AC3167-2022 (2016-00095-02)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC3167-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68679-31-03-002-2016-00095-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del escrito que sustenta el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n y Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n frente a la sentencia de 15 de octubre de 2019 adicionada el 23 del mismo mes y a\u00f1o, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en los juicios de simulaci\u00f3n acumulados que contra cada uno promovi\u00f3 Alba Cecilia Afanador Mu\u00f1oz de forma separada, dentro del proceso de insolvencia de Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al tenor de la demanda inicial, instaurada por la accionante contra C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n, ella pidi\u00f3 declarar, de forma principal: <\/p>\n
1.1. La simulaci\u00f3n absoluta y, por consecuencia, la inexistencia del cr\u00e9dito por $5\u2019000.000 concedido por C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n a Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz, plasmado en la escritura p\u00fablica 1406 del 9 de abril de 2013 otorgada en la Notar\u00eda 5 de Bucaramanga, junto con sus intereses; as\u00ed como del cr\u00e9dito que el 12 de abril de 2013 entreg\u00f3 el mismo mutuante al referido deudor en cuant\u00eda de $250\u2019000.000, representado en 2 letras de cambio por $245\u2019000.000 y $5\u2019000.000, con fechas de vencimiento 8 de julio de 2013. <\/p>\n
Y se condene al reconocimiento, a favor de la demandante, de la recompensa regulada en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 74 de la ley 1126 de 2006, equivalente al 40% del beneficio reportado al proceso de insolvencia con ocasi\u00f3n de la estimaci\u00f3n de las anteriores pretensiones. <\/p>\n
1.2. En subsidio de las pretensiones declarativas deprec\u00f3 proclamar la simulaci\u00f3n relativa de los mismos actos. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de las s\u00faplicas anot\u00f3, en s\u00edntesis, que: <\/p>\n
2.1. A trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica mencionada Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz constituy\u00f3 hipoteca de segundo grado a favor de C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n, sobre el inmueble ubicado en el municipio de San Gil identificado con el folio de matr\u00edcula 319-7533 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, para garantizar el pago del mutuo que por $5\u2019000.000 y por el lapso de un mes le concedi\u00f3 este a aquel, con intereses corrientes al 2% mensual. <\/p>\n
2.2. El 12 de abril de 2013, C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n ampli\u00f3 el mutuo en $245\u2019000.000, para un total de $250\u2019000.000, que fueron representados en dos letras de cambio por valores de $5\u2019000.000 y $245\u2019000.000. <\/p>\n
2.3. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n inco\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria contra Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz, acumulada a trav\u00e9s de auto de 12 de noviembre de 2013 a la iniciada por Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n; y aquella acreencia fue reconocida en el juicio de insolvencia de tal deudor. <\/p>\n
2.4. Sin embargo, las pruebas recaudadas en el juicio penal adelantado contra Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz evidenciaron el conocimiento que el acreedor C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n ostentaba acerca de los negocios del primero, quien se encuentra insolvente. <\/p>\n
3. Mediante demanda acumulada igualmente incoada por Alba Cecilia Afanador Mu\u00f1oz, esta vez contra Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n, solicit\u00f3 declarar, de forma principal: <\/p>\n
3.1. La simulaci\u00f3n absoluta y, por consecuencia, la inexistencia del cr\u00e9dito por $20\u2019000.000 concedido por Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n a Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz, plasmado en la escritura p\u00fablica 844 del 1 de marzo de 2013 otorgada en la Notar\u00eda 5 de Bucaramanga, junto con sus intereses; as\u00ed como del cr\u00e9dito que el 13 de marzo de 2013 confiri\u00f3 el mismo mutuante al referido deudor por $1.000\u2019000.000, representado en 3 letras de cambio por $20\u2019000.000, $480\u2019000.000 y $500\u2019000.000, con fechas de vencimiento 13 de junio de 2013. <\/p>\n
Y se condene al reconocimiento, a favor de la demandante, de la recompensa regulada en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 74 de la ley 1126 de 2006, equivalente al 40% del beneficio reportado al proceso de insolvencia con ocasi\u00f3n de la estimaci\u00f3n de las anteriores pretensiones. <\/p>\n
3.2. En subsidio de las pretensiones declarativas deprec\u00f3 proclamar la simulaci\u00f3n relativa de tales actos. <\/p>\n
4. En sustento expuso la peticionaria, en resumen, que: <\/p>\n
4.1. A trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 844 del 1 de marzo de 2013 otorgada en la Notar\u00eda 5 de Bucaramanga, Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz constituy\u00f3 hipoteca de primer grado a favor de Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n, sobre el inmueble ubicado en el municipio de San Gil identificado con el folio de matr\u00edcula 319-7533 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, para garantizar el pago del mutuo que por $20\u2019000.000 y por el lapso de un mes le concedi\u00f3 este a aquel, con intereses corrientes al 2% mensual. <\/p>\n
4.2. El 13 de marzo de 2013 Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n ampli\u00f3 el mutuo en $948\u2019000.000, para un total de $1.000\u2019000.000, que fueron representados en tres letras de cambio por $20\u2019000.000, $480\u2019000.000 y $500\u2019000.000. <\/p>\n
4.3. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n inco\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria contra Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz, acreencia fue reconocida en el juicio de insolvencia de tal deudor. <\/p>\n
4.4. Sin embargo, las pruebas recaudadas en el juicio penal adelantado contra Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz evidenciaron el conocimiento que el acreedor Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n ostentaba acerca de los negocios de aquel, quien se encuentra insolvente. <\/p>\n
5. Una vez vinculados al tr\u00e1mite, los convocados guardaron silencio durante el traslado de las demandas. <\/p>\n
6. Agotadas las fases del proceso, el 19 de septiembre de 2017 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil dict\u00f3 sentencia en la que desestim\u00f3 todas las pretensiones. <\/p>\n
7. Apelada tal decisi\u00f3n por la demandante, el Tribunal la revoc\u00f3 con fallo de 15 de octubre de 2019 adicionado el 23 del mismo mes y a\u00f1o para, en su lugar, acceder a las simulaciones absolutas deprecadas y desestimar la recompensa pedida. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El juzgador ad-quem inicialmente record\u00f3 el instituto de la simulaci\u00f3n y c\u00f3mo los indicios son el principal medio de convicci\u00f3n para acreditarla, precis\u00f3 la existencia formal de los actos atacados y relacion\u00f3 las pruebas recaudadas. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n, tras colegir satisfecha la legitimaci\u00f3n por activa de la promotora por ser acreedora en el juicio concursal -condici\u00f3n que no merm\u00f3 por la declaratoria de ineficacia de las promesas de venta suscritas por Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz como promitente vendedor y varios de sus acreedores como promitentes compradores-, concluy\u00f3 pr\u00f3speras las simulaciones absolutas deprecadas por inexistencia de intenci\u00f3n real de celebrar los contratos de hipoteca atacados ni los pr\u00e9stamos representados en los t\u00edtulos valores impugnados, puesto que: <\/p>\n
2.1. Pesa en contra de C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n, Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n y Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz, la presunci\u00f3n de certeza de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en las demandas de simulaci\u00f3n, por mandato del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que se abstuvieron de contestar esos libelos y, por contera, pronunciarse sobre los hechos all\u00ed narrados. <\/p>\n
2.2. Obra el indicio de \u00abcondiciones particulares para querer simular o inter\u00e9s simulatorio\u00bb, pues en los meses de marzo y abril de 2013, en los cuales fueron realizados los actos refutados, la construcci\u00f3n del Edificio Piamonte, para la cual Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz supuestamente necesitaba los dineros entregados en pr\u00e9stamo, ya estaba adelantada en un 90% aproximadamente y se estaba materializando el delito de estafa que cometi\u00f3, seg\u00fan la sentencia penal aportada al plenario; de todo lo cual se concluye que Jim\u00e9nez Ortiz pretend\u00eda, al ver que su patrimonio estaba seriamente comprometido, esquivar las obligaciones adquiridas en 32 promesas de venta que celebr\u00f3 en cuant\u00eda de $1.475\u2019000.000, as\u00ed como las correspondientes indemnizaciones y cl\u00e1usulas penales producto de sus incumplimientos, al punto que en el incidente de reparaci\u00f3n integral adelantado en el proceso penal fue condenado a restituir m\u00e1s de $2.500\u2019000.000. <\/p>\n
2.3. Igualmente est\u00e1 probado el indicio de \u00abmovimientos financieros sospechosos\u00bb, en tanto que entre el 12 y el 20 de marzo de 2013, cuando el demandado Ni\u00f1o Merch\u00e1n desembols\u00f3 el cr\u00e9dito a Jim\u00e9nez Ortiz, si bien obran consignaciones a favor de este en 2 cuentas bancarias, los dineros fueron retirados en montos iguales o muy similares a los consignados y en forma casi inmediata, de donde se extrae que el prop\u00f3sito de las consignaciones fue dejar huella financiera y formal, m\u00e1xime si tampoco se acredit\u00f3 que esos dineros fueran utilizados para el pago de la aludida construcci\u00f3n o de deudas provenientes de esta actividad. <\/p>\n
2.4. Tambi\u00e9n se configura el indicio de \u00abversi\u00f3n contradictoria del se\u00f1or Ni\u00f1o Merch\u00e1n sobre la entrega de parte del dinero\u00bb, como quiera que al absolver interrogatorio afirm\u00f3 haber entregado el pr\u00e9stamo a Jim\u00e9nez Ortiz en dos partes: el 50% en la oficina del apoderado judicial de los demandados Ni\u00f1o Merch\u00e1n y Su\u00e1rez Dur\u00e1n, y el otro 50% en la ciudad de Bogot\u00e1, agregando que lo hizo incluso a trav\u00e9s de consignaciones dirigidas a terceras personas; sin embargo, el deudor refiri\u00f3 haberlo recibido en 3 contados y que una consignaci\u00f3n por $390\u2019000.000 fue realizada en la sucursal de la carrera 10\u00aa de un banco de la misma ciudad. <\/p>\n
2.5. Asimismo, se cuenta con el indicio de \u00abausencia total de medios probatorios indicativos de la destinaci\u00f3n de gran monto del dinero recibido por el se\u00f1or Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb, en la medida en que no acredit\u00f3, como lo aleg\u00f3, haber usado los pr\u00e9stamos para finalizar la construcci\u00f3n del Edificio Piamonte, aun trat\u00e1ndose de suma importante de dinero, como es $1.250\u2019000.000 para el a\u00f1o 2013. <\/p>\n
2.6. Del mismo modo refulge el indicio de \u00abmodus operandi de los dos pr\u00e9stamos\u00bb, en raz\u00f3n a la l\u00ednea metodol\u00f3gica exactamente igual en que fueron concedidos los cr\u00e9ditos hipotecarios cuestionados, toda vez que en ambos intervinieron dos intermediarios: el ahora apoderado judicial de los convocados Ni\u00f1o Merch\u00e1n y Su\u00e1rez Dur\u00e1n, as\u00ed como Marco Antonio Su\u00e1rez Arismendi; se constituyeron inicialmente las hipotecas, despu\u00e9s fueron emitidos los t\u00edtulos valores que respaldaban las deudas y luego supuestamente se entregaron los dineros; la inmediatez de ambos pr\u00e9stamos ya que fueron realizados en un intervalo no mayor a un mes; la consagraci\u00f3n de un plazo para el pago de 3 meses en todos los t\u00edtulos valores otorgados, no obstante que los pr\u00e9stamos pretend\u00edan solventar una condici\u00f3n econ\u00f3mica limitada del deudor; y la emisi\u00f3n de todas las letras de cambio el 13 de marzo de 2013 en el mutuo otorgado por Ni\u00f1o Merch\u00e1n, m\u00e1s cuando Jim\u00e9nez Ortiz se\u00f1al\u00f3 que recibi\u00f3 $450\u2019000.000 el 20 de marzo de ese a\u00f1o y que ese mismo d\u00eda consign\u00f3 $390\u2019000.000 en una sucursal bancaria en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
A esto \u00faltimo agr\u00e9gase que Ni\u00f1o Merch\u00e1n y Jim\u00e9nez Ortiz informaron que no se conoc\u00edan, de donde resulta sospechosa la suscripci\u00f3n de t\u00edtulos valores en cuant\u00eda de $450\u2019000.000 a favor de un desconocido, cuando a\u00fan no ha sido recibido el dinero. <\/p>\n
2.7. Adem\u00e1s brilla el indicio de \u00abcondici\u00f3n subjetiva del se\u00f1or Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb, pues fue condenado penalmente por cometer el delito de estafa, siendo v\u00edctimas los prometientes compradores de los apartamentos del Edificio Piamonte, raz\u00f3n por la cual su buena fe negocial queda en duda. <\/p>\n
2.8. De igual manera est\u00e1 el indicio de \u00abproximidad en los tiempos de los cr\u00e9ditos\u00bb, porque a pesar de ser cierto que la construcci\u00f3n de un edificio impone la consecuci\u00f3n de gran cantidad de dinero, esto no justifica el otorgamiento de 2 cr\u00e9ditos en 20 d\u00edas, uno por $1.000\u2019000.000 y otro por $250\u2019000.000, y su total empleo para realizar pagos en efectivo, ya que no existe trazabilidad financiera sobre su destinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.9. Otro indicio es la \u00abausencia total de los soportes de entrega del dinero y movimientos bancarios con relaci\u00f3n a la obligaci\u00f3n a favor del se\u00f1or C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n\u00bb, ya que no fue aportada ninguna evidencia de la entrega del pr\u00e9stamo, y aunque el supuesto acreedor aleg\u00f3 haberlo obtenido de un movimiento fiduciario, s\u00f3lo aport\u00f3 certificaci\u00f3n expedida por Equipos M\u00e9dicos Ltda., que nada aduce sobre esta tipolog\u00eda contractual, documento que tampoco demuestra que aquel otorg\u00f3 el cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.10. El indicio de \u00abausencia de capacidad econ\u00f3mica del se\u00f1or C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n\u00bb, pues este omiti\u00f3 demostrar su potencial financiero. <\/p>\n
2.11. En adici\u00f3n reluce el indicio de \u00abla conducta procesal de los demandados\u00bb, por su pasividad demostrativa respecto de la verosimilitud de sus negocios. <\/p>\n
2.12. En id\u00e9ntica forma est\u00e1 el indicio derivado de \u00abla conducta de los sujetos negociales en relaci\u00f3n con la condici\u00f3n el inmueble dado en garant\u00eda\u00bb, a causa de que Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n declar\u00f3 haber visitado el inmueble para la \u00e9poca del pr\u00e9stamo, que ingres\u00f3 a \u00e9l hasta el tercer nivel y que lo encontr\u00f3 totalmente en obra negra; mientras que el deudor Javier Jim\u00e9nez Ortiz manifest\u00f3 que el Edificio Piamonte estaba construido en un 90%; el apoderado judicial de aqu\u00e9l acreedor hipotecario -quien adem\u00e1s intervino en la negociaci\u00f3n- depuso, en el proceso penal, que no pudieron ingresar al predio; y C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n declar\u00f3 no haber visitado el fundo porque deleg\u00f3 esa gesti\u00f3n en el citado profesional del derecho, lo que adem\u00e1s no resulta acorde con la pr\u00e1ctica de un prestamista hipotecario, menos cuando el mutuo es de $250\u2019000.000. <\/p>\n
2.13. Como indicio final, el tribunal extract\u00f3 el de \u00abpreservaci\u00f3n de un bien valioso\u00bb, habida cuenta que, para la \u00e9poca de los cr\u00e9ditos impugnados, el inmueble objeto de los dos grav\u00e1menes hipotecarios ostentaba un valor significativo, pues est\u00e1 construido en 8 niveles compuestos de apartamentos, oficinas y parqueaderos, adem\u00e1s de su excelente ubicaci\u00f3n en zona c\u00e9ntrica del municipio de San Gil. <\/p>\n
3. La sentencia a la par arguy\u00f3 que aun cuando en el plenario obran contraindicios como el traslado del dinero, la condici\u00f3n econ\u00f3mica de Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n, la ausencia de v\u00ednculos cercanos entre los negociantes, el levantamiento de hipotecas anteriores existentes sobre el predio y los movimientos bancarios en relaci\u00f3n con la hipoteca constituida a favor de Ni\u00f1o Merch\u00e1n, una valoraci\u00f3n conjunta de esta prueba enfrentada con el restante acervo probatorio lleva al tribunal a acceder a las simulaciones absolutas solicitadas, por estar acreditado el \u00e1nimo simulador de los convocados. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, culmin\u00f3 el fallador, no es de recibo la recompensa regulada en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 74 de la ley 1126 de 2006, en la medida en que no fue objeto de la apelaci\u00f3n incoada por la demandante contra la sentencia de primera instancia y tampoco se encuentran acreditados los presupuestos axiol\u00f3gicos para acceder a esa s\u00faplica. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Invocando el numeral 1 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los recurrentes acusaron la sentencia del Tribunal por violar de forma directa los art\u00edculos 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 822, 871 y 1163 del C\u00f3digo de Comercio, 768 a 769, 1602 a 1603, 2432 a 2435, 2445, 2448 a 2449 y 2457 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. En desarrollo del reproche los recurrentes expusieron que el principio de buena fe fue inaplicado por el tribunal, pues amparados en \u00e9l obraron los acreedores y el deudor accionados, ya que aquellos actuaron con total prudencia en tanto el inmueble objeto de los grav\u00e1menes contaba con folio de matr\u00edcula inmobiliaria, constataron que fuera de propiedad del deudor, lo visitaron y verificaron su estado; Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n exigi\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las hipotecas anteriores que pesaban sobre ese bien ra\u00edz para desembolsar el pr\u00e9stamo, as\u00ed como la constituci\u00f3n de nuevo gravamen a su favor y el otorgamiento de sendos t\u00edtulos valores que evidenciaran el contrato de mutuo; y era ajena a ellos la real intenci\u00f3n que tuviera Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz. <\/p>\n
Agregaron que el proceder del fallador colegiado transgredi\u00f3 la buena fe porque se fund\u00f3 en indicios que no son graves, concurrentes, concordantes, ni contingentes; adem\u00e1s omiti\u00f3 los contraindicios; entonces no exist\u00eda prueba del acuerdo simulador entre los contratantes, carga de la que liber\u00f3 a la demandante, para lo cual se fund\u00f3 en los indicios que relacion\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1alaron que, si el juzgador de \u00faltima instancia no hubiera cometido esos yerros y hubiera empleado las normas citadas, habr\u00eda colegido que los acreedores actuaron de buena fe, mientras su deudor les ocult\u00f3 informaci\u00f3n, evidenci\u00e1ndose una reserva mental, lo cual impon\u00eda la desestimaci\u00f3n de la simulaci\u00f3n absoluta \u00abo declarar la nulidad de lo tramitado en primera instancia.\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de unas reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
3. Pues bien, visto el primero de los cuestionamientos de los recurrentes concluye esta Corporaci\u00f3n que no cumple las exigencias formales que son imperativas para la casaci\u00f3n, por lo que se impone su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, cuando se invoca la afectaci\u00f3n por v\u00eda directa de la ley sustancial es necesario partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por acreditados en el fallo, sin que exista campo para disentir de la valoraci\u00f3n ni de los medios de convicci\u00f3n recaudados, por cuanto la cr\u00edtica debe estar dirigida a derruir los falsos raciocinios acerca de las normas sustanciales que gobiernan el caso, bien sea porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, se equivoc\u00f3 al elegirlas o, a pesar de ser las correctas, les da un entendimiento ajeno a su alcance. <\/p>\n
Al respecto tiene dicho la Corte que: <\/p>\n
al acudir en casaci\u00f3n invocando la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicci\u00f3n recaudados, debi\u00e9ndose limitar la formulaci\u00f3n del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. n\u00ba 2005-00078). <\/p>\n
Esta obligaci\u00f3n fue desatendida en el reproche de que se trata, porque lo criticado al operador judicial de segundo grado es que tuvo por demostrada la simulaci\u00f3n absoluta a pesar de que no exist\u00eda prueba de ella, en raz\u00f3n a que los indicios que sirvieron de apoyo al juzgador ad-quem no ten\u00edan las caracter\u00edsticas de graves, concurrentes, concordantes y contingentes; as\u00ed como porque desconoci\u00f3 que conforme al acervo probatorio el actuar de los recurrentes estuvo apegado al principio de la buena fe; y porque exoner\u00f3 a la promotora de acreditar el concierto simulador. <\/p>\n
Es decir que la censura va dirigida contra la plataforma f\u00e1ctica del litigio y no respecto del entendimiento que se le dio a los preceptos sustanciales invocados en tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal orden de ideas, el reproche no es admisible, en raz\u00f3n a que no se formul\u00f3 guardando la t\u00e9cnica debida. Es que aludiendo a los eventos en que no debe aceptarse tal libelo, tanto por defectos formales como por errores t\u00e9cnicos, la Sala ha estimado que: <\/p>\n
En s\u00edntesis, la Corte inadmitir\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n por ausencia de requisitos formales, cual lo regula el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, e igualmente se abstendr\u00e1 de seleccionarla en las siguientes hip\u00f3tesis: a) porque acusa errores de t\u00e9cnica, que adem\u00e1s de ser evidentes, resultan insalvables; como por ejemplo, la falta de individualizaci\u00f3n de pruebas o la ausencia de demostraci\u00f3n del yerro endilgado, entre otras; b) cuando incorpora aspectos o cuestiones novedosas y, por lo mismo, no admisibles en casaci\u00f3n; c) porque los supuestos yerros f\u00e1cticos en los que, eventualmente, ha incurrido el fallador, relativos a la apreciaci\u00f3n de las pruebas, no son manifiestos o trascendentes; d) porque no se demostr\u00f3 el error de derecho alegado o \u00e9ste es irrelevante; e) porque los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados o, no afectaron las garant\u00edas de las partes ni comportaron una lesi\u00f3n may\u00fascula del ordenamiento; f) por la existencia reiterada de precedentes sin que se vislumbre la necesidad de variar su sentido; g) porque, a la postre, en el asunto de que se trate no se viol\u00f3, al rompe, el ordenamiento en detrimento del recurrente. (CSJ AC 12 may. 2009, rad. n\u00ba 2001-00922, reiterado AC 30 ago. 2013, rad. n\u00ba 2001-003000-01 y en igual sentido CSJ AC-3337 de 2015, rad. n\u00ba 2008-00668-01, entre otros). <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, el embate luce contradictorio debido a que los recurrentes, al inicio de su sustentaci\u00f3n, critican al tribunal por no ver que tanto ellos como su deudor actuaron de buena fe, pero en el pasaje final afirman que desconoc\u00edan las intenciones de Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz, por lo que no pueden responsabilizarse por \u00e9l de donde la actuaci\u00f3n de este obedeci\u00f3 a una reserva mental, no a un acuerdo simulador. <\/p>\n
Por ende, el cuestionamiento es incoherente, aspecto sobre el cual ha sido enf\u00e1tica la Corte en se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u2026 las acusaciones imprecisas o las ayunas de claridad \u2013v.gr. las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas o las et\u00e9reas-; los reproches que, por situarse en la periferia o, en el mejor de los casos, en el umbral del raciocinio judicial pertinente, no permean la almendra de la providencia que emana del fallador; o las glosas que, por generales, vagas o panor\u00e1micas, no descienden cabal y puntualmente a la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n del Tribunal o al an\u00e1lisis de la prueba respectiva, no est\u00e1n en consonancia con las reglas que, de marras, estereotipan la casaci\u00f3n\u2026 (CSJ SC003, 5 feb. 2001, reiterada en AC6986, 27 nov. 2015, rad. n\u00ba 2009-00218-01). <\/p>\n
Esto a la par traduce que el reproche no es admisible, en raz\u00f3n a que no se formul\u00f3 con respecto a la t\u00e9cnica debida. <\/p>\n
3.3. Igualmente el embate se muestra desenfocado, en la medida en que es de rigor para quien acude a este mecanismo de defensa orientar acertadamente sus cr\u00edticas, lo que implica que debe atacar las razones, sean jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
De all\u00ed que, si para tales efectos son aducidas consideraciones ajenas a tal decisi\u00f3n, por una incorrecta o incompleta asunci\u00f3n de lo realmente plasmado en ella, la recriminaci\u00f3n no deba ser pr\u00f3spera, por no estar dirigida hacia los pilares de la providencia del fallador ad-quem. <\/p>\n
Sobre el tema esta Corporaci\u00f3n ha establecido lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) \u2018la Corte ha se\u00f1alado que \u2018[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar\u2019 (\u2026) o que \u2018resulta desenfocado, pues deja de lado la raz\u00f3n toral de la que se vali\u00f3 el ad quem para negar las pretensiones (\u2026) Ignorado fue, entonces, el n\u00facleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisi\u00f3n, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.\u2019 (CSJ AC 23 nov. 2012, rad. 2006-00061-01). <\/p>\n
De tal falencia padece el cargo bajo estudio porque los reclamantes censuran la decisi\u00f3n del Tribunal en tanto omiti\u00f3 valorar los contraindicios obrantes en el expediente y asimismo porque exoner\u00f3 a la demandante de probar el concierto simulador entre ellos y Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz. <\/p>\n
Sin embargo, una lectura reposada del veredicto criticado deja al descubierto, de un lado, en cuanto a los contraindicios, que el juzgador ad-quem s\u00ed los apreci\u00f3 pero que, conforme a una valoraci\u00f3n en conjunto del acervo probatorio, le dio mayor poder de convicci\u00f3n a los indicios. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con el acuerdo simulador expuso que s\u00ed fue acreditado a trav\u00e9s, precisamente, de los indicios que denomin\u00f3 \u00abmovimientos financieros sospechosos\u00bb, del cual infiri\u00f3 intenci\u00f3n de los contratantes de dejar huella financiera y formal de los pr\u00e9stamos; \u00abversi\u00f3n contradictoria del se\u00f1or Ni\u00f1o Merch\u00e1n sobre la entrega de parte del dinero\u00bb, porque expusieron versiones opuestas en relaci\u00f3n con la entrega del pr\u00e9stamo hipotecario; \u00abausencia total de medios probatorios indicativos de la destinaci\u00f3n de gran monto del dinero recibido por el se\u00f1or Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb; \u00abmodus operandi de los dos pr\u00e9stamos\u00bb; \u00abausencia total de los soportes de entrega del dinero y movimientos bancarios con relaci\u00f3n a la obligaci\u00f3n a favor del se\u00f1or C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n\u00bb y \u00abausencia de capacidad econ\u00f3mica del se\u00f1or C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n\u00bb, de los cuales extract\u00f3 que los demandados acordaron celebrar acuerdos de voluntades que \u00fanicamente ten\u00edan la intenci\u00f3n de aparentar cr\u00e9ditos irreales. <\/p>\n
Consecuentemente, el agravio bajo estudio fue asim\u00e9trico, por estar dirigido a enjuiciar consideraciones del fallo del Tribunal que en verdad no est\u00e1n contenidas en \u00e9l, lo cual desemboca en su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
1. Al amparo de la causal 2\u00aa de casaci\u00f3n, los recurrentes aducen que el fallo de segunda instancia conculc\u00f3 por la v\u00eda indirecta los c\u00e1nones 29, 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 1602 a 1603, 1766 del C\u00f3digo Civil y 7 del C\u00f3digo General del Proceso, debido a yerros de derecho en la estimaci\u00f3n del material probatorio, siendo transgredidas como normas de \u00e9ste linaje los preceptos 1766 del C\u00f3digo Civil, 176, 178 y 240 a 242 del citado estatuto adjetivo, la jurisprudencia y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. <\/p>\n
2. Sustentan su inconformidad en que, al tenor de la jurisprudencia, no basta la reserva mental de un contratante para declarar la simulaci\u00f3n absoluta de un pacto, toda vez que es forzosa la concurrencia del acuerdo simulador entre todos los part\u00edcipes, el cual no fue acreditado en el sub-lite pues as\u00ed no fue expuesto en la valoraci\u00f3n que realiz\u00f3 el tribunal, lo cual traduce que fue conculcada esa regla probatoria de \u00edndole jurisprudencial; m\u00e1xime si Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz reconoci\u00f3 que el motivo de los pr\u00e9stamos fue solventar la crisis financiera que lo aquejaba, evidenciando su reserva mental en raz\u00f3n a que los recurrentes, como acreedores hipotecarios, actuaron de buena fe. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluyeron, el tribunal se equivoc\u00f3 dando eficacia probatoria a hechos que no est\u00e1n debidamente probados para que sean considerados como indicios. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Para inadmitir el segundo cargo del escrito sustentador de la casaci\u00f3n basta reiterar lo expuesto en el numeral 3.3. de las consideraciones vertidas en esta providencia al estudiar los requisitos formales del reproche inicial, en la medida en que all\u00ed qued\u00f3 al descubierto c\u00f3mo el juzgador colegiado s\u00ed tuvo por probado el acuerdo simulador entre los demandados; al paso que estos aducen que ese prove\u00eddo no lleg\u00f3 a tal ep\u00edlogo. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el segundo cargo igualmente padece de la falencia t\u00e9cnica denominada en casaci\u00f3n como desenfoque, que consiste en que el extremo recurrente asume los razonamientos de la sentencia de forma diversa a lo realmente plasmado en ella, lo cual, por s\u00ed solo, es suficiente para no dar curso a un reproche desarticulado respecto de la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
2. Para abundar en razones y toda vez que el planteamiento aduce, por la v\u00eda indirecta y acudiendo al error de derecho, que el Tribunal conculc\u00f3 la jurisprudencia que regula los requisitos de la simulaci\u00f3n en raz\u00f3n a que no exigi\u00f3 concierto simulador entre todos los suscriptores de los pactos impugnados, igualmente observa la Corte la carencia t\u00e9cnica de tal formulaci\u00f3n, pues no dio cumplimiento al requisito contemplado en el inciso 3\u00b0 del literal a) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00ab[c]uando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas.\u00bb (Destacado ajeno). <\/p>\n
Sobre ese requisito la Sala ha sido reiterativa en manifestar que \u00ab(\u2026) \u2018en trat\u00e1ndose de un cargo montado por v\u00eda indirecta, en el que le endilgue al sentenciador la comisi\u00f3n de errores de derecho, el censor no s\u00f3lo ha de citar las normas de disciplina probatoria que estime infringidas sino, adem\u00e1s, sustentar c\u00f3mo ocurri\u00f3 ese quebranto\u2019 (\u2026)\u00bb (CSJ SC 18 ene. 2010, rad. n\u00ba 2005-00081, reiterada en AC 25 may. 2012, rad. n\u00ba 2002-00222-01. Se subraya). <\/p>\n
Por lo tanto, era menester no s\u00f3lo mencionar las normas de \u00edndole probatoria conculcadas, sino tambi\u00e9n cumplir la tarea de describir los medios de prueba respecto de los cuales ocurri\u00f3 el error de derecho, para seguidamente extraer de estos los aspectos en que disinti\u00f3 el Tribunal, que constituyen yerros de derecho y que hubiera llevado a una plataforma f\u00e1ctica distinta a la que se plante\u00f3 ese juzgador, lo que no se acat\u00f3. <\/p>\n
It\u00e9rase, porque viene al caso, que el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta cometiendo: I) errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o; II) de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n -por faltas f\u00e1cticas- ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la distorsi\u00f3n que comete el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, alterando su contenido de forma significativa. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Sala al se\u00f1alar que: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680 24 jul. 2015, rad. n\u00ba 2004-00469-01). <\/p>\n
La otra modalidad de yerro, el de derecho, se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre su aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador: <\/p>\n
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CSJ AC8674 de 2016, rad. 2011-00269-01, entre otras). <\/p>\n
En tal orden de ideas este ataque tampoco es admisible, porque no se formul\u00f3 guardando la t\u00e9cnica debida. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, el planteamiento de los inconformes muestra que, de cara al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, debi\u00f3 invocarse por una senda distinta a la escogida, esto es, apelando a la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial. <\/p>\n
Por supuesto que, si el tribunal no hubiera exigido un requisito previsto en el ordenamiento sustancial para acceder a la simulaci\u00f3n, tal cual es el concierto simulador seg\u00fan la tesis de los recurrentes, esa transgresi\u00f3n ser\u00eda recta, m\u00e1s no indirecta. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con este aspecto, en un caso de contornos similares, esta Corporaci\u00f3n doctrin\u00f3: <\/p>\n
Dado que los cargos formulados realmente buscan criticar, de un lado, la interpretaci\u00f3n dada por el funcionario de segundo grado al art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 791 de 2002 en concordancia con el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887; y de otro, la inaplicaci\u00f3n de jurisprudencia que, en sentir de la quejosa, era vinculante para el caso concreto, tales cuestiones realmente encajan dentro de la v\u00eda directa y no en la indirecta, menos a\u00fan, en el error de derecho, por lo que se est\u00e1 frente a una inadecuada selecci\u00f3n de la senda por parte del recurrente. <\/p>\n
En efecto, lo que se achaca en la sentencia es que se concluyera que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la Ley 791 de 2002 debe calcularse teniendo en cuenta \u00fanicamente la posesi\u00f3n ejercida con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma, en menosprecio jurisprudencia de los m\u00e1ximos \u00f3rganos judiciales. Se trata, sin duda, de un reparo sobre la forma en que deb\u00eda interpretarse el precepto legal, de cara a los precedentes sobre la materia. Se est\u00e1 controvirtiendo el proceso intelectivo del juzgador, en punto a la selecci\u00f3n de las normas sustanciales que aplic\u00f3 al caso y su hermen\u00e9utica, lo que es propio de la causal de pleno derecho, no as\u00ed de la cuerda indirecta por error de derecho que finalmente seleccion\u00f3 el censor, la cual est\u00e1 destinada a discutir la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica que a las pruebas dio el fallador. (CSSJ AC5859 de 2016, rad. 2011-00323). <\/p>\n
En suma, los demandados seleccionaron inadecuadamente el camino por el cual debieron plantear este ataque, pues lo direccionaron como una transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial pero argumentaron una situaci\u00f3n que, de ser cierta \u2013lo que aparece desvirtuado seg\u00fan se indic\u00f3 en el numeral inmediatamente anterior-, se enmarcar\u00eda en la conculcaci\u00f3n por v\u00eda directa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el reproche no es admisible, puesto que no se formul\u00f3 guardando la t\u00e9cnica debida, al ser necesario que cada cargo invocado guarde correspondencia con la causal escogida, lo que desarrolla la autonom\u00eda de los motivos de casaci\u00f3n, toda vez que son: <\/p>\n
dis\u00edmiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones alegadas para cuestionar la sentencia deban proponerse al abrigo exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una sentencia en casaci\u00f3n no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro se cometi\u00f3, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto. (CSJ AC6487 de 2016, rad. 2009-00244-01, entre otros). <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1. Erigidos en la segunda causal de casaci\u00f3n regulada en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los recurrentes endilgan a su juzgador de segunda instancia la conculcaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 29, 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 822, 871 del C\u00f3digo de Comercio, 768 a 769, 1602 a 1603, 1766, 2432 a 2435, 2445, 2448 a 2449 y 2457 del C\u00f3digo Civil; \u00aby como normas medio los art\u00edculos 7, 164 a 167, 174, 176, 178 a 179, 185 a 185, 240 s 242 y 282\u00bb del ordenamiento adjetivo citado, debido a errores de hecho en la estimaci\u00f3n del acervo probatorio. <\/p>\n
3. El fallo supuso el indicio de \u00abcondiciones particulares para querer simular o inter\u00e9s simulatorio\u00bb, pues no est\u00e1 probado que el Edificio Piamonte estuviera construido en un 90%, por cuanto las versiones de Carlos Javier Jim\u00e9nez, el abogado de la parte demandada y Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n difer\u00edan en relaci\u00f3n con ese porcentaje. <\/p>\n
Adem\u00e1s, fueron omitidos los testimonios rendidos en el proceso penal por los \u00abcompradores de los apartamentos y locales comerciales\u00bb del Edifico Piamonte, pues afirmaron que adquirieron los inmuebles sin verificar que sobre el predio de mayor extensi\u00f3n pesaban 5 hipotecas previas a las constituidas a favor de C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n y Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n. <\/p>\n
A\u00f1adieron los recurrentes que no obra prueba de que tuvieran la intenci\u00f3n de simular y la jurisprudencia ha decantado que no basta la reserva mental de un contratante para declarar la simulaci\u00f3n absoluta de un pacto, toda vez que es forzosa la concurrencia del acuerdo simulador entre todos sus part\u00edcipes, aun cuando creen que Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz s\u00ed tuvo el prop\u00f3sito de simular los negocios impugnados. <\/p>\n
Por consecuencia, agregaron, si el juzgador colegiado hubiera \u00abvalorado en conjunto las pruebas existentes en el proceso\u00bb, habr\u00eda colegido que los convocados C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n y Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n actuaron de buena fe. <\/p>\n
4. En cuanto ata\u00f1e con el indicio de \u00abmovimientos financieros sospechosos\u00bb el fallo desconoci\u00f3 las m\u00e1ximas de la experiencia, la l\u00f3gica y la ciencia como reglas de la sana cr\u00edtica, porque nadie pide un cr\u00e9dito para dejarlo en su cuenta bancaria; tambi\u00e9n valor\u00f3 mal el certificado bancario que data del 20 de marzo de 2013 y prueba la consignaci\u00f3n de $285\u2019000.000 en una cuenta de Carlos Javier. <\/p>\n
5. Tampoco exist\u00eda el indicio de \u00abausencia total de medios probatorios indicativos de la destinaci\u00f3n de gran monto del dinero recibido por el se\u00f1or Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb, pues el funcionario de segunda instancia no apreci\u00f3 debidamente la escritura p\u00fablica de hipoteca n\u00famero 844 de 1 de marzo de 2013 con sus anexos, en la que fueron relacionadas las 5 hipotecas anteriores, canceladas a la postre, de donde debi\u00f3 extraer que los $390\u2019000.000 entregados inicialmente al deudor s\u00ed fueron utilizados para pagar los cr\u00e9ditos precedentes, lo cual coincide con el testimonio de Marcos Su\u00e1rez, quien se\u00f1al\u00f3 que los $450\u2019000.000 restantes prestados por Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n fueron entregados en Bogot\u00e1, y la constancia suscrita por el deudor acerca del recibo del dinero. <\/p>\n
Adem\u00e1s, era \u00abimposible para los recurrentes acreditar en que (sic) invirti\u00f3 los otros dineros el deudor y que le fueron entregados producto de los dos contratos de mutuo\u00bb. <\/p>\n
6. Respecto del indicio denominado \u00abmodus operandi de los dos pr\u00e9stamos\u00bb los recurrentes se\u00f1alaron que el tribunal pretiri\u00f3 el \u00abacuerdo de ampliaci\u00f3n de cr\u00e9dito e instrucciones para diligenciamiento de espacios en blanco de letras de cambio, en lo que hace referencia a fecha, d\u00eda y vencimiento\u00bb, del cual se evidencia que los pr\u00e9stamos ten\u00edan plazo de 1 a\u00f1o, no de 3 meses, que las letras de cambio fueron firmadas en blanco y llenadas por el acreedor; operaci\u00f3n que convinieron el deudor Jim\u00e9nez Ortiz, el comisionista Marcos Su\u00e1rez y el abogado de los ac\u00e1 recurrentes, m\u00e1s no estos, todo lo cual constituye un contraindicio. <\/p>\n
7. En relaci\u00f3n con el indicio de \u00abcondici\u00f3n subjetiva del se\u00f1or Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb se\u00f1alaron que no alcanza eficacia demostrativa, por carecer de causalidad entre el hecho indicador y el indicado, as\u00ed como por ausencia de concordancia y convergencia al enfrentarlo con la tesis defensiva que expuso tal convocado; lo que adicionalmente dar\u00eda lugar a colegir que el deudor insolvente \u00abdefraud\u00f3 tambi\u00e9n\u00bb a los recurrentes y que no existi\u00f3 concierto simulador entre los contratantes. <\/p>\n
8. Al extraer los indicios de \u00abausencia total de los soportes de entrega del dinero y movimientos bancarios con relaci\u00f3n a la obligaci\u00f3n a favor del se\u00f1or C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n\u00bb y \u00abausencia de capacidad econ\u00f3mica de C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n\u00bb, la sentencia criticada omiti\u00f3 la certificaci\u00f3n expedida por Representaciones de Equipos M\u00e9dicos Ltda. y cercen\u00f3 el testimonio de ese accionado, pruebas que dan cuenta del pr\u00e9stamo otorgado en cuant\u00eda de $250\u2019000.000 por esa compa\u00f1\u00eda a su socio, el demandado C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n, quien a su vez lo dio en mutuo a Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz; todo lo cual constitu\u00eda un contraindicio. <\/p>\n
9. El indicio de \u00abconducta procesal de los demandados\u00bb igualmente fue desacertado porque el juzgador ad-quem omiti\u00f3 las explicaciones de Jim\u00e9nez Ortiz sobre el destino de los pr\u00e9stamos, el recibo firmado por \u00e9l que da cuenta de la recepci\u00f3n de $450\u2019000.000, las consignaciones por valor total de $550\u2019000.000 que alleg\u00f3 el enjuiciado Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n, la declaraci\u00f3n de C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n respecto del tr\u00e1mite del cr\u00e9dito, los procesos ejecutivos allegados como prueba trasladada, la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil contra el deudor insolvente, las declaraciones de renta de Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n y los \u00aboficios requeridos por el Juzgado 2 Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, el veredicto debi\u00f3 concluir que no existi\u00f3 acuerdo simulador entre todos los intervinientes en los convenios fustigados, m\u00e1xime si entre las partes no exist\u00eda grado de amistad pues el deudor desconoc\u00eda a Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n con anterioridad al mutuo, como ambos los declararon. <\/p>\n
10. La \u00abpreservaci\u00f3n de un bien valioso\u00bb es indicio supuesto, como quiera que no existe en el plenario un aval\u00fao del Edificio Piamonte. <\/p>\n
11. Asimismo se\u00f1alaron los casacionistas que el tribunal, al dar prevalencia a los indicios frente a los contraindicios, realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n subjetiva no obstante que debe ser objetiva para establecer el concierto simulador entre los part\u00edcipes de los acuerdos de voluntades atacados. <\/p>\n
12. Por \u00faltimo, los recurrentes reiteraron que el tribunal omiti\u00f3 valorar los documentos que cada uno de los demandados suscribi\u00f3 con Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz, denominados \u00abacuerdo de ampliaci\u00f3n de cr\u00e9dito e instrucciones para diligenciamiento de espacios en blanco de letras de cambio, en lo que hace referencia a fecha, d\u00eda y vencimiento\u00bb, mencionados en el numeral 6 precedente, que igualmente soportan el contraindicio all\u00ed expuesto; as\u00ed como los testimonios rendidos en el Juzgado 2 Penal del Circuito de San Gil por Jaime El\u00edas Quintero Uribe \u2013apoderado judicial de los convocados-, Marco Antonio Su\u00e1rez Arismendi, Feliz Antonio Nore\u00f1a, Libardo Parra, Luis Antonio Bayona, Lida Johana Salazar, Mar\u00eda Cecilia Calder\u00f3n, Fabio Augusto Pi\u00f1eres, Ruth Milena D\u00edaz, Zoraida Rueda Mart\u00ednez; y el informe t\u00e9cnico de la Polic\u00eda Judicial acerca de la validez de los soportes contables de Representaciones de Equipos M\u00e9dicos Ltda.; pruebas todas que acreditaban las manifestaciones expuestas por los demandados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada observa la Corte que el tercer reproche casacional desatendi\u00f3 la formalidad prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la formulaci\u00f3n de los cargos debe realizarse \u00abpor separado\u00bb y con \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb, pues, en contrav\u00eda con esa carga, entremezcl\u00f3 indiscriminadamente errores de hecho y de derecho, los primeros supuestamente relativos a la suposici\u00f3n, preterici\u00f3n y cercenamiento de pruebas porque no estaban acreditados los supuestos f\u00e1cticos que daban lugar a los indicios establecidos por el juzgador ad-quem; y el segundo, supuestamente, por la falta de valoraci\u00f3n en conjunto del acervo probatorio. <\/p>\n
En efecto, tiene dicho la Sala de anta\u00f1o respecto de los errores f\u00e1cticos que: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680 24 jul. 2015, rad. n\u00ba 2004-00469-01). <\/p>\n
De otro lado, en relaci\u00f3n con los yerros de derecho precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
En efecto, cuando de la falta de valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas se trata (art. 187 C. P. C.), esta Corporaci\u00f3n ha habilitado su denuncia como un error de derecho; empero, tal eventualidad tiene un condicionamiento inconfundible, consistente en que las pruebas adosadas al expediente, ciertamente, debieron ser apreciadas o valoradas por el juzgador, aunque de manera aislada, sin conexidad alguna; pero, cuando, como en el caso presente, se acusa al Tribunal de pretermitir alg\u00fan medio persuasivo, cuando se le recrimina de pasar por alto los elementos adosados al expediente, no gesta, con tal proceder, una equivocaci\u00f3n de derecho sino de hecho, consistente, precisamente, en desconocer la existencia f\u00edsica de alg\u00fan medio probatorio, o, como igualmente se le enrostra al juzgador, por escrutar erradamente su contenido material. (CSJ SC de 24 jun. 2008, rad. 2000-01141). <\/p>\n
La citada mezcla va en contra de los principios de autonom\u00eda e independencia de las causales de casaci\u00f3n, lo cual conduce a su desestimaci\u00f3n ab-initio, como en forma reiterada lo ha doctrinado la Corte, al se\u00f1alar: <\/p>\n
Remem\u00f3rese las palabras de la Sala: \u00abresulta imperioso destacar la usual confusi\u00f3n en que se incurre cuando en sede casacional, so pretexto de criticar al juzgador por no apreciar las pruebas en conjunto, se recrimina de este la omisi\u00f3n o falta de apreciaci\u00f3n de algunas de ellas, o su cercenamiento, y por esta v\u00eda, a mostrar una particular visi\u00f3n del poder persuasivo de apartes destacados y de algunas conclusiones distanciadas de las adoptadas por el Tribunal, lo que hace derivar el cargo hacia un error de hecho, con entremezclamiento o mixturas de yerros probatorios, cual sucede en este cargo\u00bb (SC5230, 25 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2014-00578-01). <\/p>\n
Se incurri\u00f3 de esta forma en hibridismo entre las diversas v\u00edas que integran el camino indirecto, raz\u00f3n para su inadmisi\u00f3n. (CSJ, AC1142-2022, rad. 2013-00285). <\/p>\n
2. En adici\u00f3n, el reproche es incompleto, valga anotar, no toca la totalidad de los argumentos en que fue cimentado el prove\u00eddo de segundo grado. <\/p>\n
Ciertamente, las pruebas fundamentales que sirvieron a la decisi\u00f3n de segunda instancia fueron la presunci\u00f3n de certeza que obra en contra de los enjuiciados por abstenerse de contestar la demanda (art. 97 C.G.P.) y los indicios de \u00abcondiciones particulares para querer simular o inter\u00e9s simulatorio\u00bb, \u00abmovimientos financieros sospechosos\u00bb, \u00abversi\u00f3n contradictoria del se\u00f1or Ni\u00f1o Merch\u00e1n sobre la entrega de parte del dinero\u00bb, \u00abausencia total de medios probatorios indicativos de la destinaci\u00f3n de gran monto del dinero recibido por el se\u00f1or Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb, \u00abmodus operandi de los dos pr\u00e9stamos\u00bb, \u00abcondici\u00f3n subjetiva del se\u00f1or Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb, \u00abproximidad en los tiempos de los cr\u00e9ditos\u00bb, \u00abausencia total de los soportes de entrega del dinero y movimientos bancarios con relaci\u00f3n a la obligaci\u00f3n a favor del se\u00f1or C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n\u00bb, \u00abausencia de capacidad econ\u00f3mica del se\u00f1or C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n\u00bb, \u00abla conducta procesal de los demandados\u00bb, \u00abla conducta de los sujetos negociales en relaci\u00f3n con la condici\u00f3n el inmueble dado en garant\u00eda\u00bb y \u00abpreservaci\u00f3n de un bien valioso\u00bb. <\/p>\n
En el cargo bajo estudio los recurrentes reparan en la valoraci\u00f3n probatoria de esas pruebas, salvo el indicio de \u00abversi\u00f3n contradictoria del se\u00f1or Ni\u00f1o Merch\u00e1n sobre la entrega de parte del dinero\u00bb y la presunci\u00f3n de certeza que sobre ellos pesa por abstenerse de contestar la demanda, respecto los cuales no hicieron el m\u00e1s m\u00ednimo reproche. <\/p>\n
Por ende, de afirmarse que el fallador colegiado incurri\u00f3 en la errada valoraci\u00f3n probatoria endilgada en el embate casacional, la decisi\u00f3n atacada se mantendr\u00eda por cuanto esas supuestas falencias no desvirt\u00faan los dos restantes argumentos del Tribunal, que tambi\u00e9n le sirvieron de apoyo para acceder a las simulaciones absolutas declaradas en el veredicto de \u00faltima instancia. <\/p>\n
En tal orden de ideas, el ataque est\u00e1 llamado al fracaso porque no combate todos los soportes del fallo criticado, cuesti\u00f3n frente a la cual la Corte ha indicado, en relaci\u00f3n con el recurso de que se trata, que: <\/p>\n
[su] especial naturaleza, extraordinaria y dispositiva, ha llevado al legislador, de antiguo, a exigir que la demanda que se presente ante el Tribunal de casaci\u00f3n cumpla con precisos y puntuales requisitos, que deben ser examinados al momento de su admisi\u00f3n y que, en caso de ser omitidos, impiden darle curso a tal pieza procesal para un estudio de fondo, pues el referido c\u00f3digo no permite -o habilita- la concesi\u00f3n de un plazo para que se subsanen las deficiencias que se observen en el escrito correspondiente. Sobre el particular esta Sala tiene dicho que \u2018\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u2019 (\u2026) En la misma providencia, se a\u00f1adi\u00f3 que \u2018\u2026para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u2026 (CSJ AC7629 de 2016, rad. n\u00ba 2013-00093-01. Subray\u00f3 la Sala). <\/p>\n
Por contera, el embate no cumple otra exigencia formal necesaria para habilitar su admisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Como si lo anterior fuera poco observa esta Corporaci\u00f3n que, tal cual fue se\u00f1alado en el numeral 3.2. de las consideraciones que sirvieron para rechazar el primero de los cargos de los recurrentes, esta tercera censura asimismo luce contradictoria debido a que los recurrentes critican al tribunal por no ver que tanto ellos como su deudor actuaron de buena fe, pero al mismo tiempo afirman que desconoc\u00edan las intenciones de Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz, por lo que no pueden responsabilizarse por \u00e9l de donde la actuaci\u00f3n de este obedeci\u00f3 a reserva mental, no a un acuerdo simulador. <\/p>\n
Por ende, el cuestionamiento es incoherente, defecto que reiteran cuando pretenden desvirtuar el indicio de \u00abausencia total de medios probatorios indicativos de la destinaci\u00f3n de gran monto del dinero recibido por el se\u00f1or Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb porque, tras justificar la destinaci\u00f3n que el deudor insolvente dio a una porci\u00f3n de los dineros por \u00e9l obtenidos en mutuo, el cargo aduce que era \u00abimposible para los recurrentes acreditar en que (sic) invirti\u00f3 los otros dineros el deudor y que le fueron entregados producto de los dos contratos de mutuo\u00bb. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, este argumento final corrobora el indicio del juzgador ad-quem, a cuyo tenor no qued\u00f3 acreditado en qu\u00e9 utiliz\u00f3 el deudor gran monto de los dineros que supuestamente recibi\u00f3 en mutuo de los convocados C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n y Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n, falta que daba lugar a pensar que los cr\u00e9ditos fueron irreales. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
1. Con base en la \u00abcausal quinta de casaci\u00f3n consagrada por el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso … (aduce la) violaci\u00f3n directa e indirecta de los art\u00edculos 82, 84, 90, 132, 133, 176, 282 del C.G.P.; art\u00edculos 49 y 74 de la ley 1116\/06 por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda de insolvencia de persona natural comerciante y la declarativa de simulaci\u00f3n, que trajo como consecuencia la violaci\u00f3n indirecta de las disposiciones contenidas en los art\u00edculos 29, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional.\u00bb <\/p>\n
2. Como soporte del reparo argumenta que el tribunal realiz\u00f3 en la sentencia un control de legalidad, en desmedro del derecho fundamental al debido proceso, en tanto el proceso estaba viciado de nulidad al tenor del canon 29 de la Carta Pol\u00edtica, pues para admitir la acci\u00f3n de insolvencia no estableci\u00f3 la satisfacci\u00f3n de los requisitos formales previstos en el art\u00edculo 49 de la ley 1116 de 2006, y de forma m\u00e1s espec\u00edfica, porque la demanda requer\u00eda el concurso del deudor y un n\u00famero plural de acreedores que representaran no menos del 50% del pasivo externo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la demandante en los juicios de simulaci\u00f3n acumulados carec\u00eda de legitimaci\u00f3n por activa, por encontrarse caduca la demandada, pues los negocios impugnados fueron llevados a cabo por fuera del periodo de sospecha de 18 meses previsto en el art\u00edculo 74 de la misma ley. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Ab-initio colige la Corte que el cuarto cargo planteado en la demanda de casaci\u00f3n tambi\u00e9n carece de las exigencias formales, en la medida en que all\u00ed se adujo que el juicio est\u00e1 viciado de nulidad y, al tiempo, que existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de la ley sustancial, tanto de forma directa como indirectamente. <\/p>\n
Aquella alegaci\u00f3n, de cara al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, debe invocarse por la causal 5\u00aa del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, por \u00abhaberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140…\u00bb; al paso que la conculcaci\u00f3n de la ley sustancial puede suceder, ya por senda recta, en cuyo caso el motivo de casaci\u00f3n ser\u00e1 el primero de los relacionados en el precepto citado, o por la v\u00eda indirecta, que corresponde a la segunda de esas causas. <\/p>\n
Desatendiendo estas reglas b\u00e1sicas, aun cuando en el \u00faltimo cargo se invoc\u00f3 la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, los censores encaminaron sus reclamos por la \u00abviolaci\u00f3n de una norma de derecho sustancial\u00bb, al punto de encontrar configurada tal conculcaci\u00f3n por la v\u00eda directa y, al un\u00edsono, se\u00f1alaron que la trasgresi\u00f3n se dio por v\u00eda indirecta, es decir toda una mezcla de causales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye la Corte que los recurrentes incurrieron, de nuevo, en hibridismo al seleccionar la senda por la cual debieron plantear su ataque, pues no obstante esbozar en \u00e9l la existencia de supuestos yerros in procedendo, tambi\u00e9n invocaron causales destinadas a elucidar errores in judicando. <\/p>\n
En efecto, cada causal obedece a una espec\u00edfica e inconfundible raz\u00f3n que tuvo en cuenta el legislador para erigirla como motivo de quiebre del fallo, sobre la base de considerar que dichas razones, plasmadas en las causales de casaci\u00f3n, se fundamentan en dos tipos de errores en que puede incurrir el juzgador. El primero, com\u00fanmente denominado, vicio in judicando, acaece cuando el sentenciador distorsiona la voluntad hipotetizada en la ley; y el segundo, denominado vicio in procedendo, se estructura a partir de la rebeld\u00eda del juez en la aplicaci\u00f3n de normas que regulan el proceso, para las partes y para \u00e9l, incluida la fase de producci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
Se trata de errores de distinta naturaleza, pues el primero recae en las normas que son llamadas a definir la controversia y el segundo en las que disciplinan el proceso. No pueden ser confundidos, ni menos aducidos en un mismo cargo, en atenci\u00f3n a la claridad y precisi\u00f3n que el precepto mencionado reclama. As\u00ed por ejemplo, es prototipo del vicio in judicando la causal primera de casaci\u00f3n (violaci\u00f3n de norma sustancial) y ejemplo del segundo la causal quinta, sobre nulidad del proceso. (CSJ AC7828 de 16 dic. 2014, rad. n\u00ba 2009-00025-02). <\/p>\n
Con otras palabras, los cargos invocados deben guardar correspondencia con la causal escogida por el censor porque ello desarrolla la autonom\u00eda de los motivos de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El entremezclamiento mencionado impone colegir que en la demanda de sustentaci\u00f3n el \u00faltimo reproche incumpli\u00f3 el requisito formal de formular cada cargo \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, pues como lo tiene rese\u00f1ado esta Sala, \u00abno es posible hacer una miscel\u00e1nea en torno a las dos maneras como puede producirse la infracci\u00f3n de la ley sustancial: la directa y la indirecta, as\u00ed tampoco se permite al impugnante soslayar las claras diferencias que existen entre los vicios de juicio y los de actividad, \u201co saltar\u2026de aqu\u00ed para all\u00e1, que si lo hace es con sacrificio definitivo de la claridad y precisi\u00f3n\u00bb (AC 24 jul. 2001, rad. 7684; reiterado en AC 19 mar. 2002, rad. 1994-01325-01). <\/p>\n
Dicha pauta fue posteriormente reiterada por la Sala se\u00f1alando: <\/p>\n
\u00abEvidentemente, la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n exige el predicho numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 374 del c\u00f3digo de procedimiento civil, pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad (\u2026)\u201d (CSJ, AC219-2017, 25 ene. 2017, rad. 2009-00048-01). <\/p>\n
2. En adici\u00f3n, cuando se invoca la \u00faltima de las causales de casaci\u00f3n, esto es, \u00ab[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de alguna de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, forzoso resulta se\u00f1alar el vicio de \u00edndole procesal consagrado en el ordenamiento jur\u00eddico que impone retrotraer el tr\u00e1mite, en tanto dicha causal est\u00e1 destinada, como se anot\u00f3, a develar errores de procedimiento en el rito judicial y no de juzgamiento; as\u00ed como exponer por qu\u00e9 esa causa de invalidaci\u00f3n no ha sido saneada en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
Por contera, afirmar que est\u00e1 configurada la causal de nulidad regulada en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica implica desatender los requisitos referidos, en la medida en que esta Corte ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades que dicho precepto consagra la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso, mas no una raz\u00f3n para invalidar el juicio. <\/p>\n
Ciertamente, la Sala tiene dicho que: <\/p>\n
No hay duda que las pruebas, en todos los procedimientos y, particularmente, en el civil, aplicable a los conflictos relacionados con temas de familia, naturaleza que ostenta la presente controversia, constituyen un elemento de especial importancia, puesto que, como se sabe, ellas -las pruebas- son el mecanismo por medio del cual las partes pueden llevar al conocimiento del juez los hechos que sustentan la postura que hayan asumido en el respectivo litigio y, por consiguiente, son, adem\u00e1s, el instrumento que permite al operador judicial formar su convicci\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica debatida, para, de esta manera, hacer actuar en el caso la ley sustancial aplicable y llegar a una conclusi\u00f3n jur\u00eddica, que expresar\u00e1 en la sentencia con la que solucione la controversia. <\/p>\n
Esa singular trascendencia de las pruebas, explica y justifica que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, dentro del esquema del Estado Social de Derecho que adopt\u00f3 en su art\u00edculo 1\u00ba, al erigir el debido proceso como derecho fundamental, reconociera expresamente, en el propio art\u00edculo 29, el derecho a probar o a la prueba, como com\u00fanmente se le ha denominado, garantiz\u00e1ndole a todas las personas la posibilidad de \u201cpresentar pruebas\u201d y de \u201ccontrovertir las que se alleguen en su contra\u201d. Del mismo modo, que en el \u00faltimo inciso de la norma, hubiere consagrado que \u201c[e]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d. <\/p>\n
Dicha referencia final del art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, ha permitido a la doctrina y a la jurisprudencia diferenciar las pruebas \u201cil\u00edcitas\u201d y las \u201cilegales\u201d, entendiendo por las primeras, aquellas que causan desmedro a los derechos constitucionales fundamentales de quienes intervienen en el respectivo juicio o de terceros a \u00e9l; y por las segundas, las que evidencian irregularidades que comprometen el cabal cumplimiento de las normas legales encargadas de su gobierno, en cualquiera de las distintas fases que integran su materializaci\u00f3n (decreto, pr\u00e1ctica o valoraci\u00f3n). (CSJ SC de 16 jul. 2008, rad. 2005-00286). <\/p>\n
Y fundada en esa distinci\u00f3n de cardinal importancia posteriormente la Sala record\u00f3 que invocar el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica resulta impropio en aras de fundar la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, puesto que: <\/p>\n
\u2026cabe se\u00f1alar que la cita del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no logra consolidar un motivo especial y aut\u00f3nomo de anulaci\u00f3n por quebranto del debido proceso, porque si bien la disposici\u00f3n consagra ese principio como rector de todas las actuaciones judiciales, la \u00fanica regla concreta all\u00ed consagrada con el alcance de vicio procesal est\u00e1 referida a la nulidad de pleno derecho que se predica de \u201cla prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d, hip\u00f3tesis distinta a la expuesta en la censura. (CSJ AC2199 de 2021, rad. 2016-00370). <\/p>\n
En este orden de ideas, aun interpretando que los recurrentes invocaron su descontento con la sentencia de segunda instancia, fundados en el motivo final previsto en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que su exposici\u00f3n tampoco re\u00fane los requisitos t\u00e9cnicos para dar curso al mecanismo extraordinario. <\/p>\n
3. Asimismo el reproche se funda en que, al decir de los demandados, la acci\u00f3n de insolvencia fue admitida a pesar de no satisfacer los requisitos formales previstos en el art\u00edculo 49 de la ley 1116 de 2006, en tanto la demanda requer\u00eda el concurso del deudor y un n\u00famero plural de acreedores que representaran no menos del 50% del pasivo externo; as\u00ed como porque la acci\u00f3n caduc\u00f3, pues los negocios impugnados fueron celebrados por fuera del periodo de sospecha de 18 meses previsto en el art\u00edculo 74 del mismo ordenamiento, lo cual restaba legitimaci\u00f3n a la accionante. <\/p>\n
No obstante, estos argumentos no fueron expuestos en las instancias del proceso y s\u00f3lo aparecen introducidos en esta sede extraordinaria, omisi\u00f3n que impide a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo en raz\u00f3n a que esta mutaci\u00f3n argumentativa va en desmedro del principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendiente, lo cual impone que deba ser repelida en este escenario, por tratarse de un alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u00abmedio nuevo\u00bb, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Como lo ha puntualizado la Corporaci\u00f3n, avalar en el curso del juicio un alegato o una prueba, expresa o t\u00e1citamente, y criticarla sorpresivamente en este escenario extraordinario denota incoherencia en quien la enarbola, actuar que por desleal no es admisible comoquiera que habilitar\u00eda la conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso de su contraparte, habida cuenta que ver\u00eda cercenadas las oportunidades de defensa reguladas en las instancias del juicio, caracter\u00edstica que no tiene el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Esa falencia basta para la desestimaci\u00f3n del reclamo, pues este \u00f3rgano de cierre tiene doctrinado, de anta\u00f1o, que: <\/p>\n
Ahora, por cuanto el censor, adelant\u00e1ndose a que la Corporaci\u00f3n diera por estructurado tal fen\u00f3meno, adujo no estar incurriendo en el antitecnicismo de plantear medios nuevos tanto por los motivos discernidos en la acusaci\u00f3n como porque las normas procesales son de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, ha de se\u00f1alar la Corte que si bien es cierto, en relaci\u00f3n con el sistema ecl\u00e9ctico que en este punto impera en el ordenamiento positivo, los fundamentos puramente jur\u00eddicos y los medios de orden p\u00fablico en puridad de verdad no constituyen hechos nuevos en el recurso extraordinario, no lo es menos que las razones en que se afincan los yerros achacados al sentenciador no ata\u00f1en, con estrictez, a esos conceptos, pues en este sentido la jurisprudencia ha sostenido que el cargo planteado con base en defectos rituales que se le imputan a la prueba, que antes no fueron discutidos, \u2018implica un medio nuevo, que no puede ser atendido por la Corte, cuya doctrina rechaza, como medio de esta especie, el hecho de que una sentencia haya tomado en consideraci\u00f3n elementos probatorios que como tales no tuvieron tacha alguna en tr\u00e1mites anteriores, acusaci\u00f3n que al ser admitida resultar\u00eda violatoria del derecho de defensa de los litigantes y re\u00f1ida con la \u00edndole y esencia del recurso extraordinario\u2019 (G.J. t. XCV, pag.497), posici\u00f3n que ha sido reiterada, entre otras, en sentencias de 16 de agosto de 1973(G.J. t. CXLVII, pag.26), 23 de enero de 1981 y n\u00famero 082 de 21 de septiembre de 1998 atr\u00e1s citadas. (CSJ SC de 27 sep. 2004 rad. 7479, reiterada en SC de 23 jun. 2011, rad. 2003-00388-01 y SC7978 de 23 jun. 2015, rad. 2008-00156-01). <\/p>\n
Y en otra oportunidad consider\u00f3 sobre dicha tem\u00e1tica que: <\/p>\n
(\u2026), aunque podr\u00eda obviarse, no puede la Corte dejar de se\u00f1alar que el reparo esgrimido frente al oficio de 17 de febrero de 1992 emanado de la Comisar\u00eda de Familia de Ibagu\u00e9 (C. 1, fl. 9), consistente en que \u201ces una copia simple, que no reviste la calidad de documento p\u00fablico, y que no ha sido autenticado, como ha debido serlo para haber sufrido la ritualidad de ser refutado; como tampoco es documento privado porque no proviene del actor en el proceso, por no estar autorizado por el mismo, ni tampoco aparece la firma impresa de dicho sujeto … \u201d, de donde el acusador colige la comisi\u00f3n de un \u201cerror de derecho por apreciaci\u00f3n err\u00f3nea\u201d (C. Corte, fls. 11, 15, 16 y 17), emerge como un tema novedoso y sorpresivo en casaci\u00f3n, pues no se aludi\u00f3 a \u00e9l con anticipaci\u00f3n, por lo que no puede sacarse a relucir a estas alturas, de modo m\u00e1s que extempor\u00e1neo. Ciertamente, nada dijo el censor cuando el documento cuestionado se aport\u00f3 junto con el escrito de formulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n previa (C. 2, fls. 1 – 3), as\u00ed como tambi\u00e9n call\u00f3 de cara a los autos de 14 de junio de 2001 y 30 de enero de 2002, por los cuales el juez del conocimiento decidi\u00f3 tener tal elemento como prueba (C. 1, fls. 21 y 22; C. 2, fls. 7 y 8), actitud pasiva esta que, adem\u00e1s, observ\u00f3 en las restantes ocasiones que tuvo a disposici\u00f3n, en las que, como se dijo, no expuso ninguna objeci\u00f3n formal acerca del medio. En el punto, insistentemente se ha precisado que \u201ctoda alegaci\u00f3n conducente a demostrar que el sentenciador de segundo grado incurri\u00f3 en err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de alguna prueba por razones de hecho o de derecho que no fueron planteadas ni discutidas en las instancias, constituye medio nuevo, no invocable en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.\u201d (CSJ SC-041 de 2005, rad. 2001-00198-01). <\/p>\n
En suma, el cargo del mismo modo padece de la aludida falla t\u00e9cnica que lo torna inadmisible. <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, debido a las manquedades anotadas igualmente habr\u00e1 de inadmitirse el \u00faltimo reproche planteado por los recurrentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n que sustenta el recurso interpuesto por los demandados C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n y Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n frente a la sentencia de 15 de octubre de 2019 adicionada el 23 del mismo mes y a\u00f1o, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en los juicios de simulaci\u00f3n acumulados que contra cada uno promovi\u00f3 Alba Cecilia Afanador Mu\u00f1oz de forma separada, dentro del proceso de insolvencia de Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz. <\/p>\n
Segundo: Devolver por la secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC3167-2022 (2016-00095-02) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC3167-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68679-31-03-002-2016-00095-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del escrito que sustenta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66586","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66586","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66586"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66586\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66586"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66586"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66586"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}