STC9979-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9979-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02459-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 11 de enero de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que concedi\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado, por el se\u00f1or Jos\u00e9 Espinosa Melo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicaci\u00f3n 20120066401, as\u00ed como al Juzgado Doce Municipal de Peque\u00f1as Causas Laborales de Bogot\u00e1, que conoci\u00f3 el juicio laboral de radicado 20200036800. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y derechos adquiridos. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, junto con el retroactivo pensional y los intereses moratorios, aduciendo, entre otros, que era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y que hab\u00eda acreditado las semanas requeridas con la sumatoria de los tiempos de servicio en el sector p\u00fablico y privado, no obstante, el Instituto de Seguros Sociales le neg\u00f3 la pensi\u00f3n, mediante la Resoluci\u00f3n 001595 del 20 de enero de 2008, por no cumplir los requisitos1. <\/p>\n
2.2. El 1\u00ba de agosto de 2013, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 a sus pretensiones y conden\u00f3 a la demandada al pago de la pensi\u00f3n reclamada desde el 1\u00b0 de agosto de 2011, junto con los intereses moratorios de que trata el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 29 de marzo de 2012. <\/p>\n
2.3. El 17 de octubre de 2013, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y absolvi\u00f3 a Colpensiones, decisi\u00f3n frente a la cual el tutelante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 21 de marzo de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cas\u00f3 la providencia del Tribunal y, en sede de instancia, confirm\u00f3 el reconocimiento de la prestaci\u00f3n reclamada dispuesto por el Juzgado de primera instancia, pero revoc\u00f3 el pago de los intereses moratorios, por no ser procedentes. <\/p>\n
2.5. En cumplimiento del fallo, Colpensiones emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n SUB-267932 del 11 de octubre de 2018, mediante la cual reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, pero se abstuvo de pagar \u00abla indexaci\u00f3n de las mesadas pensionales [\u2026], el pago de la mesada 14, para lo cual fue necesario instaurar demanda laboral ordinaria de \u00fanica instancia en reclamaci\u00f3n del pago de la referida mesada 14 con sus correspondientes intereses de mora, acci\u00f3n que correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Municipal de Peque\u00f1as Causas Laborales de Bogot\u00e1 D.C, Corporaci\u00f3n que dict\u00f3 fallo el 01 de junio de 2021, reconociendo la mesada 14 a partir de junio de 2015 con sus respectivos intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n emitida el 21 de marzo de 2018, en cuanto neg\u00f3 el reconocimiento de los intereses moratorios, y que se ordene dictar \u00abun nuevo pronunciamiento en el cual se tenga en consideraci\u00f3n las sentencias dictadas por la Corte Constitucional C-601 de 2000 y SU 065 de 2018 en relaci\u00f3n al reconocimiento de intereses de mora en pagos tard\u00edos de la pensi\u00f3n para todo tipo de reg\u00edmenes pensionales\u00bb. Inst\u00f3 que se imponga \u00abdescontar de la condena al pago de intereses de mora en pensiones, los intereses de la mesada 14 reconocidos en sentencia dictada por el Juzgado Doce Municipal de Peque\u00f1as Causas Laborales de Bogot\u00e1 D.C, de 01 de junio de 2021\u00bb y que se cumpla la orden que se emita en esta tutela \u00aben un t\u00e9rmino perentorio\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que se remit\u00eda a las consideraciones plasmadas en la sentencia CSJ SL994-2018, la cual \u00abse encuentra sustentada en las normas especiales que regulan la materia y en el criterio jurisprudencial vigente para el momento en que se emiti\u00f3 el fallo de casaci\u00f3n\u00bb. A su vez, pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la tutela, dado que no se present\u00f3 en forma tempestiva, pues el fallo atacado se profiri\u00f3 \u00abhace m\u00e1s de tres a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 adujo que no vulner\u00f3 derecho alguno al accionante, motivo por el cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que se aten\u00eda a la decisi\u00f3n que se adoptara en el asunto. <\/p>\n
4. Colpensiones afirm\u00f3 que no se materializ\u00f3 vicio alguno, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que la tutela era improcedente para rebatir sentencias judiciales adoptadas en los respectivos procesos, pues esta no era una tercera instancia. <\/p>\n
5. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del I.S.S., en Liquidaci\u00f3n, inform\u00f3 que el proceso censurado \u00abNO fue objeto de entrega al PAR ISS, ni se vincul\u00f3 al mismo, y que en atenci\u00f3n al tema de debate se efectu\u00f3 la sucesi\u00f3n procesal del ISS (hoy liquidado) a COLPENSIONES\u00bb, raz\u00f3n por la que requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
6. El Juzgado Doce Municipal de Peque\u00f1as Causas Laborales de Bogot\u00e1 inform\u00f3 lo referente a las actuaciones del proceso con radicado 2020-00368- 00 y resalt\u00f3 que en el mismo se reconoci\u00f3 la mesada 14 y el pago de intereses moratorios, seg\u00fan lo indicado en la sentencia C-601-2000 y el criterio adoptado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte a partir del fallo SL1681-2020. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo, precisando, en primer lugar, que hab\u00eda lugar a flexibilizar el requisito de la inmediatez, atendiendo las particularidades del caso, la necesidad de analizar las posturas de la Corte Constitucional y de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y que no exist\u00eda otro medio defensa. <\/p>\n
En torno al tema debatido, advirti\u00f3 que la Sala accionada, en la providencia CSJ SL994-2018 del 21 de marzo de 2018, incurri\u00f3 en defecto sustantivo, \u00abpor desconocimiento de un fallo con efecto erga omnes, el cual se estructur\u00f3 al desatender los lineamientos previstos en la sentencia C-601 de 2000 y reiterados, entre otras, en la sentencia SU-065 de 2018, por medio de la cual la Corte Constitucional determin\u00f3 que los intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a toda clase de pensiones, incluidas las del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, como es el caso del gestor del amparo\u00bb, criterio que fue acogido por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria del trabajo, mediante sentencia CSJ SL1681-2020, para aplicar el criterio expuesto en la C-601-2000. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, orden\u00f3 a la Hom\u00f3loga Laboral que, \u00aben el t\u00e9rmino de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, deje sin efecto la providencia de 21 de marzo de 2018 y resuelva nuevamente el recurso de casaci\u00f3n presentado por el accionante, observando los argumentos expuestos en los precedentes jurisprudenciales citados en esta providencia\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, mediante prove\u00eddo CSJ ATP953-2022 del 19 de abril de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n presentada por el actor, que ten\u00eda por objeto que se ordenara que el reconocimiento y pago de los intereses moratorios deb\u00eda hacerse desde el 1 de agosto de 2011, teniendo en cuenta que fue en 2008 que reclam\u00f3 la pensi\u00f3n a la entidad accionada, pues el criterio de Colpensiones era que se hac\u00eda efectivo \u00abpor el tiempo que tarde en pagar la pensi\u00f3n despu\u00e9s de emitido el acto administrativo de reconocimiento del derecho pensional\u00bb. Lo anterior, en raz\u00f3n a que esa tem\u00e1tica no fue discutida en el tr\u00e1mite constitucional y que lo peticionado no ten\u00edan por objeto aclarar aspectos oscuros de la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, quien solicit\u00f3 que se revocara el fallo de primera instancia, porque se incumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez, toda vez que \u00abel actor super\u00f3 con creces el t\u00e9rmino de 6 meses fijado como regla jurisprudencial, en tanto dej\u00f3 pasar m\u00e1s de 3 a\u00f1os sin accionar en b\u00fasqueda de protecci\u00f3n de los derechos\u00bb; adem\u00e1s, que la controversia giraba en torno \u00aba un derecho de car\u00e1cter econ\u00f3mico, que no comporta en s\u00ed mismo el derecho irrenunciable a la seguridad social, sino el reconocimiento de unos r\u00e9ditos, a t\u00edtulo resarcitorio, por el retardo en el pago de la obligaci\u00f3n principal que s\u00ed tiene aquel car\u00e1cter -pensi\u00f3n de vejez-\u00bb, por lo que no correspond\u00eda al derecho pensional propiamente dicho, el cual fue reconocido en la sentencia de instancia atacada, de manera que no hab\u00eda justificaci\u00f3n para flexibilizar el presupuesto de tempestividad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Por otra parte, resalt\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n de esta Sala se emiti\u00f3 en marzo de 2018, en atenci\u00f3n al criterio que para entonces era consolidado y reiterado desde el a\u00f1o 2002 en cuanto a la procedencia de los intereses moratorios, de lo que resulta pertinente concluir que la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 en respeto al criterio de interpretaci\u00f3n vigente en ese momento, respecto a la norma que contiene el derecho en disputa y con plena observancia del debido proceso en toda la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la parte actora pretende que se deje sin efecto el fallo dictado el 21 de marzo de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en cuanto neg\u00f3 el reconocimiento de los intereses moratorios, para que se aplique el precedente constitucional contenido en las sentencias C-601 de 2000 y SU065 de 2018, \u00aben relaci\u00f3n al reconocimiento de intereses de mora en pagos tard\u00edos de la pensi\u00f3n para todo tipo de reg\u00edmenes pensionales\u00bb, a lo cual accedi\u00f3 el a quo constitucional, determinaci\u00f3n que fue impugnada por la Sala accionada. <\/p>\n
2. En torno al tema cuestionado, es necesario indicar, en primer lugar, que la Sala estima procedente analizar el fondo del asunto, por cuanto est\u00e1 asociado a un derecho pensional, que tiene un car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable2. <\/p>\n
A su vez, resulta pertinente precisar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces y, por tanto, solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. En el presente caso, mediante providencia CSJ SL994-2018, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido y se\u00f1al\u00f3 que el problema jur\u00eddico a dilucidar se centraba en establecer si era viable sumar tiempos p\u00fablicos y privados (cotizados o no al ISS) para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes establecida en el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988. <\/p>\n
Para el efecto, cit\u00f3 el cambio de postura adoptado en la sentencia SL4457-2014, reiterado, entre otras, en CSJ SL8538-2017 y CSJ SL279-2018, por virtud del cual \u00abla Corte estima necesario rectificar su actual criterio y, en su lugar, adoctrinar que para efectos de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes que deba aplicarse en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a entidades de previsi\u00f3n o de seguridad social. Con base en lo expuesto, (\u2026) s\u00ed era dable sumar el tiempo de servicio prestado por el actor al municipio de Guarne, a pesar a pesar de que no hubiera sido materia de cotizaci\u00f3n, para los efectos previstos en el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que, si bien la decisi\u00f3n del Tribunal se soport\u00f3 en el criterio jurisprudencial vigente para la \u00e9poca en que emiti\u00f3 la sentencia de segunda instancia, con la nueva y actual tesis de la Sala el cargo resultaba fundado, raz\u00f3n por la cual cas\u00f3 la sentencia recurrida. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, en sede de instancia, la Sala accionada estableci\u00f3 que el se\u00f1or Espinosa Melo cumpl\u00eda con los requisitos exigidos para acceder a la pensi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, por estar acreditado que era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, que lleg\u00f3 a los 60 a\u00f1os el 27 de agosto de 2007 y que \u00ablabor\u00f3 para el Estado al servicio del Departamento de Cundinamarca desde el 9 de agosto de 1978 hasta el 30 de junio de 1995 equivalentes a 868.85 semanas; que cotiz\u00f3 al ISS un total de 169 semanas, acumulando en el sector p\u00fablico y privado un total de 1.037.85 semanas, lo cual se infiere de las Resoluci\u00f3n n.\u00b0001595 del 20 de enero de 2008 y del reporte de semanas cotizadas al I.S.S.\u00bb. En esa medida, confirm\u00f3 los numerales primero, segundo, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que ordenaron el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, a partir del 1\u00ba de agosto de 2011. <\/p>\n
3.2. No obstante, revoc\u00f3 el ordinal tercero que hab\u00eda impuesto la condena por los intereses moratorios previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, al estimar que la pensi\u00f3n aqu\u00ed reconocida no correspond\u00eda a las contempladas en el r\u00e9gimen general de pensiones implementado por la Ley 100 de 1993 y en sustento hizo referencia al criterio que para ese entonces estaba consolidado en esa Sala, contenido, entre otras, en las sentencias CSJ SL6297-2014, CSJ SL13076-2014, CSJ SL4523-2015 y CSJ SL2706-2016; en subsidio, orden\u00f3 la indexaci\u00f3n de las sumas adeudadas, \u00abporque evidentemente el capital constitutivo de las mesadas adeudadas se ha depreciado en su valor nominal\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida razonadamente y soportada en la jurisprudencia entonces vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en la cual concluy\u00f3 que era procedente ordenar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes prevista en el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, a partir del 1\u00ba de agosto de 2011, toda vez que la tesis jurisprudencial en la que se sustent\u00f3 el Tribunal para negar dicha prestaci\u00f3n hab\u00eda sido modificada con posterioridad al fallo de segunda instancia, no obstante, no otorg\u00f3 los intereses moratorios, pues el criterio consolidado para ese momento era que no proced\u00eda la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 frente a pensiones derivadas de un r\u00e9gimen anterior3, ello bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la decisi\u00f3n sea o no compartida. <\/p>\n
4.1. Sobre el particular, vale la pena se\u00f1alar que, al decidir una tutela con algunas similitudes, en la que se reclam\u00f3 por el no reconocimiento de intereses moratorios contemplados en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, en los t\u00e9rminos dispuestos en la C-601 de 2000, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil consider\u00f3 que la acci\u00f3n constitucional no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, con base en los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00ab2.- Delanteramente se advierte que, es cierto, como lo afirma el censor, que la Corte Constitucional ha establecido que los \u2018intereses de mora consagrados en el canon 141 de la Ley 100 de 1993 deben reconocerse a todos los pensionados\u2019, con \u2018independencia\u2019 del r\u00e9gimen legal que les permita acceder al \u2018derecho\u2019. Tambi\u00e9n, que la Sala Permanente Laboral cambi\u00f3 recientemente su criterio sobre el punto, a fin de se\u00f1alar que dicho concepto \u2018aplica a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones\u2019 (SL1681-2020, 3 jun.). <\/p>\n
Sin embargo, no por eso puede afirmarse que el Tribunal de Bogot\u00e1 err\u00f3 al \u2018negar\u2019 los r\u00e9ditos suplicados por el promotor, toda vez que lo hizo no porque olvidara dicha \u2018regla jurisprudencial\u2019, sino porque aplic\u00f3 otra que se lo imped\u00eda, concretamente, aquella que se\u00f1ala que \u00e9stos no proceden cuando \u2018el reconocimiento de la prestaci\u00f3n obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que obviamente [la entidad demandada] no podr\u00eda prever\u2019\u2026 <\/p>\n
En ese sentido la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha puntualizado, que <\/p>\n
No sobra recordar que si bien es cierto que en \u00e9poca reciente esta Sala de Casaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que, excepcionalmente, las administradoras de pensiones p\u00fablicas o privadas se encuentran exoneradas del pago de los mentados intereses moratorios, tambi\u00e9n lo es que precis\u00f3 que ello solo es posible en casos espec\u00edficos y, se itera, excepcionales, bien sea: i) cuando la administradora de pensiones niega el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto; ii) cuando el reconocimiento de la prestaci\u00f3n obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que obviamente dicha entidad no podr\u00eda prever, como cuando, por ejemplo, la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n se consider\u00f3 viable por la inaplicaci\u00f3n del requisito de fidelidad de cotizaciones por su contradicci\u00f3n seg\u00fan asent\u00f3 la jurisprudencia con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social; o iii) cuando la administradora niega la prestaci\u00f3n pensional por existir disputa entre sus posibles beneficiarios (ver sentencias CSJ SL787-2013, rad. 43602; SL10504-2014, rad. 46826, SL10637-2015, rad. 43396 y SL1399-2018, rad. 45779) (\u2026), se desataca, SL2414-2020\u2026 <\/p>\n
Postura que, adem\u00e1s, ha reiterado en diversos pronunciamientos, entre otros, en SL5181-2020, SL4480-2020, SL5172-2020, SL3947-2020, SL3808-2020, SL3584-2020, SL2691-2020, SL2912-2020, SL2557-2020, SL1947-2020, SL2414-2020, y que no modific\u00f3 con ocasi\u00f3n de lo expuesto en torno a la \u2018aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 41 de la Ley 100 de 1993 para todo tipo de pensiones\u2019, primero porque no lo dijo en SL2414-2020 ni en las \u2018sentencias\u2019 que la han citado despu\u00e9s, y segundo, porque esas pautas no se excluyen, por el contrario se complementan. <\/p>\n
N\u00f3tese que el aspecto inicial ata\u00f1e al deber que tienen las aseguradoras de pagar a todos los afiliados los \u2018intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100\u2019, mientras el segundo consagra una excepci\u00f3n a ese mandato, seg\u00fan la cual, no puede obligarse a sufragar r\u00e9ditos respecto de una \u2018prestaci\u00f3n\u2019 que se neg\u00f3 en su momento con base en la ley aplicable al caso, pero que con posterioridad, en virtud de un \u2018cambio jurisprudencial\u2019 se apreci\u00f3 que deb\u00eda concederse\u2026 <\/p>\n
Entonces, la \u2018negativa a reconocer intereses moratorios sobre la pensi\u00f3n conferida a Tique Yira\u2019 no puede tildarse de arbitraria o caprichosa, incluso, si esta Corporaci\u00f3n no comparte dicho \u2018criterio\u2019, porque como ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u2018(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u2019 (CSJ STC146-2021)\u00bb (Se subraya, STC1219-2021, expediente 2020-01019-01, fallo del 12 de febrero de 2021). <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares, de tiempo atr\u00e1s esta Sala tambi\u00e9n neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional reclamada frente a decisiones adoptadas aplicando la tesis que anteriormente sosten\u00eda la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral4, contenida, entre otras, en la SL7659-2016, en el sentido que \u00ab\u2018(\u2026) no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado art\u00edculo 141, para la Corte esa disposici\u00f3n solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensi\u00f3n que no se ajusta a los citados presupuestos (\u2026)\u2019\u00bb, por cuanto se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa hom\u00f3loga laboral efectu\u00f3 un an\u00e1lisis exhaustivo de los supuestos del caso y una interpretaci\u00f3n adecuada de la normatividad aplicable y de la jurisprudencia relacionada, de donde pudo colegir la falta de legalidad y acierto del tribunal al acceder al pago de intereses moratorios a favor de la aqu\u00ed tutelante al tenor de una disposici\u00f3n normativa que no era aplicable para el caso de la \u2018pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n\u2019 a ella reconocida. <\/p>\n
Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el razonamiento de la accionada, ello no permite predicar las anomal\u00edas alegadas, pues \u2018(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u2019\u00bb5. <\/p>\n
4.2. En ese sentido, tambi\u00e9n debe resaltarse que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, ha definido que cuando el reconocimiento pensional se sustenta en un cambio posterior de tesis jurisprudencial no procede el pago de los intereses moratorios previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, en raz\u00f3n a que, <\/p>\n
\u00ab\u2026conforme a la postura definida por la Sala, los intereses moratorios previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 proceden incluso en aquellos casos en que la prestaci\u00f3n pensional se reconoce en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, despu\u00e9s de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, por considerarlas incluidas en tal sistema (CSJ SL1681-2020 y CSJ SL3832-2021). En la primera sentencia, la Corte explic\u00f3: <\/p>\n
\u2018En este orden de consideraciones, no existe raz\u00f3n para negar el derecho a los pensionados del r\u00e9gimen de transici\u00f3n (Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988, entre otras) a obtener los intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, pues, se repite, estas prestaciones hacen parte del sistema general de pensiones\u2026\u2019 <\/p>\n
Sin embargo, se ha precisado al respecto que los mismos no operan en aquellos casos en los que la solicitud de reconocimiento pensional se present\u00f3 de forma previa a la fecha en la que la Sala adopt\u00f3 tal criterio, que permite acumular los aportes realizados por tiempos laborados en el sector privado y aquellos del sector p\u00fablico cotizados o no a una caja de previsi\u00f3n para acceder a la pensi\u00f3n prevista en la Ley 71 de 1988 (CSJ SL2572-2021)\u2026\u00bb (Se subraya, SL5567-2021, radicaci\u00f3n 66910, del 6 de octubre de 2021). <\/p>\n
4.3. En consonancia con lo expuesto, es pertinente resaltar lo definido por esta Sala en sentencia STC3967-20216, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] no le asiste raz\u00f3n a la aqu\u00ed accionante cuando alega la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental a la igualdad, con sustento en que no se aplicaron los precedentes de esta Corporaci\u00f3n [\u2026], que habr\u00edan resuelto asuntos de connotaciones similares, pues lo cierto es que \u00fanicamente procedi\u00f3 a referirlos, sin manifestar las razones por las cuales deb\u00edan ser aplicados. <\/p>\n
Debe destacarse, asimismo, que dichas providencias son posteriores a la emisi\u00f3n del fallo cuestionado, toda vez que fueron proferidas el 15 de julio de 2020, como tambi\u00e9n lo reconoce la parte actora, al afirmar que \u2018[\u2026] el precedente aportado si bien es posterior al fallo [\u2026], refuerza el defecto sustantivo [\u2026]\u2019, de modo que no es cierto que se hubieren desconocido, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como lo ha definido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, por ejemplo en la sentencia SU354 de 2017, el precedente judicial debe entenderse como \u2018la sentencia o el conjunto de ellas anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jur\u00eddicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo\u2019; igualmente, la doctrina lo ha definido como \u2018el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicaci\u00f3n de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares\u2019\u00bb (Destaca la Sala, expediente 2020-01665-01, fallo del 16 de abril de 2021). <\/p>\n
Con base en lo anterior, el posterior cambio de tesis del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral no puede afectar las decisiones adoptadas, como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, pues se atentar\u00eda contra los principios de seguridad jur\u00eddica y de cosa juzgada de las providencias ejecutoriadas. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el gestor, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar los intereses moratorios pretendidos. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13815-2021)7. <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone revocar el fallo de primer grado, para negar la protecci\u00f3n reclamada, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre8. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo implorado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver antecedentes de la sentencia SL994-2018. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, esta Sala en sentencia STC20333-2017, al memorar lo dicho por la Corte Constitucional en SU1073-2012, postura que reiter\u00f3 en STC9672-2018, STC11419-2018, STC6314-2019 y STC9677-2019, consider\u00f3 que \u00abal vislumbrar (\u2026) que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible\u00bb (STC9672-2018). <\/p>\n
4\u0002 Esto es, antes de la SL1681-2020, proferida el 3 de junio de 2020. <\/p>\n
5\u0002 Tesis similar fue expuesta por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en otras tutelas en las que se neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional invocada y en las que tambi\u00e9n se aleg\u00f3 el desconocimiento de los precedentes constitucionales contenidos en la C-601-2020 y SU065-2018, entre ellas, en las sentencias STC-2020, expediente 2020-00343-01, del 15 de mayo de 2020, STC1746-2020, expediente 2019-02449-01, del 20 de febrero de 2020, STC14199-2019, expediente 2019-01710-01, del 17de octubre de 2019. <\/p>\n
6\u0002 Expediente 2020-01665-01, del 16 de abril de 2021. <\/p>\n
7\u0002 En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
8\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n STC13815-2021, STC13983-2021, STC14389-2021. <\/p>\n
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STC9979-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC9979-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02459-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 11 de enero de 2022 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66568","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66568\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}