STC9974-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9974-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00131-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 14 de junio de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Gerardo Herrera contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00043-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 que actu\u00f3 en la acci\u00f3n popular n\u00famero 2022-00043-00, en la cual, el Despacho Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal -con sentencia del 20 de mayo de 2022- resolvi\u00f3 amparar los derechos colectivos conculcados y decidi\u00f3 no condenar en costas a ninguna de las partes1. Frente a lo decidido, el convocante no impetr\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuestion\u00f3 que la \u00aboficina judicial de Pereira se niega a tramitar [sus] tutelas\u00bb. Adem\u00e1s, adujo que el juez accionado le \u00abneg\u00f3 agencias en derecho [\u2026] desconociendo art. 38 ley 472 de 1998, que en lo referente a las costas agencias en derecho remite al CGP, por remisi\u00f3n expresa que hiciera el art. 44 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, desconociendo e implicando art. 365-1 CGP\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se concedan las \u00abagencias en derecho a [su] favor, amparado art 1 numeral 365 CGP, aplicable en materia de costas, por remisi\u00f3n expresa art 44 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Pereira, la Defensor\u00eda y la Procuradur\u00eda, ambas de la Regional Risaralda, solicitaron su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, pues por un lado consideran que no han vulnerado derecho fundamental alguno. Y, por otro, indicaron que no tienen injerencia de cara a los cuestionamientos esbozados por el censor. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala constitucional a quo deneg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que el actor \u00abomiti\u00f3 recurrir en apelaci\u00f3n la decisi\u00f3n reprochada, pese a su procedencia (Art.37, Ley 472). Debi\u00f3 ventilar el problema jur\u00eddico en el tr\u00e1mite ordinario, antes de ejercitar este mecanismo excepcional, m\u00e1s dej\u00f3 de hacerlo, sin justificaci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, de cara a las pretensiones frente a la Oficina Judicial, destac\u00f3 \u00abla improcedencia de la acci\u00f3n en su contra por ausencia f\u00e1ctica, como quiera que el interesado pretiri\u00f3 acreditar que esa dependencia se neg\u00f3 a tramitar las acciones de tutela que radic\u00f3. Fue requerido por la judicatura y guard\u00f3 silencio (Ib., pdf No.13), por lo tanto, endilga acciones u omisiones inexistentes en su contra\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor manifest\u00f3 que \u00abapela[aba]\u00bb el fallo de primer grado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del promotor, con ocasi\u00f3n del fallo proferido el 20 de mayo de 2022, con el cual, entre otras, se resolvi\u00f3 no imponer condena en costas en la actuaci\u00f3n debatida. Ello pues, a su juicio, se incumple con lo preceptuado en las normas especiales -y que por remisi\u00f3n- regulan lo relativo a las costas procesales. <\/p>\n
2. Sobre el particular, esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional invocado ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Y, por tanto, la determinaci\u00f3n de primer grado habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, luego de analizado el expediente de la causa, el querellante cont\u00f3 con la oportunidad de exponer y alegar ante el fallador ordinario las razones de su inconformidad \u2013desestimaci\u00f3n de condena en costas- para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo. Pues es ineludible que desperdici\u00f3 la herramienta que tuvo a su alcance, concretamente, el remedio de alzada frente a la sentencia de primer grado, medio viable de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998. Por lo tanto, el gestor tuvo la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad, para contradecir lo que pretende por esta v\u00eda. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo2. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, de cara a la queja relativa a que la \u00aboficina judicial de Pereira se niega a tramitar [sus] tutelas\u00bb, la Corte no advierte que lo cuestionado haya sido expuesto por el actor ante la autoridad judicial correspondiente o resuelto en contra de los intereses del mismo, por lo tanto, no es posible identificar la existencia de los reparos se\u00f1alados, sin evidenciarse una posible vulneraci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
4. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab44Sentencia\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 En un caso de similar temperamento, la Sala consider\u00f3 que: \u00ab[\u2026] advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que los medios de defensa allegados al presente diligenciamiento ponen en evidencia que el gestor no hizo uso del medio id\u00f3neo de defensa con que contaba para controvertir la condena de costas impuesta en la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
En efecto, no interpuso el recurso de apelaci\u00f3n siendo este procedente a voces de lo establecido en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998\u0002, de modo que incurri\u00f3 en incuria al dejar de ejercer dicho instrumento jur\u00eddico para recurrir la decisi\u00f3n que ahora cuestiona en sede tutelar\u00bb (CSJ STC4326-2018). <\/p>\n
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