STC9964-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9964-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00937-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 19 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Henry Garc\u00e9s Ardila contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y el Centro de Servicios Administrativos, todos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2006-00221. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, debido proceso e igualdad presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, manifest\u00f3 que el de 13 de agosto de 2021 el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja le neg\u00f3 la libertad condicional, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja la confirm\u00f3 el 24 de marzo de 2022, tras argumentar que al momento de resolver el recurso de apelaci\u00f3n no obraba en el expediente prueba que permitiera dar por satisfecha la obligaci\u00f3n de reparar los perjuicios a los que fue condenado, ni pronunciamiento judicial que hubiere reconocido la insolvencia econ\u00f3mica, y orden\u00f3 devolver el expediente al despacho de origen, advirti\u00e9ndole al Juez ejecutor sobre el incidente de insolvencia econ\u00f3mica que se encontraba pendiente por resolver, con el prop\u00f3sito de definir s\u00ed para efectos del subrogado solicitado, se exim\u00eda a Henry Garc\u00e9s Ardila de cumplir el pago de perjuicios al que fue condenado. <\/p>\n
En su sentir tal fundamento resulta cuestionable, puesto que el 8 de marzo de 2022 radic\u00f3 oficio de alcance, con el que alleg\u00f3 algunas pruebas, entre ellas, las copias de la misi\u00f3n de trabajo efectuada por el CTI con informe pericial n\u00b0 0007054755, y, porque seg\u00fan anotaci\u00f3n en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial el 17 de marzo el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad dispuso el env\u00edo de las pruebas de \u00abincapacidad econ\u00f3mica\u00bb recolectadas, al Tribunal Superior para decisi\u00f3n de segunda instancia. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que desconoce la ubicaci\u00f3n actual de las pruebas enviadas y s\u00ed las mismas fueron regresadas al lugar de origen o si se encuentran \u00abrefundidas\u00bb en el Centro de Servicios Administrativos o en el Tribunal. <\/p>\n
Explic\u00f3 que desde el 12 de abril de 2022, el expediente se encuentra en el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja para obedecer y cumplir lo ordenado por el superior, sin que a la fecha de formulaci\u00f3n del presente amparo haya dado tr\u00e1mite a lo dispuesto por el Tribunal Superior, situaci\u00f3n que transgrede sus derechos fundamentales. <\/p>\n
En ese orden, aleg\u00f3 la vulneraci\u00f3n al debido proceso por parte del Juzgado accionado, al abstenerse de resolver la solicitud de insolvencia econ\u00f3mica en el t\u00e9rmino establecido por la ley, aun teniendo las pruebas recaudadas que acreditan su incapacidad moment\u00e1nea de cancelar la condena por perjuicios que supera los $600.000.000, requisito que incide directamente en la concesi\u00f3n del beneficio de libertad condicional. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que se lesion\u00f3 su derecho a la libertad, al no proferir un pronunciamiento oportuno, pues la recolecci\u00f3n de pruebas de insolvencia, han llevado a una dilaci\u00f3n en la respuesta a su solicitud. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3 a la afectaci\u00f3n del derecho a la igualdad, argumentado que su requerimiento de estudio de insolvencia econ\u00f3mica no ha sido resuelto, mientras que, en el caso de Jos\u00e9 del Carmen Mart\u00ednez, recluido en el mismo pabell\u00f3n, quien radic\u00f3 solicitud similar el 7 de abril de 2022, fue decidida el d\u00eda 13 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 i) ordenar al Juzgado accionado resolver de fondo la no exigibilidad de pago y la solicitud de libertad condicional y, ii) establecer la ubicaci\u00f3n de las pruebas recolectadas por Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y que fueron enviadas al Tribunal Superior el 17 de marzo de 2022, para garantizar su valoraci\u00f3n al momento de resolver lo pendiente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja luego de narrar las actuaciones surtidas, solicit\u00f3 negar el amparo, argumentando que no incurri\u00f3 en ning\u00fan acto que vulnerara los derechos fundamentales del peticionario. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, relat\u00f3 los tr\u00e1mites adelantados en el asunto a su cargo e indic\u00f3 que mediante auto de 17 de marzo de 2022 -accediendo a lo peticionado por el actor-, orden\u00f3 remitir copia de los elementos de convicci\u00f3n acopiados a la Sala Penal del Tribunal superior para lo pertinente, disposici\u00f3n materializada mediante oficio 1177 de 29 de marzo de 2022. <\/p>\n
Sostuvo que el 16 de mayo de 2022 orden\u00f3 obedecer y cumplir la decisi\u00f3n del Tribunal y dispuso insistir en el acopio probatorio realizado en el cap\u00edtulo V del interlocutorio de 26 de enero de 2022 en lo concerniente a los elementos de convicci\u00f3n faltantes, entre ellos, la respuesta de las entidades financieras sobre la existencia de cuentas bancarias a nombre del sentenciado, para luego, ingresar el proceso al despacho y resolver sobre el tr\u00e1mite de insolvencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 17 de mayo posterior, orden\u00f3 librar misi\u00f3n de trabajo con destino al CTI a fin de que indagara sobre los datos de contacto y notificaci\u00f3n de las v\u00edctimas, teniendo en cuenta que no hab\u00eda sido posible informarles sobre el procedimiento adelantado ni se hab\u00eda conformado el contradictorio en legal forma. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo explicado, requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por la inexistencia de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas del actor. <\/p>\n
3. La Procuradora 242 Judicial I Penal se\u00f1al\u00f3 que el Juez Ejecutor de la pena, no puede presumir anticipadamente el incumplimiento por parte del condenado de su obligaci\u00f3n de reparar a las v\u00edctimas y declarar de plano su insolvencia para concederle la libertad condicional, sin antes acreditar siquiera sumariamente su incapacidad absoluta del pago de perjuicios, siendo lo m\u00e1s acertado permitir que culmine el recaudo de los documentos decretados, para que puedan ser valorados y tomar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, inform\u00f3 que conoci\u00f3 los recursos de apelaci\u00f3n formulados en su momento, por el defensor y el representante de la parte civil contra la sentencia de 19 de septiembre de 2008 a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, conden\u00f3 a Henry Garc\u00e9s Ardila a 376 meses de prisi\u00f3n y multa de 1500 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes por el delito de \u00abHomicidio agravado, en concurso heterog\u00e9neo con extorsi\u00f3n agravada en grado de tentativa y otros\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, teniendo en cuenta que las pretensiones del actor est\u00e1n dirigidas a que se materialice la orden impartida por la Sala Penal del Tribunal de Tunja en auto de 24 de marzo de 2022. <\/p>\n
5. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, resaltando que lo pretendido por el accionante es competencia exclusiva del Juez Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente la solicitud de amparo constitucional, tras determinar que la tardanza en la definici\u00f3n del tr\u00e1mite incidental se encontraba justificada y adem\u00e1s, porque no se demostr\u00f3 la presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja ha procurado recaudar el mayor n\u00famero de evidencia posible e integrar adecuadamente el contradictorio, para desatar el planteamiento del actor respetando las garant\u00edas fundamentales de los sujetos procesales y ha desplegado sus poderes para evacuar c\u00e9leremente el asunto, conforme a las exigencias de la jurisprudencia constitucional, en especial la sentencia C-823-2005. <\/p>\n
Por otra parte, descart\u00f3 la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, argumentando que el interesado se limit\u00f3 a mencionar, sin demostrar, siquiera sumariamente, que las autoridades judiciales demandadas lo hayan tratado de forma discriminatoria, en relaci\u00f3n con otras personas en id\u00e9nticas condiciones a las suyas. <\/p>\n
Con todo, consider\u00f3 prudente motivar al juzgado accionado para que cumpliera los t\u00e9rminos establecidos en las providencias referidas, en aras de dar pronta respuesta al solicitante. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Al momento de ser notificado personalmente de la decisi\u00f3n constitucional de primera instancia, el accionante manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de impugnar, sin exponer los argumentos de disconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Henry Garc\u00e9s Ardila cuestiona, la decisi\u00f3n de 24 de marzo de 2022 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja – mediante la cual confirm\u00f3 el auto de 13 de agosto de 2021 por el que el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja le neg\u00f3 la libertad condicional-, con el argumento que al momento de resolver el recurso de apelaci\u00f3n no obraba en el expediente prueba que permitiera dar por satisfecha la obligaci\u00f3n de reparar los perjuicios a los que fue condenado Garc\u00e9s Ardila, ni pronunciamiento judicial que hubiere reconocido la insolvencia. <\/p>\n
2.1 Frente al primer reparo, revisados los argumentos de la Corporaci\u00f3n accionada en la decisi\u00f3n de 24 de marzo de 2022, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, pues para el momento en que fue proferida esa decisi\u00f3n, en efecto, en el expediente no obraban las pruebas que ech\u00f3 de menos el Tribunal y, que alleg\u00f3 el actor, puesto que, tal y como lo inform\u00f3 el Juzgado ejecutor en la respuesta remitida a este tr\u00e1mite, las mismas fueron enviadas al Tribunal mediante oficio 1177 de 29 de marzo de 2022, fecha para la cual ya hab\u00eda sido proferido el pronunciamiento cuestionado, en el que explic\u00f3 el Tribunal accionado, <\/p>\n
\u00abEs preciso se\u00f1alar que ley 1709 de 2014, en su art\u00edculo 30, dispuso entre otros requisitos para la concesi\u00f3n de la libertad condicional el de reparar a las v\u00edctimas o asegurar el pago de la indemnizaci\u00f3n mediante garant\u00eda personal, real, bancaria o acuerdo de pago. <\/p>\n
En efecto, en el expediente no obra prueba de que HENRY GARCES ARDILA satisficiera la obligaci\u00f3n de reparar los perjuicios a los que fue condenado, ni tampoco obra pronunciamiento judicial que hubiese reconocido su insolvencia econ\u00f3mica o lo hubiese relevado de pagar los perjuicios a los que fue condenado, pues, apenas recientemente el juzgado ejecutor ha dispuesto la recolecci\u00f3n de pruebas a fin de establecer la capacidad econ\u00f3mica del reo, pero, sin que a\u00fan se haya emitido decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Debe recordarse que la Corte Constitucional en la sentencia C- 823 de 2005 con relaci\u00f3n a este condicionamiento, establecido desde la ley 890 de 2004 y replicado en las disposiciones posteriores modificatorias del art\u00edculo 64 del C.P., entre ellas el art\u00edculo 30 de la ley 1709 de 2014, le dio su aval condicionado a que se entendiera que \u201cen caso de demostrarse ante el juez de ejecuci\u00f3n de penas -previa posibilidad de contradicci\u00f3n por la v\u00edctima y el Ministerio P\u00fablico- la insolvencia actual del condenado, el no pago previo de la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima no impedir\u00e1 la concesi\u00f3n excepcional del subrogado de libertad condicional\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, resulta desacertado atribuir vulneraci\u00f3n alguna de los derechos invocados frente a la gesti\u00f3n desplegada por el Tribunal, pues se reitera, para el momento en que profiri\u00f3 el auto -24 de marzo de 2022-, en el expediente no obraban pruebas relacionadas con la obligaci\u00f3n de reparar los perjuicios a los que fue condenado Henry Garc\u00e9s Ardila ni pronunciamiento judicial que hubiese reconocido su insolvencia econ\u00f3mica o lo hubiese relevado de pagar los perjuicios. <\/p>\n
2.2 Ahora bien, en cuanto al segundo reproche, esto es, la presunta tardanza por parte del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad en la resoluci\u00f3n de la no exigibilidad de pago y la libertad condicional solicitadas por el accionante, se advierte la consecuente convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, una vez revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial se evidenci\u00f3 que el 28 de julio de 2022 el Juzgado accionado profiri\u00f3 auto interlocutorio n\u00b0 0665 mediante el cual resolvi\u00f3, entre otros asuntos, negar la solicitud de no exigibilidad del pago de perjuicios y el beneficio de la libertad condicional formulada por el sentenciado, providencia que igualmente, fue remitida a esta Corporaci\u00f3n a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico1 con el fin de que obrara en el presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n actual de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como quiera que el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja dio tr\u00e1mite y resolvi\u00f3 el requerimiento presentado por el se\u00f1or Henry Garc\u00e9s Ardila, lo que revela que con las actuaciones desplegadas la queja perdi\u00f3 eficacia frente a la censura propuesta lo que hace innecesario cualquier pronunciamiento u ordenamiento que pudiese realizar el juez constitucional en relaci\u00f3n con una espec\u00edfica circunstancia que en este momento procesal no existe, o cuando menos, presenta caracter\u00edsticas diferentes. <\/p>\n
3. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto remitido el 01 de agosto de 2022. <\/p>\n
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