STC9989-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9989-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-22-04-000-2022-00582-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 22 de abril de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que H\u00e9ctor Albeidis Arboleda Buitrago promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado No. 6600131070022017000770. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Sostuvo, que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Itinerante Especializado de Pereira, tras hallarlo responsable de los delitos de aborto forzado y tortura en persona protegida, en sentencia de 6 de mayo de 2020 lo conden\u00f3 a pena privativa de la libertad por el t\u00e9rmino de 480 meses y 10 d\u00edas de prisi\u00f3n, determinaci\u00f3n que modific\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial, el 26 de enero de 2022, para adicionar el de concierto para delinquir agravado, sin tener en cuenta los argumentos que expuso cuando sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, a su juicio, resultaba improcedente la condena que en su contra se profiri\u00f3 por los dos delitos indicados inicialmente, como quiera que, la norma que los contempla -Ley 1719 de 2014-, no se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, por lo que fue proferida con \u00abtotal desconocimiento del principio de legalidad\u00bb, m\u00e1xime cuando, el ente acusado no prob\u00f3 su colaboraci\u00f3n en los \u00abprocedimientos abortivos\u00bb, ni c\u00f3mo y cu\u00e1ndo tuvieron ocurrencia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se quej\u00f3 de la defensa t\u00e9cnica con la que cont\u00f3, bajo el entendido que la abogada que lo represent\u00f3, no hizo valorar en el juicio, los medios de prueba que exist\u00edan para la demostraci\u00f3n de su inocencia. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a la Corporaci\u00f3n accionada, invalidar la sentencia de segunda instancia proferida, as\u00ed como declarar la nulidad de todo lo actuado en el juicio oral. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, adem\u00e1s de remitir copia de la sentencia de segundo grado, inform\u00f3 que, a la fecha de radicaci\u00f3n de la demanda de tutela, se encontraba comput\u00e1ndose el t\u00e9rmino con el que contaba el condenado para sustentar el recurso de impugnaci\u00f3n especial que propuso, frente a la condena por el delito de concierto para delinquir agravado. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira, luego de hacer un recuento pormenorizado de lo acaecido en el juicio penal objeto de an\u00e1lisis, solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n propuesta ante el incumplimiento del requisito de la subsidiaridad, puesto que, \u00ablo pretendido por el actor es que se decrete la nulidad de la actuaci\u00f3n, sin que sea \u00e9ste el \u00fanico mecanismo de protecci\u00f3n que tiene a su alcance el se\u00f1or Arboleda Buitrago para hacer valer los derechos que estima vulnerados, contando con otro recurso legal efectivo a su alcance, dado que tiene la posibilidad de hacer uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n o acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n en el evento de que se cumplan los requisitos legales exigidos para ello\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dem\u00e1s, en la sentencia condenatoria proferida por ese Juzgado, se resolvi\u00f3 un incidente de nulidad de la actuaci\u00f3n, promovido por quien representa los intereses del se\u00f1or Arboleda Buitrago, con la cual pretend\u00eda retrotraer la actuaci\u00f3n surtida con argumentos similares a los que ahora presenta, que fue resuelto de manera desfavorable al constatarse que el acusado durante toda la actuaci\u00f3n estuvo revestido de todas las garant\u00edas procesales, indic\u00f3 adem\u00e1s, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia fue producto de la valoraci\u00f3n probatoria conforme a los criterios que la ley 600 de 2000 ha establecido, puesto que, fue bajo su ritualidad que se agot\u00f3 ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n reclamada por prematura, al concluir, <\/p>\n
En tales condiciones, la salvaguarda del debido proceso y de las garant\u00edas judiciales que se dicen conculcadas deben procurarse al interior de la actuaci\u00f3n, no por v\u00eda de tutela, la cual no puede emplearse para presentar reparos que tienen sus propios instrumentos de definici\u00f3n dentro del tr\u00e1mite penal en curso. <\/p>\n
Los mecanismos ordinarios de defensa judicial deben agotarse antes de acudir al juez constitucional, pues al existir un escenario prevalente de discusi\u00f3n, la tutela demandada se torna improcedente, en los t\u00e9rminos previstos por el art\u00edculo 6\u00b0, numeral 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la accionante, sin indicar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre que se cumplan los conocidos requisitos generales y espec\u00edficos y, en especial, se hubiesen agotado todos los medios ordinarios de defensa judicial existentes en el ordenamiento procesal, puestos a disposici\u00f3n de los interesados, y, en caso de no hacerlo, la acci\u00f3n se vuelve improcedente por ausencia del requisito de la subsidiariedad. (Ver CSJ STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC7925-2022 entre muchas). <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, pues la inconformidad se\u00f1alada por el accionante radica en que la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al proferir la sentencia de segunda instancia el 22 de febrero de 2022. <\/p>\n
No obstante, el mencionado fallo fue objeto del recurso de impugnaci\u00f3n especial, sin que en la actualidad1, se hubiere resuelto sobre su concesi\u00f3n. <\/p>\n
3. Ante tal panorama, advierte la Sala la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por prematura puesto que el Tribunal Superior a\u00fan no se ha pronunciado sobre el recurso formulado, sin que pueda el Juez constitucional anticiparse a la determinaci\u00f3n que deber\u00e1 adoptar el respectivo funcionario, en tanto que le est\u00e1 vedado atribuirse facultades ajenas, ni mucho menos puede actuar paralelamente para interferir o adelantar alg\u00fan pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Sala ha establecido la impertinencia del amparo cuando se est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial, se\u00f1alando que, \u00abdebe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que (\u2026) el juez constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC14280-2018 reiterada en STC12017-2020, STC1304-2021, STC12891-2021, STC492-2022, STC3061-2022, STC3840-2022, STC6006-2022 y STC7872-2022, entre muchas). <\/p>\n
Se insiste en que la acci\u00f3n de tutela es un tr\u00e1mite extraordinario y subsidiario, y no es un mecanismo alterno que permita sustituir los recursos ordinarios previstos por el legislador (Ver entre otras, CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, STC820-2020, STC6580-2021, STC12011-2021, STC784-2022 y, STC2296-2022). <\/p>\n
4. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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