STC9963-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9963-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Jos\u00e9 Castillo Ram\u00edrez contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se revoque la providencia \u00abemitida el 03 de febrero de 2022 por parte del Tribunal\u2026\u00bb y las proferidas por el juzgador de primer grado de \u00ab11 de marzo de 2022, ordenando el cumplimiento del superior\u2026 del 22 de abril de 2022 ordenando oficiar al Instituto Laboratorio Servicios M\u00e9dicos Yunis Turbay\u2026 del 03 de junio de 2022 decretando pruebas\u2026 del 30 de junio de 2022 fijando fecha para audiencia del art\u00edculo 372 del CGP\u2026\u00bb; y que se disponga que el magistrado ponente se \u00abdeclare impedido para decidir sobre el recurso interpuesto\u2026 y se ordene realizar nueva prueba gen\u00e9tica en las condicones solicitadas por el apelante\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez promovi\u00f3 proceso de filiaci\u00f3n contra Guillermo Jos\u00e9 Castillo Ram\u00edrez, como heredero determinado del causante Marco Alirio Castillo Ram\u00edrez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso, el que decret\u00f3 la practica de la prueba gen\u00e9tica que arroj\u00f3 probabilidad de paternidad en un 99.99999%, por lo que en auto de 4 de marzo de 2021 se corri\u00f3 traslado de la misma. <\/p>\n
2.2. La parte demandada solicit\u00f3 que se decretara una nueva pericia y que se completentara la prueba enunciando el tipo de muestra y adjuntando la fotograf\u00eda y huellas, por lo que en auto de 15 de abril de 2021 se desestim\u00f3 la pr\u00e1ctica de otro dictamen y se le oficio al Instituto de Gen\u00e9tica para que complementara su informe; y tras ser apelada dicha decisi\u00f3n, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en providencia de 3 de febrero de 2022, la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que sus padres tuvieron dos hijos -Marco Alirio y \u00e9l-; que con su hermano ten\u00edan una relaci\u00f3n cercana, realizando negocios sobre los bienes de los que eran propietarios; que su hermano Marco Alirio padeci\u00f3 problemas de salud y en diciembre de 2017 falleci\u00f3, quien no ten\u00eda hijos, ni esposa. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que ante la muerte de su familiar, por ministerio de la ley, se defiri\u00f3 la herencia de aquel, por lo que tom\u00f3 posesi\u00f3n de sus bienes e inici\u00f3 la sucesi\u00f3n, sin que en el t\u00e9rmino emplazatorio se presentara alguna persona, emiti\u00e9ndose as\u00ed la respectiva escritura. <\/p>\n
2.5. Adujo que su hijo y una amiga de la familia le contaron que la tumba de su hermano no ten\u00eda lapida, por lo que averigu\u00f3 lo acontecido en el cementerio, en donde le informaron que hubo una orden de exhumaci\u00f3n del cad\u00e1ver por parte del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso; y que en este \u00faltimo despacho le explicaron que se trataba de una demanda de filiaci\u00f3n, en donde se le dio la calidad de hijo del causante a Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez. <\/p>\n
2.6. Asever\u00f3 que el mismo magistrado del Tribunal conoci\u00f3 de los dos procesos, pero no se declar\u00f3 impedido; que dentro de la actuaci\u00f3n criticada se decret\u00f3 el examen gen\u00e9tico; y que se le dio traslado de la prueba, pero la recurri\u00f3 porque la probanza estaba en discusi\u00f3n, adem\u00e1s los restos fueron recaudados violando las normas procesales. <\/p>\n
2.7. Afirm\u00f3 que le fue denegada su solicitud, sin realizar un estudio de sus argumentos basados en las gu\u00edas del Instituto de Bienestar Familiar; que se incurri\u00f3 en una decisi\u00f3n arbitraria y se desbord\u00f3 el \u00e1mbito jur\u00eddico; y que s\u00ed expuso los yerros de la providencia criticada. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el juicio criticado e indic\u00f3 que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedibilidad, pues se resolvieron los recursos presentados y se pretend\u00eda revivir etapas precluidas; que la tutela no era una instancia adicional; y que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tambi\u00e9n conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n impetrada dentro del juicio de filiaci\u00f3n promovido por Pablo Argemiro Monta\u00f1ez contra Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez; que el ahora accionante acudi\u00f3 a ese proceso alegando ser heredero del causante en su calidad de hermano de doble conjunci\u00f3n, empero, obraba prueba de paternidad respecto del demandante, practicada con el lleno de requisitos y por profesionales que llenaban las exigencias de idoneidad, lo que desplaz\u00f3 la pretensi\u00f3n del gestor, en tanto que solo le asist\u00eda vocaci\u00f3n hereditaria ante la ausencia de descendientes, ascendientes y c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente; que la vinculaci\u00f3n del peticionario en ese tr\u00e1mite no era legal; que se consideraba ajustada a derecho la decisi\u00f3n adoptada; y que se pretend\u00edan restablecer actuaciones concluidas. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso remiti\u00f3 el link del expediente criticado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026La alzada, versa sobre la negativa de practicar nuevamente la prueba de ADN, por tanto, corresponde a la Sala determinar si la prueba solicitada por el demandado se ajusta a los requisitos establecidos por el legislador para realizar una nueva prueba de filiaci\u00f3n o si por el contrario, como lo consider\u00f3 el juez primer grado, tales exigencias en el sub examine no se concretaron. <\/p>\n
El primer resultado de la prueba filial no constituye en s\u00ed mismo un respuesta definitiva e irrefutable, pues el mismo numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 386 del estatuto procesal, permite que los resultados de la prueba gen\u00e9tica puedan ser controvertidos por los interesados en la relaci\u00f3n jur\u00eddica-procesal, discusi\u00f3n que tiene fundamento en el principio de contradicci\u00f3n de la prueba; no obstante, dado al car\u00e1cter cient\u00edfico que tiene esta clase de ex\u00e1menes, el legislador impuso a quien pretenda desvirtuarlos a trav\u00e9s de la realizaci\u00f3n de un segundo examen gen\u00e9tico, una carga adicional, como es precisar los errores que estima se encuentran presentes en el primer dictamen. <\/p>\n
Revisado el pedimento del recurrente por esta Sala Unitaria se advierte incumple con las exigencias contenidas en el inciso segundo numeral segundo del citado art\u00edculo 386 de la legislaci\u00f3n procesal, como es precisar los errores que considera se encontraban contenidos en el dictamen realizado por el Instituto de Gen\u00e9tica Yunis Turbay y C\u00eda S.A.S. toda vez que el apelante se\u00f1ala que esa prueba no se debe tener en cuenta porque la misma es objeto de nulidad en otro proceso judicial, y porque las muestras tomadas para su pr\u00e1ctica no cumpl\u00edan con unos requisitos que no apoya en argumentos razonables, frente a lo anterior esta Sala advierte que hasta tanto no haya una providencia ejecutoriada que resuelva tal nulidad, el peritaje gen\u00e9tico sigue teniendo valor legal, por lo que no hay cabida a este argumento y no se diga que se est\u00e1 violando el debido proceso, toda vez que, el incidente nulidad se est\u00e1 tramitando por la cadena procesal correspondiente y violatorio al debido proceso ser\u00eda tener como ilegal la prueba de ADN sin que exista un fallo que la declare como tal, puesto que est\u00e1 firme y la raz\u00f3n aducida por el interesado. <\/p>\n
Frente a la segunda objeci\u00f3n se tiene que la gu\u00eda para la pr\u00e1ctica de ADN en procesos de paternidad y maternidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, alegado por el demandado y recurrente, no tiene un car\u00e1cter de obligatorio, es una ruta que marca unos lineamientos sobre el tema de la pr\u00e1ctica gen\u00e9tica de ADN que a trav\u00e9s del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se soliciten al \u201cLaboratorio de Gen\u00e9tica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses\u201d, pero sin que esta gu\u00eda tenga un car\u00e1cter absoluto para los dem\u00e1s laboratorios gen\u00e9ticos, adem\u00e1s, se tiene que si laboratorio pudo extraer la muestra de ADN de parte del hueso de f\u00e9mur de siete cent\u00edmetros, es porque esa porci\u00f3n de hueso es suficiente para extraer el ADN necesario para determinar el posible padre, de lo contrario el laboratorio hubiera exigido realizar nuevamente la exhumaci\u00f3n del occiso, por no contar con las muestras \u00f3seas suficientes, circunstancia que no ocurri\u00f3 en el presente caso, en esa medida se tiene que la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen pericial deb\u00eda ser negada, tal y como lo hizo el juzgador de primer grado. <\/p>\n
Igualmente, se concluye que la parte apelante no cumpli\u00f3 con la carga de se\u00f1alar los errores del dictamen pericial de ADN en debida forma, o como el hecho de no haber extra\u00eddo una prueba \u00f3sea de siete cent\u00edmetros determina que la pericia no corresponda a la realidad investigada, y es que tal componente en esta clase de asuntos es indispensable para la realizaci\u00f3n de una nueva prueba gen\u00e9tica, si se tiene en cuenta el alto grado de precisi\u00f3n que arroja este tipo de ex\u00e1menes, lo que constituye en un instrumento que si bien no garantiza en un cien por ciento la filiaci\u00f3n, si permite su exclusi\u00f3n. Sobre esta tem\u00e1tica la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26 de agosto de 2011 expres\u00f3 que: \u00abel legislador colombiano, atendiendo los avances cient\u00edficos en materia gen\u00e9tica y la circunstancia de estarse realizando en el pa\u00eds ex\u00e1menes de cotejo de las caracter\u00edsticas del ADN concluyentes de la paternidad y\/ o de la maternidad, con un grado de certeza superior al 99.9%, dict\u00f3 la Ley 721 de 2001 \u00abpor medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968′ en la que impuso que en los procesos de investigaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n es forzosa la pr\u00e1ctica de dicha prueba y que \u00ab[e]n firme el resultado, si la prueba demuestra la paternidad o maternidad, el juez proceder\u00e1 a decretarla, en caso contrario se absolver\u00e1 al demandado o demandada \u00bb <\/p>\n
De lo anteriormente explanado surge con claridad que dada la experticia y grado cient\u00edfico con el que se desarrollan los ex\u00e1menes gen\u00e9ticos era indispensable que el interesado hiciera ver los posibles yerros en los que se incurri\u00f3 al momento de realizar la correspondiente prueba de ADN, anomal\u00edas o equivocaciones, que en este asunto no se adujeron, carga que le correspond\u00eda para tenerlos como tal, y obtener as\u00ed el decreto de una nueva prueba de ADN, ya que los cuestionamientos sobre los hallazgos realizados por Instituto de Gen\u00e9tica YUNIS TURBAY y CIA S.A.S. <\/p>\n
La decisi\u00f3n recurrida ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
Posteriormente, el juzgador de primer grado en auto de 11 de marzo de 2022 dispuso el cumplimiento de lo ordenado por el superior, el 22 de abril ofici\u00f3 al Laboratorio de Servicios M\u00e9dicos Yunis Turbay porque no hab\u00eda dado respuesta al oficio remitido previamente, el 13 de mayo agreg\u00f3 la complementaci\u00f3n del dictamen, el 3 de junio decret\u00f3 pruebas y el 30 de junio siguiente fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en las providencias censuradas; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Finalmente, se advierte que no obra medio de convicci\u00f3n que indique que el actor hubiese formulado recusaci\u00f3n contra el magistrado ponente de la censura, circunstancia que de por s\u00ed torna improcedente la salvaguarda suplicada, toda vez que el interesado contaba con otros medios de defensa que le permit\u00edan garantizar sus derechos antes de acudir a este excepcional escenario. <\/p>\n
Sobre el particular, se recuerda que: <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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