STC9939-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9939-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01325-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 6 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Carlos Eduardo Naranjo Fl\u00f3rez formul\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas y citadas las partes e interesados en el proceso de intervenci\u00f3n judicial de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Minerales y Energ\u00e9ticos Industriales – Minerg\u00e9ticos SA en toma de posesi\u00f3n, radicado bajo el n\u00b0 69.309. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en el proceso relacionado, la Superintendencia accionada profiri\u00f3 los autos n\u00b0 2021-01-777966 de 17 de diciembre de 2021, 004437, 004040, 048310, 146372, 340786 y 449414 de 11 de enero, 2 de febrero, 18 de marzo, 28 de abril y 20 de mayo de 2022, respectivamente, sin tener ni jurisdicci\u00f3n ni competencia, y neg\u00f3 la solicitud de nulidad que le present\u00f3, pese a que \u00abhan existido 3 delegaturas distintas que han conocido del proceso y 11 cambios de juez [lo que viol\u00f3] el principio [\u2026] de la perpetuatio iurisditionis\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3, revocar las citadas providencias y \u00abordenar [\u2026] el nombramiento del juez natural del proceso en cabeza de un funcionario exclusivo y espec\u00edfico que re\u00fana las condiciones de imparcialidad, especialidad y profesionalidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Superintendencia de Sociedades, pidi\u00f3 negar el amparo por ausencia del principio de la subsidiaridad, puesto que, frente al cambio de Juez efectuado en la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, el accionante no present\u00f3 ning\u00fan recurso relacionado con ese aspecto, y lo que busca es recurrir a un mecanismo que es excepcional pretendiendo que se revisen y modifiquen las decisiones adoptadas en el proceso, las que se han proferido en observancia de las normas que lo regulan. <\/p>\n
Destac\u00f3, que el juez natural es aquel que la constituci\u00f3n o la ley designa, y se\u00f1al\u00f3 que se encuentra investida de funciones jurisdiccionales seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 116 Superior, 24 del C\u00f3digo General del Proceso, 1\u00b0 y 4\u00b0 del Decreto 4334 de 2008, los que de manera expresa le otorgaron la facultad de decretar la intervenci\u00f3n judicial, por lo que, si bien es cierto que su estructura ha cambiado, la competencia siempre ha estado en cabeza de quien ha tenido a su cargo el conocimiento del respectivo proceso. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que existi\u00f3 una acci\u00f3n de este mismo linaje, por lo que se registr\u00f3 cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tras establecer que no se trataba de una acci\u00f3n temeraria, por contener hechos distintos a los expuestos en tr\u00e1mites anteriores de la misma naturaleza, neg\u00f3 el amparo, por cuanto consider\u00f3 que las determinaciones criticadas no pod\u00edan calificarse de infundadas o antojadizas, ya que se encontraban apoyadas en la realidad del proceso y la normatividad aplicable al caso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para insistir en sus pretensiones y enfatizar en la inexistencia de un recurso judicial efectivo para controvertir las decisiones proferidas por la Superintendencia, lo que -estim\u00f3- vulnera los derechos fundamentales de los administrados y desconoce la jurisprudencia local e internacional. <\/p>\n
Resalt\u00f3 adem\u00e1s, que su caso \u00abes un ejemplo viviente del abuso del poder del ejecutivo. El cual, mediante una resoluci\u00f3n, modifica constantemente los jueces.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (Ver CSJ STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC7925-2022). <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Carlos Eduardo Naranjo Fl\u00f3rez acudi\u00f3 inconforme con los autos n\u00b0 2021-01-777966 de 17 de diciembre de 2021, 004437, 004040, 048310, 146372, 340786 y 449414 de 11 de enero, 2 de febrero, 18 de marzo, 28 de abril y 20 de mayo de 2022, respectivamente, proferidos por la Superintendencia de Sociedades en el proceso de intervenci\u00f3n judicial de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Minerales y Energ\u00e9ticos Industriales – Minerg\u00e9ticos SA en toma de posesi\u00f3n, radicado bajo el n\u00b0 69309, porque seg\u00fan afirm\u00f3, dicha entidad no ten\u00eda ni jurisdicci\u00f3n ni competencia para conocer su proceso, y neg\u00f3 la solicitud de nulidad que present\u00f3, pese a que hab\u00edan \u00abexistido 3 delegaturas distintas que ha[b\u00edan] conocido del proceso y 11 cambios de juez [lo que viol\u00f3] el principio [\u2026] de la perpetuatio iurisditionis\u00bb. <\/p>\n
3. Analizado el proceso criticado, se observan con relevancia para lo que habr\u00e1 de decidirse,las siguientes actuaciones, <\/p>\n
3.1 Mediante auto n\u00b0 2022-01-004437 de 11 de enero de 2022, la Superintendencia de Sociedades para resolver una de las nulidades presentadas por el actor, consider\u00f3, <\/p>\n
\u00abLas nulidades deben ser alegadas en las etapas correspondientes salvo que se traten de hechos nuevos, en el presente caso, los solicitantes aducen la existencia de hechos nuevos para solicitar la nulidad; sin embargo se aprecia que, el primero de los hechos referidos [es decir, que la superintendencia de sociedades no agot\u00f3 un debido proceso tendiente a garantizar los derechos de los intervenidos dada su competencia privativa para conocer de la intervenci\u00f3n], ya fue atendido por el despacho en anteriores oportunidades, se\u00f1alando que el Despacho carec\u00eda de competencia para investigar y\/o revisar las investigaciones administrativas que determinan los supuestos de captaci\u00f3n y que, en los momentos procesales oportunos no se solicitaron las declaratorias de nulidad correspondiente. <\/p>\n
Frente al segundo de los hechos, se aprecia que no tiene virtud de afectar el proceso de intervenci\u00f3n judicial habida consideraci\u00f3n que su presentaci\u00f3n no desvirtuaba los supuestos de captaci\u00f3n y que el proceso judicial se decret\u00f3 con base en las determinaciones realizadas en la investigaci\u00f3n administrativa, contenida en las Resoluciones proferidas por la Superintendencia Financiera. De igual forma, tanto la investigaci\u00f3n administrativa adelantada por la Superintendencia Financiera como las Resoluciones que negaron el plan de desmonte voluntario, se emitieron con anterioridad al inicio del proceso judicial, con lo que este Despacho no tiene competencia para decretar la nulidad de actuaciones que no se desarrollaron en el marco del proceso, por lo que las solicitudes de control de legalidad \u2013 nulidad deber\u00e1n negarse\u00bb. <\/p>\n
3.2 Posteriormente, el se\u00f1or Carlos Eduardo Naranjo Fl\u00f3rez present\u00f3 otro \u00abincidente de nulidad por hechos nuevos en contra de los autos No. 2022-01-004437 y No. 2022-01-004040\u00bb, fundamentado en que en Resoluci\u00f3n de 20 de diciembre de 2021, fue designada Ver\u00f3nica Ortega como Directora de Intervenci\u00f3n del proceso, hasta el 21 de enero de 2022, y que en dicho per\u00edodo \u00absin conocimiento de las pruebas, ni el tr\u00e1mite, ni los documentos que obran en el expediente [\u2026] decidi\u00f3 en un tiempo precario sobre asuntos de suma trascendencia en el proceso de intervenci\u00f3n de la referencia y de los cuales como es natural no conoc\u00eda en su totalidad [y, que] Por lo anterior, se viol\u00f3 el derecho al debido proceso de los intervenidos y[,] en concreto del principio de perpetuatio iurisdictionis, que es de raigambre constitucional\u00bb. <\/p>\n
Solicitud que fue resuelta en decisi\u00f3n n\u00b0 2022-0-048310 de 2 de febrero de 2022, bajo la siguiente argumentaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00abtal y como lo disponen los solicitantes en su escrito, mediante Resoluci\u00f3n 202-01-781249 (100-008741) de 20 de diciembre de 2021, se encarg\u00f3 a la funcionaria Ver\u00f3nica Ortega \u00c1lvarez como directora de Intervenci\u00f3n Judicial por los per\u00edodos comprendidos entre los d\u00edas 27 de diciembre y 30 de diciembre de 2021 y entre el 31 de diciembre de 2021 y el 21 de enero de 2022. De acuerdo con lo anterior, la funcionaria Ver\u00f3nica Ortega \u00c1lvarez [\u2026] ten\u00eda entre sus funciones las de desempe\u00f1arse como Juez de los procesos de intervenci\u00f3n, como lo es el proceso seguido contra Minerg\u00e9ticos S.A. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n y otros. <\/p>\n
As\u00ed las decisiones adoptadas por la funcionaria Ver\u00f3nica Ortega \u00c1lvarez en el proceso de Minerg\u00e9ticos S.A. en toma de posesi\u00f3n como media de intervenci\u00f3n y otros, se encuentra conforme a sus funciones como Directora de Intervenci\u00f3n Judicial y juez del proceso, asignadas mediante Resoluci\u00f3n y de acuerdo con las facultades jurisdiccionales asignadas a la Superintendencia de Sociedades por disposici\u00f3n de los art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 4 del Decreto 4334 de 2008, 6 de la Ley 1116 de 2006 y 24 del C\u00f3digo General del Proceso y la asignaci\u00f3n de funciones hecha a la Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial. <\/p>\n
En ese sentido no existi\u00f3 falta de competencia, respecto de las providencias que se emitieron en el mes de enero de 2022 y que fueron suscritas por quien obr\u00f3 como directora Encargada, Ver\u00f3nica Ortega \u00c1lvarez\u00bb. <\/p>\n
3.3 Contra de esa decisi\u00f3n el aqu\u00ed accionante interpuso la reposici\u00f3n que fue desatada en auto n\u00b0 2022-01-146372 de 18 de marzo de 2022, cuyas consideraciones fueron las siguientes, <\/p>\n
\u00abEn este caso, se advierten dos escenarios distintos. En el primero, los recurrentes y nulitantes advierten que en el proceso no ha actuado el mismo juez, lo que vulnera el debido proceso y hace que las decisiones, en particular las adoptadas por Ver\u00f3nica Ortega \u00c1lvarez, sean nulas. <\/p>\n
En el auto recurrido, se advirti\u00f3 que todas las decisiones adoptadas en el proceso, lo han sido por los funcionarios que ostentan la competencia para ello. Al respecto, debe insistirse en que las facultades jurisdiccionales seg\u00fan los art\u00edculos 1 y 4 del Decreto 4334 de 2008, fueron asignadas a la Superintendencia de Sociedades y no a una Delegatura, Direcci\u00f3n y\/o funcionario en particular. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Respecto a la funcionaria Ver\u00f3nica Ortega \u00c1lvarez, como se advirti\u00f3 en el acto recurrido, consta que mediante Resoluci\u00f3n 2021-01-781249 de 20 de diciembre de 2021, suscrita en ejercicio de las funciones asignadas al Superintendente de Sociedades, se le encarg\u00f3 como Directora de Intervenci\u00f3n Judicial por los periodos comprendidos \u00e9ntrelos d\u00edas 27 de diciembre y 30 de diciembre de 2021 y entre el 31 de diciembre de 2021 y el 21 de enero de 2022. Por su parte, de acuerdo con la Resoluci\u00f3n 2021-01-0270362 del 5 de febrero de 2021, la suscrita ostenta el cargo de Directora de Intervenci\u00f3n Judicial, acto proferido por el Superintendente de Sociedades bajo las funciones asignadas. <\/p>\n
En los escritos, las designaciones se\u00f1aladas que tienen como consecuencia que las anotadas funcionarias, durante el encargo de funciones hayan suscrito decisiones judiciales en el marco del proceso de intervenci\u00f3n adelantado a Minerg\u00e9ticos S.A. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n y otros, violan el debido proceso en relaci\u00f3n con el principio del Juez natural. <\/p>\n
Estas afirmaciones a todas luces no se ajustan a la realidad del ordenamiento jur\u00eddico colombiano. La competencia del Juez est\u00e1 atada al acto que se las asigna y no por otra situaci\u00f3n distinta. Admitir la tesis de los recurrentes y nulitantes, ser\u00eda aceptar que ning\u00fan juez de la Rep\u00fablica (Municipal, Circuito o Magistrados) pueda renunciar a su cargo hasta tanto no agote los procesos bajo su conocimiento o pueda tomar las vacaciones a las que por ley tiene derecho. Aceptar que esto viola el debido proceso, es aceptar que los jueces quedan atados a sus procesos a lo largo de su vida, lo que sin duda desconoce elementales conceptos de funcionamiento del Estado. Por lo tanto, la legalidad de las decisiones judiciales en relaci\u00f3n con la competencia del funcionario que las profiere, se deriva del acto que nombre a dicho funcionario para el cargo con las funciones correspondientes y no de otra situaci\u00f3n distinta. A manera de ejemplo, es el C\u00f3digo General del Proceso la norma que otorga competencias a jueces de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. La norma, no se\u00f1ala en persona propia quienes ejercer\u00e1n dichas funciones, sino que asigna la competencia en raz\u00f3n al Despacho. Lo mismo ocurre en el presente caso. Las normas se\u00f1aladas asignan la competencia del Despacho y quien est\u00e9 al frente del mismo tiene la facultad de conocer los procesos a su cargo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la garant\u00eda del Juez Natural no implica que haya un solo Juez que conozca del proceso, como se pretende en los escritos, sino que quien act\u00faa como juez tenga la competencia para ello frente a las decisiones que profiera. <\/p>\n
En el presente caso, se reitera que como se se\u00f1al\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes, la facultad actual para conocer del proceso de intervenci\u00f3n judicial de Minerg\u00e9ticos S.A. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n y otros, es la Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial, de acuerdo con la Constituci\u00f3n [\u2026] y la Ley [\u2026] Y en igual sentido, el funcionario designado para dicho cargo, tiene competencia para proferir decisiones en el marco del proceso\u00bb. <\/p>\n
3.4 Finalmente, en auto n\u00b0 2022-01-340786 de 28 de abril de 2022, la Superintendencia, refiri\u00e9ndose a la nulidad que se present\u00f3 en contra del auto n\u00b0 2021-01-777966 de 17 de diciembre de 2021, reiter\u00f3, <\/p>\n
\u00abel cambio del funcionario que se desempe\u00f1a como Director de Intervenci\u00f3n Judicial no puede interpretarse como una vulneraci\u00f3n al debido proceso ni menos puede conllevar a la nulidad del proceso, dado que, para el caso en concreto la totalidad de providencia se ha proferido por los funcionarios que al momento de su emisi\u00f3n ostentaban la calidad de juez del proceso. Debe recordarse que, las normas asignan la competencia a la dependencia \u2013Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial- y quien est\u00e9 en desempe\u00f1o del cargo -Director de Interventor Judicial- tiene la facultad de conocer los procesos asignados a la dependencia. Dicho lo anterior y como se precis\u00f3 en el auto recurrido, la garant\u00eda del juez natural no implica que haya solo un juez que conozca del proceso, sino que quien act\u00faa como juez tenga la competencia para ello, frente a las decisiones que profiera\u00bb. <\/p>\n
4. De los argumentos transcritos no se extrae arbitrariedad o desafuero alguno, si se toma en cuenta que, ciertamente, la competencia atribuida a los jueces de la Rep\u00fablica, en este caso, a una autoridad administrativa dotada de funciones jurisdiccionales, la otorga la ley. <\/p>\n
Los art\u00edculos 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso y los c\u00e1nones 1\u00b0 y 4\u00b0 del Decreto 4334 de 2008, se\u00f1alan, expresamente, que es la Superintendencia de Sociedades, a trav\u00e9s de las distintas Delegaturas, direcciones o funcionarios que la misma designe, la que conoce los distintos asuntos invocados por los administrados, o los que inicia de oficio, por lo que es indiscutible que cuenta con la facultad espec\u00edfica para presidir juicios como el mencionado, sin que exista otro factor distinto que pueda tomarse en cuenta para el efecto. <\/p>\n
En todo caso, al margen de que el reclamante comparta o no las reflexiones expuestas en precedencia, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n avalada por el contexto particular que revelaba el expediente en estudio, lo que de entrada conduc\u00eda a la inviabilidad de esta acci\u00f3n de tutela, en la medida en que no est\u00e1 prevista para atacar providencias judiciales, con apoyo en una diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes les fueron adversas, en abierto desconocimiento de los principios de la autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia. (Ver CSJ STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en STC138-2022 y STC8922-2022 entre muchas). <\/p>\n
5. De esa manera -y solo en gracia de discusi\u00f3n- m\u00edrese bien que, al acudir a las taxativas causales de nulidad enlistadas en el ordenamiento procesal, emerge claro que la situaci\u00f3n denunciada por el actor y ahora impugnante, esto es, que en varias ocasiones y por distintas razones se registr\u00f3 el cambio del funcionario que conoc\u00eda el proceso en el que es parte, no configura ning\u00fan vicio procedimental, pues no puede desconocerse que la estructura administrativa de los m\u00faltiples organismos que ejercen funciones jurisdiccionales ameritan, en muchas ocasiones, el cambio o la sustituci\u00f3n del correspondiente director del proceso, como por ejemplo se registra com\u00fanmente en la justicia penal, dentro de la cual los jueces de control de garant\u00edas cambian constantemente, o en los casos de redistribuci\u00f3n por congesti\u00f3n judicial o reasignaci\u00f3n de procesos por distintas razones, sin que esta eventualidad, de manera alguna, configure una causal de invalidaci\u00f3n de lo actuado. <\/p>\n
6. En consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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