STC9947-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9947-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02435-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la acci\u00f3n de tutela que Julio Cesar Pineda Fuentes le instaur\u00f3 a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00538. <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la salvaguarda de su derecho al debido proceso, para que, se ordenara a la Magistratura cuestionada \u00ab[revocar su] fallo emitido (\u2026) y se ordene reportar la novedad a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al magistrado que le sigue en turno, quien deber\u00e1 asumir\u00e1 la competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla desestim\u00f3 las excepciones del promotor y acogi\u00f3 el pet\u00edtum en el juicio de petici\u00f3n de herencia que en su contra incoaron Dennys Esther Pineda Fuentes, Betty Pineda Fuentes y Mar\u00eda del Rosario Pineda Fuentes (27 jul. 2021), decisi\u00f3n que apel\u00f3 \u00ab(\u2026) en audiencia y all\u00ed mismo se hizo los reparos del caso contra el fallo y la Juez concedi\u00f3 el recurso de Apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Colegiado criticado prorrog\u00f3 los t\u00e9rminos para resolver la alzada (15 dic.), el cual feneci\u00f3 el 15 de junio \u00faltimo, data en la que \u00abse cumpl\u00edan los 6 meses de la pr\u00f3rroga solicitada por el Magistrado JUAN CARLOS CERON DIAZ, [porque] este debi\u00f3 informar la novedad a la sala Administrativa del Concejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al magistrado que le sigue en turno quien asumir\u00eda la competencia y tendr\u00eda tambi\u00e9n un plazo de 6 meses para emitir un fallo de fondo, tal como lo establece el Art. 121 del C.G.P\u00bb; no obstante, \u00abvencido el plazo de la pr\u00f3rroga solicitada en el auto de fecha 15 de diciembre de 2021\u00bb convalid\u00f3 la directriz de primer grado (12 jul. 2022); determinaci\u00f3n que en su criterio \u00abviola flagrantemente lo establecido por el Art. 121 del C.G. P. raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para impetrar la presente Acci\u00f3n de Tutela que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que la providencia de segunda instancia es \u00abimprocedente\u00bb y \u00abtemeraria\u00bb, por cuanto, ha operado \u00abautom\u00e1ticamente\u00bb la p\u00e9rdida de competencia del funcionario de conocimiento, ya que, en su sentir, aquella es \u00abnula de pleno derecho\u00bb; tanto m\u00e1s si, \u00abes evidente que as\u00ed existieran otros mecanismos de defensa, este caso amerita la urgente protecci\u00f3n del Juez Constitucional (\u2026)\u00bb, desconoci\u00e9ndose el art\u00edculo 121 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
2.- La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Sexto de Familia del Circuito, ambos de Barranquilla, defendieron la legalidad de su proceder. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La \u00abacci\u00f3n\u00bb consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n como mecanismo preferente y sumario tiene como objetivo proteger las prerrogativas fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazadas o vulneradas por cualquier autoridad y cuando el afectado no disponga de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo cuando se utilice para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la \u00abtutela\u00bb no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los instrumentos judiciales previstos por el legislador, y tampoco debe ser empleada como un recurso al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya concluidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2.- El promotor busca a trav\u00e9s de esta senda, se decrete la \u00abp\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia\u00bb, porque en su opini\u00f3n, se desatendi\u00f3 el plazo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para definir la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia del a quo en el litigio n\u00b0 2019-00538. <\/p>\n
Sin embargo, de la evidencia allegada al infolio muy pronto se advierte el fracaso del resguardo por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad, pues no se advierte que el accionante haya elevado solicitud al Tribunal Superior de Barranquilla, tendiente a \u00abque se revoque el fallo emitido por el Dr. Juan Carlos Cer\u00f3n D\u00edaz Magistrado Sala Civil-Familia Tribunal Superior del Atl\u00e1ntico y se ordene reportar la novedad a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb y, en consecuencia, \u00abremitir el expediente al magistrado que le sigue en turno o, quien deber\u00e1 asumir\u00e1 la competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u00bb. <\/p>\n
Significa entonces, que el querellante, sin justificaci\u00f3n alguna, ha omitido desplegar las herramientas a su alcance para discutir las actuaciones que estima quebrantan sus garant\u00edas, ante el iudex plural censurado. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha predicado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, STC8897-2017, STC10432-2017 y STC4727-2021, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la cuesti\u00f3n aqu\u00ed planteada no puede ser atendida en este escenario, dado su \u00abcar\u00e1cter subsidiario y residual\u00bb, de modo que, si alguna inconformidad tiene el gestor frente a la actuaci\u00f3n desplegada por el Tribunal confutado, ser\u00e1 ante aquel que debe exponerlas, que no ante el juez constitucional, sin que pueda esquivar los remedios que al efecto le concede la ley. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, de conformidad con lo definido por la Corte Constitucional en Sentencia C-443 de 2019, la p\u00e9rdida de competencia del funcionario judicial, constituye nulidad saneable cuya declaratoria requiere solicitud de parte. <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se declarar\u00e1 la inviabilidad del socorro suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela incoada por Julio C\u00e9sar Pineda Fuentes. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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