STC9960-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9960-2022. <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00412-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Felipe Andr\u00e9s Monsalve Ortiz, quien dijo actuar en nombre de Filipa del Carmen Blanco L\u00f3pez, madre y representante legal de los menores de edad Mar\u00eda Jimena y Emerson Andr\u00e9s S\u00e1nchez Blanco1, en contra del Juzgado Noveno de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de investigaci\u00f3n de paternidad con radicado 2021-00338, al Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda de Familia adscrita al estrado cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en la calidad indicada, el promotor procura la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso de que son titulares los hijos de la se\u00f1ora Barrios Arroyo. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las probanzas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 2 de septiembre de 2021, Filipa del Carmen Blanco L\u00f3pez, \u00aben calidad de progenitora y representante legal de los menores Mar\u00eda Jimena (\u2026) y Emerson Andr\u00e9s S\u00e1nchez Blanco\u00bb, present\u00f3 demanda de \u00abimpugnaci\u00f3n de la paternidad leg\u00edtima\u00bb contra la menor de edad Felicidad Hern\u00e1ndez y los herederos indeterminados de Daniel Felipe Acevedo Echand\u00eda. <\/p>\n
2.2. El 21 de septiembre siguiente, el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, bajo la radicaci\u00f3n 2021-00338, disponiendo la vinculaci\u00f3n de los se\u00f1ores \u00abArnulfo Rico y Andrea Catalina P\u00e9rez, progenitores del se\u00f1or Daniel Felipe Acevedo Echand\u00eda, quienes deben ser notificados de conformidad con el Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.4. Vencido el plazo para presentarse al Despacho y ante la no comparecencia del se\u00f1or Arnulfo Rico, el 22 de octubre siguiente se procedi\u00f3 a surtir el tr\u00e1mite de la \u00abnotificaci\u00f3n por aviso\u00bb, comunic\u00e1ndose ello al \u00f3rgano judicial el 29 de noviembre posterior. <\/p>\n
2.5. Afirma que, \u00abteniendo en cuenta que se venci\u00f3 el plazo establecido en los art\u00edculo[s] 291 y 292 as\u00ed como en el Decreto 806 de 2020\u00bb, solicit\u00f3 al estrado cognoscente \u00abtener por surtido el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n al se\u00f1or Arnulfo Rico y (\u2026) nombrarle curador\u00bb. <\/p>\n
2.6. El Juzgado, mediante auto de 28 de enero de los cursantes, design\u00f3 abogado de oficio, para que representara a los \u00abherederos indeterminados del se\u00f1or Daniel Felipe Acevedo Echand\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.7. El 1 de abril de 2022, el estrado requiri\u00f3 \u00aba la parte actora para que notifique a los demandados Arnulfo Rico y Andrea Catalina P\u00e9rez\u00bb, en el t\u00e9rmino de treinta d\u00edas, \u00abdesconociendo que dicho informe se hab\u00eda realizado en los tres correos electr\u00f3nicos que fueron enviados de manera previa al Despacho\u00bb, cosa que le inform\u00f3 el 18 de abril siguiente. <\/p>\n
2.8. Pese a lo anterior y \u00absin haber resuelto o pronunci[ado] sobre las notificaciones hechas\u00bb, el \u00f3rgano judicial cuestionado, el 25 de mayo de 2022, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, por \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, decisi\u00f3n que fundament\u00f3 en que no se notific\u00f3 a los \u00abdemandados Arnulfo Rico y Andrea Catalina P\u00e9rez\u00bb. <\/p>\n
2.9. La parte actora critica esta \u00faltima determinaci\u00f3n, porque considera que el Despacho querellado no \u00abrealiz\u00f3 pronunciamiento alguno ni resolvi\u00f3 las peticiones elevadas sobre tener por notificad[a]s a las personas que orden\u00f3 vincular en el Auto Admisorio de la demanda; a pesar de haber sido informado a ese Despacho de manera oportuna y de manera previa al requerimiento que realiz\u00f3 en el mes de abril\u00bb. <\/p>\n
3. Con estribo en lo narrado exige, en concreto, dejar sin efectos el auto de 25 de mayo de 2022 y que se contin\u00fae con el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El estrado acusado precis\u00f3 que, aunque la \u00abaccionante manifiesta que en el mes de octubre de 2021, a trav\u00e9s de correo institucional, inform\u00f3 al despacho haber cumplido con la carga de notificar al se\u00f1or Arnulfo Rico [y que] inform\u00f3 sobre el fallecimiento de quien en vida respond\u00eda al nombre de Andrea Catalina P\u00e9rez (\u2026) examinado el expediente digital (\u2026) no se evidencia que tales pruebas hayan sido incorporadas al expediente\u00bb. Asimismo, puso de presente que, respecto de los autos de 1 de abril y de 25 de mayo de 2022, no se formul\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n
2. El abogado Luis Armando Torres, actuando en representaci\u00f3n de Mar\u00eda Cristina L\u00f3pez, madre de la menor de edad demandada, pidi\u00f3 desestimar el ruego, por cuanto las gestiones adelantadas para materializar la notificaci\u00f3n exigida no cumplieron lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 y porque la parte accionante omiti\u00f3 recurrir -mediante apelaci\u00f3n- el prove\u00eddo cuya anulaci\u00f3n pide por v\u00eda de tutela, cuesti\u00f3n que la torna improcedente. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, por cuanto no satisface el requisito de subsidiariedad, en atenci\u00f3n a que la parte interesada no impugn\u00f3 el auto de 25 de mayo de 2022. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el extremo activo, manifestando, de un lado, que el juzgado atacado finiquit\u00f3 la causa omitiendo revisar \u00abcorreos electr\u00f3nicos enviados\u00bb y resolver \u00ablas constantes solicitudes que se presentaron\u00bb y, de otro lado, que el auto del 25 de mayo no fue publicado ni remitido, \u00abraz\u00f3n por la cual no existi\u00f3 la posibilidad de impugnar[lo]\u00bb. <\/p>\n
1. En el sub examine, el abogado impulsor solicita dejar sin efectos la providencia de 25 de mayo de 2022, emitida por el Juzgado de Familia cuestionado, que dio por terminado el decurso declarativo de impugnaci\u00f3n de paternidad incoado por Filipa del Carmen Blanco L\u00f3pez, en nombre de sus hijos. <\/p>\n
2. De entrada, la Sala advierte que la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por ausencia del presupuesto de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la Colegiatura accionada y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00ab[p]odr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 de sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en las STC926-2018, STC4611- 2018 y STC1042-2019). <\/p>\n
Asimismo, esta Corte ha establecido: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, son las partes de los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios, por manera que, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-\u001f001\/97). <\/p>\n
As\u00ed, se exige que el poder especial contenga \u00aben forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional) (Se subraya)2. <\/p>\n
2.3. De acuerdo con lo expuesto, Filipa del Carmen Blanco L\u00f3pez es la titular de las garant\u00edas presuntamente trasgredidas con la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal acusado, en el proceso de radicado 2021-00338, en su condici\u00f3n de representante legal de sus hijos, de manera que, como el actor no alleg\u00f3 el poder especial necesario para representar los intereses de aqu\u00e9lla, en los t\u00e9rminos indicados, a pesar de hab\u00e9rsele requerido durante el tr\u00e1mite de la primera instancia3, no queda otro camino que desestimar el amparo deprecado, por resultar inviable estudiar el fondo del asunto, ante la falta de legitimaci\u00f3n del gestor. <\/p>\n
3. A\u00fan si lo anterior se dejare de lado, el amparo igual fracasar\u00eda, por no reunir el requisito de la subsidiariedad, pues, revisadas las diligencias, se constata que el auto cuya revocatoria se pide, fechado el 25 de mayo de 2022, no fue impugnado, omisi\u00f3n que imposibilita acudir a esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias4. <\/p>\n
Adicionalmente, resulta del caso precisar que, si la parte estima que el prove\u00eddo de 25 de mayo pasado no fue notificado en debida forma, lo procedente es solicitar su nulidad, conforme a las reglas previstas en el art\u00edculo 133 del C.G.P., ya que, se reitera, la tutela es una herramienta excepcional que no se instituy\u00f3 para \u00abreemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores\u00bb (CSJ STC4303-2018). <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de lo anterior, se refrendar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer nivel, que neg\u00f3 el amparo, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Postura reiterada por esta Sala en STC1284-2022, de 9 de febrero, expediente 2022-00240. <\/p>\n
3\u0002 Mediante auto de 8 de junio de 2022 el a quo constitucional requiri\u00f3 al abogado Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez, a fin de que allegara el poder especial que acreditara que actuaba en representaci\u00f3n de la se\u00f1ora Kelly Patricia Barrios Arroyo; no obstante, seg\u00fan la informaci\u00f3n suministrada por el Colegiado de primer nivel, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de 27 de julio, dicho documento nunca fue allegado. <\/p>\n
4\u0002 Al respecto, esta Corte ha puntualizado que: \u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC122-2020, STC820-2020). <\/p>\n
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