STC9955-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC9955-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00943-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 24 de mayo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado, por Andr\u00e9s Alfonso1 contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 201600480. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al m\u00ednimo vital, a la vida en condiciones dignas, igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y prevalencia del derecho sustancial. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Andr\u00e9s Alfonso naci\u00f3 el 7 de junio de 1962 y ha sido diagnosticado con \u00abEnfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana \u2013VIH-; Epilepsia; Hiperlipidemia mixta; Toxoplasmosis; S\u00edfilis, entre otros\u00bb. Estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde el 1 de abril de 1981 al 2 de abril de 1987 y a la Administradora de Pensiones Porvenir S.A. entre septiembre de 2006 y enero de 2007. <\/p>\n
2.2. El 7 de junio de 2007, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez estableci\u00f3 su p\u00e9rdida de capacidad laboral en \u00ab64,50% de origen com\u00fan, con fecha de estructuraci\u00f3n 18 de enero de 2.007\u00bb, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 a la AFP Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez, que fue negada el 21 de agosto de 2015, por no contar \u00abcon 50 semanas dentro de los \u00faltimos 3 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Debido a su situaci\u00f3n, resolvi\u00f3 aceptar la devoluci\u00f3n de saldos que le hiciera el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. el 22 de junio de 2017, sin que ello le impidiese reclamar en derecho su pensi\u00f3n, por lo que, a trav\u00e9s de un defensor p\u00fablico, instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral contra la AFP Porvenir S.A., que fue negada el 14 de diciembre de 2018 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, al considerar que \u00abno contaba con los requisitos exigidos por la ley para solicitar la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb, apart\u00e1ndose, en su sentir, de lo se\u00f1alado en la sentencia SU-442 de 2016, respecto del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2.4. El 22 de enero de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.5. El 19 de octubre de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia CSJ SL4948-20212, no cas\u00f3 la sentencia, argumentando que el tutelante no era \u00abbeneficiario del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, sin tener en cuenta el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, contenido en las sentencias SU-442 de 2.016 y la SU -556 de 2.019, y que tiene 313 semanas cotizadas como lo dispone el Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
2.6. En criterio del gestor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el error de \u00aba) haberse apartado del precedente de la Corte Constitucional, y; b) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n al no aplicar las normas en el sentido expresado en una sentencia de constitucionalidad\u00bb. En ese orden, afirm\u00f3 que se omiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuyas reglas fueron fijadas por la Corte Constitucional en las sentencias SU442-2016 y SU556-2019. <\/p>\n
De otro lado, asever\u00f3 que \u00abse encuentra en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, como consecuencia de su dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica y de salud, lo cual le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable, haciendo m\u00e1s gravosos los d\u00edas al no poder conseguir el reconocimiento de su pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 dejar sin efecto las providencias emitidas en el proceso ordinario laboral, que negaron sus pretensiones, y que se ordene a las accionadas que \u00abse sirvan proferir providencias de reemplazo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n accionada sostuvo que \u00abno se cumple el principio de la inmediatez, porque la sentencia CSJ SL4948-2021, atacada, se profiri\u00f3 el 19 de octubre de 2021 y se fij\u00f3 en edicto el 8 de noviembre siguiente, es decir, que transcurrieron, m\u00e1s de 6 meses\u00bb. Agreg\u00f3 que, \u00abpara el otorgamiento de la pensi\u00f3n de invalidez, es necesario acudir a la pauta vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la incapacitad (sic)\u00bb, \u00abm\u00e1xima (\u2026) condicionada a la norma prevista que rige al momento de los hechos, que para el caso, ven\u00eda a ser la calenda de estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb, enfatizando que, \u00abal ser vigente la Ley 860 de 2003, la inmediatamente anterior, ni siquiera era el Acuerdo 049 de 1990 al que pretende acudir el accionante, sino la Ley 100 en su sentido original\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3 que el actor \u00abhab\u00eda cotizado un total de 14 semanas, en los tres a\u00f1os previos a la discapacidad, (\u2026) por lo que no arribaba a la cantidad necesaria de semanas para acceder a la prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto al desconocimiento de los precedentes constitucionales, afirm\u00f3 que la \u00abCorte se apart\u00f3 de lo dicho en las providencias anotadas soportando las razones suficientes para ello, por lo que no se incurri\u00f3 en el defecto denunciado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga indic\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n de instancia se adopt\u00f3 con base en la normatividad y jurisprudencia que imperaba a la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia, en la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad laboral\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la tutela, al estimar que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abse fundamenta en los precedentes fijados por esta Corporaci\u00f3n y en motivos razonables que eliminan cualquier viso de arbitrariedad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y destac\u00f3 que no fue tenida en cuenta \u00abla solicitud de fondo realizada y es lo relativo a que las autoridades judiciales accionadas no han dado cumplimiento a las Sentencias de Constitucionalidad, apart\u00e1ndose del precedente constitucional establecido por las sentencias de unificaci\u00f3n SU-442 de 2.016 y SU -556 de 2.019 de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante pretende que, por v\u00eda constitucional, se dejen sin efecto las sentencias emitidas en el proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra la AFP Porvenir S.A., mediante las cuales se le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez reclamada. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces y, por tanto, solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. De conformidad con las actuaciones procesales, se observa que, mediante sentencia CSJ SL4948-2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el ahora tutelante, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
3.1. En torno a los aspectos cuestionados, se\u00f1al\u00f3 que el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez deb\u00eda ser dirimido bajo la normatividad vigente al momento de su estructuraci\u00f3n y precis\u00f3 que, excepcionalmente, era viable remitirse a la regulaci\u00f3n anterior, a trav\u00e9s del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuando \u00abse vulneran expectativas leg\u00edtimas ante la omisi\u00f3n del legislador de establecer un r\u00e9gimen de transici\u00f3n en las reformas pensionales\u00bb; no obstante, destac\u00f3 que, de conformidad con lo expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, en sentencias CSJ SL5179-2020 y CSJ SL3554-2021, dicha m\u00e1xima estaba condicionada a la norma previa que reg\u00eda al momento de los hechos y que, en el caso bajo estudio, correspond\u00eda a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, pues en las referidas providencias, en punto del citado principio, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab\u2026la aplicaci\u00f3n del principio en referencia tiene, adem\u00e1s, las siguientes caracter\u00edsticas: (i) no es absoluta ni atemporal; (ii) procede en caso de un cambio normativo, y (iii) permite la aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, si el afiliado aport\u00f3 la densidad de semanas requeridas para el reconocimiento del derecho pensional. <\/p>\n
La caracter\u00edstica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede ser usado para garantizar la perpetuidad de un r\u00e9gimen o de una regulaci\u00f3n que en un tiempo pret\u00e9rito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo, dado que, bien comprendido, su \u00e1mbito de actuaci\u00f3n se orienta a conservar un r\u00e9gimen normativo anterior cuando quiera que el trabajador haya cumplido una condici\u00f3n relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, su aplicaci\u00f3n no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislaci\u00f3n e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de inter\u00e9s general, de las cuales dependa la realizaci\u00f3n y efectividad de los derechos de la comunidad o, la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad; es decir, su aplicaci\u00f3n debe ser razonable y proporcional a fin de no lesionar o comprometer otros derechos de inter\u00e9s p\u00fablico y social. <\/p>\n
En esta direcci\u00f3n, esta Sala en sentencia CSJ SL 7964, 4 dic. 1995, indic\u00f3 que este postulado \u2018no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas econ\u00f3micas y jur\u00eddicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas s\u00f3lo es humana y jur\u00eddicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el inter\u00e9s general reconocido\u2019. <\/p>\n
De ah\u00ed que el delimitar la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa a la norma inmediatamente anterior sirve a varios prop\u00f3sitos: <\/p>\n
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1. Si la potestad de configuraci\u00f3n de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del mismo, no tendr\u00eda sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello har\u00eda nugatorio todos los prop\u00f3sitos econ\u00f3micos y sociales que pretenden lograrse con una reforma. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Si los reg\u00edmenes de transici\u00f3n siempre son temporales, no hay raz\u00f3n alguna que justifique que la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, as\u00ed bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Tal restricci\u00f3n contribuye a la preservaci\u00f3n de otro valor fundamental del ordenamiento jur\u00eddico: la seguridad jur\u00eddica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jur\u00eddicas que emplear\u00e1n los jueces en la soluci\u00f3n de las controversias que se sometan a su consideraci\u00f3n, sin que les sea posible acudir a una b\u00fasqueda hist\u00f3rica para determinar la norma aplicable a una situaci\u00f3n particular; la aplicaci\u00f3n del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, si la finalidad del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa es proteger expectativas leg\u00edtimas que pueden ser modificadas por el legislador con apego a los par\u00e1metros constitucionales, no tiene sentido que su aplicaci\u00f3n permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros t\u00e9rminos, resulte indefinida en todos los tr\u00e1nsitos legislativos que puedan generarse en la configuraci\u00f3n del sistema pensional, de por s\u00ed, de larga duraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, la Sala accionada estableci\u00f3 que no era procedente la \u00abaplicaci\u00f3n ultra activa de la figura, a fin de encontrar, sin importar la vigencia de las normas, una previa que le sea m\u00e1s ben\u00e9fica\u00bb, como lo solicitaba el recurrente, aunado a que tampoco era viable que, para su caso, se tuviera en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que la norma vigente al momento del siniestro era la Ley 860 de 2003 y el compendio de reglas inmediatamente anterior era el contenido en la Ley 100 de 1993, en su sentido original. <\/p>\n
3.2. Seguidamente, hizo referencia a la sentencia CSJ SL2610-2021, tambi\u00e9n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, en la cual se precis\u00f3 que, \u00aben el tr\u00e1nsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, no es aplicable el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa a quienes se les determine como fecha de estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral una posterior al 26 de diciembre de 2006, a\u00fan si hubiere gozado de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb y, en esa medida, sostuvo que, como la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez fue el 18 de enero de 2007, se exced\u00eda \u00abel l\u00edmite de tres a\u00f1os que se ha establecido v\u00eda jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
3.3. En cuanto a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, resalt\u00f3 lo expuesto en la sentencia CSJ SL2538-2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en el sentido de que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional, para luego proceder a se\u00f1alar que, respecto a la sentencias CC SU442-2016 y CC SU556-2019, la Sala se ha apartado de dicho criterio, dado que este \u00abafecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la disposici\u00f3n aplicable, en la medida en que el ,juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional, con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general\u00bb, aunado a que tampoco tiene en cuenta que \u00ablas leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro\u00bb (CSJ SL1689-2017 y CSJ SL2020-2020). <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida razonadamente, con base en la normatividad aplicable y soportada en la jurisprudencia de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que le permiti\u00f3 concluir que el actor no logr\u00f3 satisfacer los requisitos para acceder a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, establecidos en la Ley 860 de 2003, norma vigente para cuando se estructur\u00f3 la invalidez, a lo cual se suma que tampoco se cumpli\u00f3 con el criterio temporal exigido por la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre para considerar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, motivando, adem\u00e1s, por qu\u00e9 no era viable aplicar el precedente constitucional citado; lo expuesto, bajo una hermen\u00e9utica plausible, que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
Por lo tanto, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. En ese orden, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. <\/p>\n
4.1. Al respecto, es pertinente poner de presente que, en un asunto con alguna similitud, en el que tambi\u00e9n se reclamaba una pensi\u00f3n de invalidez que fue negada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral entonces accionada, en raz\u00f3n a que la norma aplicable era la vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de aqu\u00e9lla -Ley 860 de 2003-, sin que fuera posible considerar, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, el Acuerdo 049 de 1990, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil no accedi\u00f3 al amparo constitucional pretendido, pues, revisada la postura en torno al tema, consider\u00f3 que la providencia atacada se sustent\u00f3 razonadamente, \u00abadvirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb3 (STC16333-2021). <\/p>\n
4.2. As\u00ed, en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep., Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. De otra parte, en cuanto a lo manifestado por el actor, respecto a la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica y de salud que afronta, ha de se\u00f1alarse que esas aseveraciones no resultan suficientes para otorgar la salvaguarda en la forma pretendida, toda vez que, acorde con la jurisprudencia de la Sala, \u00ablas condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.); adem\u00e1s, que ese tipo de alegaciones no tornan per se ilegal la decisi\u00f3n judicial recriminada (CSJ STC247-2022, 20 enero de 2022, exp. 2021-00306-01)4. <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En aras de proteger el buen nombre e intimidad del tutelante, por su estado de salud, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres, para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n con destino \u00fanicamente a las partes de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2\u0002 Notificada por edicto del 9 de noviembre de 2021 y con constancia de ejecutoria del 12 de los citados mes y a\u00f1o. <\/p>\n
3\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n STC13983-2021, STC14389-2021, STC14818-2021, STC15447-2021. <\/p>\n
4\u0002 STC803-2022, STC805-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9955-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC9955-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00943-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 24 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66546","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66546","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66546"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66546\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66546"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66546"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66546"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}