STC9966-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9966-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00aa 66001-22-13-000-2022-00141-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 6 de julio del a\u00f1o en curso, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00113. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado, porque, seg\u00fan afirma, desconoce los t\u00e9rminos perentorios que impone la Ley 472 de 1998 y tarda en adoptar las decisiones correspondientes para imprimir impulso en el tr\u00e1mite de las diligencias. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abse ORDENE inmediatamente al tutelado garantizar art 5 ley 472 (\u2026) aplicar art 34 ley 472 de 1998 (\u2026) nunca m\u00e1s consignar que se retarde en resolver las acciones que se adelantan en su despacho (\u2026) nunca m\u00e1s poner notas marginales en los estados a fin de garantizar art 29 CN (\u2026) consignar los radicados de todas las acciones populares y probar cada cuanto tiempo salen estados de acciones populares a fin de probar la mora judicial aparente del Juzgado\u00bb (sic). <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, se limit\u00f3 a remitir el enlace contentivo de la acci\u00f3n popular n\u00famero 2022-00113 propuesta por Mario Alberto Restrepo Zapata contra Nohemy Pino Mena en calidad de propietaria del Establecimiento de Comercio Centro de Terapia Muscular. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda explic\u00f3 que no ha intervenido en la acci\u00f3n de popular aludida, y que el accionante tampoco ha elevados solicitud, queja o reclamo con el fin alegado. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda aleg\u00f3 carecer de legitimaci\u00f3n por pasiva para concurrir a este asunto, ya que las pretensiones de la acci\u00f3n no se dirigen contra esta. <\/p>\n
5. La Alcald\u00eda de Pereira manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues ha realizado todas las gestiones para cumplir con los mandatos legales y constitucionales. <\/p>\n
6. Mario Restrepo, promotor de la acci\u00f3n popular en comento, se adhiri\u00f3 a la pretensi\u00f3n de tutela y solicit\u00f3 se ordenara dar celeridad a este tipo de proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por cuanto el accionante \u00ab(\u2026) carece tanto de legitimaci\u00f3n por activa como para representar; por lo tanto, inviable es que act\u00fae en su propio nombre o pretenda asesorar a los titulares en la defensa del derecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, el se\u00f1or Mario Restrepo la impugn\u00f3, y afirm\u00f3 que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, incumple con los t\u00e9rminos perentorios para el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular en cuesti\u00f3n, consagrados en la Ley 472 de 1998, por lo que pide se conceda el amparo ante la mora judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no puede olvidarse, que bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, para facilitar la defensa de derechos ajenos, se estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, as\u00ed deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada, puesto que Gerardo Alonso Herrera Hoyos no est\u00e1 habilitado para formular este amparo respecto de la acci\u00f3n popular de radicado No. 2022-00113, pues no intervino all\u00ed como parte o tercero debidamente reconocido, ni act\u00faa en esta acci\u00f3n como procurador judicial o agente oficioso de alguno de ellos, raz\u00f3n por la cual no est\u00e1 autorizado para elevar el reclamo constitucional. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, esta Sala, reiteradamente ha se\u00f1alado que, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ. STC926-2018 y STC10191-2018, reiterada en STC318-2019, STC4982-2022, STC5493-2022 y, STC5995-2022 entre muchas). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el amparo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, cuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales proviene de actuaciones originadas en un proceso judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795- 01, citada entre otras en STC9425-2021). <\/p>\n
En esa medida, como la legitimidad para actuar es un presupuesto de la acci\u00f3n de tutela, que en este caso no se cumple, la misma resulta improcedente. <\/p>\n
3. Ahora, en relaci\u00f3n a la impugnaci\u00f3n presentada por el vinculado Mario Restrepo Zapata, quien atribuye una mora judicial en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular referir\u00e1 por \u00e9l presentada, cumple destacar que ninguna actuaci\u00f3n arbitraria o dilatoria observ\u00f3 la Sala al analizar el expediente. <\/p>\n
En efecto, el se\u00f1or Restrepo Zapata radic\u00f3 la acci\u00f3n popular el 4 de febrero de 2022, que admiti\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira el 14 de febrero siguiente, y, pese a los intentos de notificaci\u00f3n electr\u00f3nica y personal efectuados por el Juzgado de conocimiento al Establecimiento de Comercio y a las entidades vinculadas, a\u00fan no se ha obtenido; el aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 se public\u00f3 en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial el 16 de marzo, la Alcald\u00eda de Pereira contest\u00f3 la demanda el 18 de mayo y el 21 de junio se orden\u00f3 el emplazamiento de la empresa demandada en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, que tuvo lugar el 5 de julio, cuyo t\u00e9rmino venci\u00f3 el d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o (consultar el link del expediente 2022-00113). <\/p>\n
Quedan as\u00ed en el vac\u00edo las acusaciones hechas por el impugnante, pues es evidente que a la acci\u00f3n popular se le est\u00e1 imprimiendo el procedimiento instituido en la Ley 472 de 1998, y que, por circunstancias ajenas al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, no ha sido posible integrar el contradictorio, lo cual impide que el tr\u00e1mite contin\u00fae su curso normal. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede dejarse de lado que bien podr\u00eda el promotor de la acci\u00f3n popular prestar su colaboraci\u00f3n para que las diligencias de notificaci\u00f3n se materialicen con prontitud, por ser del resorte de los deberes y responsabilidades procesal que la ley le impone, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en los art\u00edculos 21, p\u00e1rrafo 4\u00ba, de la Ley 472 de 1998,1 y 78, numerales 6\u00ba y 8\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso,2 apoyo que no ha brindado a la administraci\u00f3n de justicia, por lo que exigir la celeridad y eficacia que \u00e9l no proporciona, es una situaci\u00f3n que no es de recibo para la Sala. <\/p>\n
4. As\u00ed pues, ya sea porque el accionante primigenio no est\u00e1 legitimado para reclamar, o porque el directamente interesado no demostr\u00f3 los hechos por los que impugn\u00f3, raz\u00f3n por la cual no puede pretender que, con fundamento en una premisa que result\u00f3 infirmada, se le protejan derechos fundamentales. <\/p>\n
La Corte ha sostenido, que para la prosperidad del amparo, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC. 5 Jun 2002. Rad. 00037-01, reiterada entre otras, en STC2411-2014, STC6835-2019, STC12011-2020, STC13736-2021 y, STC3777-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
5. En consideraci\u00f3n a lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abCuando el demando sea un particular, la notificaci\u00f3n personal del auto admisorio se practicar\u00e1 de acuerdo con lo dispuesto en el [C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Son deberes de las partes y sus apoderados: \u00ab[r]ealizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la integraci\u00f3n del contradictorio\u00bb y \u00ab[p]restar al juez su colaboraci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de pruebas y diligencias\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9966-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9966-2022 Radicaci\u00f3n N\u00aa 66001-22-13-000-2022-00141-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66555","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66555","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66555"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66555\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66555"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66555"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66555"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}