STC9998-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9998-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02462-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Club Hotel La Herradura S.A. en Liquidaci\u00f3n, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Ibagu\u00e9, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de su liquidador suplente, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y contradicci\u00f3n y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la sede judicial accionada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u00abrevocar la sentencia proferida (\u2026) el pasado 14 de julio de 2022, dentro del incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios en el proceso ejecutivo No. 73449310300120190001902\u00bb y en consecuencia proceda a \u00abproferir nueva sentencia, con fundamento en las pruebas practicadas y allegadas en toda la actuaci\u00f3n procesal y la aplicaci\u00f3n de las normas procesales que fueron violadas en el tr\u00e1mite incidental\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra la accionante el Condominio Fuente Real tramit\u00f3 proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de suscribir documento ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, dentro del cual se embarg\u00f3 el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 366-13470, donde funciona hasta la fecha la Sede Social y Recreativa del Club Hotel la Herradura S.A. en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 15 de febrero de 2019 el asunto pas\u00f3 al conocimiento del Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, debido a la p\u00e9rdida de competencia del estrado que inicialmente lo tramitaba, y surtido el procedimiento de rigor, aquel estrado dict\u00f3 sentencia con que revoc\u00f3 el mandamiento de pago por falta de t\u00edtulo, decisi\u00f3n que modific\u00f3 el 9 de octubre de 2020 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, para adem\u00e1s condenar a la ejecutante al pago de los perjuicios ocasionados con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares practicadas dentro del proceso. <\/p>\n
2.3. La aqu\u00ed accionante present\u00f3 el incidente para la liquidaci\u00f3n de los mencionados detrimentos, ante lo cual la ejecutante objet\u00f3 la estimaci\u00f3n jurada de perjuicios all\u00ed realizada, actuaci\u00f3n \u00e9sta contra la que aquella replic\u00f3 que no cumpl\u00eda con el lleno de requisitos, no obstante, el 9 de julio de 2021 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar neg\u00f3 las pretensiones del tr\u00e1mite accesorio y la conden\u00f3 al pago de las costas, tras hacer una inadecuada valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
2.4. La gestora apel\u00f3 la precitada decisi\u00f3n, pero fue confirmada el 14 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, tras considerar que no se hab\u00eda tramitado el oficio dirigido a la DIAN para obtener la declaraci\u00f3n de renta de la aqu\u00ed accionante; centrar el an\u00e1lisis en los estados financieros del a\u00f1o 2015 y 2016 sin darles el valor probatorio que ameritaban; omitir sopesar que durante el secuestro del bien se frustr\u00f3 la realizaci\u00f3n de varios negocios que apuntaban a recuperar ingresos del Club; considerar que los gatos para mantenimiento y conservaci\u00f3n del establecimiento los asumieron los copropietarios del Condominio Fuente Real; no darle valor probatorio a las facturas de servicios p\u00fablicos, pese a que fueron generadas en vigencia del secuestro del bien; concluir que no se prob\u00f3 que durante dicha cautela el club estuvo en funcionamiento para la realizaci\u00f3n de actividades recreativas o que contrat\u00f3 personal indispensable; no atender los argumentos contra el tr\u00e1mite dado a la objeci\u00f3n a la estimaci\u00f3n jurada de los perjuicios. <\/p>\n
2.5. La gestora asegura en s\u00edntesis que lo fallado por el Tribunal emergi\u00f3 sin fundamentos f\u00e1cticos y sin sopesar \u00edntegramente las pruebas y las actuaciones procesales verificadas durante la ejecuci\u00f3n, lo que redund\u00f3 en una decisi\u00f3n que la puso en una dif\u00edcil situaci\u00f3n jur\u00eddica y econ\u00f3mica, pues adem\u00e1s de haber sido sometida a un proceso que carec\u00eda de t\u00edtulo ejecutivo, fue privada del usufructo de sus bienes \u00abpor m\u00e1s de 44 meses\u00bb, lo que agudiz\u00f3 su mala situaci\u00f3n financiera. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar hizo un recuento de las principales actuaciones procesales que surti\u00f3 dentro de la referida ejecuci\u00f3n, resaltando que el 15 de febrero de 2019 remiti\u00f3 la misma a su hom\u00f3logo Primero de la misma ciudad, por haber perdido la competencia para seguirla conociendo. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir el acceso a la versi\u00f3n digital del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto las quejas de la accionante fueron abordadas en sentencia de 14 de julio de 2022 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 9 de julio de 2021 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, con que se negaron las pretensiones del referido tr\u00e1mite accesorio, con argumentos que no lucen arbitrarios. <\/p>\n
3. Se observa que, en la decisi\u00f3n de segundo grado antes individualizada, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 la discusi\u00f3n sobre la tem\u00e1tica aqu\u00ed propuesta, la Colegiatura accionada hizo un recuento de lo acontecido durante la ejecuci\u00f3n fuente de la condena en perjuicios, de lo decidido en primera instancia en el incidente para la reparaci\u00f3n de los perjuicios y del objeto de la alzada, cit\u00f3 las normas procesales que consider\u00f3 aplicables al caso y memor\u00f3 lo perseguido con el incidente, para a continuaci\u00f3n hacer una narraci\u00f3n de lo ocurrido con el bien objeto de cautelas desde antes de materializadas las mismas, del cual extrajo que, <\/p>\n
\u00aba). La \u201cASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL CLUB HOTEL LA HERRADURA S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N\u201d, con la intervenci\u00f3n de la liquidadora suplente y el revisor fiscal, dejaron ver que el Club, para los a\u00f1os 2015 y 2016, adem\u00e1s de que no estaba en funcionamiento, pues, no se consideraba un negocio en marcha al estar en liquidaci\u00f3n, presentaba un d\u00e9ficit que se incrementaba d\u00eda a d\u00eda, lo que empeoraba o hac\u00eda \u201cprecaria\u201d su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera, contando para el 29 de marzo de 2017, solamente con 18 afiliados. Para aquella calenda se aport\u00f3 el \u201cBALANCE GENERAL\u201d y el \u201cESTADO DE RESULTADOS\u201d, no, el \u201cESTADO DE SITUACI\u00d3N FINANCIERA\u201d. Este informe, es el que permite evidenciar la existencia de pasivos, ya sea por obligaciones financieras o cuentas por pagar. <\/p>\n
b).- Las condiciones econ\u00f3micas y financieras del Club, no mejoraron para el 2018, por cuanto, eran mayores los gastos que los ingresos. El \u201cESTADO DE SITUACI\u00d3N FINANCIERA\u201d, permiti\u00f3 conocer que la incidentante para el a\u00f1o 2017 ten\u00eda \u201cOBLIGACIONES FINANCIERAS\u201d, por \u201c$1.128.486.71\u201d y, \u201cCUENTAS POR PAGAR\u201d en proporci\u00f3n de \u201c$418.030.118.oo.\u201d. Ahora bien, los efectos econ\u00f3micos que se dice generaron las medidas cautelares, al 31 de diciembre de 2018, no fueron visibles en el dossier atr\u00e1s anotado, como quiera que, para aquella data solo se aport\u00f3 el \u201cESTADO DE RESULTADOS\u201d, no, el \u201cESTADO DE SITUACI\u00d3N FINANCIERA\u201d, informe que tampoco se alleg\u00f3 para los a\u00f1os 2018, 2019 y 2020. De esta forma, no se logr\u00f3 establecer contablemente, los pasivos adquiridos por la \u201cSOCIEDAD CLUB HOTEL LA HERRADURA S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N\u201d, para los a\u00f1os en cita, informaci\u00f3n que tambi\u00e9n aparece en los libros de contabilidad cuyo respaldo descansa en los soportes que lo conforman, ll\u00e1mense facturas, recibos, cuentas, pagares, entre otros, documentales que no se allegaron a la actuaci\u00f3n. Al ser cuestionado el se\u00f1or representante legal de la \u201cSOCIEDAD CLUB HOTEL LA HERRADURA S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N\u201d, por aquella omisi\u00f3n, esto es, \u201c\u00bfporqu\u00e9 no aport\u00f3 las notas a los estados financieros y los soportes contables de cada rubro referenciado en los estados financieros?\u201d, \u201cCONTEST\u00d3: \u2026 no s\u00e9, si se aportaron o no, en ese momento no recuerdo si se apuntaron o no, e pero no tengo ninguna respuesta cuando usted me dice cu\u00e1l es la causa, no, no hay ninguna causa, yo, para m\u00ed los aport\u00e9 completos, no s\u00e9 si est\u00e1n las notas, si no est\u00e1n pues y si requieren se adjuntan (\u2026) para terminar mi respuesta, si mal no recuerdo yo adjunt\u00e9 tambi\u00e9n las actas, las actas de los a\u00f1os 2015 hasta la \u00faltima que se hizo y en las actas tambi\u00e9n est\u00e1n protocolizados los estados financieros con sus notas respectivas, creo que est\u00e1n ah\u00ed peso si usted lo considera y el despacho as\u00ed lo dispone podemos aportar los documentos que hagan falta (minuto 01:13:27 a 01:15:09) (\u2026)\u201d <\/p>\n
c).- Cumple destacar que la prueba de los perjuicios generados con las cautelas, tampoco puede sustentarse en la sola aseveraci\u00f3n del revisor fiscal, quien certifica que el \u201cCLUB HOTEL LA HERRADURA S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N\u201d, desde el 3 de mayo de 2017, hasta el 30 de noviembre de 2020, incurri\u00f3 en pr\u00e9stamos por $242.272.882.oo., 41 aserci\u00f3n que no se acompa\u00f1a del material probatorio y contable requerido, cuanto m\u00e1s, si el \u00fanico \u201cESTADO DE SITUACI\u00d3N FINANCIERA\u201d adosado al proceso refleja el pasivo que ten\u00eda la entidad desde los a\u00f1os 2016 y 2017, no logrando identificar la causa que dio origen a aquella prestaci\u00f3n, menos, que destino se le dio a ese dinero, como quiera que, no pod\u00eda incurrir el Club en el pago de personal para el mantenimiento de piscina y zonas verdes, si el mismo era contratado y buscado por el se\u00f1or secuestre como lo hizo saber reiteradamente al a quo. Este an\u00e1lisis, se hace extensivo al correo electr\u00f3nico emitido por el se\u00f1or MANUEL RODRIGEZ R42 y a la factura No. 3710 del 2 de febrero de 2021, documentales de las que se intenta hacer surgir la existencia de un pasivo, sin que previamente se determine el soporte del mismo. <\/p>\n
d).- S\u00famese a lo dicho que en la diligencia de secuestro del inmueble, cumplida el 3 de diciembre de 2018, no se entreg\u00f3 por parte del \u201cCLUB HOTEL LA HERRADURA S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N\u201d, el n\u00famero de socios con los que contaba, menos, la cantidad de dinero que recaudaba por dicho concepto o, si aquellos accionistas continuaron con el cumplimiento de sus obligaciones pese a que el club no estaba en funcionamiento, pues, no aparece prueba que permita aseverar una situaci\u00f3n diferente, por el contrario, qued\u00f3 en evidencia que la conducta asumida por el se\u00f1or mandatario judicial del \u201cCLUB HOTEL LA HERRADURA S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N\u201d, estuvo dirigida a dificultar la funci\u00f3n del secuestre, quien, entreg\u00f3 ante el Juzgado de conocimiento los informes de su gesti\u00f3n, relatando los actos desplegados por aquel profesional del derecho, afirmaciones que no fueron controvertidas en ning\u00fan momento. <\/p>\n
e).- Es necesario poner de presente que no aparece la fecha o constancia en la cual se hizo la entrega del bien secuestrado a la entidad \u201cCLUB HOTEL LA HERRADURA S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N\u201d, momento en el cual se dejar\u00edan las condiciones de la misma en cuanto al cumplimiento del pago de servicios p\u00fablicos y estado de conservaci\u00f3n del predio, punto que impide pronunciarse respecto de la persona obligada a sufragar los valores cobrados por servicios de energ\u00eda y alcantarillado. <\/p>\n
5.- Con todo, no prob\u00f3 la parte interesada que a la fecha de la cautela el club estuviera en funcionamiento para la realizaci\u00f3n de actividades recreativas, raz\u00f3n por la cual percib\u00eda ingresos mensuales en promedio de $7.800.000.oo., tampoco, que a despecho del secuestro practicado, hubiera continuado contratando personal indispensable para el \u201c(\u2026) cuidado y mantenimiento de las instalaciones de la Sede Social del Club (\u2026)\u201d, con \u201c(\u2026) gastos fijos mensuales, en promedio de (\u2026) ($10.900.000.00)\u201d, menos, que haya incurrido en pr\u00e9stamos y pago de intereses para sufragar la obligaciones laborales, en proporci\u00f3n de $242.272.882.oo. y $3.612.000.oo. Finalmente, que hubiese acordado el pago de $350.000.000.oo., por concepto de honorarios de abogado. Los antedichos valores, como atr\u00e1s se explic\u00f3, no est\u00e1n respaldados por documento alguno, siendo importante destacar que los formularios para la declaraci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del impuesto de industria, la presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n por envi\u00f3 de archivos a la DIAN, como los tres (3) audios aportados de los que no se tiene certeza del nombre de sus intervinientes, no tienen la fuerza suficiente para generar la prosperidad de las pretensiones debido a que de aquellos elementos no se puede inferir la generaci\u00f3n de obligaciones generadas a ra\u00edz de del embargo y secuestro tantas veces mencionado, por tal motivo, incumpli\u00f3 la incidentante la carga procesal que le impon\u00eda el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, probar el perjuicio sufrido, el cual, no se puede suponer. <\/p>\n
De otro lado consider\u00f3 que \u00abla cr\u00edtica elevada por el opugnante concerniente al juramento estimatorio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en primer lugar, por que corresponde a un reparo no precisado a la hora de interponer el recurso de apelaci\u00f3n ante el se\u00f1or Juez de conocimiento (inc. 2 n\u00fam. 3 Art. 322 del C.G.P), tray\u00e9ndose el argumento solo en esta instancia; en segundo lugar, porque el desconocimiento del tr\u00e1mite aplicado fue convalidado por el silencio del apelante, hecho que impide cualquier pronunciamiento en contra de quien fue diligente en promover la objeci\u00f3n del juramento sin esperar su traslado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las pruebas, que la aqu\u00ed accionante estaba en una dif\u00edcil situaci\u00f3n financiera desde antes de materializadas las cautelas por las que reclam\u00f3 reparaci\u00f3n, al estar en liquidaci\u00f3n desde varios a\u00f1os atras, con egresos superiores a los ingresos y con un bajo n\u00famero de afiliados, sin que los estados financieros aportados reflejaran el impacto del secuestro sobre la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del bien donde funcionaba su sede social, al no haberse allegado el estado de situaci\u00f3n financiera para ninguno de los a\u00f1os anteriores y posteriores a la materializaci\u00f3n de dicha medida cautelar. <\/p>\n
Encontr\u00f3 el Tribunal que tampoco se aport\u00f3 prueba contable de las deudas supuestamente adquiridas por la sociedad para su funcionamiento, m\u00e1s all\u00e1 de una certificaci\u00f3n del revisor fiscal, ni se determin\u00f3 a que se destin\u00f3 el dinero; de otro lado se constat\u00f3 que el apoderado de la sociedad busc\u00f3 dificultar la administraci\u00f3n que efectuaba el secuestre y en suma no se demostr\u00f3 que al momento de secuestrarse el bien en comento, generaba ingresos, pagaba salarios, adquiri\u00f3 deudas o cual monto de honorarios concert\u00f3 con el abogado que la represent\u00f3 en el juicio, todo lo cual imped\u00eda acceder a las pretensiones indemnizatorias elevadas. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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