STC9962-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9962-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01963-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 7 de octubre de 20211, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Ricardo An\u00edbal Piamba Mu\u00f1oz contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de esta ciudad y la Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros de Colombia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso con radicado interno n\u00ba 83999. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, el actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00absituaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador\u00bb, dignidad, asociaci\u00f3n, trabajo, seguridad social y vida, presuntamente transgredidos por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Como sustento de reclamo, manifest\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros de Colombia para que se declarara, la nulidad del despido ocurrido el 16 de marzo de 2017 y, en consecuencia, se ordenara el pago de los salarios y prestaciones de origen legal y convencional dejados de percibir, as\u00ed como el reintegro al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando. <\/p>\n
Sostuvo que, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 2 de agosto de 2018 accedi\u00f3 parcialmente a lo reclamado en la demanda y orden\u00f3 el pago de las prestaciones de origen extralegal, empero, neg\u00f3 la nulidad solicitada, determinaci\u00f3n que modific\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad el 9 de septiembre de 2019, en el sentido de disponer que \u00fanicamente era factor salarial de liquidaci\u00f3n, la prima de vacaciones convencional y, ajust\u00f3 los valores de la condena impuesta en primera instancia, en lo dem\u00e1s confirm\u00f3. <\/p>\n
Inconforme, present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL2119-2021 de 18 de mayo de 2021, dispuso no casar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Adujo que los juzgadores accionados, omitieron dar aplicaci\u00f3n a las normas convencionales que regulan el proceso disciplinario para los Trabajadores de la Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros de Colombia. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 \u00abse rebel\u00f3\u00bb contra el imperio de la ley, la primac\u00eda del derecho sustancial y la situaci\u00f3n m\u00e1s favorable del trabajador, al sustraerse de dar aplicaci\u00f3n a las reglas de derecho fijadas para el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, circunstancia que constituye una clara negaci\u00f3n de justicia, que condujo a la materializaci\u00f3n de una v\u00eda de hecho y la consecuente vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00abmodificar\u00bb la sentencia de 18 de mayo de 2021 y, en su lugar, proferir la que en derecho corresponda. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por intermedio del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n, y resalt\u00f3 que en la decisi\u00f3n proferida no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho ni se constituy\u00f3 una vulneraci\u00f3n al debido proceso como lo propone el actor. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la sentencia cuestionada fue producto de un recurso extraordinario de casaci\u00f3n que no supo plantear el demandante, en tanto no se ajust\u00f3 a las pautas que se exigen para su estudio, y con fundamento en la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n se exhibieron los diferentes reparos de orden t\u00e9cnico que soportaban los tres cargos formulados. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones seguidas en el proceso ordinario. <\/p>\n
3. La Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros de Colombia se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, indicando que lo pretendido con la misma, era desconocer el principio de cosa juzgada y con ello, la extensi\u00f3n del problema jur\u00eddico planteado en el proceso ordinario a una nueva instancia, y, adem\u00e1s, resalt\u00f3 la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
4. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social tras relatar el tr\u00e1mite adelantado en instancias y en sede de casaci\u00f3n, manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n objeto de reproche se encuentra ajustada a la ley, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el criterio jurisprudencial adoptado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, argumentando que no se evidenci\u00f3 alg\u00fan defecto espec\u00edfico que habilitara el amparo invocado, toda vez que la sentencia atacada se fundament\u00f3 en argumentos razonables y desestim\u00f3 el estudio de fondo de los cargos elevados por el recurrente, en raz\u00f3n al incumplimiento de la carga de individualizar con precisi\u00f3n las equivocaciones en que habr\u00eda incurri\u00f3 el juzgador de segundo grado. <\/p>\n
En ese orden, resalt\u00f3 que la exigencia de los postulados l\u00f3gicos y debida fundamentaci\u00f3n respecto de la demanda de casaci\u00f3n, no pod\u00edan calificarse como la estructuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho y, en consecuencia, no constitu\u00edan una vulneraci\u00f3n de los derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso o cualquier otra garant\u00eda fundamental, habida cuenta que dicho tr\u00e1mite tiene unas formas y exigencias propias que deben ser respetadas por quien acuden al mismo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, manifestando que los argumentos de inconformidad ser\u00edan presentados ante el superior constitucional una vez tuviera conocimiento del reparto, no obstante, a la fecha de elaboraci\u00f3n de esta decisi\u00f3n no se evidenci\u00f3 escrito con tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, si bien el se\u00f1or Ricardo An\u00edbal Piamba Mu\u00f1oz cuestiona las decisiones proferidas en el juicio ordinario laboral que promovi\u00f3 contra la Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros de Colombia, el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la sentencia de casaci\u00f3n SL2119-2021 de 18 de mayo de 2021, porque con ella se dirimi\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente, mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
3. Revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al resolver el recurso extraordinario, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria. <\/p>\n
En la referida decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada se\u00f1al\u00f3 que los cargos formulados por el recurrente no se ajustaban a las reglas m\u00ednimas contempladas en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que imped\u00eda al juez de casaci\u00f3n el estudio de la legalidad de la sentencia recurrida, pues la demostraci\u00f3n de los cargos se asemejaba a una alegaci\u00f3n de instancia. En ese orden expuso: <\/p>\n
\u00abCotejo de la ley que, por lo dicho, deja inc\u00f3lume, los argumentos esenciales que utiliz\u00f3 el ad quem para considerar que al se\u00f1or Ricardo An\u00edbal Piamba Mu\u00f1oz no le asist\u00eda el derecho al reintegro pretendido, toda vez, que, i) si bien en las convenciones colectivas se estipul\u00f3 un procedimiento especial para imponer sanciones disciplinarias su aplicaci\u00f3n no se puede exigir cuando se trata de fulminar un despido, como el que fue objeto el actor; ii) el despido no se puede entender o calificar como una especie de sanci\u00f3n; iii) son diferentes, puesto que el despido, obedece al ejercicio de facultad que la ley le otorga al empleador para terminar unilateralmente el contrato, en tanto que las sanciones que autoriza el reglamento, en continuidad del contrato de trabajo pretende mantener la disciplina del establecimiento; y iv) pese a que lo anterior es suficiente, para no acceder el reintegro, en el sub examine, se encontr\u00f3 demostrada la causa por la cual se dio por terminado el contrato de trabajo. <\/p>\n
En efecto, el impugnante no realiz\u00f3 ejercicio alguno en aras de confrontar tales discernimientos del Tribunal, por lo que al no ser el eje de sus cr\u00edticas, salen indemnes en casaci\u00f3n y, por consiguiente, prest\u00e1ndole suficiente y s\u00f3lida base al fallo\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que el demandante no identific\u00f3 los verdaderos fundamentos que soportaron la sentencia recurrida, puesto que los cargos primero y segundo, enfilados por la v\u00eda directa e indirecta, respectivamente, se estructuraron en una transgresi\u00f3n al debido proceso, al considerar que, <\/p>\n
\u00abi) se debi\u00f3 aplicar el art\u00edculo 4 de la CCT -1982, garant\u00eda que resulta m\u00e1s favorable para el procedimiento disciplinario; ii) conforme a los art\u00edculos 59, 60 y 61 del RIT se le convoc\u00f3 a un procedimiento disciplinario, pero en rigor no se cumplieron con las solemnidades ah\u00ed consagradas ni con los requisitos establecidos en la sentencia CC C593-2014 y, iii) por lo anterior, el acta de descargos obtenida en tales circunstancias es nula de pleno derecho\u00bb. <\/p>\n
No obstante, indic\u00f3 que dichos razonamientos en comparaci\u00f3n con los argumentos de la decisi\u00f3n cuestionada, carec\u00edan de soporte, en raz\u00f3n a su evidente desvi\u00f3 frente a los pilares fundamentales, por lo cual era carga procesal ineludible de derruirlas y, al no serlo, el pronunciamiento se manten\u00eda ante la presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
Igualmente, mencion\u00f3 el yerro del recurrente al integrar las proposiciones jur\u00eddicas en los cargos primero y segundo, con sentencias de la Corte Constitucional \u2013C539-2014 y SU267-2019- que no tienen el rango de norma sustancial. <\/p>\n
Explic\u00f3, adem\u00e1s, que realiz\u00f3 en ambos ataques una \u00abmixtura de v\u00edas\u00bb, pues en el primero, que fue orientado por la senda de puro derecho, incluy\u00f3 aspectos f\u00e1cticos, mientras que, en el segundo, orientado por la v\u00eda indirecta, abord\u00f3 temas jur\u00eddicos, en cuanto a la nulidad de pleno derecho y la ineficacia del despido. Aspectos que eran t\u00e9cnicamente inaceptables, en vista que cada una es aut\u00f3noma e independiente, seg\u00fan lo ha adoctrinado esa Corporaci\u00f3n en su jurisprudencia, entre otras, en la sentencia SL4248-2018. <\/p>\n
Precis\u00f3 que esa exigencia ha sido considerada por la jurisprudencia como esencial, pues su ausencia impide efectuar un estudio de fondo del asunto, refiriendo entre otras, las sentencias SL5640-2015, Sl2173-2015 y SL2316-2022. <\/p>\n
Asimismo, agreg\u00f3 <\/p>\n
\u00abDe otra parte, el ataque est\u00e1 cimentado en la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de pruebas no calificadas en casaci\u00f3n, como son los testimonios y un documento declarativo emanado de un tercero, contentivo del informe de visita presentado por el se\u00f1or Hern\u00e1n Vicente Guti\u00e9rrez acerca de la Cooperativa de Caficultores del Meta que reposa entre los folios 520 a 534 del cuaderno de instancia (art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969), aspectos que afecta la acusaci\u00f3n. A lo que se a\u00fana, que advierte como prueba no apreciada por el ad quem la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 3 de 2015, cuando contrario a esa afirmaci\u00f3n si fue tenida examinada en la decisi\u00f3n y en lo que hace a la errada apreciaci\u00f3n de la diligencia de descargos, no explica en su alocuci\u00f3n en qu\u00e9 consisti\u00f3 dicha distorsi\u00f3n que amerite la incursi\u00f3n denunciada y su incidencia en la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que los extensos errores de hecho enlistados por el actor, no fueron temas debatidos en el proceso, por lo cual no pudo incurrir el Tribunal en ellos, pues el tema planteado sobre el nexo jur\u00eddico entre la Federaci\u00f3n Nacional del Caf\u00e9 con la Cooperativa de Caficultores del Meta, no fue discutido por las partes en las instancias, ni fue expuesto en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3, \u00abAdem\u00e1s, incursiona en aspectos jur\u00eddicos no propios de la v\u00eda que seleccion\u00f3 para dirigir este embate, que si bien no la indic\u00f3 por fuerza de la argumentaci\u00f3n la perfil\u00f3, en tanto, se refiere a i) la carga de la prueba que ten\u00eda la demandada de acreditar los motivos que dieron origen a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo y ii) al principio de favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, desestim\u00f3 los cargos y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 21 de agosto de 2018. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, se advierte que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues resulta claro que el descuido del solicitante en la formulaci\u00f3n adecuada del recurso extraordinario, llev\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 a abstenerse de estudiar de fondo el asunto sometido a su consideraci\u00f3n y no casar la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, adem\u00e1s, dicho proceder impidi\u00f3 a esa Sala en Descongesti\u00f3n pronunciarse de la manera esperada por el accionante. <\/p>\n
Por tanto, Ricardo An\u00edbal Piamba Mu\u00f1oz desaprovech\u00f3 la oportunidad que la norma laboral concede para exponer las inconformidades que presenta a trav\u00e9s de este mecanismo, sin que pueda ahora valerse del mismo para solventar su desatenci\u00f3n, ya que era el proceso ordinario el escenario id\u00f3neo en donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas invocadas, debido al car\u00e1cter residual del amparo. <\/p>\n
En un asunto de similar, esta Sala explic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Adem\u00e1s, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone a la demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (Ver CSJ STC5305-2020, STC7201-2021, STC9826-2021 y, STC2831-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
En consecuencia, en el caso en estudio se estructura la causal de improcedencia prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, como quiera que la acci\u00f3n constitucional no fue concebida como sustituto de los mecanismos judiciales creados por el legislador. <\/p>\n
No puede olvidarse que la Sala ha destacado en otras oportunidades que, si las personas que reprochan determinaciones judiciales adoptadas en perjuicio de sus intereses \u00abdejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (Ver CSJ STC6580-2021, STC12011-2021, STC2296-2022, STC2818-2022 STC2912-2022 y STC4795-2022 entre muchos otros). <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala el 18 de julio de 2022. <\/p>\n
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