STC9986-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9986-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01086-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 8 de junio, emitida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Bulfrando Herrera Guerrero contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Sala Penal) y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas de La Dorada. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3 la protecci\u00f3n inmediata de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abigualdad(\u2026) y libertad\u00bb, presuntamente conculcadas por las dependencias jurisdiccionales repelidas. <\/p>\n
Y en concreto, se le confiera beneficio provisional de excarcelaci\u00f3n, dentro del expediente n.\u00b0 \u00ab2006-00035\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento adujo haber sido condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio \u2013en la causa arriba descrita\u2013 a la pena principal de \u00ab312 meses de prisi\u00f3n\u00bb mediante fallo de 6 de marzo de 2009, por el delito de \u00absecuestro extorsivo agravado\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el estrado Segundo de Ejecuci\u00f3n de La Dorada (Caldas), vigilante de la condena actualmente purgada en centro penitenciario del mismo municipio, dispuso desestimar su solicitud de permiso administrativo de excarcelaci\u00f3n de hasta \u00ab72 horas\u00bb con auto de 13 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Critic\u00f3 el tutelante las dos \u00faltimas resoluciones, en cuanto desecharon el pedimento de libertad provisional, pues los dispensadores de justicia pasaron por alto lo satisfactorio de su fase de resocializaci\u00f3n, la permisi\u00f3n de la ley 890 de 2004 (art. 5\u00b0) sobre el \u00absubrogado\u00bb por \u00e9l urgido y, adem\u00e1s, la recalificaci\u00f3n hecha a favor desde el Consejo de Evaluaci\u00f3n de la C\u00e1rcel, de alta a mediana seguridad. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal requerido dijo, a la postre, que el prove\u00eddo de alzada no desprende vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas del Meta asever\u00f3 que los ataques le son extra\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, en informe posterior a la decisi\u00f3n constitucional de instancia, memor\u00f3 lo acontecido en el decurso punitivo y tambi\u00e9n se mostr\u00f3 ajeno a las censuras. <\/p>\n
<\/p>\n
4. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar que lo zanjado por los jueces accionados no se percibe descabellado ni irrazonable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el convocante con persistencia en los reproches, pues si bien cometi\u00f3 un \u00ab[e]rror\u00bb por el cual fue condenado, lo cierto es que ser\u00eda merecedor del beneficio que implorara a los jueces disentidos, dada su venturosa resocializaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se conduce a indagar en sus cimientos el prove\u00eddo de 12 de noviembre de 2021, con el cual el tribunal recriminado \u2013en apelaci\u00f3n\u2013 finiquit\u00f3 toda discusi\u00f3n frente al permiso de salida de prisi\u00f3n de \u00ab72 horas\u00bb, que pidiera el ahora quejoso en fase de ejecuci\u00f3n de la pena que le fuera impuesta. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)En el sub judice, la Sala encuentra que el juzgado a quo, incurri\u00f3 en un yerro al instante de determinar los extremos temporales en que se perpetr\u00f3 el secuestro extorsivo agravado en contra de [persona entonces menor de edad], puesto que, si bien es cierto, (\u2026)fue raptada, en contra de su voluntad, el veinte (20) de noviembre de dos mil uno (2001), tambi\u00e9n lo es que, el fallo condenatorio ilustra que, esa vulneraci\u00f3n de la libertad individual y otras garant\u00edas se perpetu\u00f3 hasta el veintiuno (21) de abril de dos mil tres (2003)\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Teniendo claro que existi\u00f3 una l\u00ednea de tiempo de diecisiete (17) meses, en respeto del principio fundamental de legalidad, para el an\u00e1lisis de procedencia del beneficio invocado, debe escudri\u00f1arse el ordenamiento jur\u00eddico en aras de constatar si hasta el veintiuno (21) de abril de dos mil tres (2003), permanec\u00eda vigente la disposici\u00f3n normativa que el fallador de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar la determinaci\u00f3n judicial cuestionada. <\/p>\n
Para ello, no s\u00f3lo basta dar aplicaci\u00f3n a las disposiciones del art\u00edculo 15 de la Ley 40 de 1993, sino tambi\u00e9n, debe tomarse en consideraci\u00f3n que, el treinta y uno (31) de enero de dos mil dos (2002) –esto es, en plena ocurrencia del secuestro extorsivo agravado agotado contra L.J.S.A.–, entr\u00f3 en vigencia la Ley 733 de 2002, seg\u00fan publicaci\u00f3n efectuada en el Diario Oficial Nro. 44.693; compendio normativo \u201cpor medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsi\u00f3n, y se expiden otras disposiciones\u201d, en cuyo art\u00edculo 11 se dispone: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 11. Exclusi\u00f3n de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n, y conexos, no proceder\u00e1n las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesi\u00f3n; ni se conceder\u00e1n los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecuci\u00f3n condicional o suspensi\u00f3n condicional de ejecuci\u00f3n de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n, ni habr\u00e1 lugar a ning\u00fan otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo\u2026\u201d\u2026 <\/p>\n
\u2026As\u00ed, en tanto, en la l\u00ednea de ejecuci\u00f3n del delito de secuestro extorsivo agravado, perviv\u00edan dos (2) restricciones normativas[ (Art\u00edculo 15 de la ley 40 de 1993 y art\u00edculo 11 de la ley 733 de 2002)] que restringen la concesi\u00f3n del permiso administrativo hasta de setenta y dos (72) horas para punibles como el perpetrado por el apelante, improcedente deviene conceder a dicho ciudadano, una gracia administrativa que de manera taxativa, ha sido vedada por el legislador. <\/p>\n
\u2026Premisas cuya aplicaci\u00f3n se torna[n] ineludible[s], pues se trata de normativas de orden p\u00fablico que bajo ninguna circunstancia pueden dejar de ser aplicadas, m\u00e1xime si a la fecha permanecen vigentes, en tanto no han sido derogadas t\u00e1cita o expresamente, pues, a contrario sensu, tal como lo se\u00f1al\u00f3 el juzgado de primera instancia, han sido refrendadas con posterioridad a su expedici\u00f3n (v.gr. art\u00edculo 2[6 de la l]ey 1121 de 2006). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Lo anterior significa que la decisi\u00f3n del juez de primera instancia, por medio de la cual neg\u00f3 el permiso administrativo hasta de 72 horas por fuera del penal sin vigilancia al actor, no es caprichosa, sino que se ajusta a la ley. Aqu\u00ed debemos recordar que de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 6\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u201cLos particulares s\u00f3lo son responsables ante las autoridades por infringir la Constituci\u00f3n y las leyes. Los servidores p\u00fablicos lo son por la misma causa y por omisi\u00f3n o extralimitaci\u00f3n de sus funciones\u201d y el juez como servidor p\u00fablico est\u00e1 \u201csometido al imperio de la ley\u201d [art. 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica;] por tanto, se encuentra obligado a respetar los mandatos prohibitivos supra referenciados, de ah\u00ed que su decisi\u00f3n, es ajustada a derecho\u2026 (\u00c9nfasis adrede). <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones alegadas, las cuales no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la corporaci\u00f3n encartada dispuso mantener el auto de primer grado contrario a su solicitud de excarcelaci\u00f3n por 72 horas, al concluir, en resumen, la prohibici\u00f3n de ese tipo de beneficios frente al delito por el cual fuera condenado, a la luz de los c\u00e1nones 15 de la ley 40 de 1993 y 11 de la 733 de 2002 (vigentes a la comisi\u00f3n de la falta punible), as\u00ed como del precepto 26 de la norma 1121 de 2006. Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es tema averiguado que divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una lesividad ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado conlleva, entonces, a resolver de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el conducto m\u00e1s eficaz y, en oportunidad, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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