STC9961-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9961-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02476-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Inversiones, Gestiones y Proyectos S.A.S. le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00422. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb y \u00abtutela jur\u00eddica efectiva\u00bb para que se ordenara dejar sin efectos el auto emitido el 3 de diciembre de 2021 y, en su lugar, \u00abdeclar[ar] infundada la nulidad constitucional (\u2026) por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el juicio ejecutivo que Diego Fernando G\u00f3mez Giraldo inco\u00f3 contra Uldarico Garz\u00f3n M\u00e9ndez y Consuelo Pico P\u00e9rez para cobrar la suma de $49\u2019498.055 contenida en el \u201cpagar\u00e9 n\u00b0 I-56598-8\u201d, garantizada con hipoteca sobre el predio con M.I. 50C-1308155 ubicado en la \u201ccalle 22F n\u00ba 104-41, apartamento 202, Conjunto Villa Maite\u201d (rad. 2017-00422), libr\u00f3 mandamiento de pago (10 jul. 2017), profiri\u00f3 fallo en el dispuso seguir adelante con el compulsivo (17 oct. 2018) y acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que G\u00f3mez Giraldo realiz\u00f3 a su favor, al tiempo que reconoci\u00f3 a aquel como apoderado de la sociedad (19 en.). <\/p>\n
Sostuvo que, despu\u00e9s, el Juzgado Cuarto Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital declar\u00f3 la nulidad formulada por los demandados, en la que alegaron indebida notificaci\u00f3n de la orden de apremio y ausencia de reestructuraci\u00f3n acorde con los lineamientos de la Ley 546 de 1999 y las sentencias C-955 de 2000 y SU 813 de 2007 de la Corte Constitucional y, por tanto, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio (27 jul. 2021); prove\u00eddo que ratific\u00f3 el superior \u201cdesconoc[iendo] absolutamente las pruebas incorporadas al expediente, teniendo en cuenta que (\u2026) la documental (\u2026) y particularmente el interrogatorio absuelto as\u00ed como el testimonio del administrador de la copropiedad, se logra concluir que (\u2026) no ten\u00edan capacidad econ\u00f3mica para asumir la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026) al punto que siempre han estado adeudando cuotas de la unidad privada\u201d (3 dic.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la tesis acogida por el juez de primer grado y avalada por la Magistratura atacada, \u201ctiene la calidad jur\u00eddica suficiente para afectar gravemente el derecho fundamental al debido proceso, en la medida que (\u2026) no contaba con material probatorio suficiente para llegar a dicha conclusi\u00f3n\u201d, por cuanto al analizar \u201cla capacidad econ\u00f3mica de los deudores (\u2026), se evidencia que (\u2026) eran morosos del pagar\u00e9 base de la acci\u00f3n, ten\u00edan en su contra procesos de cobro coactivo, eran deudores por conceptos de impuestos prediales, eran deudores por concepto de cuotas de administraci\u00f3n (\u2026) y estaban atravesando una situaci\u00f3n econ\u00f3mica precaria\u201d. <\/p>\n
Indic\u00f3 que Diego Fernando promovi\u00f3 \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb contra el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con el prop\u00f3sito que se invalidara el auto de 3 de diciembre de 2021 (rad. 2022-01163); empero, esta Corte la despach\u00f3 desfavorablemente en ambas instancias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, tras advertir que \u201cno ostenta la calidad de parte dentro de ese juicio, pues (\u2026) con prove\u00eddo de 19 de enero de 2018 se acept\u00f3 la cesi\u00f3n por la totalidad del cr\u00e9dito que (\u2026) realiz\u00f3 a favor de Inversiones, Gestiones y Proyectos S.A.S., de ah\u00ed que, no puede incoar esta salvaguarda aduciendo la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues s\u00f3lo a su poderdante en ese asunto, esto es, a dicha sociedad, se le podr\u00eda quebrantar los derechos invocados. El hecho de ser el apoderado de los contendientes, no lo convierte en titular de privilegio ius fundamental alguno derivado de esa actuaci\u00f3n\u201d (4 may. y 15 jun. 2022). <\/p>\n
Adver\u00f3 que, por lo anterior, \u201cno ha transcurrido m\u00e1s de 6 meses desde la \u00faltima actuaci\u00f3n desplegada en contra de la providencia dictada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por lo que el requisito de la inmediatez se encuentra satisfecho\u201d. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 advirti\u00f3 que los argumentos expuestos por la peticionaria \u201cno develan que la actuaci\u00f3n (\u2026) sea contraria a la ley o se enmarque en las denominadas v\u00edas de hecho, por el contrario, los mismos obedecen a su inter\u00e9s particular en reanudar el debate (\u2026) que ya se resolvi\u00f3 a trav\u00e9s de la providencia de 3 de diciembre de 2021\u201d. <\/p>\n
El Juzgado Veinticinco Civil del Circuito remiti\u00f3 a la actuaci\u00f3n surtida en la lid controvertida. <\/p>\n
El Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias narr\u00f3 las etapas adelantadas en esa instancia e ilustr\u00f3 el procedimiento que est\u00e1 rituando en virtud de la terminaci\u00f3n del litigo objetado. <\/p>\n
La Procuradora 1 Judicial II Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Uldarico Garz\u00f3n M\u00e9ndez y Consuelo Pico P\u00e9rez afirmaron que \u201cel incidente de nulidad que dio origen a la terminaci\u00f3n del proceso est\u00e1 soportado debidamente no solo por v\u00eda jurisprudencial de la Corte Superama de Justicia (\u2026), sino por v\u00eda doctrina constitucional, en especial de una sentencia unificadora, lo cual de desconocerse estar\u00eda viol\u00e1ndose flagrantemente el debido proceso\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Con fundamento en el material suasorio incorporado al infolio, pronto se anuncia el decaimiento del resguardo, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto de la inmediatez que caracteriza este sendero excepcional. <\/p>\n
Se hace tal aserci\u00f3n, habida cuenta que, entre la fecha del interlocutorio combatido (3 dic. 2021), mediante el cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 convalid\u00f3 el expedido por el Juzgado Cuarto Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 (27 jul. 2021), que \u00abdeclar\u00f3 fundada la nulidad que se motiv\u00f3 con base en la ausencia del requisito de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario\u00bb y, por consiguiente, \u00abdecret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, y la radicaci\u00f3n del escrito superlativo (22 jul. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de siete (7) meses y diecinueve (19) d\u00edas; esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corporaci\u00f3n como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate suplicado, porque si la tutelante se demor\u00f3 en interponer la queja supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la dependencia convocada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales implorados. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 \u00abdebidamente justificada\u00bb. En STC3949-2021 se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, en la medida que la accionante no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta v\u00eda, pues contrario a lo apreciado por aquella, el conteo del tiempo de seis (6) meses referidos por la jurisprudencia, empieza desde la data de la providencia criticada y\/o a partir del d\u00eda en que se materializa el enteramiento a los interesados. <\/p>\n
2.- Ergo, surge impr\u00f3spero el amparo suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instaurada por Inversiones, Gestiones y Proyectos S.A.S. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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