STC9971-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9971-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-30-000-2022-00956-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Mauricio Humberto Murillo Mancilla le instaur\u00f3 a la Sala Plena de la Corte Constitucional, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 2020-00013 y CJU-0000764. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderada, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, \u00abdefensa material y t\u00e9cnica\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb e \u00abigualdad\u00bb, para que se ordenara dejar sin efectos el prove\u00eddo de 3 de febrero de 2022, \u00abcon la finalidad que se tome una decisi\u00f3n en la que se realice la valoraci\u00f3n del caso conforme a las normas constitucionales, con la totalidad de los elementos probatorios obrantes en las respectivas investigaciones\u00bb. <\/p>\n
En compendio sostuvo que la Fiscal\u00eda 147 Unidad de Vida de Antioquia inici\u00f3 investigaci\u00f3n y profiri\u00f3 orden de captura en su contra y de otras personas por la muerte de Ariolfo S\u00e1nchez Ruiz ocurrida el 20 de mayo de 2020 en la operaci\u00f3n militar \u201cMacana\u201d, llevada a cabo en la zona rural de la vereda \u201cLos Trozos\u201d del municipio de Anor\u00ed, en la que particip\u00f3 en calidad de comandante del Ej\u00e9rcito Nacional del Batall\u00f3n de \u201cBacoa\u201d; luego, remiti\u00f3 el pleito a la Fiscal\u00eda 21 Seccional de Anor\u00ed (rad. 2020-00013). <\/p>\n
Sostuvo que, en el curso de dicho tr\u00e1mite, el Juzgado Setenta y Siete de Instrucci\u00f3n Penal Militar de esta capital \u201cpor los mismos hechos\u201d y de conformidad con el art\u00edculo 221 de la Carta Pol\u00edtica, emprendi\u00f3 la indagaci\u00f3n preliminar en el asunto (13 jul. 2020) y, adicionalmente, \u201cescuch\u00f3 en versi\u00f3n libre a los cuatro uniformados integrantes del grupo TAP y est\u00e1 pendiente de la pr\u00e1ctica de varias pruebas\u201d, lo que, en su criterio, \u201cdemuestra que se est\u00e1 realizando efectivamente la investigaci\u00f3n y garantizando el derecho al debido proceso\u201d (rad. I.P. 340). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 22 de octubre de 2020, ese despacho reclam\u00f3 a la Fiscal\u00eda 147 Unidad de Vida la competencia del litigio y la entrega del expediente, como quiera que \u201clos hechos investigados (\u2026) tuvieron ocasi\u00f3n al cumplimiento de una orden militar y los miembros del ej\u00e9rcito se encontraban en ejercicio de sus funciones\u201d; sin embargo, aquella se rehus\u00f3 y suscit\u00f3 conflicto, tras advertir que \u201cla jurisdicci\u00f3n ordinaria es la competente (\u2026), teniendo en cuenta que la justicia castrense est\u00e1 orientada a juzgar a sus miembros cuando plenamente est\u00e9 demostrado que no existe asomo alguno de injusticias, excesos, desmanes y ante todo, violaciones a los Derechos Humanos y cr\u00edmenes de lesa humanidad, que involucran a la poblaci\u00f3n civilmente protegida por el ordenamiento Internacional Humanitario y que nada tienen que ver con la obligaci\u00f3n constitucional encomendada a las fuerzas militares colombianas\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la Corporaci\u00f3n acusada en Sala Plena dirimi\u00f3 la controversia y asign\u00f3 la lid a la Fiscal\u00eda 147 Unidad de Vida de Antioquia (3 feb. 2022), sin analizar \u201cla orden, el anexo de inteligencia o los informes de resultados, ni ninguno de los documentos operacionales y sobre todo el marco legal de DIH en el cual se desarroll\u00f3 la operaci\u00f3n contra un objetivo militar de alto valor estrat\u00e9gico\u201d. <\/p>\n
Coment\u00f3 que en el dossier no reposaba el material suasorio \u201cnecesario para el conocimiento exhaustivo del caso\u201d, como es la \u201cevidencia f\u00edsica e informaci\u00f3n legalmente obtenida por parte de la polic\u00eda judicial, no se observa requerimiento alguno\u201d, de manera que, la determinaci\u00f3n es \u201ccarente de motivaci\u00f3n\u201d, pues deb\u00eda \u201cser individual, precisa y directa en relaci\u00f3n al caso particular, esto implica que respecto al problema jur\u00eddico que plante\u00f3, se deb\u00eda abordar un estudio acorde a los presupuestos personal y funcional del fuero militar\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la autoridad censurada \u201ca lo largo de toda la argumentaci\u00f3n (\u2026) parece asimilar el hecho a una ejecuci\u00f3n extrajudicial que no aconteci\u00f3 (\u2026), tampoco realiza pronunciamiento respecto de la procedencia de la operaci\u00f3n militar y su validez en el sistema jur\u00eddico colombiano (\u2026), especialmente desde el punto de vista constitucional por tratarse de un acto relacionado con el servicio\u201d. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada evidencia \u201cdefecto f\u00e1ctico, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, (\u2026) defecto sustantivo (\u2026) y desconocimiento del precedente judicial\u201d. <\/p>\n
2.- La Corte Constitucional narr\u00f3 las etapas surtidas en esa sede y recalc\u00f3 que el \u00abAuto n\u00ba 115 de 2022 goza de inmutabilidad e intangibilidad (\u2026) y en el presente caso no se cumplen los requisitos formales de procedencia\u201d. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 21 Seccional de Anor\u00ed dijo que, a la fecha, est\u00e1 en curso el requerimiento de la Fiscal\u00eda 147 de la Unidad de Vida, tendiente a lograr la \u201cvariaci\u00f3n de competencia por considerarse que el conocimiento (\u2026) debe ser de la Direcci\u00f3n Seccional Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye principio invariable la improcedencia de este instrumento residual y sumario para debatir las resoluciones jurisdiccionales, salvo cuando surja ostensible un proceder arbitrario, grosero o ajeno a la ley por el encargado de impartir justicia o ante una clara vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas b\u00e1sicas de las partes, \u00fanicas circunstancias que viabilizan la intromisi\u00f3n del iudex constitucional, vedado como tiene la labor de \u00abreexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la mas convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ STC4299-2021). <\/p>\n
2.- Ab initio, se anuncia que el prove\u00eddo combatido emitido por la Sala Plena de la Corte Constitucional (3 feb. 2022) no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
Liminarmente, con apoyo en el en Auto 155 de 2019, examin\u00f3 el cumplimiento de los requisitos establecidos para la configuraci\u00f3n del conflicto positivo de jurisdicciones que se gener\u00f3, a saber: <\/p>\n
\u00ab(i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones, (ii) presupuesto objetivo, seg\u00fan el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que est\u00e1 en curso un proceso, un incidente o cualquier otro tr\u00e1mite de naturaleza jurisdiccional y; (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisi\u00f3n hayan manifestado, mediante un pronunciamiento expreso, las razones de \u00edndole constitucional o legal por las cuales se consideran o no competentes para conocer de la causa\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, resalt\u00f3 el criterio adoptado por esa Colegiatura sobre la \u00abcompetencia\u00bb atribuida a la \u00abjurisdicci\u00f3n penal ordinaria\u00bb (A-1178 de 2021, CJU-626), como regla general, para los delitos cuya comisi\u00f3n presente dudas \u00absobre la relaci\u00f3n del acusado con la funci\u00f3n militar\u00bb, en tanto que \u00abla justicia penal militar solo conocer\u00e1 de aquellos casos en los que se determine claramente que el delito cometido tiene relaci\u00f3n con el servicio militar o policivo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, enfatiz\u00f3 que el fuero penal militar se exterioriza como una \u00abexcepci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n penal ordinaria\u00bb y, por ende, su aplicaci\u00f3n requiere de un elemento subjetivo \u00aben virtud del cual, la investigaci\u00f3n debe adelantarse en contra de un miembro de la Fuerza P\u00fablica que estuviera activo al momento de la comisi\u00f3n de la conducta\u00bb; de un elemento funcional en el que \u00abel proceso debe versar sobre un delito que tenga relaci\u00f3n directa con ese servicio\u00bb y, finalmente, la conducta delictiva no puede ser contraria a la misi\u00f3n constitucional de la Fuerza P\u00fablica, esto es, aquella que refiere a \u00ablas violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y las infracciones al derecho internacional humanitario, pues tal conjunto de delitos, por su extrema gravedad, son considerados en todos los casos ajenos al servicio\u00bb. <\/p>\n
Bajo el panorama descrito, concluy\u00f3 que quien deb\u00eda asumir el conocimiento de la contienda era \u00abla jurisdicci\u00f3n penal ordinaria\u00bb seg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 29 de la Ley 906 de 2004, por cuanto, si bien encontr\u00f3 satisfecho el \u00abelemento subjetivo\u00bb para activar el \u00abfuero penal militar\u00bb, contrario sensu no evidenci\u00f3 el \u00abelemento funcional\u00bb ya que existen \u00abdudas\u00bb y poco convencimiento, <\/p>\n
\u00absobre los hechos asociados a la operaci\u00f3n \u201cMacana\u201d por parte de la compa\u00f1\u00eda \u201cD\u201d BACOA\u201d del Ej\u00e9rcito Nacional, cuya finalidad consist\u00eda en \u201cubicar, confirmar, fijar, capturar y\/o neutralizar el objetivo il\u00edcito militar Ricardo Abel Ayala Orrego, al\u00edas \u201cCabuyo o el Mono\u201d, cabecilla principal GAO-r E-36\u201d. Tambi\u00e9n, sobre la pertenencia de la v\u00edctima a grupos al margen de la ley. En virtud de las pruebas obrantes en el expediente no es posible advertir de manera clara una relaci\u00f3n directa, pr\u00f3xima y evidente entre el delito investigado y el servicio militar\u00bb. <\/p>\n
Subray\u00f3 que, las pruebas incorporadas al infolio demuestran que \u00ablos hechos en los que perdi\u00f3 la vida el se\u00f1or Ariolfo S\u00e1nchez Ruiz presumiblemente coinciden con un operativo ordenado por un coronel. Adicionalmente, a metros del cuerpo se encontr\u00f3 material de guerra que presuntamente portaba la v\u00edctima, circunstancias que denotaban patrones reconocidos cuando suceden \u00abejecuciones extrajudiciales, que han sido entendidas como graves violaciones a los derechos humanos\u00bb. <\/p>\n
Para corroborar tal aserto, revel\u00f3 las anomal\u00edas que surgieron el d\u00eda del homicidio, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abpor ejemplo, en el lugar de los hechos no hab\u00eda pista que les aseguraran que all\u00ed estaba Cabuyo, no estaban las motocicletas en las que el objetivo se transportaba, no hab\u00eda animales para transporte, tampoco personal que se supon\u00eda ten\u00eda que estar para custodiar al capo, es decir, lo que se encontr\u00f3 en dicho sitio, solamente pod\u00eda suponer, que una persona de tan alto perfil delincuencial no estaba all\u00ed, sobre todo porque el ej\u00e9rcito estaba all\u00ed, desde antes de las 7 de la ma\u00f1ana y no hubo ni un movimiento que pudiera hacerlos pensar que SI estaban en el sitio verdadero. Con todo, se procedi\u00f3 a la \u201cNEUTRALIZACION y EJECUCION\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.- Ergo, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el precursor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, el ruego no puede salir avante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Mauricio Humberto Murillo Mancilla. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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