STC9968-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9968-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01215-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de junio de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Lasprilla Lasprilla contra la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Casa Editorial El Tiempo SA y los intervinientes del juicio objeto de queja constitucional. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de la prerrogativa fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se le ordene a la acusada \u00abbrindar respuesta de fondo, de forma adecuada, pertinente, que conduzca a una respuesta efectiva y sin evasivas, a [su] derecho de petici\u00f3n\u2026 del 5 de marzo de 2021\u00bb; y que se disponga \u00abestablecer la indemnizaci\u00f3n a que haya lugar\u2026 que\u2026 puede ser de 36.000.000\u2026 o lo que\u2026 considere\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Orlando Lasprilla Lasprilla present\u00f3 una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra la Casa Editorial El tiempo, demanda que fue inadmitida por la Superintendencia de Industria y Comercio; y el 6 de abril siguiente se rechaz\u00f3, decisi\u00f3n que no fue recurrida. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que el 5 de marzo de 2021 elev\u00f3 una petici\u00f3n ante la entidad acusada con miras a que se le brindara informaci\u00f3n completa e id\u00f3nea y se realizaran las acciones contra Casa Editorial El Tiempo, pues le hab\u00edan vulnerado sus derechos como consumidor. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que remiti\u00f3 su solicitud por medio electr\u00f3nico debido al alto riesgo de contagio por el Coronavirus, la que fue radicada en la misma fecha; y que adem\u00e1s de deprecar la protecci\u00f3n al consumidor, pidi\u00f3 que se dispusiera la indemnizaci\u00f3n a que hubiere lugar. <\/p>\n
2.4. Adujo que acudi\u00f3 a la Superintendencia convocada porque esa entidad pod\u00eda analizar, valorar y realizar acciones concernientes a las actividades de industria y comercio, empero, un a\u00f1o despu\u00e9s de la radicaci\u00f3n de su solicitud, no conoc\u00eda si se hab\u00eda adelantado alguna acci\u00f3n en pro de sus derechos, ni hab\u00eda obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que la omisi\u00f3n y el silencio del ente acusado le imped\u00edan conocer la situaci\u00f3n real del tr\u00e1mite; que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 14 d\u00edas desde la recepci\u00f3n de su petici\u00f3n, sin que obtuviera contestaci\u00f3n; que era un adulto mayor de 76 a\u00f1os y sin pensi\u00f3n; y que su indemnizaci\u00f3n deb\u00eda ser de 36 millones o lo que se considerara pertinente. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Casa Editorial El tiempo indic\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n la dirigi\u00f3 contra la Superintendencia acusada; que no se vulner\u00f3 ning\u00fan derecho; que no se relacion\u00f3 copia o notificaci\u00f3n de reclamaci\u00f3n alguna; que la tutela no se instituy\u00f3 para quejas de \u00edndole econ\u00f3mica; que exist\u00eda otro medio de defensa; y que pon\u00eda en conocimiento que contest\u00f3 una solicitud de cancelaci\u00f3n de la suscripci\u00f3n contratada desde el 14 de abril de 2021, encontr\u00e1ndose a la espera de la remisi\u00f3n de los documentos solicitados para la devoluci\u00f3n del dinero cobrado a la cuenta Codensa. <\/p>\n
2. La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio se\u00f1al\u00f3 que la demanda de 5 de marzo de 2021 correspond\u00eda a un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, concretamente, acciones de protecci\u00f3n al consumidor que se tramitaban de conformidad con los dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y normas concordantes; que el accionante no radic\u00f3 un derecho de petici\u00f3n sino una demanda, la que se surti\u00f3 conforme al C\u00f3digo General del Proceso; que las actuaciones le fueron notificadas al gestor mediante estado, de conformidad con el art\u00edculo 295 \u00eddem, por lo que le correspond\u00eda vigilar y estar pendiente de las mismas; que no impidi\u00f3 el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del actor, pues contaba con diversos canales virtuales, pudiendo radicar la subsanaci\u00f3n o recursos a trav\u00e9s del mismo medio al que remiti\u00f3 su escrito original; que el acceso al expediente era p\u00fablico y sin restricci\u00f3n de uso; que el libelo se calific\u00f3 en t\u00e9rmino y se dict\u00f3 providencia inadmisoria, la que no fue atendida, por lo que se rechaz\u00f3 la demanda; que no conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna; y que era evidente la inexistencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la reclamaci\u00f3n del gestor no correspond\u00eda a un derecho de petici\u00f3n sino a una actuaci\u00f3n judicial, concretamente, la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor prevista en la Ley 1480 de 2011; que no se vulneraron los derechos fundamentales del promotor, pues con autos de 15 de marzo y 6 de abril de 2021 se le imparti\u00f3 el tr\u00e1mite a la demanda conforme al art\u00edculo 90 C\u00f3digo General del Proceso, esto es, se inadmiti\u00f3 y ante el silencio del quejoso, se rechaz\u00f3, sin que se hubiesen controvertido esas decisiones, m\u00e1xime cuando dichas providencias se comunicaron por estado; que la Superintendencia criticada no tuvo una conducta omisiva, de tardanza o negligente, sino que actu\u00f3 conforme al tr\u00e1mite aplicable; y que si bien el actor alleg\u00f3 copia de un escrito de petici\u00f3n fechado 12 de febrero de 2021, no aport\u00f3 prueba de su radicaci\u00f3n, ni mencion\u00f3 que la accionada no lo hubiese resuelto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida aduciendo que hab\u00edan transcurrido 14 meses sin que se le diera respuesta a su petici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso del promotor, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra que con auto de 15 de marzo de 2021 fue inadmitida la demanda de protecci\u00f3n al consumidor instaurada y con prove\u00eddo de 6 de abril siguiente rechaz\u00f3 la misma, decisi\u00f3n que no fue cuestionada, desperdiciando as\u00ed el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n
Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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