STC9996-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9996-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00505-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Glenen Alexander Ross contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abexpulse del r\u00e9gimen jur\u00eddico interno la norma ofensiva e ileg\u00edtima que restringe el ejercicio del derecho de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena cursa un proceso penal contra Glenen Alexander Ross, ciudadano canadiense, por el delito de tr\u00e1fico de migrantes agravado, en el cual se encuentra pendiente la continuaci\u00f3n de la audiencia preparatoria. <\/p>\n
2.2. Glenen Alexander Ross interpuso una tutela contra el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, la que en fallo del 4 de marzo de 2022, declar\u00f3 improcedente el amparo constitucional por subsidiariedad. Esta decisi\u00f3n fue impugnada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que esta acci\u00f3n hac\u00eda referencia al libre ejercicio y goce del derecho de protecci\u00f3n judicial consignado en el art\u00edculo 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, tratado ratificado por Colombia en 1973. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el 4 de marzo de 2022 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena deneg\u00f3 una tutela que interpuso frente al Juzgado Sexto Penal del Circuito de esa ciudad, pues no hab\u00eda agotado el mecanismo establecido por el legislador, esto es, solicitar la suspensi\u00f3n de la audiencia preparatoria programada para el 5 de mayo de 2022, adem\u00e1s porque no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2.5. Adujo que no buscaba una apelaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n, sino que cuestionaba que se le restringuiera ileg\u00edtimamente el derecho de revisi\u00f3n judicial previsto en el art\u00edculo 25.1 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, con la aplicaci\u00f3n del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que pretend\u00eda que se expulsara del ordenamiento la norma \u00abofensiva e ileg\u00edtima\u00bb que restringu\u00eda la tutela; que no cuestionaba el Decreto 2591 de 1991 \u00abporque esa impugnaci\u00f3n espec\u00edfica ya se inici\u00f3 en otro foro\u00bb, sino la legitimidad del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica al restringuir el libre ejercicio y pleno goce del 25.1 de la Convenci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que se dejaba de lado lo dispuesto en la Opini\u00f3n Consultiva OC-6\/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se pod\u00edan determinar los est\u00e1ndares de control que se deb\u00edan cumplir para restringuir el ejercicio de la Convenci\u00f3n; que las autoridades colombianas deb\u00edan aplicar la jurisprudencia de dicha Corporaci\u00f3n; y que su interes hab\u00eda sido en abogar la protecci\u00f3n del libre ejercicio y pleno disfrute de los derechos civiles, sin proteger a los jueces que actuaban \u00abcon impunidad\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena indic\u00f3 que era respetuoso con los derechos que le asist\u00edan al procesado; que el accionante siempre hab\u00eda contado con defensor, apoyado con interprete, solicitados por el despacho y contractuales, y traductores; que en el libelo inicial no se le responsabiliza de incurrir en acci\u00f3n u omisi\u00f3n, pues los hechos que sirvieron de fundamento a la tutela, ya fueron objeto de estudio en otras 21 acciones constitucionales interpuestas; que en esta ocasi\u00f3n se atacaba la decisi\u00f3n de primera instancia dentro de la tutela 2022-00083-00, que neg\u00f3 las pretensiones incoadas; que frente a esa determinaci\u00f3n se concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n presentada; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional, pues no exist\u00eda vulneraci\u00f3n alguna de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que en el fondo advert\u00eda una censura contra el fallo de tutela de 4 de marzo de 2022 que declar\u00f3 improcedente el amparo, por lo que le correspond\u00eda exponer sus inconformidades en el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n o en la eventual revisi\u00f3n; que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues la tutela no estaba concebida para expulsar del ordenamiento jur\u00eddico disposiciones que pod\u00edan atentar contra los tratados ratificados, so pretexto de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, menos cuando las normas en tensi\u00f3n eran de car\u00e1cter superior; que el gestor pretend\u00eda la reforma de la Constituci\u00f3n, sin advertir que ello solo lo pod\u00eda hacer el Congreso, Asamblea Constituyente o el pueblo mediante referendo; que aunque diga que no aspiraba la revocatoria del fallo de tutela, si alegaba la vulneracion por la aplicaci\u00f3n del inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n en ese fallo; que t\u00e1citamente planteaba un control de convencionalidad, el que deb\u00eda ser sometido a estudio de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena; y que le solicitar\u00eda a la Direcci\u00f3n Ejecutiva que designara a un interprete en ingl\u00e9s para la traducci\u00f3n oficial de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que se resolvi\u00f3 err\u00f3neamente el problema presentado, pues se consider\u00f3 que la tutela era la \u00faltima instancia; que ped\u00eda la protecci\u00f3n del derecho consagrado en el art\u00edculo 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos; que impugnaba la validez de una norma interna que amenazaba dicha prerrogativa; que las v\u00edas indicadas por el fallador de primer grado eran ineficaces; que todos los jueces de tutela eran competentes de determinar si una ley interfer\u00eda en el libre ejercicio o pleno goce de alg\u00fan derecho; que se deb\u00eda realizar una revisi\u00f3n de buena fe; y que efectuar \u00abuna presentaci\u00f3n directa a la Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad de una norma interna no es un proceso \u2018simple\u2019\u00bb, pues exig\u00eda rigurosos requisitos y un abogado capacitado, por lo que dicho medio no estaba realmente disponible. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo emitido dentro de la acci\u00f3n de tutela que conoci\u00f3 la autoridad accionada, con la que deneg\u00f3 el resguardo impetrado por el ahora accionante, de donde muy a pesar de las alegaciones del impugnante y en especial de la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 25.1 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, lo cierto es que su queja se torna inviable, destacando que la discusi\u00f3n entorno a sus garant\u00edas de primer grado se produjo en aquella oportunidad y que la procedencia de este reclamo frente a una decisi\u00f3n emitida en un asunto del mismo linaje es excepcional. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que, se itera, no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soport\u00f3 la sentencia constitucional cuestionada con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, se observa que se encuentra pendiente que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional decida si va a revisar o no el fallo aqu\u00ed criticado. <\/p>\n
De manera que \u00abcomo el tr\u00e1mite censurado se encuentra pendiente de la eventual revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, es ante dicha Corporaci\u00f3n que\u2026 podr\u00eda acudir e insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u00bb (CSJ STC, 6 mar. 2009, rad. 2008-00489-01; reiterada en la STC5674, 8 may. 2014, rad. 2014-00062-01). <\/p>\n
4. De otro lado, se advierte que la jurisprudencia constitucional ampliamente ha contemplado la inexigibilidad del presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, como parece pretenderlo el actor, pero lo cierto es que en este caso espec\u00edfico, como qued\u00f3 visto, no se dan los supuestos excepcionales para su inaplicaci\u00f3n; aunado a que no es este el mecanismo id\u00f3neo para obtener una reforma constitucional como la demandada por el censor. <\/p>\n
5. Finalmente, se ordenar\u00e1 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial la designaci\u00f3n de un traductor del idioma ingl\u00e9s, para que, en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda a partir de su nombramiento, realice una traducci\u00f3n oficial de esta decisi\u00f3n para que le sea entregada al accionante. <\/p>\n
6. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Se ordena a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial la designaci\u00f3n de un traductor del idioma ingl\u00e9s, para que, en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda a partir de su nombramiento, realice una traducci\u00f3n oficial de esta decisi\u00f3n para que le sea entregada al accionante. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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