AC3197-2022 (2017-00113-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3197-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52835-31-84-001-2017-00113-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de mayo de dos mil <\/p>\n
veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la que Mar\u00eda Isabel Getial \u00c1lvarez, Emperatriz Getial de Arteaga, Mar\u00eda Visitaci\u00f3n Getial \u00c1lvarez y Mar\u00eda del Carmen Getial de Aza dicen sustentar el recurso de casaci\u00f3n que formularon contra la sentencia proferida el 28 de mayo del 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso verbal (impugnaci\u00f3n de maternidad) que entablaron frente a Cristian Camilo Salazar \u00c1lvarez, Tom\u00e1s Vallejo L\u00f3pez y Teresa Nastacuas Cuasaluzan. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Pretenden las demandantes que se declare que Cristian Camilo Salazar \u00c1lvarez \u00abno es hijo (matrimonial ni extramatrimonial) de la se\u00f1ora FLORENTINA \u00c1LVAREZ\u00bb. Adem\u00e1s, pidieron la anulaci\u00f3n del registro civil correspondiente al indicativo serian no. 29039821 del 17 de junio de 1999, asentado ante la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Tumaco. <\/p>\n
2. Fundamentos f\u00e1cticos <\/p>\n
Aducen las demandantes, quienes manifiestan ser hermanas extramatrimoniales de la se\u00f1ora Florentina \u00c1lvarez, que aquella -nacida el 10 de enero de 1937- contrajo matrimonio con Gonzalo Levi Salazar Toro el 16 de marzo de 1962, acto que fue inscrito el 30 de agosto de 2016 en la Registradur\u00eda Municipal del Estado Civil de Santacruz \u2013 Guachavez- departamento de Nari\u00f1o. Aseveraron que la pareja no tuvo descendencia. <\/p>\n
Fallecidos ambos c\u00f3nyuges, y al momento de realizar las correspondientes averiguaciones a efectos de liquidar la sucesi\u00f3n de su hermana, advirtieron que sus bienes hab\u00edan sido adjudicados al demandado Salazar \u00c1lvarez. Manifestaron que \u00abel d\u00eda 05 de julio del a\u00f1o en curso (2017) obtuvieron copia de los certificados de tradici\u00f3n de los veh\u00edculos de placas SCY-600 y SCY514, y el d\u00eda 18 inmediato siguiente, los correspondientes a los inmuebles distinguidos con las Matr\u00edculas Inmobiliarias 240-39137, 252-14196 y 252-6221, en cuyos folios se encuentra referida su transferencia mediante tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n notarial de sucesi\u00f3n verificado con Escritura 4.974 otorgada el 09 de diciembre de 2016 ante la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Pasto, copia de la cual pudieron conseguir con posterioridad\u00bb1. <\/p>\n
Consideran que es cient\u00edficamente imposible que la se\u00f1ora \u00c1lvarez sea madre del se\u00f1or Cristian Camilo comoquiera que, para el d\u00eda en que se dice haber ocurrido el alumbramiento -13 de noviembre de 1997-, la mentada contaba con una edad cercana a los 61 a\u00f1os. Adem\u00e1s, acent\u00faan la falsedad en el hecho de que aparezca el demandado registrado como hijo extramatrimonial de dos personas casadas entre s\u00ed. Por ende, acusan la maternidad atribuida a la difunta Florentina \u00c1lvarez de nula por falso parto y objeto il\u00edcito.2 Por \u00faltimo, indicaron que el demandado conoci\u00f3 desde siempre que sus padres biol\u00f3gicos eran Tom\u00e1s Vallejo L\u00f3pez y Teresa Nastacuas Guasaluzan. Sin embargo, se aprovech\u00f3 del registro falso para solicitar la apertura de la sucesi\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de la totalidad de los activos. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n de la demandada <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, el interpelado contest\u00f3 la demanda, se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abHa operado el fen\u00f3meno de la Caducidad \u2013 Prescripci\u00f3n\u00bb y la \u00abInnominada\u00bb. A su turno, solicit\u00f3 ser declarado hijo de crianza de los extintos Florentina \u00c1lvarez y Gonzalo Levi Salazar por reconocimiento voluntario efectuado en el documento bajo el indicativo serial n\u00famero 29039821 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Tumaco del 17 de junio de 1999. En el mismo sentido se pronunciaron los se\u00f1ores Tom\u00e1s Vallejo L\u00f3pez y Teresa Nastacuas Cuasaluzan. <\/p>\n
3. Primera instancia <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco puso fin a la primera instancia con sentencia del 23 de noviembre de 2020, en la que hall\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de caducidad y, en consecuencia, declar\u00f3 que \u00ablos extintos GONZALO LEVI SALAZAR TORO identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. (\u2026) de Tumaco y la se\u00f1ora FLORENTINA \u00c1LVAREZ (\u2026), no son ni el padre ni la madre biol\u00f3gica del se\u00f1or CRISTIAN CAMILO SALAZAR \u00c1LVAREZ, respectivamente\u00bb. Por ende, tuvo como impugnada la paternidad extramatrimonial. Adicionalmente, declar\u00f3 \u00abla nulidad del registro civil de nacimiento correspondiente al indicativo serial 29039821, en el que se inscribi\u00f3 el nacimiento de CRISTIAN CAMILO SALAZAR \u00c1LVAREZ como \u2018hijo extramatrimonial\u2019 de FLORENTINA \u00c1LVAREZ y LEVI GONZALO SALAZAR TORO\u00bb y orden\u00f3 la correcci\u00f3n del registro civil de nacimiento del demandado. <\/p>\n
Este fallo fue objeto de apelaci\u00f3n interpuesta por la parte pasiva. En lo fundamental, se aleg\u00f3 que el t\u00e9rmino de caducidad no puede contabilizarse a partir del momento en que se conocieron los resultados de la prueba de ADN, \u00absino, al contrario, (\u2026) se debe tomar desde el inicio mismo de la relaci\u00f3n afectiva que tuviesen los padres que fungieron para Cristian Camilo Salazar \u00c1lvarez al igual que el callar durante tanto espacio de tiempo a sabiendas plenas de que Cristian Camilo fung\u00eda como hijo de la pareja antes dicha\u00bb3. A su turno, insisti\u00f3 en que el demandado no tuvo ninguna incidencia en la determinaci\u00f3n tomada por los esposos al momento de \u00abasumir la responsabilidad como padres de Cristian Camilo\u00bb, quien frente al p\u00fablico \u00abfue tratado como tal y de igual manera era de pleno conocimiento de las hermanas de la se\u00f1ora Emperatriz \u00c1lvarez tal situaci\u00f3n\u00bb.4 <\/p>\n
4. Tr\u00e1mite en la segunda instancia <\/p>\n
El 28 de mayo de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto desat\u00f3 la alzada con sentencia en la que revoc\u00f3 la del a quo. En atenci\u00f3n a ello, neg\u00f3 la prosperidad de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
El ad quem comenz\u00f3 por explicar la impugnaci\u00f3n de la maternidad, la cual se contrae a obtener \u00abla declaraci\u00f3n judicial de que un individuo, cuyo estado se discute, no naci\u00f3 de la mujer que se se\u00f1ala como su progenitora y para ello debe demostrar, tal como lo se\u00f1ala la norma ya citada (art\u00edculo 335 del C\u00f3digo Civil), que hubo falso parto o suplantaci\u00f3n del pretendido hijo al verdadero\u00bb. Sentado lo anterior, advirti\u00f3 que en el caso en concreto est\u00e1 acreditada la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que el demandado Cristian Camilo Salazar \u00c1lvarez \u00abostenta la calidad de hijo leg\u00edtimo de la se\u00f1ora Florentina \u00c1lvarez, como se demuestra con su registro civil de nacimiento y el de matrimonio de \u00e9sta con el se\u00f1or Gonzalo Levi Salazar Toro\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, frente a la legitimaci\u00f3n por activa, evidenci\u00f3 que las demandantes alegaron su condici\u00f3n de hermanas maternas de la se\u00f1ora \u00c1lvarez para promover la acci\u00f3n, \u00abparentesco que se acredit\u00f3 con las copias de los registros civiles de nacimiento de aquellas, visibles a folios 81 a 84 y de la partida de bautismo de \u00e9sta \u00faltima, cuyo nacimiento ocurri\u00f3 el 10 de enero de 1937, documentos en los que se registra que son hijas de Betsab\u00e9 \u00c1lvarez y que por ese v\u00ednculo filial tienen inter\u00e9s para demandar, pues aunque no detentan la calidad de herederas de la presunta madre, s\u00ed son titulares de inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar, en raz\u00f3n del perjuicio que les genera el estado civil de Cristian Camilo Salazar \u00c1lvarez, el que de ser removido, les aprovechar\u00eda, pues ante la inexistencia de otros hijos y ascendientes matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos y de un c\u00f3nyuge que ocupen el primero y segundo orden hereditario, ser\u00edan las hoy demandantes las llamadas al juicio de sucesi\u00f3n en el tercero (art\u00edculo 1051 del C.C.)\u00bb. <\/p>\n
Determinada la legitimaci\u00f3n de ambos extremos procesales, correspondi\u00f3 al estrado judicial definir si la acci\u00f3n se promovi\u00f3 en t\u00e9rmino, \u00abpara lo cual resulta necesario acudir a las normas que disciplinan la impugnaci\u00f3n de los hijos concebidos y nacidos durante el matrimonio o la uni\u00f3n marital, regulada en los art\u00edculos 214 a 222 del Estatuto Civil, con las reformas introducidas por la Ley 1060 de 2006, vigente para el 31 de marzo de 2016, fecha en que la se produjo el \u00f3bito de la se\u00f1ora Florentina \u00c1lvarez\u00bb. En sustento de su afirmaci\u00f3n, trajo de presente la sentencia STC8164-2019, para luego se\u00f1alar que si bien el demandado Salazar \u00c1lvarez fue registrado el 17 de junio de 1999 como hijo extramatrimonial de Florentina \u00c1lvarez y Gonzalo Levi Salazar Toro, \u00abno puede desconocer la Sala que si el matrimonio entre los mencionados se realiz\u00f3 el 16 de marzo de 1962, su nacimiento ocurrido el 13 de noviembre de 1997, se produjo durante la vigencia de ese v\u00ednculo marital, como tambi\u00e9n su inscripci\u00f3n en el registro del estado civil, por lo que no puede ser reputado como extramatrimonial, a pesar de la anotaci\u00f3n que en ese instrumento p\u00fablico se consign\u00f3, pues la realidad como ya se advirti\u00f3 es otra\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, no es de recibo para el ad quem la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil al caso de marras, pues dicha norma rige la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n del reconocimiento de la filiaci\u00f3n extramatrimonial y no respecto de los hijos nacidos durante el matrimonio, como es el caso de Cristian Camilo Salazar \u00c1lvarez. En ese orden de ideas, el t\u00e9rmino de caducidad \u00abno puede contabilizarse a partir de que las demandantes tuvieron conocimiento de la maternidad; pero a\u00fan de admitirse as\u00ed, est\u00e1 demostrado que el demandado se identificaba frente a su familia y terceros con los apellidos Salazar \u00c1lvarez, por lo cual no es aceptable que ahora las demandantes aleguen que desconoc\u00edan esa circunstancia, sumado a que en la demanda admitieron que la se\u00f1ora Florentina \u00c1lvarez nunca tuvo hijos biol\u00f3gicos; inclusive, en el interrogatorio rendido por la demandante Mar\u00eda Isabel Getial refiri\u00f3 que su hermana hab\u00eda adoptado a Cristian Camilo, no sab\u00eda si exist\u00eda alg\u00fan documento que lo respaldara, pero que la presunta madre manifestaba que ten\u00eda un hijo\u00bb. Adicionalmente, el abogado de los esposos Salazar \u00c1lvarez, Omar Salcedo, \u00abasever\u00f3 que distingui\u00f3 a Cristian Camilo como hijo de la pareja y que sus padres estaban esperando que \u201ccumpla la edad\u201d para venderle sus bienes, con el fin de que quedaran en manos del demandado, pero que debido a su fallecimiento, no pudieron hacerlo\u00bb. <\/p>\n
De manera que la norma que gobierna el asunto es el canon 219 del C\u00f3digo Civil, para cuya interpretaci\u00f3n se refiri\u00f3 al precedente sentado en la sentencia STC9229-2017 del 29 de junio. As\u00ed pues, \u00abprocede establecer si entre el d\u00eda siguiente al 31 de marzo de 2016, data en la que ocurri\u00f3 el deceso de aquella y la interposici\u00f3n de la demanda, transcurri\u00f3 un lapso superior a 140 d\u00edas, los que seg\u00fan el inciso final del art\u00edculo 118 del C.G.P. no incluyen la vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado, de donde resulta que s\u00f3lo se contabilizan los d\u00edas h\u00e1biles\u00bb. Sentado lo anterior, el Tribunal observ\u00f3 que \u00absi el plazo indicado feneci\u00f3 el 24 de octubre de 2016, cuando se promovi\u00f3 la demanda de la referencia -28 de agosto de 2017- ya hab\u00eda caducado para las demandantes la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la maternidad, pues no se demostr\u00f3 que hubieran tenido conocimiento del deceso de Florentina \u00c1lvarez, en una fecha posterior; refuerza esa conclusi\u00f3n que las se\u00f1oras Mar\u00eda del Carmen Getial de Aza y Mar\u00eda Isabel Getial \u00c1lvarez, al absolver el interrogatorio al que fueron sometidas, manifestaron que les informaron de la muerte de su hermana, pero no pudieron asistir a sus honras f\u00fanebres\u00bb. <\/p>\n
A su turno, para la Sala no fue de recibo que las demandantes alegaren que su inter\u00e9s para demandar surgi\u00f3 hasta que obtuvieron los resultados de la prueba de ADN \u00abpracticada al interior del proceso, cuando seg\u00fan relataron en el escrito introductorio, sab\u00edan que su hermana Florentina \u00c1lvarez no tuvo descendencia biol\u00f3gica, ante lo cual una vez ocurrida su muerte, debieron promover de manera oportuna la demanda\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, atendiendo a que el aludido art\u00edculo 219 ejusdem contempla la prohibici\u00f3n legal de impugnar la paternidad cuando el padre o la madre hubiera reconocido al hijo como suyo en un instrumento p\u00fablico y en vista de que el registro civil de nacimiento tiene dicha calidad, \u00abel acto de reconocimiento como hijo respecto de quien se tiene la certeza de que realmente no lo es, extingue el derecho de los herederos y de los terceros a impugnar la relaci\u00f3n filial\u00bb. Aplicada dicha regla al caso de marras, \u00abse constata que la se\u00f1ora Florentina \u00c1lvarez, ten\u00eda plena convicci\u00f3n de que Cristian Camilo no era su hijo biol\u00f3gico, pues as\u00ed lo informaron las demandantes y las se\u00f1oras Mar\u00eda del Carmen Getial de Aza y Mar\u00eda Isabel Getial \u00c1lvarez, al absolver el interrogatorio de parte, oportunidad en la que refirieron que la mencionada no tuvo descendientes biol\u00f3gicos y que cuando lo registr\u00f3 como hijo suyo, estaba pr\u00f3xima a cumplir los 61 a\u00f1os de edad; sin embargo, pese a ese convencimiento lo inscribi\u00f3 como tal desde 17 de junio de 1999, siendo esa su voluntad, la cual no puede ser desconocida por la parte actora a la que por ese motivo se le extingui\u00f3 el derecho para impugnar la maternidad\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, en cuanto a la pretensi\u00f3n dirigida a obtener la nulidad del registro civil de nacimiento del se\u00f1or Salazar \u00c1lvarez, \u00abcon fundamento en que la declaraci\u00f3n acerca del v\u00ednculo filial que se inscribi\u00f3 es falsa, en \u00faltimas, ese pedimento alude a la impugnaci\u00f3n de la maternidad (\u2026) controversia que ya fue dilucidada por la Sala, sin que se imponga un estudio adicional con respecto a la nulidad reclamada en ese contexto\u00bb. En lo que concierne a la declaratoria de hijo de crianza del demandado, dictamin\u00f3 que no era procedente evacuar dicho an\u00e1lisis en tanto \u00abque si la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la maternidad promovida por las demandantes caduc\u00f3 y adem\u00e1s, a las mencionadas se les extingui\u00f3 el derecho de remover ese v\u00ednculo filial, ante el reconocimiento expreso que la se\u00f1ora Florentina \u00c1lvarez hizo al registrarlo como hijo suyo, mal podr\u00eda la Sala definir si adicional a la calidad que actualmente tiene, tambi\u00e9n ostenta la de hijo de crianza, pues las dos resultan incompatibles con respecto a una misma progenitora, habida cuenta que ir\u00eda en contrav\u00eda del principio de la Unidad del Estado Civil\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, hall\u00f3 incongruente la declaratoria de impugnaci\u00f3n de la paternidad, comoquiera que dicha pretensi\u00f3n no fue elevada en la demanda y, adem\u00e1s, al juicio no fueron citados quienes pudieran representar los intereses del padre leg\u00edtimo. <\/p>\n
II. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon tres cargos, los cuales ser\u00e1n inadmitidos por no cumplir con los requisitos formales exigidos para su estudio de fondo. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, las recurrentes acusan la sentencia de ser violatoria de los art\u00edculos 213, 214, 219, 245 y 248 del C\u00f3digo Civil, comoquiera que, a su juicio, de manera forzada el sentenciador subsumi\u00f3 el supuesto f\u00e1ctico en la enunciaci\u00f3n normativa del art\u00edculo 213 del C\u00f3digo Civil, \u00abse\u00f1alando que, por cuanto el nacimiento de CRISTIAN CAMILO ocurri\u00f3 el 13 de noviembre de 1997, esto es, en vigencia del v\u00ednculo matrimonial celebrado entre GONZALO LEVI SALAZAR TORO y FLORENTINA \u00c1LVAREZ, se trata de un hijo matrimonial, valga decir, leg\u00edtimo. No obstante, omite considerar en su plena integridad y alcance la citada norma sustancial, cuya parte in fine, consagra, como ocurre con todas las presunciones de car\u00e1cter legal, la posibilidad de ser desvirtuada, como en este caso, a trav\u00e9s de un proceso de investigaci\u00f3n o de impugnaci\u00f3n de paternidad y\/o maternidad. Nos encontramos, entonces, ante una aplicaci\u00f3n incompleta o falta de aplicaci\u00f3n del citado art\u00edculo 213 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Aseveraron que en el presente asunto se han adelantado con \u00e9xito las acciones de investigaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n de paternidad\/maternidad, \u00abtoda vez que ha sido impugnada la maternidad y paternidad, atribuidas respectivamente, a FLORENTINA \u00c1LVAREZ y GONZALO LEVI SALAZAR TORO frente a CRISTIAN CAMILO, al tiempo que se ha logrado establecer de manera contundente a trav\u00e9s del dictamen de ADN que obra con pleno vigor probatorio que TOM\u00c1S VALLEJO L\u00d3PEZ y TERESA NASTACU\u00c1S CUASALUZ\u00c1N son los padres biol\u00f3gicos de aqu\u00e9l\u00bb. De manera que los argumento del ad quem resultan vulneradores del art\u00edculo 213 del C\u00f3digo Civil por su aplicaci\u00f3n incompleta, \u00abal omitir su plena magnitud, conforme al cual, la presunci\u00f3n que consagra puede ser desvirtuada como efectivamente ocurri\u00f3 en el caso en estudio\u00bb. <\/p>\n
En vista de lo anterior, no es posible predicar la presunci\u00f3n de legitimidad ni la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 219 ejusdem, as\u00ed como la correlativa inaplicaci\u00f3n del canon 248. En tal sentido, advirtieron que el registro civil de nacimiento \u00abcorrespondiente al serial 29039821 diligenciado por la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Tumaco, Nari\u00f1o, el d\u00eda 17-06-1999 es claro en se\u00f1alar que CRISTIAN CAMILO fue registrado como hijo EXTRAMATRIMONIAL, y, por consiguiente, no puede la corporaci\u00f3n ad quem, abandonar la senda trazada por la propia apelante del fallo de primer grado, para interpretar el referido documento p\u00fablico\u00bb. Por su parte, evidenciaron que \u00abtal acto no pudo verificarse de otra manera, por cuanto el matrimonio cat\u00f3lico celebrado entre FLORENTINA \u00c1LVAREZ y GONZALO LEVI SALAZAR TORO, solamente vino a ser inscrito el d\u00eda 30-08-2016 ante la Registradur\u00eda del Estado Civil de Santacruz (Guachavez), Nari\u00f1o, en clara contravenci\u00f3n a lo dispuesto por los art\u00edculos 1 y 2 de la Ley 25 de 1992, seg\u00fan los cuales, para que surjan los efectos jur\u00eddicos de los matrimonios celebrados conforme a los c\u00e1nones o reglas de las confesiones religiosas o iglesias reconocidas por el Estado colombiano, las respectivas actas deben ser inscritas ante la competente Oficina de Registro del Estado Civil. Ese requisito no hab\u00eda sido cumplido para el tiempo de inscripci\u00f3n de CRISTIAN CAMILO, de manera que la misma pod\u00eda realizarse \u00fanicamente como hijo EXTRAMATRIMONIAL\u00bb. <\/p>\n
Insistieron en que la omisi\u00f3n en aplicar el citado art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil vulnera el derecho de las demandantes \u00aba instaurar la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n a partir del momento en que se enteraron de la existencia del registro espurio, esto es, el 05 y 18 de julio de 2017, datas que constituyen el punto de partida para contabilizar el t\u00e9rmino de 140 d\u00edas h\u00e1biles\u00bb. Norma que, en \u00faltimas, fue la citada por la propia demandada en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n \u00abpedimento que exterioriza el genuino inter\u00e9s de la parte interesada en la alzada y que consecuentemente, demarca el campo de acci\u00f3n por parte de la autoridad judicial encargada de resolverla\u00bb. Afirmaron que, en aplicaci\u00f3n del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial, tanto el canon 219 como el 248 del C\u00f3digo Civil contemplan \u00abdos vertientes sustanciales para el ejercicio de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n frente a una situaci\u00f3n jur\u00eddica que en esencia es la misma, vale decir, las prerrogativas que a la progenie leg\u00edtima otorga la constituci\u00f3n y la ley, siendo del caso destacar el decidido esfuerzo hermen\u00e9utico de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia por brindar protecci\u00f3n a todos los miembros de la familia (padres, hijos, causantes, herederos) sin importar su origen matrimonial o extramatrimonial\u00bb.5 <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
El segundo cargo es denominado por las casacionistas \u00abVIOLACI\u00d3N INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL, COMO CONSECUENCIA DE ERROR DE DERECHO POR ERROR DE HECHO MANIFIESTO Y TRASCENDENTE EN LA APRECIACI\u00d3N DE DETERMINADAS PRUEBAS\u00bb. Transcrito un ac\u00e1pite de la providencia de segundo grado, aseveraron que las conclusiones en ella plasmadas carecen de sustento probatorio. <\/p>\n
En primer lugar, sobre el conocimiento que las demandantes ten\u00edan sobre la forma en que el se\u00f1or Cristian Camilo Salazar se identificaba, aseveraron que tal aserto es \u00abtotalmente carente de fundamento, por cuanto no explica cual es la fuente probatoria que le permite arribar a tal conclusi\u00f3n\u00bb. A su turno, evidenciaron que el \u00fanico documento que da cuenta de la utilizaci\u00f3n de los apellidos Salazar \u00c1lvarez es aqu\u00e9l cuya nulidad se depreca. <\/p>\n
Como segundo aspecto, en cuanto a la declaraci\u00f3n rendida por Mar\u00eda Isabel Getial \u00c1lvarez \u00abse puede verificar que no afirma lo plasmado en la sentencia de segundo grado. Resulta extra\u00f1o e impreciso que la Sala acuda a una probanza que en realidad no cumple con los requisitos m\u00ednimos claridad, tomando en cuenta las graves falencias de la comunicaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. M\u00e1xime cuando la accionante tiene una avanzada edad (80 a\u00f1os), escasa capacidad para comprender las preguntas, \u00ablos antecedentes familiares de afectaciones cerebrales, la ansiedad desencadenada por la diligencia misma, circunstancias que, en conjunto, obstaculizaron, casi totalmente su recepci\u00f3n\u00bb. Por dem\u00e1s, echa de menos un an\u00e1lisis de tal medio de prueba en conjunto con las declaraciones rendidas por las otras hermanas. <\/p>\n
Finalmente, rest\u00f3 eficacia al testimonio rendido por Omar Salcedo, quien se encuentra \u00abcondicionado y orientado por un inter\u00e9s profesional y econ\u00f3mico en las resultas del presente proceso, comoquiera que la nulidad del registro civil de nacimiento de CRISTIAN CAMILO implica la misma suerte para la escritura p\u00fablica con la que se procedi\u00f3 a la mentada liquidaci\u00f3n notarial de sucesi\u00f3n en la que el citado testigo funge como apoderado, mandato de cuyo ejercicio deriv\u00f3 los correspondientes honorarios\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, las demandantes censuraron la violaci\u00f3n \u00abdel mandato contenido en el numeral 2, art\u00edculo 386 del c\u00f3digo general del proceso\u00bb. En efecto, consideraron que la providencia de segunda instancia \u00abincurre en error derivado del desconocimiento de la citada norma probatoria, en tanto en el presente proceso de impugnaci\u00f3n e investigaci\u00f3n de la maternidad, interpreta la ley en sentido tan restrictivo que se traduce en desconocimiento de una realidad cient\u00edfica contundente, como la demostrada con la prueba de ADN que obra en el expediente, mediante la cual se tiene certeza que la se\u00f1ora FLORENTINA \u00c1LVAREZ no es la madre biol\u00f3gica del demandado CRISTIAN CAMILO\u00bb.6 <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Encuentra la Corte lo que viene. <\/p>\n
1. Respecto del primer cargo, se advierte que en su formulaci\u00f3n se incurri\u00f3 en entremezclamiento de los motivos de casaci\u00f3n. Los recurrentes dicen sustentarlo con base en la causal primera de casaci\u00f3n sobre violaci\u00f3n directa de normas sustanciales. Sin embargo, lo desarrollan imputando al Tribunal yerros facti in iudicandi, pues aseguran que aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 213, en tanto que soslay\u00f3 que esta presunci\u00f3n puede ser desvirtuada. En ese orden de ideas, aseveraron que se omiti\u00f3 el hecho de que en \u00abel presente asunto se han adelantado con \u00e9xito las dos acciones (investigaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n de paternidad y\/o maternidad), toda vez que ha sido impugnada la maternidad y paternidad, atribuidas respectivamente, a FLORENTINA \u00c1LVAREZ y GONZALO LEVI SALAZAR TORO frente a CRISTIAN CAMILO, al tiempo que se ha logrado establecer de manera contundente a trav\u00e9s del dictamen de ADN que obra con pleno vigor probatorio que TOM\u00c1S VALLEJO L\u00d3PEZ y TERESA NASTACU\u00c1S CUASALUZ\u00c1N son los padres biol\u00f3gicos de aqu\u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sostienen vehementemente que el registro civil correspondiente al serial 29039821 del 17 de junio de 1999 diligenciado por la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Tumaco, se\u00f1ala que Cristian Camilo fue registrado como hijo extramatrimonial, por lo que \u00abno puede la corporaci\u00f3n ad quem, abandonar la senda trazada por la propia apelante del fallo de primer grado, para interpretar el referido documento p\u00fablico\u00bb. Insistieron en que esto no pod\u00eda ser de otra manera, pues el matrimonio \u00fanicamente fue inscrito hasta el 30 de agosto del 2016, \u00aben clara contravenci\u00f3n a lo dispuesto por los art\u00edculos 1 y 2 de la Ley 25 de 1992\u00bb. En tal virtud, ante la falta de inscripci\u00f3n de las nupcias en la oficina de registro del estado civil competente para la fecha en que se elabor\u00f3 el registro civil del demandado, era apenas obvio considerar que el reconocimiento \u00fanicamente pod\u00eda darse bajo la modalidad de extramatrimonial.7 <\/p>\n
2. En cuanto al segundo motivo de casaci\u00f3n, se advierte que este cargo adolece de varios yerros en su formulaci\u00f3n que devienen indefectiblemente en su inadmisi\u00f3n: <\/p>\n
2.1.- Las censoras omitieron mencionar al menos una norma de car\u00e1cter sustancial que presuntamente hubiera sido transgredida indirectamente \u00abcomo consecuencia de error de derecho por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas\u00bb por el ad quem. Mem\u00f3rese que, cuando se acude a la causal segunda de casaci\u00f3n, es requisito sine qua non indicar con claridad y precisi\u00f3n las disposiciones de ese linaje que, a pesar de constituir base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio suyo, haya sido violada. Aunado a ello, es deber exponer el alcance preciso de la vulneraci\u00f3n de la noma, de tal forma que se permita ubicar con exactitud el reparo. No obstante, en el caso en concreto, se insiste, ni siquiera se cit\u00f3 alguna norma para imputar su vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Aunado a lo anterior, se observa que el ejercicio intelectivo desplegado por las casacionistas no trasciende de un alegato de instancia. En efecto, lo \u00fanico que hacen las actoras es extraer ciertas consideraciones del Tribunal en torno a ciertos medios de prueba y refutarlos, imponiendo su especial interpretaci\u00f3n sobre aquellas. Adem\u00e1s, se extra\u00f1a la labor de \u00abidentificar los medios de convicci\u00f3n incorrectamente ponderados; singularizar los pasajes de ellos en los que recay\u00f3 el yerro; y contrastar su contenido objetivo con lo que el Tribunal coligi\u00f3, o debi\u00f3 deducir, de los mismos\u00bb8. Al respecto, se ha indicado que la tarea de demostrar los yerros atribuidos al sentenciador de segunda instancia, <\/p>\n
\u00ab(…) no se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin m\u00e1s, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d. (\u2026). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casaci\u00f3n el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto (\u2026)\u00bb9. <\/p>\n
3. El tercer cargo fue construido bajo el amparo de la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria.10 Se observa que esta cr\u00edtica no cumple con las formalidades impuestas por la ley y la jurisprudencia en torno a la violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial por error de derecho. En efecto, no se precis\u00f3 realmente por qu\u00e9 el Tribunal transgredi\u00f3 el art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso. Por el contrario, lo que se alega es la incursi\u00f3n en error de hecho, por haber pretermitido la prueba pericial de marcadores gen\u00e9ticos y no haber tenido por probado, est\u00e1ndolo, que \u00abla se\u00f1ora FLORENTINA \u00c1LVAREZ no es la madre biol\u00f3gica del demandado CRISTIAN CAMILO\u00bb.11 <\/p>\n
4. En vista de lo expuesto, se impone la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR los cargos formulados contra la sentencia del 28 de mayo del 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso verbal (impugnaci\u00f3n de maternidad) que entablaron las impugnantes frente a Cristian Camilo Salazar \u00c1lvarez, Tom\u00e1s Vallejo L\u00f3pez y Teresa Nastacuas Cuasaluzan. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 4 del PDF \u00abFL 001 A 18 DEMANDA\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Insistieron en que solamente \u00aba partir de la obtenci\u00f3n de copia de la mencionada Escritura P\u00fablica 4.974, hace aproximadamente un mes, tras el examen de sus anexos, se enteraron sobre la falsa maternidad atribuida a FLORENTINA \u00c1LVAREZ respecto del demandado CRISTIAN CAMILO, seg\u00fan el Registro Civil correspondiente al Indicativo Serial 29039821 de 17 de junio de 1999\u00bb. Por ende, desde all\u00ed surge en ellas el inter\u00e9s actual para impugnar, \u00aba cuyo efecto cuentan con el t\u00e9rmino de 140 d\u00edas h\u00e1biles, de conformidad con el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil y las reformas introducidas por la Ley 1060 de 2006\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Minuto 0:33:37 y siguientes del audio \u00abFL 238.2 AUDIO 2 AUDIENCIA DE FALLO 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 2017-00113-00\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Aunado a lo anterior, de conformidad con el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n, 5 de la Ley 75 de 1968 y 245 del C\u00f3digo Civil, \u00abemerge consonante con un orden constitucional y legal justo, entender que los integrantes de la familia leg\u00edtima (matrimonial) como extramatrimonial cuentan con las mismas prerrogativas en cuando a formas y t\u00e9rminos para ejercer las acciones judiciales orientadas a impugnar la maternidad o paternidad. En este caso, a fin de preservar el derecho de tutela judicial efectiva y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, las demandantes, bien pueden acudir a las condiciones establecidas por el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Aseguraron que tal error se deriva de la aplicaci\u00f3n inconstitucional del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, la cual \u00abda al traste con el recaudo probatorio y con la justicia material que pretende la reforma introducida al C\u00f3digo Civil por parte de la Ley 1060 de 2006 al otorgar a todos los integrantes de la familia leg\u00edtima (matrimonial) y extramatrimonial la posibilidad de investigar la maternidad o paternidad en igualdad de condiciones\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Estas consideraciones son incompatibles con la senda alegada por los impugnantes, es decir, la v\u00eda directa. Con tal proceder, el casacionista pas\u00f3 por alto que cuando se alude a la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la argumentaci\u00f3n para evidenciar el yerro jur\u00eddico en que incurri\u00f3 el sentenciador no debe comprender ni extenderse a materia probatoria.\u0002Significa lo anterior que cuando se censure una sentencia por la causal primera, a m\u00e1s de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados, deber\u00e1 el recurrente demostrar qu\u00e9 textos legales sustanciales resultaron inaplicados, aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados. Por ende, y en tanto que se trajeron de presente consideraciones f\u00e1cticas en torno a la existencia o no de la presunci\u00f3n de hijo leg\u00edtimo, se observa la mixtura de causales, lo que no amerita su admisi\u00f3n a tr\u00e1mite para la ulterior decisi\u00f3n de fondo por la Corte. <\/p>\n
8\u0002 AC3661-2020. <\/p>\n
9\u0002 CSJ SC3526-2017, 14 mar. <\/p>\n
10\u0002 En s\u00edntesis, se aleg\u00f3 que la sentencia proferida por el juez de segunda instancia \u00abes violatoria del mandato contenido en el numeral 2, art\u00edculo 386 del c\u00f3digo general del proceso\u00bb, en tanto que \u00abinterpreta la ley en sentido tan restrictivo que se traduce en desconocimiento de una realidad cient\u00edfica contundente, como la demostrada con la prueba de ADN que obra en el expediente, mediante la cual se tiene certeza que la se\u00f1ora FLORENTINA \u00c1LVAREZ no es la madre biol\u00f3gica del demandado CRISTIAN CAMILO\u00bb. En tal sentido, asegura que tal yerro se produjo ante la aplicaci\u00f3n inconstitucional del canon 219 del C\u00f3digo Civil, lo cual \u00abda al traste con el recaudo probatorio y con la justicia material que pretende la reforma introducida al C\u00f3digo Civil por parte de la Ley 1060 de 2006 al otorgar a todos los integrantes de la familia leg\u00edtima (matrimonial) y extramatrimonial la posibilidad de investigar la maternidad o paternidad en igualdad de condiciones\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Es decir, se incurri\u00f3 nuevamente en la mixtura denunciada en precedencia. En virtud de lo anterior, se estima que el cargo carece de la claridad exigida por el art\u00edculo 344 del estatuto adjetivo. Recu\u00e9rdese que la claridad de los fundamentos de las acusaciones reclama que los reparos se formulen por separado, lo que significa que no se pueden entremezclar las diferentes causales, debido a la autonom\u00eda de cada una de ellas, dado que se estructuran sobre motivos dis\u00edmiles, son de orden p\u00fablico y de interpretaci\u00f3n restringida. Ha dicho la Corte: \u201c\u00abla t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n exige que los cargos se formulen en forma correcta y completa, sin ser posible la integraci\u00f3n de unos con otros, en virtud de los principios de autonom\u00eda e independencia que gobiernan el recurso\u00bb (Cas. Civil del 16 de junio de 1985)\u00bb. AC-034 de 6 oct, 1999, rad. no. 7681, G.J. CCLXI, Vol. 1, p\u00e1g. 550. <\/p>\n
Ahora bien, si la queja va dirigida a cuestionar que se hubiera omitido otorgar \u00aba todos los integrantes de la familia leg\u00edtima (matrimonial) y extramatrimonial la posibilidad de investigar la maternidad o paternidad en igualdad de condiciones\u00bb, debi\u00f3 haberse elevado el cargo adecuadamente bajo la causal primera de casaci\u00f3n -por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil o de la disposici\u00f3n de la Ley 1060 del 2006 que considere transgredida con el fallo del ad quem-. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3197-2022 (2017-00113-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC3197-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52835-31-84-001-2017-00113-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66588","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66588","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66588"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66588\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66588"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66588"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66588"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}