STC9956-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9956-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 5 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por \u00c1ngela Mar\u00eda Osorio Casas contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas, y citadas las partes e intervinientes en el proceso con radicado 2009-00109. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, estabilidad laboral reforzada por discapacidad y trabajo en condiciones dignas, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que desde el 25 de enero de 1985 estuvo vinculada a la sociedad comercial Locer\u00eda Colombiana SA mediante contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido hasta el 24 de diciembre de 2008, fecha en la que fue despedida sin justa causa a pesar de tener una enfermedad profesional y auditiva. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la referida sociedad, con el fin de que se ordenara su reintegro a un cargo igual o mejor al que ven\u00eda desempe\u00f1ando y se la condenara al pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales dejadas de percibir, subsidiariamente, reclam\u00f3 la indemnizaci\u00f3n especial por despido en situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas, Antioquia, en sentencia de 15 de diciembre de 2010 declar\u00f3 que se encontraba en situaci\u00f3n de discapacidad cuando fue despedida, por cuanto ten\u00eda una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 25.10% y, en consecuencia, conden\u00f3 a la demandada al pago de la indemnizaci\u00f3n especial, sin embargo, no orden\u00f3 su reintegro, determinaci\u00f3n que, revoc\u00f3 el Tribunal Superior de Medell\u00edn el 30 de enero de 2013, absolviendo a la empleadora de todas las pretensiones. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, asignado a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4, y el proyecto de sentencia que fue registrado 19 de julio de 2019 fue derrotado en sesi\u00f3n de 30 de julio siguiente, por lo que el expediente pas\u00f3 al Magistrado siguiente, y, el 16 de octubre de 2020 cuando el nuevo Ponente registr\u00f3 el proyecto, la Sala decidi\u00f3 regresar el proceso al Magistrado inicial, a pesar de que su ponencia hab\u00eda sido derrotada, por tanto, en su sentir, ese funcionario carec\u00eda de competencia para conocer el asunto, incurriendo con ello en una violaci\u00f3n a la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia y el Reglamento de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el 27 de octubre de 2021 se registr\u00f3 en el sistema de informaci\u00f3n el \u00absorpresivo e irregular\u00bb cambio de ponente por el inicial cuyo proyecto ya hab\u00eda sido derrotado, y que esta vez, \u00abcon una velocidad extrema\u00bb en tan solo dos d\u00edas present\u00f3 un nuevo proyecto, dando origen a la sentencia SL4929-2021 de 2 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar el fallo de segunda instancia, decisi\u00f3n que tuvo salvamento de voto por parte del Magistrado Giovanni Rodr\u00edguez -que a la fecha de formulaci\u00f3n del presente amparo no hab\u00eda sido presentado-. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que durante el tr\u00e1mite del recurso extraordinario la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral incurri\u00f3 en una serie de irregularidades en contra del propio reglamento de la Corte y la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, en donde no se encuentra contemplada la posibilidad de que un Magistrado cuya ponencia haya sido derrotada por la mayor\u00eda de la Sala, pueda volver a ser encargado de la responsabilidad de elaborar la sentencia. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, ante la evidente violaci\u00f3n al debido proceso, el 10 de noviembre de 2021 dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria, formul\u00f3 incidente de nulidad, el cual fue rechazado de plano por la Sala en providencia de 10 de mayo de 2022. <\/p>\n
As\u00ed, precis\u00f3 que la Sala accionada incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico pues la sentencia SL4929-2021 la profiri\u00f3 con ponencia de un Magistrado que hab\u00eda perdido competencia, as\u00ed como en defecto procedimental absoluto, al no casar la sentencia de segunda instancia a pesar de haberse demostrado una manifiesta violaci\u00f3n al principio de consonancia, toda vez que el Tribunal Superior de Medell\u00edn se ocup\u00f3 de decidir sobre la calificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral, cuando ese asunto no fue materia del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que esa Sala desconoci\u00f3 abiertamente el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente y la Corte Constitucional, en relaci\u00f3n con el principio de consonancia, seg\u00fan el cual, la competencia del superior funcional se encuentra limitada a aquellos puntos materia del recurso de apelaci\u00f3n y le est\u00e1 vedado ocuparse de asuntos diferentes, y para soportar su afirmaci\u00f3n refiri\u00f3, entre otras, las sentencias SL2010-2019, SL9512-2017, SL2841-2020. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que se encuentran reunidos los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, habida cuenta que es un asunto de relevancia constitucional, se agotaron todos los mecanismos de defensa y se cumple el requisito de inmediatez por cuanto la protecci\u00f3n se formul\u00f3 trascurrido alrededor de un mes desde que fue rechazado el incidente de nulidad propuesto contra la sentencia de casaci\u00f3n, \u00abla que por dem\u00e1s no est\u00e1 ni siquiera completamente emitida ya que al momento de presentar esta acci\u00f3n no se conoce el salvamento de voto\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n cuestionada, para que, en su lugar, se ordene casar la decisi\u00f3n de segunda instancia y se proceda conforme al alcance que formul\u00f3 en la demanda con la cual sustent\u00f3 el recurso extraordinario. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado ponente de la sentencia SL4924-2021 inform\u00f3 que lo acontecido en el caso objeto de an\u00e1lisis, corresponde al ejercicio propio de la deliberaci\u00f3n reservada, seg\u00fan el reglamento de la Corporaci\u00f3n, de las diferentes posturas de los integrantes de la Sala que pueden variar su parecer, conforme se presentan los argumentos frente a un caso espec\u00edfico, de acuerdo a factores como el avance jurisprudencial, tal como fue aprobado por la mayor\u00eda que la conforma. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en la fase previa al fallo no es posible privar al colegiado de cambiar su postura o presentar argumentos y razones en uno u otro sentido, con el fin de convencer a sus pares de abandonar la convicci\u00f3n inicial, pues ese es el sentido de las decisiones plurales. <\/p>\n
Consider\u00f3 que resultaba irracional pretender como lo hace la accionante, que una Sala de decisi\u00f3n sea obligada a aprobar uno u otro proyecto, cuando, sometidas varias posturas al escrutinio de los magistrados, se concluye que los fundamentos del primer ponente resultan m\u00e1s acordes con la visi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, explic\u00f3 que el proyecto inicial que present\u00f3, aunque en principio no fue aceptado, en una segunda reuni\u00f3n recibi\u00f3 apoyo suficiente para convertirse en la postura que dio lugar a la sentencia SL4924-2021, por lo cual su ponencia en realidad no qued\u00f3 derrotada, de modo que, al presentarse una nueva, que ya no fue de recibo por la mayor\u00eda, resultaba innecesario encargar la elaboraci\u00f3n de un nuevo proyecto a quien le segu\u00eda en turno, pues lo l\u00f3gico -tal como lo hizo la Corporaci\u00f3n- era que el producto de la \u00faltima discusi\u00f3n, que coincid\u00eda con el enfoque original, quedase convertido en la sentencia final. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Medell\u00edn inform\u00f3 que las decisiones reprochadas no fueron proferidas por ese despacho, por lo que no podr\u00eda predicarse una vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas superiores de la actora por parte de esa sede judicial. <\/p>\n
3. Locer\u00eda Colombiana SA a trav\u00e9s de su apoderado indic\u00f3 que la acci\u00f3n no cumple el presupuesto de inmediatez, teniendo en cuenta que la sentencia de casaci\u00f3n fue proferida el 2 de noviembre de 2021, es decir superados 6 meses de interpuesta la acci\u00f3n de tutela, y, que adem\u00e1s, las valoraciones efectuadas por la Sala accionada no fueron el producto de arbitrariedad alguna, sino el resultado de un juicioso examen del acervo probatorio que obedeci\u00f3 al principio de la autonom\u00eda judicial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras determinar el incumplimiento del requisito de la inmediatez, puesto que la decisi\u00f3n cuestionada fue proferida el 2 de noviembre de 2021 y la solicitud de amparo se present\u00f3 hasta el 22 de junio de 2022, es decir alrededor de 7 meses y 20 d\u00edas desde la presunta vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que, aun cuando el apoderado de la demandante promovi\u00f3 incidente de nulidad el 10 de noviembre de 2021 alegando una vulneraci\u00f3n al debido proceso, tal situaci\u00f3n no conduce a que se tenga por satisfecho el presupuesto de temporalidad como lo pretende la accionante, pues es evidente que no ataca la decisi\u00f3n de 10 de mayo de 2022, por medio de la cual se rechaz\u00f3 la solicitud de nulidad, sino la sentencia de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que, si bien jurisprudencialmente se ha flexibilizado la exigencia de este requisito, para ello deben mediar razones de peso que permitan inferir la imposibilidad en que se encontraba el accionante para formular la tutela en un t\u00e9rmino razonable, empero, en este caso no se aludi\u00f3 a una justificaci\u00f3n respecto de la tardanza en la interposici\u00f3n de la solicitud de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, aduciendo que el fallador constitucional de primer grado err\u00f3 al determinar que no se cumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez, pues si bien la jurisprudencia ha ense\u00f1ado que debe ser presentada en un t\u00e9rmino de seis meses, sin duda lo que se pretende con ello es castigar la inactividad del interesado, empero hay casos en los que no es posible cumplir con dicha exigencia por situaciones espec\u00edficas que no implican negligencia por parte del actor, como ocurri\u00f3 en el presente asunto, donde antes de acudir a la acci\u00f3n de tutela se intent\u00f3 obtener, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria la nulidad constitucional por violaci\u00f3n al debido proceso, la cual fue resuelta seis meses despu\u00e9s. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que con la solicitud de anulaci\u00f3n se estaba tratando de cumplir con otros de los requisitos para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el cual es agotar los mecanismos existentes, por tanto, \u00abresulta un contrasentido concluir que, por haberse esperado el resultado del incidente de nulidad propuesto, con el fin de configurar uno de los requisitos de la acci\u00f3n de tutela, se considere extempor\u00e1nea la misma\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que una raz\u00f3n m\u00e1s para determinar que la acci\u00f3n de tutela no fue extempor\u00e1nea, es que la decisi\u00f3n tuvo un salvamento de voto, el cual para el momento de la formulaci\u00f3n del amparo no hab\u00eda sido proferido, por lo tanto, mientras no se emita dicho salvamento no puede considerarse completa la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
* Estando en tr\u00e1mite la impugnaci\u00f3n, el apoderado de la accionante alleg\u00f3 memorial informando que el 18 de julio de 2022 se expidi\u00f3 el salvamento de voto de la sentencia de casaci\u00f3n, el cual consider\u00f3 fundamental para resolver el presente asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. Revisada la queja y los soportes allegados, se evidencia que \u00c1ngela Mar\u00eda Osorio Casas cuestiona el tr\u00e1mite surtido en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto en el proceso que inici\u00f3 contra la sociedad comercial Locer\u00eda Colombiana SA, y la sentencia SL4929-2021 proferida el 2 de noviembre de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
3. Inicialmente, advierte la Sala que si bien el amparo fue formulado el 21 de junio de 2022, es decir transcurridos alrededor de siete (7) meses despu\u00e9s de notificada la aludida decisi\u00f3n, en el caso concreto se har\u00e1 una flexibilizaci\u00f3n al presupuesto de inmediatez puesto que la tardanza en activar este mecanismo por parte de la accionante se encuentra justificada. <\/p>\n
Lo anterior si se tiene en cuenta que a trav\u00e9s de la solicitud de nulidad presentada por la recurrente el 10 de noviembre de 2021, pretend\u00eda la anulaci\u00f3n de la sentencia de casaci\u00f3n, y fue resuelta hasta el 10 de mayo de 2022, circunstancia que descarta una supuesta inactividad o desidia en la formulaci\u00f3n del presente amparo, pues contrario a ello, se evidencia de un lado que, la accionante acudi\u00f3 prontamente a manifestar su inconformidad frente a la sentencia de casaci\u00f3n y, de otro, que al encontrase en tr\u00e1mite el incidente de nulidad, resultaba infundado promover la acci\u00f3n de tutela sin que el mismo hubiese sido resuelto. <\/p>\n
4. Determinado lo anterior procede la Sala a estudiar los cuestionamientos elevados por \u00c1ngela Mar\u00eda Osorio Casas a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, advirtiendo que lo alegado frente al tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n ya fue objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en auto AL1901-2022 a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 el incidente de nulidad. <\/p>\n
En efecto, esa Corporaci\u00f3n rechaz\u00f3 de plano la solicitud impetrada por la actora, argumentando que la misma no se bas\u00f3 en ninguna de las causales contempladas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso ni en la causal de nulidad constitucional prevista en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que, aun si se pasara por alto esa ausencia de causal de nulidad, se deb\u00eda tener presente que, <\/p>\n
\u00abla Sala, al estudiar los proyectos que presentaron los sucesivos ponentes para definir el recurso extraordinario, no vulner\u00f3 ning\u00fan tr\u00e1mite, ni legal ni reglamentario, y, por el contrario, se apeg\u00f3 en su gesti\u00f3n a lo ordenado en el art\u00edculo 13 del Acuerdo 48 de 16 de noviembre de 2016, \u00abPor medio del cual se adopta el reglamento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u00abDe la transcripci\u00f3n de ese precepto se observa que el tr\u00e1mite desarrollado en el caso no fue ajeno a las exigencias de esa norma reglamentaria, pues la rotaci\u00f3n del proyecto, en esta ocasi\u00f3n, tuvo que ver con el hecho de que, en las dos primeras oportunidades, tanto para el magistrado sustanciador como para el que le sigue en turno, no se obtuvo la mayor\u00eda exigida, con lo que el estudio del caso se desarroll\u00f3 a trav\u00e9s de posiciones que fueron variando en el tiempo, lo que es una posibilidad que no resulta infrecuente y que siempre se soluciona en la misma forma en que ocurri\u00f3 en este proceso. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto la demandante manifiesta que la sentencia cuya nulidad pretende vulner\u00f3 el debido proceso y el derecho de defensa, al contrariar lo dispuesto en el art\u00edculo 29 de la CP, debe recordarse que esta se refiere a la irregularidad en que se incurre cuando una providencia se funda en prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso, aspecto que no tiene cabida en este evento, en tanto que lo aducido no es la forma en que se incorpor\u00f3 el material probatorio\u00bb. <\/p>\n
Analizados esos argumentos, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, en tanto, no resulta propio realizar un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
5. Ahora bien, analizada la sentencia de casaci\u00f3n con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral objeto de estudio y, en punto al defecto procedimental absoluto alegado por la actora, se observa que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada determin\u00f3 que el ad quem no incurri\u00f3 en el error endilgado, por cuanto, <\/p>\n
\u00abEn cuanto a los reproches de la recurrente, en s\u00edntesis, se centran en que el Tribunal viol\u00f3 el art\u00edculo 66A del CPTSS (principio de consonancia), en la medida en que dedujo que la p\u00e9rdida de capacidad laboral no era superior al 11,10 %, sin tener competencia para ello, pues el recurso interpuesto por la demandada dej\u00f3 libre de todo ataque ese aspecto del fallo de la juez de primer grado, que lo declar\u00f3 en el 25,10 %. <\/p>\n
Pues bien, la Sala no comparte la hip\u00f3tesis esgrimida en los cargos, pues, desde el punto de vista f\u00e1ctico, con los elementos procesales indicados en el primer embate no se observa que el colegiado haya incurrido en el error que se le endilga, esto es, \u00abNo dar por demostrado, est\u00e1ndolo que la demandante ten\u00eda una p\u00e9rdida de capacidad del 25,10%\u00bb. La Corte no puede avalar esa conclusi\u00f3n, pues la misma solo podr\u00eda lograrse a partir del estudio del elemento probatorio que contiene ese dato, que es el \u00abdictamen para la calificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral\u00bb, concepto emitido por un m\u00e9dico particular, que no fue abordado en la demanda de casaci\u00f3n y que, por contera, no es h\u00e1bil en el recurso extraordinario, por provenir de un tercero y porque no est\u00e1 entre los medios de convicci\u00f3n calificados en el art\u00edculo 87 del CPTSS (CSJ SL4462-2021). Por el contrario, ni el memorial que contiene el recurso de apelaci\u00f3n de la parte pasiva ni la sentencia de primer grado, son id\u00f3neos para determinar el grado de merma en la capacidad de trabajo, que es lo que supuestamente dedujo erradamente el ad quem. <\/p>\n
En efecto, si el error consisti\u00f3 en que se dio por establecido un grado de p\u00e9rdida de capacidad laboral insuficiente, siendo evidente que hab\u00eda prueba de una cuant\u00eda superior, ese an\u00e1lisis solo podr\u00eda surgir de la comparaci\u00f3n entre el dictamen aludido, que, se repite, no es prueba h\u00e1bil en casaci\u00f3n, y el que libr\u00f3 la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia, esto es, el que sirvi\u00f3 de base para establecer la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica que percibi\u00f3 la trabajadora de la ARP Liberty. En todo caso, la censura no se ocup\u00f3 de ese aspecto en sus embestidas a la sentencia. <\/p>\n
A pesar de lo dicho, como el deber del recurrente en casaci\u00f3n, cuando acude a la v\u00eda de los hechos, es derruir todas y cada una de las conclusiones f\u00e1cticas del juzgador, y la apreciaci\u00f3n de esos dict\u00e1menes no fue atacada -por supuesto, su estudio solo es posible si previamente se demuestra error manifiesto a partir de alguna de las pruebas h\u00e1biles (SL2133-2021)- mal puede decirse que el embate tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, pues el postulado de la censora es insuficiente para derruir la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara a la providencia confutada\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que no resultaba cierto que la apelaci\u00f3n presentada por la sociedad demandada, la cual \u00c1ngela Mar\u00eda Osorio Casas denunci\u00f3 como mal apreciada, hubiese dejado sin reproche lo relativo a la tasa de p\u00e9rdida de la capacidad laboral definida por el fallador de primer grado, pues a pesar que no indic\u00f3 las cifras de PCL debatidas en el proceso, su alegato se ocup\u00f3 de ese tema, al advertir, entre otras, que la trabajadora \u00abconserv\u00f3 el ciento por ciento de su capacidad para desempe\u00f1ar el cargo de deshojadora de calcoman\u00edas\u00bb, y que, \u00abno estaba limitada para ser deshojadora de calcoman\u00edas, que es la premisa necesaria para que haya que solicitar el permiso de que trata el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, concluy\u00f3 que la sentencia recurrida estuvo en consonancia con las materias objeto del recurso de apelaci\u00f3n, porque decidi\u00f3 sobre el aspecto enfilado en el recurso de apelaci\u00f3n, consistente en que \u00c1ngela Mar\u00eda Osorio Casas no estaba limitada para realizar las labores de deshojadora de calcoman\u00edas, significando ello que no padec\u00eda limitaci\u00f3n o perdida en su capacidad laboral. <\/p>\n
Posteriormente, sostuvo que el Tribunal al definir el asunto, se ci\u00f1\u00f3 al criterio de esa Corporaci\u00f3n sobre las condiciones que se requieren para dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 26 de la Ley361 de 1997, que garantiza la estabilidad laboral reforzada por eventos de disminuci\u00f3n de la salud. Expuso entonces in extenso lo se\u00f1alado en la sentencia SL572-2021 y refiri\u00f3 que lo all\u00ed adoctrinado, aplicado al asunto bajo estudio, coincid\u00eda con el desarrollo argumentativo de la decisi\u00f3n del juzgador de segunda instancia, que fue efectuado de manera razonable y en ejercicio de sus facultades de libre apreciaci\u00f3n probatoria. Adem\u00e1s, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, la raz\u00f3n para dar por acreditado el 11,10 % y no el 25,10 % de PCL, qued\u00f3 fuera del debate planteado en esta sede, porque la fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica de ese desenlace no la supo derruir la casacionista, en tanto que acudi\u00f3 a piezas procesales que no daban cuenta de la informaci\u00f3n que pretend\u00eda que prevaleciera. <\/p>\n
En efecto, no se puede pasar por alto que el recurso de casaci\u00f3n no critic\u00f3 la conclusi\u00f3n del juez plural seg\u00fan la cual, el dictamen emitido por un m\u00e9dico particular no ten\u00eda la capacidad de demostrar la PCL en grado suficiente para activar la protecci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, porque no proven\u00eda de las entidades id\u00f3neas para emitir esos pronunciamientos, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 52 de la Ley 962 de 2005, normas que no figuran en la proposici\u00f3n jur\u00eddica de los embates, y menos en sus desarrollos. Entonces, aquella conclusi\u00f3n, al no haber sido atacada, deja en firme la sentencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, al descender al estudio del cargo tercero se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abPara acceder al estudio del cargo, formulado por la recta v\u00eda, la impugnante deber\u00eda estar conforme con las deducciones f\u00e1cticas del Tribunal, pero lo manifestado por ella dista del cumplimiento de tal requisito, pues asevera: \u00abno se discuten los soportes f\u00e1cticos de la decisi\u00f3n acusada (excepto la condici\u00f3n de discapacitado (sic) de la actora declarada por el a quo y de la que el ad quem no pod\u00eda ocuparse,(\u2026)\u00bb <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha exteriorizado, en eventos como el de la providencia CSJ SL2583-2019: \u00abFrente a lo anterior, es preciso manifestar que el censor err\u00f3 al orientar el cargo por la v\u00eda directa, toda vez que ello implica estar de acuerdo con los supuestos f\u00e1cticos de la sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Ante la discrepancia f\u00e1ctica avizorada, surge evidente que, para resolver este ataque, se har\u00eda necesario adentrarse en elucubraciones relativas a la valoraci\u00f3n probatoria, como las que son propias de la v\u00eda indirecta, espec\u00edficamente para establecer aquello que la recurrente no acepta, esto es, que el Tribunal encontr\u00f3 una tasa de p\u00e9rdida de capacidad laboral inferior a la que le garantizar\u00eda el reintegro que solicit\u00f3, error t\u00e9cnico que resulta insalvable, porque esa conclusi\u00f3n f\u00e1ctica constituye el principal basamento de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, consider\u00f3 que resultaba imprescindible que la censura atacara todos los pilares jur\u00eddicos de la decisi\u00f3n, habida cuenta que fue el sendero del derecho el que invoc\u00f3 en el cargo, sin embargo la recurrente incurri\u00f3 en un yerro t\u00e9cnico, \u00aben tanto que se eximi\u00f3 de emprender un ataque dirigido a especificar alguna vulneraci\u00f3n de la norma que constituy\u00f3 la base esencial del fallo gravado, esto es, la Ley 361 de 1997, que no le mereci\u00f3 reparo a la hora de establecer el efecto que tendr\u00eda su contenido en el reconocimiento del derecho al reintegro\u00bb. <\/p>\n
No obstante, agreg\u00f3, que a\u00fan si se obviaran las deficiencias expuestas, seg\u00fan lo establecido por esa Corporaci\u00f3n, la reubicaci\u00f3n no genera derechos absolutos e ineludibles, y as\u00ed, se remiti\u00f3 a la sentencia SL547-2020, donde se estudi\u00f3 el caso en el que el empleador otorg\u00f3 un nuevo cargo al trabajador acorde con las recomendaciones m\u00e9dicas que recibi\u00f3, ocasi\u00f3n en la cual, el nexo contractual permaneci\u00f3 vigente hasta la cesaci\u00f3n unilateral de la relaci\u00f3n, originada en un motivo distinto al de la condici\u00f3n de salud, y sobre el particular, asent\u00f3, <\/p>\n
\u00abComo puede verse en el caso tra\u00eddo a memoria, la reubicaci\u00f3n por motivos de una merma en la condici\u00f3n de salud no impide que, de manera razonable, el empleador pueda ejercer su potestad de dar por terminado el v\u00ednculo laboral, por razones de reestructuraci\u00f3n empresarial, como la que esgrimi\u00f3 en este debate procesal, siempre que cumpla las cargas indemnizatorias que la ley le impone. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si se garantizan condiciones laborales id\u00f3neas en la nueva ubicaci\u00f3n, el despido a\u00fan es posible, en tanto no sea discriminatorio, situaci\u00f3n que, como se ha visto, en el caso bajo examen fue debidamente descartada por el fallador de segundo grado\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, desestim\u00f3 los cargos y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 30 de enero de 2013. <\/p>\n
6. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por \u00c1ngela Mar\u00eda Osorio Casas que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior obedece a que la Corporaci\u00f3n accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el an\u00e1lisis que efectu\u00f3 de las pruebas obrantes en el expediente y el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, encontrando principalmente que la sentencia proferida por el Tribunal atendi\u00f3 el principio de consonancia ya que decidi\u00f3 sobre los aspectos expuestos en los recursos de apelaci\u00f3n formulados por ambas partes. <\/p>\n
Por tanto, las divergencias exteriorizadas por la reclamante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (Ver CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022, entre otras). <\/p>\n
7. Ahora bien, referente al salvamento de voto proferido en la sentencia de casaci\u00f3n, es oportuno destacar que, a pesar de las divergencias que se suscitaron al definir el asunto, es la postura de la Sala mayoritaria la que prevalece y debe ser acogida. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 ratificada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9956-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9956-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01267-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66547","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66547"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66547\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66547"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66547"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}