad judicial requiri\u00f3 la remisi\u00f3n de piezas procesales necesarias para surtir la apelaci\u00f3n. Agreg\u00f3 que el accionante ha presentado varias acciones constitucionales en el curso del proceso ejecutivo. <\/p>\n
3. El Tribunal no accedi\u00f3 a la s\u00faplica tras advertir que el Juzgado no decret\u00f3 pruebas de oficio, por lo que no hab\u00eda lugar a ordenar el traslado extra\u00f1ado por el actor; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la alzada es razonable. <\/p>\n
4. El promotor impugn\u00f3. Reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial y agreg\u00f3 que no fue citado a la diligencia de remate, lo cual puede evidenciarse al revisar el expediente electr\u00f3nico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado se respaldar\u00e1 por advertirse que la actuaci\u00f3n del Juzgado que tramit\u00f3 la segunda instancia es razonable. <\/p>\n
Liminarmente debe se\u00f1alar la Sala que aunque el actor adujo que ya hab\u00eda promovido otra acci\u00f3n de tutela para cuestionar actuaciones de proceso ejecutivo en comento, se evidencia que no fue por las mismas circunstancias aqu\u00ed aducidas, toda vez que en esa ocasi\u00f3n \u00fanicamente se cuestion\u00f3 el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de la sentencia (STC4322-2021). Luego, puede afirmarse que no existe temeridad configurada. <\/p>\n
Dilucidado lo anterior, en el caso concreto se encuentra que en el tr\u00e1mite de la segunda instancia del auto que aprob\u00f3 el remate, el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Honda Tolima no decret\u00f3 pruebas de oficio y si bien requiri\u00f3 al Juzgado de primera instancia para que le remitiera algunas documentales obrantes en el expediente, su proceder estuvo fundado en lo previsto en el art\u00edculo 324 del C\u00f3digo General del Proceso y as\u00ed lo consign\u00f3 en el auto: <\/p>\n
En cumplimiento a la providencia fechada 2 de diciembre de 2021 emitida en el asunto de la referencia, comedidamente, se comunica que conforme a lo establecido en la parte final del inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 324 del C\u00f3digo General del Proceso y por estimarlo necesario el despacho para un mejor proveer respecto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto adiado 19 de marzo de 2021, all\u00ed se orden\u00f3 oficiarlos a fin de que remita las siguiente piezas procesales: (i) copia digital de todas las solicitudes de nulidad elevadas por el ejecutado aduciendo \u201cpretermisi\u00f3n \u00edntegra\u201d de la instancia, as\u00ed como las providencias mediante las cuales fueron decididas las mismas en primera y segunda instancia; (ii) sentencia a trav\u00e9s de la cual fue desatada la acci\u00f3n de tutela promovida por el ejecutado con sustento en la misma circunstancia, mencionada en el acta de la diligencia de remate de 18 de marzo de 2021. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se dispuso que el estrado de primer grado deber\u00e1 dar aplicaci\u00f3n al aparte legal arriba citado\u00bb. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la norma invocada (art. 324 del C\u00f3digo General del Proceso) habilita al Juez de segunda instancia para que le solicite al Juez de primer grado la remisi\u00f3n de piezas procesales que sean necesarias para decidir la alzada. Dest\u00e1quese que una solicitud de esa naturaleza no corresponde a una prueba de oficio, toda vez que las documentales que fueron recibidas pertenecen al proceso ejecutivo, lo cual indica que las partes tienen pleno conocimiento de las mismas. En suma, se evidencia la autoridad judicial accionada no incurri\u00f3 en un tr\u00e1mite indebido. <\/p>\n
De otro lado, debe se\u00f1alarse que el amparo constitucional no es una senda adicional que permita cuestionar las decisiones proferidas por los jueces en el tr\u00e1mite ordinario de los procesos. De ah\u00ed que el gestor no puede pretender que se revise o se comparen \u00abla diferencia entre verdad real y la aparente\u00bb existente entre lo obrante en el proceso y la providencia que resolvi\u00f3 la alzada, menos cuando se evidencia que el auto cuestionado ratific\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la nulidad por advertir que el acceso al expediente del actor fue garantizado y que el auto que convoc\u00f3 el remate fue debidamente notificado. Sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) que desde que se notific\u00f3 el auto que fij\u00f3 la fecha (1 mes y 9 d\u00edas antes), Ricardo Useche Bonilla se enter\u00f3 del v\u00ednculo para acceder a ella y el mismo qued\u00f3 a su disposici\u00f3n \u2013 pues all\u00ed estaba inserto-, no pudiendo perderse de vista que es sujeto procesal y que por su calidad de abogado conoce que la notificaci\u00f3n por estado es el medio establecido por la ley adjetiva para enterar a los litigantes de las providencias proferidas fuera de audiencia\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que el Juzgado del Circuito expuso fundadas razones para ratificar la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la nulidad, por lo que resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que el gestor considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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