STC9970-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9970-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00217-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 5 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Blanca Argelia G\u00f3mez de D\u00edaz contra el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagu\u00e9, Rafaela Arag\u00f3n Tovar y Hern\u00e1n Eduardo D\u00edaz G\u00f3mez, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de declaratoria de existencia de uni\u00f3n marital de hecho con radicado 2014-00482. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, la actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, contradicci\u00f3n y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En apoyo de sus reparos, manifest\u00f3 que cuenta con 75 a\u00f1os, sufre de hipertensi\u00f3n, tiroides, artrosis, y osteopenia, y suple sus necesidades b\u00e1sicas con la pensi\u00f3n que recibe por parte de la Caja de Retiro de la Polic\u00eda Nacional en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Hern\u00e1n D\u00edaz. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagu\u00e9, Rafaela Arag\u00f3n Tovar adelanta una acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento, pretendiendo que se anule el acto administrativo que reconoci\u00f3 la sustituci\u00f3n pensional, para que le sea asignada a ella, tr\u00e1mite en el que solicit\u00f3 como prueba trasladada la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 en el proceso radicado bajo el n\u00ba 2014-00482 en el que se declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n de marital de hecho y disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial conformada entre Hern\u00e1n D\u00edaz y Rafaela Arag\u00f3n Tovar. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en este \u00faltimo proceso, se se\u00f1al\u00f3 de manera errada su direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n, circunstancia que le impidi\u00f3 ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y defensa, porque solo tuvo conocimiento del mismo a ra\u00edz de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento, adem\u00e1s que, se incurri\u00f3 en falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, puesto que se le identific\u00f3 como Blanca Argelia G\u00f3mez Campos cuando su nombre es Blanca Argelia G\u00f3mez de D\u00edaz. <\/p>\n
Indic\u00f3 que los efectos del fallo proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 en el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho repercuten en este momento de una manera grave, toda vez que el mismo fue aceptado como prueba trasladada y ser\u00e1 tenido en cuenta en la audiencia fijada para el 14 de julio de 2022 por el Juzgado Noveno Administrativo de esa ciudad, situaci\u00f3n que constituye una amenaza inminente que requiere medidas urgentes para conjurar el perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 decretar la nulidad de todas las actuaciones posteriores al auto admisorio de la demanda en el proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y, en consecuencia, se efect\u00fae el correspondiente traslado de la demanda, permiti\u00e9ndole ejercer de manera activa su derecho a la defensa y al debido proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que mediante sentencia de 3 de octubre de 2017 declar\u00f3, entre otras, la existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre Mar\u00eda Rafaela Arag\u00f3n Tovar y Hern\u00e1n D\u00edaz, determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza al no interponerse recurso alguno. <\/p>\n
Luego de pronunciarse frente a los fundamentos de la tutela, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, por cuanto han transcurrido m\u00e1s de cuatro a\u00f1os y ocho meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n y, adem\u00e1s porque el legislador estableci\u00f3 como recurso extraordinario, la revisi\u00f3n de las sentencias ejecutoriadas. <\/p>\n
2. Hern\u00e1n Eduardo D\u00edaz G\u00f3mez en calidad de vinculado manifest\u00f3 que coadyuvaba la petici\u00f3n efectuada con la acci\u00f3n de tutela, al considerar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en ninguna instancia del proceso de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, los funcionarios del juzgado o los curadores, lo contactaron para informarle sobre la existencia del mismo, aun cuando contaban con su n\u00famero telef\u00f3nico, y afirm\u00f3 adem\u00e1s, que la demandante sab\u00eda que la Polic\u00eda Nacional \u2013Direcci\u00f3n de Sanidad y Casur contaban con los datos de notificaci\u00f3n de su progenitora Blanca Argelia G\u00f3mez de D\u00edaz, sin embarg\u00f3 no lo manifest\u00f3, ocultando as\u00ed, la informaci\u00f3n al despacho, lo que impidi\u00f3 su intervenci\u00f3n en el litigio. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, al estimar el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad habida cuenta que, la peticionaria nada dijo ante el despacho accionado respecto a la omisi\u00f3n de la notificaci\u00f3n de la demanda en el proceso de declaratoria de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, pues no obra prueba al respecto en el expediente, ni tampoco acompa\u00f1\u00f3 documento con el escrito de tutela que diera cuenta de ello. <\/p>\n
Igualmente, indic\u00f3 que la interesada cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, a fin de ventilar el reclamo sobre la falta de notificaci\u00f3n de la demanda en el asunto cuestionado. <\/p>\n
Por otra parte, consider\u00f3 que tampoco se cumple el requisito de la inmediatez, pues si bien la accionante manifest\u00f3 desconocer las actuaciones seguidas en el litigio objeto de reproche, lo cierto es que para el 10 de junio de 2021 se le agend\u00f3 cita para concurrir a revisar el expediente, transcurriendo desde esa fecha a la fecha de interposici\u00f3n del amparo -21 de junio de 2022- m\u00e1s de un a\u00f1o. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante quien afirm\u00f3, que cuando requiri\u00f3 copia del expediente v\u00eda correo electr\u00f3nico al Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9, de manera textual indic\u00f3 \u00absolicito acceso y copia al expediente digital toda vez que desconozco el contenido del mismo\u00bb, se\u00f1alamiento que permite inferir de manera evidente que no fue notificada ni conocedora de las actuaciones procesales contenidas en el mismo, sin embargo, el referido despacho guard\u00f3 silencio frente a la inconsistencia puesta en conocimiento y se abstuvo de comunicarle o hacerle saber las acciones a las que pod\u00eda acudir para garantizar la procura de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el recurso extraordinario de revisi\u00f3n destac\u00f3 que seg\u00fan lo estipulado en el art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso, el mismo no suspende el cumplimiento de la sentencia, y, en tal sentido, ese mecanismo en el caso particular, no excluye la posibilidad de acceder a lo peticionado en la acci\u00f3n constitucional, pues lo que se pretende es evitar un perjuicio irremediable, siendo la tutela el \u00fanico medio al que puede acudir en el entendido de las necesidades inmediatas. <\/p>\n
Respecto a la inmediatez, sostuvo que si bien en junio de 2021 obtuvo copia del expediente del proceso cuestionado, el 17 de enero de 2022 contest\u00f3 la reforma de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento, solicitando al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagu\u00e9 que se abstuviera de decretar como prueba trasladada el fallo proferido en el proceso de declaratoria de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, no obstante, el 24 de marzo siguiente ese despach\u00f3 decret\u00f3 la prueba y fij\u00f3 el 14 de julio de 2022 para la celebraci\u00f3n de audiencia, raz\u00f3n por la cual el 21 de junio de 2022, formul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando son transgredidos o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas o en determinadas ocasiones, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se confirmar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, por inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la se\u00f1ora Blanca Argelia G\u00f3mez de D\u00edaz tiene a su alcance otro mecanismo apto para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales que considera vulnerados, pues, ciertamente fundament\u00f3 su inconformidad en la indebida notificaci\u00f3n de las actuaciones adelantadas en el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho iniciado por Rafaela Arag\u00f3n Tovar, circunstancia que, en su criterio, tuvo como consecuencia la expedici\u00f3n de la sentencia por el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 el 3 de octubre de 2017, que fue solicitada como prueba trasladada en la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento que se adelanta en el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
En ese orden, en lugar de acudir a este mecanismo residual, la accionante pudo hacer uso de los mecanismos de defensa judicial que le ofrece la legislaci\u00f3n adjetiva para ventilar su censura, en concreto, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 354 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, alegando la causal 7\u00aa prevista en el art\u00edculo 355 ejusdem, para ventilar ante la autoridad competente, claro est\u00e1, siempre y cuando se cumplan los presupuestos previstos por el legislador para el efecto, la presunta irregularidad que le endilga a la autoridad judicial accionada, en consecuencia, no se cumple con el requisito de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela, pues se resalta que este instrumento excepcional no se ha establecido para ser utilizado en forma alternativa o sustitutiva de los medios ordinarios dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones. (Ver entre otras, CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487- 2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, STC820-2020, STC6580-2021, STC12011-2021, STC784-2022, STC2296-2022 y STC7854-2022). <\/p>\n
Ahora, si bien la accionante en la impugnaci\u00f3n manifiesta la falta de idoneidad de ese recurso en el caso concreto, dada la urgencia y necesidad inmediata de evitar un perjuicio irremediable, habida cuenta que el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagu\u00e9 fijo el 14 de julio de 2022 como fecha para llevar a cabo la audiencia de pr\u00e1ctica de pruebas en la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento, lo cierto es que seg\u00fan se constat\u00f3, y adem\u00e1s la accionante as\u00ed lo afirm\u00f3, tuvo conocimiento del fallo cuestionado del Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 desde junio de 2021, pudiendo, a partir de ese momento, acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, empero no lo hizo, pretendiendo ahora utilizar la acci\u00f3n de tutela como mecanismo alternativo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se evidenci\u00f3 que la audiencia a la que alude la solicitante fue reprogramada para el 23 de agosto de 2022. <\/p>\n
3. Refuerza la improcedencia del amparo, el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, pues como se manifest\u00f3 previamente, si la se\u00f1ora Blanca Argelia G\u00f3mez de D\u00edaz tuvo conocimiento del proceso de declaratoria de existencia de uni\u00f3n de marital de hecho en junio de 2021, solo acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela hasta el 21 de junio de 2022, esto es, transcurrido alrededor de un a\u00f1o, desde que se percat\u00f3 de presunta la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, sin que diera a conocer alguna causa para justificar tal extemporaneidad, t\u00e9rmino que supera el lapso de seis (6) meses se\u00f1alado de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, se resalta que no, exigencia sobre la cual, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
4. Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues en esta ocasi\u00f3n tampoco \u00abse demostr\u00f3 la necesidad de evitar un perjuicio irremediable que torne factible el amparo en forma transitoria, pues no hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (Ver CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 2011-00162-01; STC, 3 jul. 2012, rad. 2012-00135-01; y STC, 18 oct. 2012, rad. 2012-00213-01, reiteradas en STC804-2022, STC3077-2022 y STC4595-2022]. <\/p>\n
Lo anterior en raz\u00f3n a que, si bien la accionante alega que al aceptarse y valorarse como prueba el fallo proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 \u00abse dar\u00eda por sentada la existencia de la uni\u00f3n marital y se dar\u00eda por anticipado el estudio exhaustivo del problema jur\u00eddico principal y precisamente ser\u00e1 ello lo que se concluya con la decisi\u00f3n final de la Litis\u00bb, dichas afirmaciones resultan en meras eventualidades, toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento se encuentra en curso, sin que se pueda anticipar a la decisi\u00f3n que proferir\u00e1 el fallador cognoscente. <\/p>\n
5. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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