STC9999-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2022-00272-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Janet Londo\u00f1o Agudelo contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Fiscal\u00eda 231 Seccional y la Secretaria de Movilidad, ambas de Medell\u00edn, Rodrigo Mej\u00eda Escobar, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, a \u00abla seguridad jur\u00eddica\u00bb y al m\u00ednimo vital, que dice vulneradas por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene \u00abla entrega de los veh\u00edculos de placas TIS109 y TIQ903 o en su defecto ordenar la entrega de los cupos para (\u2026) reponerlos\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Belarmina Agudelo, progenitora de la accionante, en vida fue condenada penalmente el 31 de octubre de 2001 por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Medell\u00edn, actuaci\u00f3n dentro de la cual le fueron cautelados \u00abvarios apartamentos y varios taxis\u00bb, por lo que las v\u00edctimas del delito promovieron contra \u00e9sta un proceso ejecutivo conocido por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, dentro del cual se embargaron los taxis de placa TIQ903 y TIS109, los cuales fueron secuestrados y encomendados al auxiliar de la justicia Rodrigo Escobar, quien los dej\u00f3 \u00ababandonados y tirados\u00bb en un parqueadero, \u00abnunca los puso a producir y actualmente se encuentran desaparecidos\u00bb. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1ala la accionante que nunca recibi\u00f3 respuesta satisfactoria del juez ni del secuestre respecto de las cuentas que les reclam\u00f3, ni sobre el estado de los veh\u00edculos, no obstante, logr\u00f3 llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte demandante que condujo a la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n y al levantamiento de las medidas cautelares decretadas, por lo cual pidi\u00f3 al secuestre la entrega de los rodantes, pero \u00e9ste le inform\u00f3 que hab\u00edan sido trasladados a otro parqueadero sin su autorizaci\u00f3n, ante lo cual le pidi\u00f3 al juzgado que adelantara las averiguaciones del caso, las que permitieron corroborar lo manifestado por el auxiliar de la justicia. <\/p>\n
2.3. En respuesta a la solicitud de entrega de dichos bienes, el 18 de mayo de 2021 el juzgado l e indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n le correspond\u00eda al secuestre, porque ya hab\u00edan sido levantadas las cautelas que reca\u00edan sobre los mismos, \u00abdesconociendo [dicha autoridad] que, para poder hacer uso del cupo, o derecho de reposici\u00f3n, es el juzgado quien debe ordenar la entrega, pues los rodantes f\u00edsicos han desaparecido era el juzgado el encargado de velar que (sic) los mismos no se pierdan\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por lo acontecido, se interpuso denuncia penal, pero el delegado de la Fiscal\u00eda indic\u00f3 que los veh\u00edculos \u00abno fueron hurtados, que el proceso era un fraude a resoluci\u00f3n judicial y que deb\u00eda ser el juzgado quien deb\u00eda responder por ellos y as\u00ed lo certific\u00f3 el pasado 01 de septiembre de 2021\u00bb, en consecuencia, la autoridad penal no adelant\u00f3 ninguna otra actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Tambi\u00e9n se solicit\u00f3 a la Secretar\u00eda de Movilidad de Medell\u00edn que autorizara \u00abla cancelaci\u00f3n y desvinculaci\u00f3n\u00bb de los rodantes, pero \u00abinicialmente piden unos requisitos, una vez se cumplen, piden otros y as\u00ed sucesivamente\u00bb, y de hecho en ese tr\u00e1mite tambi\u00e9n se requiri\u00f3 que se termine la actuaci\u00f3n penal, \u00abpero la fiscal\u00eda certific\u00f3 que el proceso a\u00fan se encuentra en indagaci\u00f3n\u00bb, aunque tambi\u00e9n certific\u00f3 el 1 de septiembre de 2021 que los taxis no han sido recuperados, no obstante, para la mencionada autoridad de tr\u00e1nsito ello no es suficiente para adelantar el tr\u00e1mite de cancelaci\u00f3n de la matr\u00edcula de los rodantes. <\/p>\n
2.6. Puntualmente alega la gestora que el juzgado accionado \u00ab[l]e debe responder por las fallas que se presentaron en todo este proceso\u00bb, porque los veh\u00edculos debieron estar protegidos en un parqueadero, y en cambio \u00abest\u00e1n perdidos y nadie sabe nada de ellos\u00bb, situaci\u00f3n ante la cual el juzgado puede proceder con la \u00abentrega de los cupos\u00bb <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que al terminar el referido proceso por pago, decret\u00f3 el desembargo de los veh\u00edculos de placas TIS109 y TIQ903 y desde entonces ha respondido todas las solicitudes elevadas por la gestora para la entrega de los mismos, como se evidencia en providencias de 18 de mayo, 21 de junio, 4 de agosto y 27 de septiembre de 2021, 16 de febrero, 23 de marzo y 10 de mayo de 2022, \u00faltima en la cual se corri\u00f3 traslado de las cuentas rendidas por el secuestre, las que no fueron objetadas. <\/p>\n
Precis\u00f3 en cuanto a la solicitud de entrega de los cupos, que \u00abes un tr\u00e1mite administrativo que no obedece a las funciones atribuidas al juez\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad hizo un breve recuento de lo acontecido dentro del decurso del asunto y se\u00f1al\u00f3 que se desprendi\u00f3 del conocimiento del mismo despu\u00e9s de que aprob\u00f3 el remate y remiti\u00f3 el expediente el 27 de enero de 2015 al conocimiento de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, donde se asign\u00f3 al Tercero Civil del Circuito de la ciudad. <\/p>\n
3. Rodrigo Mej\u00eda Escobar indic\u00f3 que se desempe\u00f1\u00f3 como secuestre de los veh\u00edculos en comento y precis\u00f3 que cuando los recibi\u00f3, dej\u00f3 el taxi de placa TIR-929 en el Parqueadero Espacial 1, y el de placa TIQ-903 en el Parqueadero San Miguel No. 1, \u00faltimo que despu\u00e9s traslad\u00f3 al Parqueadero Alemania en una gr\u00faa, porque el automotor no encend\u00eda, todo de lo cual inform\u00f3 al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
Explic\u00f3 que nunca puso los carros a generar ingresos, debido a su mal estado mec\u00e1nico evidenciado desde su secuestro, adem\u00e1s de que nadie se comunic\u00f3 con \u00e9l para procurar los arreglos necesarios para viabilizar la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de los bienes <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn deneg\u00f3 el amparo porque el promotor de la tutela, quien afirm\u00f3 ser apoderado especial de Claudia Janet Londo\u00f1o Agudelo, carece de legitimaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n, porque, de un lado, no es parte dentro del proceso cuestionado, sino apoderado del extremo ejecutado, y del otro, no aport\u00f3 poder especial conferido por la prenombrada para interponer la tutela, a pesar de que se le requiri\u00f3 en el prove\u00eddo admisorio de la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n por intermedio de apoderado especial, para lo cual explic\u00f3 que el mandato siempre estuvo en los anexos allegados con el escrito de tutela, <\/p>\n
De otro lado reiter\u00f3 los argumentos que expuso en el escrito inicial haciendo \u00e9nfasis en que el juzgado accionado pretende asignarle la carga de encontrar los veh\u00edculos, y se equivoca al se\u00f1alar que la entrega de los cupos corresponde a un tr\u00e1mite administrativo, ya que fue dicho estrado quien los cautel\u00f3. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que el juzgado debi\u00f3 utilizar sus poderes de ordenaci\u00f3n para ubicar los bienes, en vez de permanecer pasivo frente a sus requerimientos y que su real inter\u00e9s es la obtenci\u00f3n de los cupos para reponerlos por veh\u00edculos nuevos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la accionante Claudia Janet Londo\u00f1o Agudelo carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio objeto de censura. <\/p>\n
En efecto, la promotora, revisado el expediente del juicio cuestionado, la Sala constata que all\u00ed la actora no ostenta la calidad de parte ni de interviniente, ni se observa siquiera alguna solicitud de reconocimiento como sucesora procesal de la fallecida ejecutada. <\/p>\n
La anterior falencia no se supera por el hecho de que el apoderado de la gestora sea el mismo que representa los derechos del extremo ejecutado dentro del decurso criticado, porque ese profesional del derecho aqu\u00ed act\u00faa espec\u00edficamente como mandatario de Claudia Janet Londo\u00f1o Agudelo, quien como se anot\u00f3, no demostr\u00f3 que cuenta con habilitaci\u00f3n legal para reprochar dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Es de advertirse que en el caso de que se hubiese proferido una decisi\u00f3n arbitraria, adelantado una actuaci\u00f3n que transgreda el debido proceso, son por reglar las partes las legitimadas para deprecar el resguardo, en tanto que: <\/p>\n
\u2026[quien] no es parte en el proceso\u2026 g\u00e9nesis de la queja constitucional y la circunstancia de fungir como mandatario judicial de un[o] de ell[o]s\u2026 no lo faculta para demandar en causa propia protecci\u00f3n constitucional, dado que la supuesta vulneraci\u00f3n afectar\u00eda a su representado y no a \u00e9l quien, se itera, no integra ninguno de los extremos procesales (CSJ STC, 2 mar. 2009, rad. 2008-01869-01). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si el promotor no es sujeto procesal ni ha sido reconocido como tercero interesado dentro del juicio\u2026 donde solicita el amparo, pese a que el actor sea su poderdante y aqu\u00e9l alegue con vehemencia \u2018tener la facultad para recibir\u2019, le est\u00e1 vedado acudir a la presente herramienta constitucional a pedir protecci\u00f3n por el presunto cercenamiento de los derechos alegados, pues esa facultad est\u00e1 reservada solamente a los titulares, salvo en los casos de la agencia oficiosa\u2026 (Sentencia de 6 de marzo de 2012, exp. 76001-22-10-000-2012-00010-01). <\/p>\n
Y ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2018La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u2019. (CSJ STC, 25 abr. 2013 rad. No. 00819-00, reiterada en la STC 10 abr. 2014, rad. 00093-01) (CSJ STC4917-2015, 24 abr. 2015, rad. 2015-00111-01). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de las personas que representan en los procesos, sin que ostenten el respectivo poder especial para actuar. <\/p>\n
Por consiguiente, para que el apoderado judicial de una parte pueda promover una acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n de derechos en el interior del asunto en que act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de ella, tiene necesariamente que satisfacer la prueba de la representaci\u00f3n que se le exige, en este caso espec\u00edfico, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, a saber: \u2018la acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u2019 (CSJ STC16132-2016, 8 nov. 2016, rad. 2016-00203-01). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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