{"id":66538,"date":"2024-05-20T20:57:28","date_gmt":"2024-05-20T20:57:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc9945-2022\/"},"modified":"2024-05-20T20:57:28","modified_gmt":"2024-05-20T20:57:28","slug":"stc9945-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc9945-2022\/","title":{"rendered":"STC9945 2022"},"content":{"rendered":"<p>STC9945-2022<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrada &nbsp;ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC9945-2022 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00b0 &nbsp;11001-02-03-000-2022-02391-00 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp;<\/p>\n<p>Decide &nbsp;la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro &nbsp;Jaime Su\u00e1rez Escobar contra la Sala Dual de Decisi\u00f3n &nbsp;Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, tr\u00e1mite &nbsp;al que fueron vinculados el Magistrado Alberto Romero Romero y el &nbsp;Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, y fueron citadas &nbsp;las partes e intervinientes en el asunto de &nbsp;lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho de radicado No. 2013-00214. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>1. El &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;apoderado judicial del solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;del derecho fundamental al debido proceso de su representado, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;presuntamente &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;vulnerado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Villavicencio. &nbsp;<\/p>\n<p>Como &nbsp;fundamento de la acci\u00f3n manifest\u00f3 &nbsp;que, Harold Garc\u00eda Bonilla promovi\u00f3 demanda de &nbsp;lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho en contra de su &nbsp;representado Pedro &nbsp;Jaime Su\u00e1rez Escobar y otros, que &nbsp;admiti\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio &nbsp;el 28 de junio de 2013, una vez se notific\u00f3, present\u00f3 &nbsp;escrito de contestaci\u00f3n en el que se opuso a las pretensiones. &nbsp;<\/p>\n<p>Afirm\u00f3 &nbsp;que, el 3 de julio de 2018 se profiri\u00f3 \u00absentencia &nbsp;anticipada que termin\u00f3 el proceso\u00bb, &nbsp;y el demandante inconforme con lo resuelto interpuso el 9 siguiente &nbsp;recurso de apelaci\u00f3n que fue concedido en el efecto &nbsp;suspensivo, por lo que el expediente se remiti\u00f3 al superior &nbsp;funcional, donde se admiti\u00f3 la alzada el 19 de noviembre de &nbsp;2018. &nbsp;<\/p>\n<p>Explic\u00f3 &nbsp;que posteriormente el Magistrado sustanciador, el 26 de octubre de &nbsp;2021 declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en segunda &nbsp;instancia inclusive desde el auto admisorio, y orden\u00f3 la &nbsp;devoluci\u00f3n del expediente al Juzgado de origen, con la tesis &nbsp;que, \u00absolo &nbsp;era susceptible el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia &nbsp;que decreta el lanzamiento, pero no &nbsp;contra &nbsp;la providencia que niega el lanzamiento por ocupaci\u00f3n de &nbsp;hecho, por lo tanto, no proced\u00eda la concesi\u00f3n del &nbsp;recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de fecha 3 de julio de &nbsp;2018\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Se\u00f1al\u00f3 &nbsp;que, contra la aludida determinaci\u00f3n el apelante present\u00f3 &nbsp;recurso de reposici\u00f3n que el Magistrado adec\u00fao al de &nbsp;s\u00faplica, y el 28 de junio de 2022 la Sala Dual resolvi\u00f3 &nbsp;revocar la decisi\u00f3n, porque \u00abs\u00ed &nbsp;proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n atendiendo al &nbsp;principio de doble instancia de los procesos judiciales en los cual &nbsp;se tendr\u00e1n dos instancia, a menos que la ley establezca solo &nbsp;una; adem\u00e1s de lo anterior, censura la poca argumentaci\u00f3n &nbsp;del magistrado ROMERO ROMERO, de la decisi\u00f3n de fecha del d\u00eda &nbsp;26 de octubre de 2021, de la tesis que el proceso era de \u00fanica &nbsp;instancia, en raz\u00f3n a que en el proceso la \u00fanica &nbsp;providencia sujeta al recurso de apelaci\u00f3n es la providencia &nbsp;que ordena el lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho\u00bb &nbsp;(sic). &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Con fundamento en esos argumentos, solicit\u00f3 &nbsp;decretar la nulidad de la providencia de 28 de junio de 2022, y en su &nbsp;lugar ordenar a la accionada \u00abdejar &nbsp;inc\u00f3lume lo ordenado por el alto Tribunal, mediante auto de &nbsp;fecha 26 de octubre de 2021, proferido por el magistrado Alberto &nbsp;Romero Romero, dentro del proceso con radicado &nbsp;50001310300320130021400, cursante en el Juzgado 3 del Circuito de &nbsp;Villavicencio, Meta\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>\u202f&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>RESPUESTA &nbsp;DE LOS ACCIONADOS Y &nbsp;VINCULADOS &nbsp;<\/p>\n<p>Al &nbsp;momento de proferir la sentencia, no se hab\u00edan recibido &nbsp;pronunciamientos de los involucrados en la presente queja &nbsp;constitucional. &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n &nbsp;de tutela no procede contra las providencias o actuaciones &nbsp;judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los &nbsp;principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la &nbsp;Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los &nbsp;funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto &nbsp;al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no &nbsp;cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n &nbsp;est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la &nbsp;vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales &nbsp;involucradas. &nbsp;<\/p>\n<p>Igualmente, &nbsp;y seg\u00fan ha sido determinado por la Corte Constitucional, &nbsp;existen unas causales especiales para la configuraci\u00f3n de la &nbsp;trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una &nbsp;determinaci\u00f3n jurisdiccional, as\u00ed: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00aba) &nbsp;Defecto &nbsp;org\u00e1nico: que se presenta cuando el funcionario judicial que &nbsp;profiri\u00f3 la providencia impugnada, carece, absolutamente, de &nbsp;competencia para ello. b). Defecto &nbsp;procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 &nbsp;completamente al margen del procedimiento establecido. &nbsp;c). Defecto f\u00e1ctico, que surge cuando el juez carece del apoyo &nbsp;probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el &nbsp;que se sustenta la decisi\u00f3n. d). Defecto material o &nbsp;sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas &nbsp;inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y &nbsp;grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. &nbsp;e). Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue &nbsp;v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o &nbsp;lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos &nbsp;fundamentales. f). Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica &nbsp;el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los &nbsp;fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones en &nbsp;el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la &nbsp;legitimidad de su \u00f3rbita funcional. g). Desconocimiento del &nbsp;precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la &nbsp;Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y &nbsp;el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho &nbsp;alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para &nbsp;garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido &nbsp;constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado, &nbsp;h).&nbsp;Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, que es &nbsp;el defecto&nbsp;que se deduce de infringir directamente una o varias &nbsp;disposiciones o normas razonablemente vinculables a la Constituci\u00f3n\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;defecto procedimental, tiene ocurrencia cuando el juez, &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(i) &nbsp;aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de &nbsp;derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el &nbsp;cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en &nbsp;determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de &nbsp;cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se &nbsp;encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental &nbsp;en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb &nbsp;(CC T-031\/16, citada en STC4556-2019), y en suma cuando \u00abpor &nbsp;un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las &nbsp;formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva &nbsp;patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una &nbsp;inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la &nbsp;prevalencia del derecho sustancial\u00bb &nbsp;(CC T-234\/17, reiterada en STC4556-2019 y citada en STC091-2022). &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Ahora bien, las acciones a las que podr\u00eda acudir el afectado, &nbsp;para la protecci\u00f3n de los derechos de tenencia y posesi\u00f3n &nbsp;de bienes, son las siguientes. &nbsp;<\/p>\n<p>2.1 &nbsp;Judiciales: &nbsp;Previstas &nbsp;en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a trav\u00e9s de un &nbsp;proceso abreviado para recuperar y conservar la posesi\u00f3n de un &nbsp;inmueble regulado por el art\u00edculo 408 numeral 2 [interdictos &nbsp;para recuperar o conservar la posesi\u00f3n] &nbsp;y 416 [proceso &nbsp;posesorio]; &nbsp;o verbal sumario del art\u00edculo 435 &nbsp;[los posesorios especiales que regula el C\u00f3digo Civil]. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2 &nbsp; Agrarias: &nbsp;Reguladas &nbsp;primero por la Ley 200 de 1936 y, posteriormente, por el Decreto &nbsp;Legislativo 2303 de 1989, que en el art\u00edculo 98 estableci\u00f3 &nbsp;la competencia para conocer del lanzamiento por ocupaci\u00f3n de &nbsp;hecho en predios rurales a los Jueces agrarios, norma especial que &nbsp;remite expresamente al art\u00edculo 425 del C\u00f3digo de &nbsp;Procedimiento Civil reformado por el Decreto 2282 de 1989, no &nbsp;obstante, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 202 de la &nbsp;Ley 270 de 1996, dichos asuntos fueron asignados a los Juzgados &nbsp;Civiles del Circuito. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3 &nbsp;Policivas: &nbsp;Dispuestas en el art\u00edculo 125 y siguientes del C\u00f3digo &nbsp;Nacional de Polic\u00eda &#8211; Decreto 1400 de 1970, para evitar la &nbsp;perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n y la tenencia, cuyo &nbsp;procedimiento estaba se\u00f1alado en los C\u00f3digos de Polic\u00eda &nbsp;Departamentales. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisado el &nbsp;link &nbsp;remitido a este tr\u00e1mite, se &nbsp;observan como relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, &nbsp;las siguientes actuaciones, &nbsp;<\/p>\n<p>3.1 &nbsp;Harold Garc\u00eda Bonilla promovi\u00f3 proceso \u00ablanzamiento &nbsp;por ocupaci\u00f3n de hecho\u00bb &nbsp;contra Pedro Jaime Su\u00e1rez Escobar, Herlinda Mican Santa, &nbsp;Rodrigo y Orlando Mican Santana, radicado con el No. 2013-00214-00, &nbsp;que por reparto correspondi\u00f3 al Juez Tercero Civil del &nbsp;Circuito quien al admitir la demanda el 28 de junio de 2013 dispuso &nbsp;\u00abse &nbsp;tramitar\u00eda como una acci\u00f3n posesoria del art\u00edculo &nbsp;416 &nbsp;del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3.2 &nbsp;Notificados los demandados, Pedro Jaime Su\u00e1rez Escobar a &nbsp;trav\u00e9s de apoderado judicial contest\u00f3 la demanda, y el &nbsp;15 de julio de 2017 solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la &nbsp;actuaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 105 del &nbsp;Decreto 2303 de 1989, petici\u00f3n que fue negada por &nbsp;improcedente. &nbsp;<\/p>\n<p>3.3 &nbsp;El 5 de diciembre de 2017 se decretaron las pruebas solicitadas por &nbsp;las partes y se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n &nbsp;judicial al predio. &nbsp;<\/p>\n<p>3.4 &nbsp;El 25 de abril de 2018 la mandataria judicial de los demandados &nbsp;Herlinda Mican Santa y Rodrigo y Orlando Mican Santana, pidi\u00f3 &nbsp;que se suspendiera la actuaci\u00f3n seg\u00fan lo previsto en el &nbsp;art\u00edculo 105 del Decreto 2303 de 1989, porque los ocupantes &nbsp;del predio \u00abexhibieron &nbsp;t\u00edtulos con lo que se justifica legalmente la ocupaci\u00f3n\u00bb, &nbsp;solicitud negada el 29 de mayo de ese a\u00f1o, porque no se hab\u00eda &nbsp;practicado la inspecci\u00f3n judicial al inmueble. &nbsp;<\/p>\n<p>3.5 &nbsp;El 22 de junio de 2018 se adelant\u00f3 la citada diligencia, en la &nbsp;que se procedi\u00f3 a identificar el predio. &nbsp;<\/p>\n<p>3.6 &nbsp;El 3 de julio de 2018, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de &nbsp;Villavicencio resolvi\u00f3 decretar la terminaci\u00f3n &nbsp;anticipada de la acci\u00f3n, \u00abdejando &nbsp;a las partes en libertad de acudir a las acciones posesorias y &nbsp;procedimientos correspondientes\u00bb, &nbsp;as\u00ed como el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas, &nbsp;tras considerar que exist\u00eda una causal justificativa por la &nbsp;que el demandado se encontraba ocupando el predio rural objeto de &nbsp;proceso, pues aport\u00f3 el folio de matr\u00edcula No. &nbsp;230-61228 que daba cuenta que el se\u00f1or Pedro Jaime Suarez &nbsp;Escobar era propietario del 82.142% del bien, y por tanto no era &nbsp;procedente disponer el lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho. &nbsp;<\/p>\n<p>3.7 &nbsp;Inconforme con esa determinaci\u00f3n el demandante Garc\u00eda &nbsp;Bonilla, interpuso el 9 de julio de 2018 recursos de reposici\u00f3n &nbsp;y en subsidio apelaci\u00f3n, el Juzgado de conocimiento el 18 de &nbsp;septiembre de 2018 desat\u00f3 el primero de manera adversa a sus &nbsp;intereses, y concedi\u00f3 el segundo en el efecto suspensivo. &nbsp;<\/p>\n<p>3.8 &nbsp;El Tribunal accionado el 19 de noviembre de 2018 admiti\u00f3 la &nbsp;alzada, sin embargo, con la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020 &nbsp;adecu\u00f3 su tr\u00e1mite y en los t\u00e9rminos del art\u00edculo &nbsp;14 orden\u00f3 el traslado para la sustentaci\u00f3n de la misma. &nbsp;<\/p>\n<p>Luego, &nbsp;el 26 de octubre de 2021 decret\u00f3 la nulidad de lo actuado para &nbsp;declarar inadmisible la alzada porque el Decreto 2303 de 1989 hab\u00eda &nbsp;sido derogado por el art\u00edculo 626 del C\u00f3digo General &nbsp;del Proceso, aunado al hecho de que la providencia susceptible de ese &nbsp;medio de impugnaci\u00f3n era la que dispon\u00eda el &nbsp;lanzamiento, y en ese caso el Juzgado profiri\u00f3 \u00absentencia &nbsp;anticipada que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3.9 &nbsp; El apoderado del demandante interpuso recurso de s\u00faplica, al &nbsp;considerar que acorde con lo previsto en el art\u00edculo 8\u00ba &nbsp;del Decreto 2303 de 1989, se tramitan en primera instancia los &nbsp;procesos cuya cuant\u00eda es igual o superior a $500.000.oo, y &nbsp;como en el litigio la compraventa del predio Cedro Grande ascendi\u00f3 &nbsp;a $628.000.000.oo, adem\u00e1s seg\u00fan el recibo de impuesto &nbsp;predial para el a\u00f1o 2010, el bien estaba avaluado &nbsp;catastralmente en $110.223.000.oo, se trataba de un asunto de mayor &nbsp;cuant\u00eda, y solicit\u00f3 revocar esa determinaci\u00f3n, &nbsp;para en su lugar continuar con el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>3.10 &nbsp;La Sala Dual de Decisi\u00f3n el 28 de junio de 2022, desat\u00f3 &nbsp;la s\u00faplica en la que consider\u00f3 que, realizada una &nbsp;interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los art\u00edculos 7 a 14 &nbsp;y 52 del Decreto 2303 de 1989, se advert\u00eda que en la &nbsp;jurisdicci\u00f3n Agraria prima la doble instancia, y el &nbsp;lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho no fue clasificado por el &nbsp;legislador como de \u00fanica, y explic\u00f3, &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abCuando &nbsp;se promovi\u00f3 la acci\u00f3n se encontraba vigente el C\u00f3digo &nbsp;de Procedimiento Civil, &nbsp;\u00aben &nbsp;desarrollo del principio constitucional de la doble instancia &nbsp;se\u00f1alaba como pilar procedimental que \u201cLos procesos &nbsp;tendr\u00e1n dos instancias, a menos que la Ley establezca una &nbsp;sola\u201d, dogma, que reconoce como regla general la garant\u00eda &nbsp;de acudir al superior funcional para la revisi\u00f3n de la &nbsp;decisi\u00f3n del a-quo, salvo que la ley coartara esa &nbsp;prerrogativa, limitaci\u00f3n, que no estableci\u00f3 el &nbsp;legislador para la providencia que no ordena el lanzamiento por &nbsp;ocupaci\u00f3n de hecho\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abAhora &nbsp;bien, anuncia el magistrado ponente, que adem\u00e1s &nbsp;de su &nbsp;consideraci\u00f3n primigenia debe mirarse que el C\u00f3digo &nbsp;General del Proceso determin\u00f3 que los procesos verbales de &nbsp;lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho de &nbsp;bienes rurales se &nbsp;tramitan como de \u00fanica instancia, manifestaci\u00f3n que no &nbsp;tuvo mayor fundamentaci\u00f3n; de cara a ella, se dir\u00e1, que &nbsp;habiendo iniciado el proceso que aqu\u00ed se revisa con la gabela &nbsp;de la doble instancia, no es factible que luego de proferirse la &nbsp;providencia que define la primera instancia se limite la alzada o se &nbsp;la trate como de \u00fanica instancia, pues, tal tesis vulnera el &nbsp;derecho a la tutela judicial efectiva, la cual se ha definido por la &nbsp;Corte Constitucional como la posibilidad \u201cde &nbsp;poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales &nbsp;de justicia, para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico &nbsp;y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus &nbsp;derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a &nbsp;los procedimientos previamente establecidos y con plena observaci\u00f3n &nbsp;de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en &nbsp;la leyes\u201d &nbsp;y de paso, la regla de vigencia ultraactividad de la ley adjetiva en &nbsp;el tiempo que \u201cconsiste &nbsp;en la aplicaci\u00f3n de una norma que ha sido expresa o &nbsp;t\u00e1citamente derogada a situaciones de hechos que si bien &nbsp;tuvieron lugar durante su vigencia, por el efecto general e inmediato &nbsp;de las leyes, en la actualidad sus efectos se encuentran cobijados &nbsp;por una nueva disposici\u00f3n jur\u00eddica. De este modo, &nbsp;aunque la nueva ley es de aplicaci\u00f3n inmediata, en virtud del &nbsp;fen\u00f3meno de la ultraactividad, se admite la pervivencia de la &nbsp;normatividad anterior con el objetivo de preservar las pret\u00e9ritas &nbsp;condiciones de adquisici\u00f3n y extensi\u00f3n de una &nbsp;determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica en beneficio de los &nbsp;derechos adquiridos y las leg\u00edtimas expectativas de quienes se &nbsp;rigieron por la norma derogada\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abCorolario, &nbsp;sean suficientes las anteriores consideraciones para revocar la &nbsp;decisi\u00f3n revisada en s\u00faplica que declar\u00f3 la &nbsp;nulidad de todo lo actuado, a partir del prove\u00eddo admisorio de &nbsp;la apelaci\u00f3n y dispuso la inadmisibilidad del mismo en &nbsp;consecuencia, se dispone que el despacho cognoscente en esta sede &nbsp;judicial imparta el tr\u00e1mite pertinente al asunto atendiendo &nbsp;que con la revocatoria del auto del 26 de octubre de 2021 cobra vida &nbsp;el tr\u00e1mite surtido hasta la fecha\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp; Puestas as\u00ed las cosas, en &nbsp;el presente asunto, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n &nbsp;de las garant\u00edas fundamentales invocadas, &nbsp;como quiera que, la &nbsp;Sala Dual del Tribunal cuestionado cuando profiri\u00f3 el auto de &nbsp;28 de junio de 2022, mediante la cual revoc\u00f3 la providencia &nbsp;suplicada y dispuso continuar con el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, &nbsp;lo hizo porque la decisi\u00f3n que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n &nbsp;del litigio de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho, si era &nbsp;susceptible de apelaci\u00f3n, porque el proceso se promovi\u00f3 &nbsp;en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso como de primera &nbsp;instancia, y, adem\u00e1s, la decisi\u00f3n censurada de &nbsp;\u00abterminaci\u00f3n &nbsp;de proceso\u00bb &nbsp;se hizo en auto que bajo dicha normativa tambi\u00e9n era apelable. &nbsp;<\/p>\n<p>Ahora &nbsp;bien, tampoco se observa que la Sala Dual &nbsp;cuestionada incurriera en &nbsp;defecto procedimental en la citada actuaci\u00f3n, pues como se &nbsp;anot\u00f3 en p\u00e1rrafos que anteceden, &nbsp;para la protecci\u00f3n &nbsp;de los derechos de tenencia y posesi\u00f3n de bienes, &nbsp;el afectado pod\u00eda acudir a la acci\u00f3n judicial, agraria &nbsp;o policiva, y en este caso el demandante present\u00f3 demanda de &nbsp;lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho, e invoc\u00f3 como &nbsp;fundamento de la misma el Decreto 2303 de 1989, sin embargo, el Juez &nbsp;de conocimiento resolvi\u00f3 tramitarlo como un proceso posesorio &nbsp;(art\u00edculo &nbsp;416 C.P.C.), &nbsp;por el procedimiento abreviado &nbsp;(art\u00edculo &nbsp;408 C.P.C.), &nbsp;de mayor cuant\u00eda por el valor del bien objeto de perturbaci\u00f3n &nbsp;(N\u00fam.. &nbsp;7\u00ba Art. 20 C.P.C.). &nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed &nbsp;las cosas, al tratarse de un pleito de mayor cuant\u00eda para &nbsp;cuando en el a\u00f1o 2013 se present\u00f3 la demanda, y como la &nbsp;providencia objeto de alzada fue la de terminaci\u00f3n &nbsp;del proceso, &nbsp;no la de suspensi\u00f3n de lanzamiento como lo afirma el demandado &nbsp;aqu\u00ed accionante, a voces de lo dispuesto en el numeral 6\u00ba &nbsp;del art\u00edculo 351 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se &nbsp;trataba de un auto que pod\u00eda ser apelable, el que inclusive es &nbsp;susceptible tambi\u00e9n de ese medio de impugnaci\u00f3n seg\u00fan &nbsp;el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General &nbsp;del Proceso, y siendo as\u00ed las cosas, el Tribunal accionado no &nbsp;\u00abcre\u00f3 &nbsp;un recurso de apelaci\u00f3n para un tr\u00e1mite que se tramita &nbsp;en \u00fanica instancia\u00bb, &nbsp;como erradamente lo aduj\u00f3 el se\u00f1or Su\u00e1rez &nbsp;Escobar. &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp; En consecuencia, el amparo no prospera. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la &nbsp;Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve &nbsp;Negar &nbsp;la acci\u00f3n de tutela promovida por &nbsp;Pedro Jaime Su\u00e1rez Escobar contra la Sala Dual de Decisi\u00f3n &nbsp;Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, tr\u00e1mite &nbsp;al que se vincul\u00f3 al Magistrado Alberto Romero Romero y al &nbsp;Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad. &nbsp;<\/p>\n<p>Inf\u00f3rmese &nbsp;a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no &nbsp;impugnarse este fallo, rem\u00edtase &nbsp;el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE &nbsp;Y C\u00daMPLASE &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>(Comisi\u00f3n &nbsp;de servicios) &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC9945-2022 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp; Magistrada &nbsp;ponente &nbsp; STC9945-2022 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00b0 &nbsp;11001-02-03-000-2022-02391-00 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp; Decide &nbsp;la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro &nbsp;Jaime Su\u00e1rez [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66538","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66538","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66538"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66538\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66538"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66538"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66538"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}