AC3194-2022 (2019-00044-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3194-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-001-2019-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del 11 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso de expropiaci\u00f3n que instaur\u00f3 en contra del se\u00f1or Robert Alex Sanju\u00e1n Camacho. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La Agencia Nacional de Infraestructura pretendi\u00f3 el decreto, por motivos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social, de la expropiaci\u00f3n a su favor de una \u00abzona de terreno, identificada con la ficha predial No. CCB-UF6-080\u00aa-D de fecha 27 de octubre de 2017, elaborada por CONCESI\u00d3N COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S., con un \u00e1rea requerida de terreno de OCHENTA Y OCHO COMA CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS (\u2026), la cual se segrega de un predio de mayor extensi\u00f3n ubicado en la T 3\u00aa No. 22-200, Barrio Villa Campestre, Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atl\u00e1ntico, identificado con (\u2026) folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-275505 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla\u00bb. A su turno, pidi\u00f3 que se determine como valor -correspondiente a la zona de terreno-, la suma de setenta y seis millones ochocientos treinta y siete mil quinientos ocho pesos ($76.837.508,00). <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
Inform\u00f3 que para la ejecuci\u00f3n del proyecto vial \u00abCorredor Cartagena-Barranquilla y circunvalar de la prosperidad \u2013 subsector 03- unidad funcional 6\u00bb, la demandante requiere la adquisici\u00f3n de la zona de terreno pretendida. A su turno, indic\u00f3 que el se\u00f1or Robert Alex Sanju\u00e1n Camacho es el titular del derecho de dominio de la franja de fundo objeto de expropiaci\u00f3n, bien que fue avaluado en $76.837.508,00 por la Corporaci\u00f3n Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Ra\u00edz.1 <\/p>\n
Sin embargo, la se\u00f1ora Andrea del Pilar Ruiz Herr\u00e1n, quien manifest\u00f3 ser la due\u00f1a del predio objeto de expropiaci\u00f3n, se opuso a la oferta alegando que \u00absobre el predio en menci\u00f3n existe un proyecto urban\u00edstico de edificaci\u00f3n de apartamentos, el cual se encuentra ya en ejecuci\u00f3n de ventas con un cubrimiento total del 50% de las ventas ya realizadas con sus respectivos anticipos\u00bb. Con oficio D-656-BQP-18 del 15 de junio del 2018, la Concesi\u00f3n Costera solicit\u00f3 el env\u00edo de documento id\u00f3neo que acreditara la titularidad de la se\u00f1ora Ruiz sobre el inmueble a efectos de otorgar informaci\u00f3n de fondo respecto de lo solicitado. Vencidos los 30 d\u00edas h\u00e1biles, contados desde la notificaci\u00f3n de la oferta formal de compra -y sin haberse llegado a acuerdo formal para la enajenaci\u00f3n voluntaria-, se inici\u00f3 el proceso de expropiaci\u00f3n judicial. Se profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 1618 del 29 de agosto de 2018, que orden\u00f3 \u00abel inicio del tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n judicial\u00bb2. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
En su contestaci\u00f3n -oportuna-, la apoderada del demandado contest\u00f3 la demanda. Se opuso al aval\u00fao efectuado. Y solicit\u00f3 que se abstenga de ordenar la inscripci\u00f3n de la sentencia en el respectivo folio \u00abhasta tanto no se indemnice en debida forma a mi representado\u00bb3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene pagar la suma de $36.927.216.532, \u00abque corresponde a la indemnizaci\u00f3n tasada de acuerdo al experticio t\u00e9cnico efectuado por el se\u00f1or perito adscrito a la CORPORACI\u00d3N LONJA NACIONAL DE INGENIEROS AVALUADORES LIMITADA\u00bb. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte demandada contra el fallo de primera instancia fue desatado por el Tribunal, con sentencia del 11 de diciembre de 2019. All\u00ed revoc\u00f3 el numeral segundo del prove\u00eddo apelado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal dictamin\u00f3, de entrada, que el problema jur\u00eddico se circunscrib\u00eda a determinar cu\u00e1l de los dos aval\u00faos presentados en el proceso se tendr\u00eda en cuenta para establecer el valor del terreno expropiado. Y si hay lugar o no a reconocer alg\u00fan rubro por concepto de indemnizaci\u00f3n a t\u00edtulo de lucro cesante y da\u00f1o emergente. A su turno, realiz\u00f3 un breve an\u00e1lisis de las normas aplicables a la objeci\u00f3n del aval\u00fao en el proceso de expropiaci\u00f3n judicial (art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, 23 de la Ley 1682 del 2012 y la Ley 1742 de 2014).5 <\/p>\n
Una vez fueron valorados los dos peritazgos -junto con las declaraciones rendidas por los peritos-, evidenci\u00f3 que la muestra presentada por el demandante no cumple \u00abcon los lineamientos normativos que exige el m\u00e9todo utilizado, cual es, \u201cestablecer el valor comercial del bien a partir del estudio de las ofertas de bienes semejantes y comparables al del objeto de aval\u00fao\u201d puesto que de las 4 muestras consultadas, la distinguida con el No. 122 corresponde a un predio fuera de la jurisdicci\u00f3n donde se localiza la franja expropiada, lo que la hace no semejante o susceptible de comparaci\u00f3n (\u2026)\u00bb.6 Por otro lado, en torno a la forma como se recolectaron y clasificaron las muestras para luego obtener la homogeneizaci\u00f3n del valor del terreno, observ\u00f3 que el perito reconoci\u00f3 que no hab\u00eda tomado en cuenta \u00abla ubicaci\u00f3n de las muestras con relaci\u00f3n al predio perseguido, omitiendo una vez m\u00e1s la correcta aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo utilizado\u00bb. <\/p>\n
En lo que toca con la omisi\u00f3n de la licencia de construcci\u00f3n otorgada al predio expropiado para un desarrollo inmobiliario, el ad quem estim\u00f3 que \u00abla parte demandante desconoci\u00f3 por completo tal realidad, conllevando dicha omisi\u00f3n a que el valor de la indemnizaci\u00f3n a favor de la parte demandada disminuyera ostensiblemente, al no determinarse los rubros indemnizatorios a que habr\u00eda lugar con ocasi\u00f3n de la interrupci\u00f3n y\/o modificaci\u00f3n del proyecto urban\u00edstico que se ten\u00eda planeado construir en parte de la franja expropiada\u00bb. <\/p>\n
Valoradas las pruebas documentales obrantes en el plenario, evidenci\u00f3 que para la fecha de elaboraci\u00f3n de la ficha predial por la Concesi\u00f3n Costera Cartagena Barranquilla -el 15 de noviembre de 2017-, as\u00ed como para la fecha de realizaci\u00f3n del dictamen -en marzo del 2018, \u00abel predio objeto de expropiaci\u00f3n contaba con la licencia de urbanismo y construcci\u00f3n del Proyecto Torres del Caribe Villa Campestre, por lo que no es aceptable que en la elaboraci\u00f3n de la ficha t\u00e9cnica y en el peritazgo realizado posteriormente, la parte demandante negara su existencia, puesto que esto implic\u00f3 el desconocimiento de la posible indemnizaci\u00f3n que se causar\u00eda con ocasi\u00f3n de la expropiaci\u00f3n de parte de este terreno a edificar\u00bb. Aunado a ello, destac\u00f3 el aparte de la declaraci\u00f3n del perito en el que manifest\u00f3 que la Concesi\u00f3n no le suministr\u00f3 ninguna licencia de construcci\u00f3n.7 <\/p>\n
Respecto de los perjuicios, iter\u00f3 que tales rubros no fueron tomados en cuenta en el informe pericial allegado por el demandante. Pero s\u00ed lo fueron en el rendido por el perito de la pasiva \u2013 Carlos Acevedo-, quien \u00abdetermin\u00f3 tanto da\u00f1o emergente como lucro cesante, teniendo como soporte para su causaci\u00f3n, los gastos en que incurri\u00f3 el demandado con ocasi\u00f3n de la otorgaci\u00f3n de la licencia de construcci\u00f3n del a\u00f1o 2013, prorrogada y revalidada en los a\u00f1os 2016 y 2018 por parte del Municipio de Puerto Colombia, para desarrollar el proyecto inmobiliario \u201cTorres del Caribe Villa Campestre\u201d y las sumas dejadas de percibir por la no ejecuci\u00f3n del proyecto urban\u00edstico en el lote de terreno donde se tom\u00f3 el \u00e1rea objeto de expropiaci\u00f3n\u00bb. As\u00ed pues, a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, reconoci\u00f3 el gasto en que incurri\u00f3 el se\u00f1or Sanju\u00e1n Camacho para que se profirieran las licencias de construcci\u00f3n y urbanismo, as\u00ed como el costo del levantamiento topogr\u00e1fico, el estudio de suelos, el dise\u00f1o y planos del proyecto arquitect\u00f3nico, el dise\u00f1o, planos y memoria del c\u00e1lculo estructural. De la audiencia de contradicci\u00f3n del dictamen del d\u00eda 28 de noviembre de 2019 y de los documentos aportados a dicha audiencia por el experto Carlos Acevedo, el Tribunal pudo comprobar que se causaron, a t\u00edtulo de lucro cesante, los siguientes da\u00f1os:8 <\/p>\n
i) La diferencia entre el valor propio neto 1 y 2 (diferencia entre el mayor valor generado por no disponer del \u00e1rea total), cuya cuant\u00eda ascendi\u00f3 a $43.661.000; <\/p>\n
ii) Disminuci\u00f3n del \u00e1rea total del precio de 1.504,00 mt2 a 1.415,49 mts2, lo que cercen\u00f3 parte del \u00e1rea destinada a la rampa de acceso vehicular a los niveles de s\u00f3tano y semis\u00f3tano. Este rubro fue cuantificado en $1.425.000.000. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El demandante formul\u00f3 tres cargos. De ellos, ser\u00e1n inadmitidos el primero y segundo, comoquiera que no cumplen con los requisitos formales para su admisi\u00f3n. El tercero ser\u00e1 admitido. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, el recurrente censur\u00f3 la sentencia por ser violatoria indirectamente de los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso -por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea-, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la valoraci\u00f3n del dictamen pericial aportado por la demandada y la sustentaci\u00f3n oral que de este hiciera el perito Carlos Acevedo Juliao. <\/p>\n
En particular, se acusa la providencia de que, por la indebida apreciaci\u00f3n de dicho medio de prueba, se dio por probado sin estarlo la existencia de un lucro cesante por la afectaci\u00f3n del \u00e1rea destinada a la construcci\u00f3n de parqueaderos. Adem\u00e1s, se apreci\u00f3 equivocadamente la sustentaci\u00f3n oral, pues se confundi\u00f3 el valor del metro cuadrado de parqueadero con el valor o monto de la utilidad o lucro dejado de percibir por el demandado. Por \u00faltimo, se malinterpretaron los datos contenidos en el cuadro N.1, \u00abconfundiendo el costo de construcci\u00f3n o desarrollo, reflejado all\u00ed como INGRESO ESPERADO POR VENTAS, con el valor o monto de la utilidad o lucro dejado de percibir por el demandado a partir del hecho de no poder desarrollar el proyecto Torres del Caribe Villa Campestre, espec\u00edficamente en lo que toca con la construcci\u00f3n de parqueaderos (s\u00f3tanos y semis\u00f3tanos)\u00bb.9 <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, acusa la providencia de segundo grado de ser violatoria indirectamente de los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso -por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea-, como consecuencia de los errores de derecho derivados de la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00aby errores de hecho manifiestos y trascendentes en la valoraci\u00f3n probatoria, espec\u00edficamente el dictamen pericial aportado por la parte demandada, la sustentaci\u00f3n oral que de este hiciera el perito Carlos Acevedo Juliao, as\u00ed como las documentales que obran a folios 120 al 129 del cuaderno principal del expediente\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Tribunal desconoci\u00f3 dicha norma probatoria al no exigirle al perito aportar los documentos que le sirvieron de fundamento a su dicho, \u00abpues al establecer el monto y varios de los conceptos del da\u00f1o emergente, finalmente reconocidos al demandante, el Tribunal tom\u00f3 como ciertas las cifras expresadas por el perito correspondientes a: levantamientos topogr\u00e1fico ($5.000.000), estudio de suelos ($5.000.000), dise\u00f1o y planos del proyecto arquitect\u00f3nico ($20.000.000), dise\u00f1o, planos y memoria del c\u00e1lculo estructural ($18.000.000); pasando por alto el hecho de no existir documentos que soportaran las cifras a las que aludi\u00f3 el se\u00f1or Acevedo Juliao\u00bb. En tal sentido, del an\u00e1lisis efectuado por el Colegiado, critic\u00f3 que \u00aba partir del an\u00e1lisis de los documentos obrantes a folios 120 al 129, el Tribunal adquiere certeza sobre la existencia de planos y estudios previos para el proyecto \u201cTorres del Caribe Villa Campestre\u201d, pero el valor de unos y otros lo determina solo con fundamento en la afirmaci\u00f3n del perito, sin exigir de este, y sin que fuere aportado, ning\u00fan tipo de soporte documental\u00bb. Por el contrario, de haberse dado aplicaci\u00f3n a la aludida norma probatoria, se habr\u00eda concluido la ausencia de demostraci\u00f3n del valor invertido por el demandado para el levantamiento topogr\u00e1fico, el estudio de suelos y el dise\u00f1o, planos y las memorias de c\u00e1lculo del proyecto \u201cTorres del Caribe Villa Campestre\u201d.10 <\/p>\n
Evidenci\u00f3 que, de acuerdo con las resoluciones 211 del 18 de julio del 2016 y 180 de agosto 08 de 2013, la licencia de construcci\u00f3n tuvo vigencia hasta el 08 de agosto de 2018. Pese a lo anterior, puesto que el dictamen del arquitecto Carlos Acevedo tiene fecha del 17 de mayo del 2019, \u00abimplica que el mentado dictamen se produjo con posterioridad al t\u00e9rmino de la pr\u00f3rroga otorgada a la Resoluci\u00f3n 180 de agosto de 2013, mediante Resoluci\u00f3n 211 de julio de 2016\u00bb. Aunado a lo anterior, calific\u00f3 de err\u00f3nea la apreciaci\u00f3n seg\u00fan la cual la Resoluci\u00f3n 356 del 11 de septiembre del 2018 es una revalidaci\u00f3n de las no. 180 de 2013 y 211 de 2016, \u00abpues del contenido textual de la Resoluci\u00f3n 356, del 11 de septiembre de 2018, se desprende que esta se encuentra referida a la revalidaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 236, del 26 de septiembre de 2013, de la que no existe prueba alguna en el expediente y que, por supuesto es diferente de aquella que concede al demandado licencia de construcci\u00f3n, y que sirve al Tribunal como prueba de la existencia del lucro cesante\u00bb.11 <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Censur\u00f3 la providencia por ser violatoria indirectamente del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los art\u00edculos 1519, 1525, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil, art\u00edculo 6 de la ley 1228 de 2008, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, 16 de la ley 446 de 1998, y par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, todo por su interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. Asegur\u00f3 que se incurri\u00f3 en error de hecho en la valoraci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n, y los documentales obrantes a folios 36, 37, 60 y 120 al 129, \u00abtodo lo cual llevo al Tribunal a valorar indebidamente el peritaje aportado por la parte demandada (folios 111 al 116 del cuaderno principal) as\u00ed como la declaraci\u00f3n del perito avaluador Carlos Arturo Acevedo Juliao\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a las documentales obrantes a folios 120 a 129, insisti\u00f3 en que el yerro se present\u00f3 \u00abal considerar que todas ellas estaban referidas a una misma licencia urban\u00edstica o de construcci\u00f3n que hab\u00eda sido expedida en agosto de 2013, renovada en julio 18 de 2016 y revalidada en septiembre 11 de 2018, desconociendo que el contenido literal Resoluci\u00f3n 356 hace referencia a la Revalidaci\u00f3n de la licencia otorgada mediante Resoluci\u00f3n 236 del 26 de septiembre de 2013, licencia diferente a la otorgada mediante resoluci\u00f3n 180 del 08 de agosto de 2013, renovada mediante resoluci\u00f3n 211 del 18 de junio de 2016\u00bb. Adem\u00e1s, omiti\u00f3 tener en cuenta las pruebas contenidas en los folios 36, 37 -certificado de tradici\u00f3n del bien- y 60 -notificaci\u00f3n de la oferta formal de compra-, \u00abtodo lo cual lo llev\u00f3 a valorar err\u00f3neamente el avalu\u00f3 presentado por la parte demandada en lo que toca con la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o emergente y lucro cesante\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reiter\u00f3 lo dicho en torno a las resoluciones 211 del 18 de julio del 2016, 180 del 08 de agosto de 2013 y 356 del 11 de septiembre del 2018. Pese a tales hechos, \u00abel Tribunal en su sentencia, al valorar la certificaci\u00f3n expedida por el Secretario de Desarrollo Territorial del Municipio de Puerto Colombia (folio 129, cuaderno principal), concluy\u00f3 que la licencia de construcci\u00f3n otorgada al demandado mediante Resoluci\u00f3n 180 del 08 de agosto de 2013, hab\u00eda sido revalidada mediante Resoluci\u00f3n 356 del 11 de septiembre de 2018, lo cual no es cierto\u00bb. Atendiendo a tal situaci\u00f3n y de conformidad con el art\u00edculo 2.2.6.1.2.4.3 del Decreto 1077 del 2015, es menester concluir que la resoluci\u00f3n 236 del 26 de septiembre del 2013 se encontraba vencida incluso con anterioridad al 11 de septiembre del 2018.12A su turno, respecto de la licencia de construcci\u00f3n otorgada el 08 de agosto del 2013 y renovada el 18 de julio del 2013, no existe prueba de posteriores renovaciones. De forma tal que \u00abla \u00fanica conclusi\u00f3n a la que pod\u00eda llegar el Tribunal es que, para el 17 de mayo de 2019, fecha en la que fue elaborado el dictamen pericial que sirve de fundamento a la sentencia demandada, la licencia de construcci\u00f3n, otorgada al demandado mediante resoluci\u00f3n 180 de agosto 08 de 2013, se encontraba vencida\u00bb. Dichos yerros conllevaron a que el Tribunal valorara de forma deficiente el peritaje denominado \u201cAval\u00fao de da\u00f1o emergente \u2013 lucro cesante \u2013 frutos civiles\u00bb, pues se tom\u00f3 como cierta la estimaci\u00f3n del da\u00f1o emergente y del lucro cesante \u00aball\u00ed contenidas, desconociendo que dicha valoraci\u00f3n se fund\u00f3 precisamente en la presunci\u00f3n de vigencia de la licencia de construcci\u00f3n otorgada mediante Resoluci\u00f3n 180 de agosto 08 de 2013, tal como se lee en el punto 3 del informe\u00bb.13 <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En lo que concierne con las causales de casaci\u00f3n relacionadas con la violaci\u00f3n de normas sustanciales -primera y segunda-, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exige el se\u00f1alamiento de al menos una norma de car\u00e1cter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del censor haya sido violada. Tal exigencia es esencial porque a partir de all\u00ed se despliega la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y de tutela del derecho objetivo que la ley asigna en sede casacional a la Corte.14 <\/p>\n
Analizadas las consideraciones presentadas por el casacionista, se observa que los cargos primero y segundo adolecen de vicios de forma que ameritan su inadmisi\u00f3n, tal como pasa a explicarse: <\/p>\n
2.- En los dos reparos se censur\u00f3 la sentencia de segunda instancia por ser violatoria indirectamente de los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso -por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea-. <\/p>\n
Sin embargo, ninguna de las mencionadas disposiciones es de car\u00e1cter sustancial. <\/p>\n
2.1.- En efecto, el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el derecho a la propiedad privada y dem\u00e1s adquiridos con arreglo a las leyes civiles, as\u00ed como a la expropiaci\u00f3n por motivo de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social. Sin embargo, dicha norma no ostenta el car\u00e1cter sustancial porque, como se ha reiterado por esta Sala, \u00abno consagran derechos ni obligaciones concretas a las partes, ligadas por un v\u00ednculo especial\u00bb (AC1241-2019, AC-051, 2 abr. 2008, rad. 2000-06151-01; AC, 25 oct. 1996, rad. n.\u00b0 6228, todas citadas en AC3725-2021). <\/p>\n
2.2.- De igual manera, los art\u00edculos 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil detallan los elementos de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios. Y definen los conceptos de da\u00f1o emergente y lucro cesante. Nuevamente, tales normas consagran un precepto legal que no ostenta la calidad de sustancial, pues su contenido es esencialmente definitorio de figuras jur\u00eddicas. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEsta Corporaci\u00f3n de manera inveterada, ha entendido por normas de derecho sustancial aquellas que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026, de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb, como sucede precisamente con las denunciadas por el opugnante, que se limitan a definir instituciones jur\u00eddicas (CSJ, CS, 19 dic. 1999; en igual sentido, 9 mar. 1995, 30 ago. 9 sep. y 9 dic. 1999 y 3 sep. 2004) <\/p>\n
As\u00ed lo ha dicho la Sala frente al canon 1614 del estatuto civil, al sostener que se limita a \u00abla definici\u00f3n de da\u00f1o emergente y lucro cesante sin ocuparse de regular ninguna relaci\u00f3n de hecho a la que deba seguirle una determinada consecuencia jur\u00eddica\u00bb (AC3597, 27 ago. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00491-01), calific\u00e1ndola como una disposici\u00f3n meramente definitoria con fundamento en los precedentes \u00abCSJ, AC 13 Mar 2008 Rad. 2000-05547, CSJ AC 2 Feb. 2005, Rad. 1998-00155 y CSJ SC 29 Abr 2005, Rad. 0829-92\u00bb (\u00eddem)\u00bb (AC2828-2020 del 26 de octubre). <\/p>\n
Por su parte, en cuanto al art\u00edculo 1613, esta Corporaci\u00f3n ha ense\u00f1ado que: \u00ablos art\u00edculos 1613, 1614 y 1615, del Estatuto Civil, que explican los componentes de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios (da\u00f1o emergente y lucro cesante), no son sustanciales pues tan s\u00f3lo hacen una clasificaci\u00f3n y explicaci\u00f3n de dos modalidades de da\u00f1os resarcibles\u00bb (AC2506-2016, AC3597-2018, ambos mencionados en AC2117-2020). <\/p>\n
2.3. El art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 tampoco ostenta la requerida connotaci\u00f3n, pues el mandato que contiene, a saber, que \u00abdentro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci\u00f3n de Justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb, no declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
Sobre esta disposici\u00f3n, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abDicha parte tan solo enunci\u00f3 el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, disposici\u00f3n que no tiene naturaleza sustancial, tal y como lo ha definido la Sala en otras oportunidades. <\/p>\n
En efecto, la referida disposici\u00f3n establece que \u00abdentro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci\u00f3n de Justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb, mandato que no declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, de ah\u00ed que no se haya dado cumplimiento a la parte final del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 368 de la normatividad adjetiva. (CSJ. AC. 18. dic. 2014, rad. 2008-00267-01)\u00bb (AC5525-2015). <\/p>\n
2.4.- Por \u00faltimo, en cuanto al par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, se observa que este alude a la forma en que el juez debe valorar la indemnizaci\u00f3n por lucro cesante cuando se trate de inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectaci\u00f3n que ocasione una limitaci\u00f3n temporal o definitiva a la generaci\u00f3n de ingresos proveniente del desarrollo de estas. Sin embargo, tal prescripci\u00f3n es eminentemente procesal. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha arg\u00fcido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se observa en los embates la indicaci\u00f3n de las normas sustanciales que se hubiesen infringido indirectamente a causa de los denunciados errores probatorios, ya que los c\u00e1nones 399, numeral 13, p\u00e1rrafo final, y 283 del C\u00f3digo General del Proceso, no son reglas de esa categor\u00eda jur\u00eddica, sino que corresponden a preceptos de disciplina probatoria. Tiene sentado la Corporaci\u00f3n que \u00abno tienen la calidad de norma de derecho sustancial las que\u2026 van dirigidas a regular el tr\u00e1mite, como tampoco son en principio normas sustanciales aquellas otras que regulan la actividad de las partes y el juez en orden al decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, normas por eso llamadas probatorias, que aun cuando pueden contener la garant\u00eda de derechos fundamentales como el del debido proceso, de defensa y contradicci\u00f3n, derechos que asimismo se garantizan con las normas meramente procedimentales, no regulan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb (AC003, 14 en. 2020, rad. n.\u00b0 2011-00832-01, reitera AC, 3 oct. 2003, rad. 2000-00375-01)\u00bb (AC2828-2020 del 26 de octubre). <\/p>\n
3.- Tal defecto impide el estudio de los dos cargos, pues, tal y como se dijo en AC3878-2019, <\/p>\n
\u00ab(…) tanto cuando se invoca la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales a que se refiere la causal primera de casaci\u00f3n, como la indirecta de que trata la segunda, es imprescindible enunciar al menos un precepto material infringido y a partir del mismo desarrollar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la vulneraci\u00f3n dentro de las exigencias de cada una de esas especialidades, lo que ni siquiera fue tenido en cuenta por el censor ya que ninguna cita normativa existe en su argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed se precis\u00f3 en AC2831-2018, en un evento analizado bajo el antiguo ordenamiento procesal donde esas dos variantes hac\u00edan parte del primer motivo de casaci\u00f3n pero que tiene relevancia en la actualidad por cuanto la exigencia de citar preceptos materiales se conserva para ambas en el C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) el impugnante desatendi\u00f3 el deber de citar los preceptos materiales que justificaban el reparo por la causal primera, quedando cerrada de entrada cualquier arremetida contra la providencia del ad quem por el camino propuesto, ya que no es posible estructurar con precisi\u00f3n mediante simples elucubraciones la equivocaci\u00f3n \u00abin iudicando\u00bb, que depende precisamente de la \u00abviolaci\u00f3n de norma de derecho sustancial\u00bb de la cual se derivan las diferentes variables en que se manifiesta la misma, ya en forma directa o indirecta. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
La ausencia de un principio rector quebrantado conlleva una plena satisfacci\u00f3n con el desempe\u00f1o del juzgador en su ejercicio de selecci\u00f3n del marco normativo y los alcances dados al mismo, as\u00ed como una adecuada estructuraci\u00f3n de la providencia bajo esos lineamientos, por lo que cualquier disentimiento frente a la forma como se sopesaron las probanzas sin encasillarlo en una afrenta al r\u00e9gimen aplicable no pasa de ser un alegato de instancia o la propuesta alterna para tasarlas, sin controvertir satisfactoriamente en qu\u00e9 consisti\u00f3 el desfase, lo que es inadmisible por esta ruta\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, tal yerro impide que la Corte aborde el tema en estudio. <\/p>\n
4.- En conclusi\u00f3n, por las razones expuestas se inadmitir\u00e1n los cargos primero y segundo. Por su parte, por cumplir con los requisitos formales, el cargo tercero ser\u00e1 admitido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR los cargos primero y segundo, formulados por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, contra la sentencia del 11 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
SEGUNDO: ADMITIR la demanda en cuesti\u00f3n, respecto del cargo tercero. <\/p>\n
TERCERO: C\u00d3RRASE traslado del libelo a la parte opositora, en la forma y t\u00e9rminos previstos en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso y atendiendo a lo aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
CUARTO: Cumplido lo anterior vuelva la actuaci\u00f3n al despacho. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Asegur\u00f3 que en oficio CCB-BQ-060-18 de 11 de mayo del 2016, la Concesi\u00f3n Costera Cartagena Barranquilla, delegataria de la demandante, formul\u00f3 oferta formal de compra al propietario, registrada posteriormente por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 2 a 13 del PDF \u00ab42362CuadernoPrimeraInstancia.pdf\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 127 a 149 del PDF ibidem. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1ginas 206 a 207 del PDF ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Asever\u00f3 que el Estado, \u00abest\u00e1 facultado para establecer el precio del bien a expropiar, acudiendo al IGAC, a las Lonjas, a catastros descentralizados, o peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones, de la misma manera el demandado que se oponga a la peritaci\u00f3n tendr\u00e1 que valerse de los mismos mecanismos probatorios, esto porque ambos tanto demandante como demandado al acudir a otros peritos distintos del IGAC, deber\u00e1n ce\u00f1irse a las normas, m\u00e9todos, par\u00e1metros, criterios y procedimientos fijados por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, lo cual garant\u00eda (sic) un procedimiento igual para cada uno de los contendientes en el proceso y plantea la imposibilidad de fijar una libertad probatoria para el Estado y una tarifa legal de prueba para el ciudadano \u2013 demandado\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que la lectura del numeral 6 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso respond\u00eda a una interpretaci\u00f3n acorde con el canon 2 de la Ley 153 de 1887 y al 4, 11 y 12 del ordenamiento adjetivo. A su vez, aseguraba la garant\u00eda del debido proceso. Dicho lo anterior, al descender al caso in examine, advirti\u00f3 que, al comparar los dos dict\u00e1menes que reposan en el expediente, que \u00aben ambos se utiliz\u00f3 el mismo m\u00e9todo valuatorio para determinar el valor del \u00e1rea objeto de expropiaci\u00f3n, esto es, el \u201cm\u00e9todo de comparaci\u00f3n o de mercado\u201d y para la determinaci\u00f3n del valor de las construcciones la ANI aplic\u00f3 el \u201cm\u00e9todo de reposici\u00f3n\u201d sin embargo, las diferencias entre uno y otro dictamen para obtener el valor del terreno son innegables, no s\u00f3lo por la forma como se recaudaron y compararon las muestras utilizadas para la llamada \u201chomogenizaci\u00f3n\u201d, sino especialmente por el valor final dado a la franja de terreno a expropiar por concepto de indemnizaci\u00f3n, que es realmente el motivo de la objeci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 A su turno, advirti\u00f3 que el punto 10.3 del dictamen, referido al \u201cejercicio del loteo\u201d y en el que se adopt\u00f3 \u00abcomo nuevo valor del metro cuadrado de la franja expropiada la suma de $840.000, cit\u00e1ndose como fundamento el art\u00edculo 15 de la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 expedida por el IGAC\u0002\u00bb, se present\u00f3 una contradicci\u00f3n con lo expresado en el punto 8 -referido a las ofertas y\/o investigaci\u00f3n econ\u00f3mica indirecta-, \u00abpuesto que conforme a \u201cLa investigaci\u00f3n Estad\u00edstica Indirecta (Ofertas)\u201d y la \u201cRelaci\u00f3n de la Investigaci\u00f3n Obtenida (punto 8.1)\u201d, en este caso s\u00ed se ten\u00edan las condiciones del mercado para estimar directamente la oferta, la cual oscilaba para el valor del metro cuadrado en $1.700.000 tal como lo expresaron en el punto 10.1\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 En contraposici\u00f3n con dicho dictamen, el aportado por la demandada da cuenta que el valor del metro cuadrado asciende aproximadamente a $1.690.000, \u00absuma similar a la que inicialmente se adopt\u00f3 en el informe pericial rendido por la parte demandante, esto es, $1.700.000 (puntos 10 y 10.1 del informe pericial de la ANI)\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Respecto de la p\u00e9rdida del espacio destinado a juego de ni\u00f1os, evidenci\u00f3 que no se cuantific\u00f3 nada en el dictamen sobre tal punto. As\u00ed mismo, sobre la disminuci\u00f3n del \u00e1rea vendible del proyecto y la imposibilidad de volver a construir, estim\u00f3 que \u00abdentro del expediente no logr\u00f3 probarse que se hubieran iniciado ventas de tal proyecto, ni que se hubiere empezado a desarrollar la construcci\u00f3n, ni aportaron opciones de compra de los apartamentos en menci\u00f3n, no hay entonces certeza de lo dejado de percibir por el demandado en relaci\u00f3n a tales rubros\u00bb. Tambi\u00e9n dictamin\u00f3 que era procedente que \u00abse indexe al demandado la suma reconocida por concepto de indemnizaci\u00f3n por la expropiaci\u00f3n de la franja de terreno que se tom\u00f3 del predio de su propiedad, desde el 15 de noviembre de 2017, fecha en la cual se realiz\u00f3 el aval\u00fao por parte de la Concesi\u00f3n Costera Cartagena Barranquilla SAS hasta que se produzca el pago\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Dicho esto, procedi\u00f3 a exponer la \u00abDeterminaci\u00f3n, demostraci\u00f3n y Trascendencia de los Errores de Hecho imputados a la sentencia\u00bb, de los que se deriv\u00f3 que se valoraron err\u00f3neamente \u00abla documental obrante a folios 120 al 129 del cuaderno principal, correspondientes a las Resoluciones 180 del 08 de agosto de 2013, 211 del 18 de julio de 2016 y 356 de septiembre 11 de 2018, al considerar que todas ellas estaban referidas a una misma licencia urban\u00edstica o de construcci\u00f3n que hab\u00eda sido expedida en agosto de 2013, renovada en julio 18 de 2016 y revalidada en septiembre 11 de 2018\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Por \u00faltimo, insisti\u00f3 en que, si el ad quem no hubiera cometido tales yerros, \u00abno habr\u00eda establecido una relaci\u00f3n de causalidad entre la p\u00e9rdida del valor de la licencia de construcci\u00f3n y el evento de la expropiaci\u00f3n judicial. Necesariamente habr\u00eda concluido el Tribunal que la p\u00e9rdida del valor de la licencia de construcci\u00f3n ($51.913.452), no pod\u00eda imputarse a la entidad demandante en la medida que no obra en el expediente prueba que acredite que para la fecha en que dicho da\u00f1o fue cuantificado, mediante peritaje aportado por el propio demandado, la citada licencia de construcci\u00f3n se encontrara vigente\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 De aquellas consideraciones, es patente que \u00abpara la fecha en que el demandado tramit\u00f3 la Revalidaci\u00f3n de la licencia, ya vencida, se le hab\u00eda notificado la oferta formal de compra, por lo que para efectos del avalu\u00f3 era aplicable lo dispuesto por el art\u00edculo 6 de la ley 1228 de 2008, esto es que la mentada licencia hab\u00eda sido revalidada violando una prohibici\u00f3n legal por lo que, en aplicaci\u00f3n de las disposiciones contenidas en los art\u00edculos 1519 y 1525 del C\u00f3digo Civil, no hab\u00eda lugar al reconocimiento de da\u00f1os asociados a la imposibilidad de su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 As\u00ed las cosas, de haberse apreciado adecuadamente el material probatorio, habr\u00eda estimado que \u00abla vigencia de la Resoluci\u00f3n 180 del 08 de agosto de 2013 se extendi\u00f3 s\u00f3lo hasta el 08 de agosto de 2018, por ende, habr\u00eda concluido que la imposibilidad de hacer uso de la licencia deven\u00eda de la omisi\u00f3n del propio demandado y no como consecuencia de la expropiaci\u00f3n\u00bb. Por ende, no se habr\u00eda dado valor al dictamen en lo que toca con el lucro cesante y el da\u00f1o emergente. <\/p>\n
Adicionalmente, habr\u00eda determinado que la Resoluci\u00f3n 356 de 2018 revalid\u00f3 la 236 de septiembre de 2013, de la que no existe prueba. Todo ello habr\u00eda implicado que se concluyera la ausencia de elementos materiales de juicio para determinar el contenido y alcance de la licencia urban\u00edstica otorgada por medio del mentado acto administrativo. En tal virtud, \u00abal no contar con prueba de la existencia previa de la licencia de construcci\u00f3n otorgada mediante Resoluci\u00f3n 236 del 26 de septiembre de 2013, y, por lo tanto, siendo imposible establecer su alcance, no era dable determinar la ocurrencia de da\u00f1o emergente o lucro cesante como efectos de la imposibilidad de ejecuci\u00f3n de la mentada licencia\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 Mem\u00f3rese que las normas sustanciales son aquellas que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2019, sin que, por ende, ostenten tal car\u00e1cter las disposiciones materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a detallar los elementos estructurales de los mismos, o las puramente enunciativas o enumerativas, o los interpretativas, o las procesales\u00bb (CSJ, AC280-2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3194-2022 (2019-00044-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC3194-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-001-2019-00044-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66587","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66587"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66587\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66587"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66587"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}