AC3198-2022 (2017-00262-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3198-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-038-2017-00262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual las sociedades Intexzona S.A. Usuario Operador de Zona Franca y Taborda V\u00e9lez Y C\u00eda. S.A.S., pretenden sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron contra la sentencia del 19 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal que instaur\u00f3 Montoya L\u00f3pez Asociados S.A. en contra de Intexzona S.A. y de Seguros del Estado S.A. Al proceso fueron llamados en garant\u00eda Taborda V\u00e9lez Y C\u00eda. S.A.S., Hunter Douglas de Colombia S.A.S., Chubb Seguros de Colombia S.A., Sun Light Soluciones S.A.S. y Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La sociedad Montoya L\u00f3pez Asociados S.A.S. pidi\u00f3 que se declarara civilmente responsable a Intexzona S.A. Usuario Operador de Zona Franca y a Seguros del Estado S.A. por la ejecuci\u00f3n indebida o imperfecta del contrato de obra civil celebrado el 12 de diciembre de 2012. El cual se encuentra amparado con la p\u00f3liza de seguro en cumplimiento particular No. 14-45-101022302 del 04 de octubre de 2013. Como consecuencia de tal declaraci\u00f3n, exigi\u00f3 que se condene a las demandadas al pago de los perjuicios materiales (a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente y lucro cesante) y morales sufridos, \u00abdebido a la negligencia, descuido, impericia y mala calidad de los materiales empleados en el desarrollo de los trabajos\u00bb. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
La parte activa celebr\u00f3 un contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano con la sociedad Intexzona S.A. Usuario Operador de Zona Franca. Este \u00faltimo se oblig\u00f3 a construir una bodega industrial en el lote n\u00famero 14 de la zona franca permanente Intexzona, identificada con el F.M.I. 50N-20575730. Como contraprestaci\u00f3n, se pact\u00f3 un precio global fijo de ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 05 de julio del 2013 se suscribi\u00f3 el acta de entrega de la bodega acordada. Sin embargo, afirm\u00f3 que esta comenz\u00f3 a presentar goteras en toda la estructura, lo que puso en riesgo los bienes, valores y mercanc\u00edas almacenados en ella. A su turno, la firma especializada Tecnalia rindi\u00f3 concepto sobre la calidad de los materiales, del cual se obtuvo que \u00abparticularmente sobre los paneles de cubierta, (\u2026) la mayor parte de los paneles instalados presentan en l\u00e1mina exterior deformaci\u00f3n (ondulaci\u00f3n) y se encuentran despegados de la espuma de poliuretano, agregando que el an\u00e1lisis visual apunta a irregularidades durante el proceso de inyecci\u00f3n en campo (como puede ser defectos de origen durante el espumado, falta de presi\u00f3n), que han podido facilitar la deformaci\u00f3n\/rotura de la l\u00e1mina bajo condiciones de servicio (\u2026)\u00bb. Adem\u00e1s, evidenci\u00f3 que \u00ablos paneles referencia \u201cA\u201d y \u201cB\u201d presentan un mayor espesor de espuma de poliuretano y huecos originados durante el espumado. Estos huecos al estar llenos de aire en vez de material, reducen la resistencia de la espuma, produciendo la filtraci\u00f3n del agua, circunstancia que por su proximidad hace que sea f\u00e1cil una deformaci\u00f3n\/rotura\/despegue de la l\u00e1mina externa\u00bb. Ante dichas imperfecciones, Montoya L\u00f3pez Asociados S.A., Taborda V\u00e9lez S.A.S. (como representante del constructor), Hunter Douglas (fabricante del producto), Sun Light (instalador de los paneles) y la interventora se reunieron los d\u00edas 17 y 24 de abril y el 13 de julio del 2015. No obstante, aclar\u00f3 que en dichas oportunidades no pudo alcanzarse un acuerdo, pese a que se evidenciaron los defectos del material usado en la obra.1 <\/p>\n
El 05 de diciembre de 2016, Montoya L\u00f3pez Asociados solicit\u00f3 a la sociedad Panelmet una cotizaci\u00f3n del valor de los paneles de cubierta y su instalaci\u00f3n. Por ende, el 10 de febrero del mismo a\u00f1o, estas sociedades celebraron el contrato de suministro, desmonte y monte de fachada para la bodega por valor de $1.992.455.000. Inform\u00f3 que tal suma incluye \u00abtodos los costos directos e indirectos necesarios para la oportuna y satisfactoria ejecuci\u00f3n del contrato por parte del contratista, tales como costos de personal, honorarios, seguridad social, aportes para fiscales (sic), materiales, suministros, equipos, bodegaje, transporte hasta el sitio de la obra, mantenimiento, administraci\u00f3n, seguros, imprevistos, utilidad e impuestos directos e indirectos, tasas, contribuciones o cualquier otra obligaci\u00f3n fiscal, teniendo en cuenta el objeto y alcance del contrato, por lo tanto el precio global fijo no tendr\u00e1 ning\u00fan tipo de reajuste\u00bb. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n de los demandados y llamados en garant\u00eda <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, la apoderada de Intexzona S.A.S. manifest\u00f3 ser ciertos unos hechos y no constarle el resto. Adem\u00e1s, objet\u00f3 el juramento estimatorio y propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de prueba del da\u00f1o moral reclamado por el demandante\u00bb; \u00abinexistencia de prueba de los perjuicios materiales\u00bb; \u00abcumplimiento del contrato civil de obra\u00bb; \u00abculpa exclusiva de un tercero\u00bb; \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb y la gen\u00e9rica2. <\/p>\n
A su turno, Seguros del Estado S.A. expres\u00f3 que eran ciertos varios hechos y que el resto no le constaban. Adicionalmente, propuso los siguientes medios defensivos: \u00abLa prescripci\u00f3n extintiva \u2013 de las acciones derivadas del contrato de seguros\u00bb; \u00abinexistencia de obligaci\u00f3n de Seguros del Estado S.A. para indemnizar perjuicios a Montoya L\u00f3pez Asociados S.A. por falta de prueba de un presunto siniestro (art\u00edculo 1077 C. Co.; \u00abL\u00edmite de responsabilidad\u00bb y el gen\u00e9rico3. <\/p>\n
Las llamadas en garant\u00eda, por su parte, se pronunciaron de la siguiente manera: <\/p>\n
3.1.- La demandada llam\u00f3 en garant\u00eda a Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C., quien consider\u00f3 infundadas las peticiones del libelo inicial. Por ello, present\u00f3 las siguientes excepciones: el \u00abcumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C.\u00bb; \u00abculpa exclusiva de un tercero\u00bb; \u00abausencia del da\u00f1o moral reclamado por el demandante\u00bb; \u00abausencia de prueba de los perjuicios materiales\u00bb y la gen\u00e9rica4. <\/p>\n
3.2.- Sun Light Soluciones S.A.S., convocada por Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C. e Intexzona, se opuso a todas las pretensiones formuladas por la demandante y propuso la excepci\u00f3n que nomin\u00f3: \u00abexcepci\u00f3n de inexistencia de incumplimiento contractual\u00bb5. <\/p>\n
3.3.- Chubb Seguros de Colombia S.A. rechaz\u00f3 las peticiones y aleg\u00f3 la ausencia del hecho imputable por cumplimiento del contrato de obra civil, ausencia de da\u00f1o imputable, la estructuraci\u00f3n de una causal de exoneraci\u00f3n de responsabilidad: culpa exclusiva de la v\u00edctima y la improcedencia de reparaci\u00f3n de perjuicios extrapatrimoniales. Por su parte, frente al llamamiento en garant\u00eda aleg\u00f3 la \u00abinexistencia de siniestro\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abausencia de cobertura de responsabilidad civil extracontractual, da\u00f1os morales y lucro cesante bajo la p\u00f3liza NO. 43124689\u00bb y \u00abamparo aplicable y l\u00edmite asegurado\u00bb6. <\/p>\n
3.4.- Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A., convocada por Hunter Douglas Colombia S.A., manifest\u00f3 no constarle ninguno de los hechos de la demanda principal. Explic\u00f3 que la p\u00f3liza expedida \u00fanicamente cubre eventos generadores de responsabilidad civil extracontractual. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que expresamente se excluy\u00f3 cualquier tipo de cobertura para indemnizaciones derivadas del incumplimiento de obligaciones contractuales y para las relacionadas con el suministro de productor por parte de su convocante. Finalmente, adujo la prescripci\u00f3n7. <\/p>\n
3.5.- Hunter Douglas de Colombia S.A. aleg\u00f3 la culpa de la v\u00edctima y del ejecutor de la obra. Adicionalmente, sostuvo el \u00abcumplimiento de Hunter Douglas de Colombia S.A. de sus obligaciones de suministro en \u00f3ptimas condiciones\u00bb, la \u00abexpiraci\u00f3n de la garant\u00eda de los productos\u00bb, el hecho de un tercero y la prescripci\u00f3n de las acciones de saneamiento por evicci\u00f3n8. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito dict\u00f3 sentencia del 23 de agosto de 2019, por la cual declar\u00f3 civilmente responsable a Intexzona S.A. y Seguros del Estado S.A. solidariamente, por lo que les impuso una condena de $2.092.427.017,00, por concepto de da\u00f1o emergente, m\u00e1s intereses legales del 0.5% mensual liquidados a partir de la ejecutoria del fallo. Sin embargo, neg\u00f3 las pretensiones relacionadas con el lucro cesante y el da\u00f1o moral. En lo que concierne a los llamamientos en garant\u00eda, orden\u00f3 que Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C. le reembolse a Intexzona S.A. lo que esta tuviese que pagar. A su turno, a Hunter Douglas de Colombia le inst\u00f3 a que hiciera lo propio respeto de Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C., mientras que Chubb Seguros Colombia S.A. responder\u00eda por la suma de $216.348.847,00, valor que le ser\u00eda restituido a Hunter Douglas. Los dem\u00e1s llamamientos fueron negados. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por Intexzona S.A., Seguros del Estado S.A., Hunter Douglas de Colombia S.A. y Chubb Seguros Colombia S.A., contra el fallo de primera instancia fue desatado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -con sentencia del 19 de diciembre de 2019-. All\u00ed confirm\u00f3 en su totalidad el fallo apelado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por delimitar su competencia, conforme a los reparos concretos que presentaron los recurrentes. A la luz de los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos, estim\u00f3 que la tem\u00e1tica de la sentencia se circunscribir\u00eda a establecer, por cuenta de Intexzona S.A., \u00absi el tema de la fachada pod\u00eda ser objeto de escrutinio en la decisi\u00f3n, y si fueron demostrados los perjuicios materiales y su monto (del otro reparo se declin\u00f3)\u00bb; con respecto de Seguros del Estado S.A., \u00absi prescribieron las acciones derivadas del contrato de seguro, si el siniestro fue probado, en atenci\u00f3n al amparo de estabilidad de la obra, y si proced\u00eda la condena solidaria\u00bb. Frente a Hunter Douglas de Colombia S.A., \u00absi fue suya la culpa, con \u00e9nfasis en la valoraci\u00f3n de los dict\u00e1menes periciales y las pruebas t\u00e9cnicas, lo mismo que la eficacia del llamamiento que se hizo frente a la vigencia de la garant\u00eda, la aplicaci\u00f3n del estatuto del consumidor y la apreciaci\u00f3n del juramento estimatorio, como soporte de la condena en perjuicios\u00bb. Y, en lo que ata\u00f1e a Chubb Seguros Colombia S.A., \u00absi hubo prescripci\u00f3n en el negocio aseguraticio por el que fue convocada y si la peritaci\u00f3n fue bien apreciada\u00bb.9 <\/p>\n
De manera que, en torno a Intexzona, estim\u00f3 que deb\u00eda ten\u00e9rsele como responsable de los da\u00f1os ocasionados a la demandante, pues tal punto no fue objeto de reparo ni de sustentaci\u00f3n. As\u00ed pues, y como el tema versa sobre la extensi\u00f3n del perjuicio, hizo hincapi\u00e9 en que, por tratarse de un contrato de obra \u201cllave en mano\u201d, era su obligaci\u00f3n \u00abtransferirle a su contratante la obra especificada y plenamente funcional, de modo que sirviera a cabalidad para atender el prop\u00f3sito perseguido, y que, ello es medular, suyo era el riesgo de calidad de los materiales empleados -por haberse obligado a suministrarlos-, sin que la entrega de la obra quite ni ponga ley puesto que \u201cs\u00f3lo significa que el due\u00f1o la aprueba, como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte\u201d (C.C., art. 2060, n\u00fam. 4)\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta la pretensi\u00f3n impugnatoria, estudi\u00f3 en primer lugar si pod\u00edan incluirse la totalidad de los paneles y si, por cuenta de los hechos aducidos en la demanda, era posible considerar el arreglo de la fachada como parte del perjuicio. Analizado el material probatorio, estim\u00f3 que el dictamen pericial elaborado por Tecnalia respalda la conclusi\u00f3n de que la obligaci\u00f3n se extiende, en efecto, a todos los paneles. Destac\u00f3 que si bien tal peritaci\u00f3n -que no fue controvertida por la apelante- \u00abhizo especial \u00e9nfasis en los paneles de la cubierta, no lo es menos que otras pruebas tambi\u00e9n destacan los defectos que presentaron los paneles de la fachada, principalmente el acta de 12 de febrero de 2014 (\u2026); tambi\u00e9n en la reclamaci\u00f3n que hizo Montoya L\u00f3pez Asociados S.A. ante Seguros del Estado S.A., el 20 de junio de 2016 (\u2026), lo cual se corrobora con el hecho 8.5 de la demanda y la declaraci\u00f3n rendida por el representante legal de Hunter Douglas de Colombia S.A., (\u2026)\u00bb. Aunado a ello, se\u00f1al\u00f3 que en la demanda s\u00ed se incluy\u00f3 tal protesta en los hechos 8.4, 8.5 y 8.7. <\/p>\n
Adicionalmente, subray\u00f3 que la discusi\u00f3n sobre si el concepto de cerramiento incluye la noci\u00f3n de fachada no fue un tema disputado en la primera instancia, \u00abal punto que Intexzona, al replicar la demanda, dio respuesta afirmativa sobre los hechos 8.4 y 8.5, mientras que Hunter Douglas de Colombia S.A., el proveedor, al responder -por ejemplo- el hecho 8.4, manifest\u00f3 que \u201cno nos consta el estado final de la cubierta y la fachada\u201d, lo que evidencia su entendimiento sobre la correspondencia entre ambas nociones\u00bb. Por ende, la circunstancia de haberse referido la demanda a la fachada, con \u00e9nfasis en una de sus utilidades, \u00abno imped\u00eda que la juez considerara ese perjuicio al momento de cuantificarlo\u00bb, por lo que el fallo no es incongruente. <\/p>\n
En segundo lugar, estudi\u00f3 el reparo en torno a la prueba de la cuant\u00eda del da\u00f1o y la eficacia probatoria del contrato que la demandante celebr\u00f3 con Panelmet. Para el efecto, acent\u00fao que el da\u00f1o fue probado, \u00abal punto que Intexzona S.A. no arm\u00f3 pol\u00e9mica en torno de \u00e9l, puesto que s\u00f3lo le achac\u00f3 la culpa a un tercero, de lo que declin\u00f3 en la audiencia de sustentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, dictamin\u00f3 que la juez no pod\u00eda soportar la estimaci\u00f3n del monto de la cuant\u00eda del da\u00f1o en el juramento que se hizo en la demanda, \u00abpor cuanto Intexzona S.A., al contestarla, formul\u00f3 razonable objeci\u00f3n al cuestionar que se hubieren contratado \u201cobras adicionales a las aqu\u00ed reclamadas\u201d, protestando, incluso, porque no se precis\u00f3 cu\u00e1l era el valor \u201cde cada uno de los mencionados perjuicios\u201d\u00bb. Por ende, tal medio de prueba, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abno pod\u00eda ser prueba del monto de la afectaci\u00f3n patrimonial\u00bb. Una vez descartado el juramento para cuantificar el perjuicio, la Sala dirigi\u00f3 su atenci\u00f3n al contrato celebrado por la demandante con Panelmet S.A.S. el 10 de febrero de 2017, \u00abel cual, dicho sea de paso, se presume aut\u00e9ntico y no fue impugnado por ninguna de las partes (CGP, art. 244), por lo que, en principio, se debe presumir que su contenido -de alcance dispositivo- es cierto. Al fin y al cabo, la presunci\u00f3n de autenticidad se acompa\u00f1a de la de veracidad\u00bb. Revel\u00f3 que el hecho de que la obra contratada no haya sido ejecutada para la \u00e9poca en que se present\u00f3 la demanda \u00abno decolora la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o, en cuanto cierto y real, pues el monto del perjuicio corresponde, en \u00faltimas, a la suma de dinero que la sociedad demandante debe pagar para ejecutar las obras que le permitan tener una bodega funcional\u00bb. Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 que quedaron ayunos de prueba algunos de los gastos que la demandante dijo haber efectuado. Por ende, modific\u00f3 la condena a la suma de $1.992.445.212, junto con los intereses legales. <\/p>\n
En cuanto al caso de Seguros del Estado S.A., record\u00f3 el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio y los hechos probados en el pleito. Dicho esto, el Colegiado especific\u00f3 que \u00absi uno de los riesgos asegurados, a partir de la entrega de la obra contratada (5 de julio de 2013), fue el da\u00f1o que pudiera ocasionarse por cuenta de la estabilidad de la obra, habi\u00e9ndose presentado las fallas en los paneles a partir de los meses de octubre y noviembre de 2013, \u00e9poca en la que, adem\u00e1s, la sociedad demandante tuvo conocimiento de ellas, resulta incontestable que a partir de esa fecha comenz\u00f3 a correr el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb, para lo cual se soport\u00f3 en el mensaje del 11 de noviembre del 2013 y las declaraciones de los representantes legales de Taborda V\u00e9lez y C\u00eda. S. en C. y Hunter Douglas de Colombia S.A.10 <\/p>\n
Respecto de Hunter Douglas de Colombia S.A. consider\u00f3, que el t\u00e9rmino de la garant\u00eda venci\u00f3, por lo que no hab\u00eda modo de conceder la pretensi\u00f3n de la sociedad Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C. Para el efecto, efectuada una lectura del negocio jur\u00eddico, vislumbr\u00f3 que \u00aben el proceso se acredit\u00f3 que se hicieron cuatro (4) entregas de materiales a la sociedad contratante, seg\u00fan las facturas Nos. 027586, 027968, 028443 y 028701 (\u2026), la \u00faltima de las cuales el 17 de diciembre de 2012, lo que significa que si el t\u00e9rmino de la garant\u00eda era de doce (12) meses contados a partir de cada suministro, debi\u00f3 Taborda V\u00e9lez y C\u00eda. S. en C., dentro de ese plazo, notificar a Hunter Douglas de Colombia S.A. de los desperfectos que presentaban los paneles, lo que ciertamente no ocurri\u00f3\u00bb. Y es que los correos electr\u00f3nicos aportados por Montoya L\u00f3pez Asociados S.A. e Intexzona S.A. Usuario Operador de Zona Franca en los que se denunci\u00f3 el da\u00f1o de los paneles, \u00abtienen fechas del a\u00f1o 2014 en adelante, raz\u00f3n por la cual, si la \u00faltima entrega de materiales se verific\u00f3 el 17 de diciembre de 2012, resulta incontestable que la garant\u00eda prevista en el contrato de suministro venci\u00f3 ese mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2013\u00bb. Aludi\u00f3, adem\u00e1s, a la confesi\u00f3n efectuada por la representante legal de Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C., cuando en el interrogatorio respondi\u00f3 que \u00abno hizo efectiva la garant\u00eda contractual \u201cporque ya hab\u00eda pasado el tiempo\u201d\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, evidenci\u00f3 que Hunter Douglas de Colombia S.A. s\u00ed efectu\u00f3 reparaciones a la bodega No. 14, tal como lo reconoci\u00f3 la demandante y la representante legal de Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C., y tal como se desprende del acta del 12 de febrero de 2014. A su turno, destac\u00f3 que \u00abrespecto de da\u00f1os posteriores al vencimiento del a\u00f1o en cuesti\u00f3n no es posible deducir responsabilidad de Hunter Douglas de Colombia S.A. porque la garant\u00eda hab\u00eda expirado, circunstancia que frustraba la pretensi\u00f3n condenatoria por cuenta de la necesidad de cambiar todos los paneles, seg\u00fan el contrato ajustado con Panelmet S.A.S. el 10 de febrero de 2017\u00bb. As\u00ed pues, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 932 del C\u00f3digo de Comercio, no es posible desconocer la estipulaci\u00f3n contractual seg\u00fan la cual la garant\u00eda era de 12 meses.11 <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto a Chubb Seguros de Colombia S.A. apreci\u00f3 que, en tanto no es posible derivar responsabilidad respecto de Hunter Douglas de Colombia S.A., tampoco lo es respecto de la aseguradora. No obstante, en todo caso, encontr\u00f3 que la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro prescribi\u00f3, \u00abpues transcurrieron dos (2) a\u00f1os desde que el asegurado o beneficiario tuvo conocimiento del siniestro, sin que a la aseguradora se le hubiere hecho reclamaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
En vista de todo lo expuesto, el Tribunal resolvi\u00f3: a) declarar probada la prescripci\u00f3n del contrato de seguro y parcialmente la \u00abexcepci\u00f3n de inexistencia de prueba de los perjuicios materiales, propuestas, en su orden, por Seguros del Estado S.A. e Intexzona S.A. Usuario Operador Zona Franca\u00bb; b) declar\u00f3 civilmente responsable a Intexzona S.A. por los da\u00f1os ocasionados a Montoya L\u00f3pez Asociados S.A. y le conden\u00f3 a pagar la suma de $1.992.445.212 por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios; c) declar\u00f3 que no prosperan los llamamientos en garant\u00eda efectuados por Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C. a Hunter Douglas de Colombia S.A. y Chubb Seguros de Colombia S.A. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Los demandantes en casaci\u00f3n propusieron seis cargos, de los cuales ser\u00e1n inadmitidos el primero, segundo y quinto, por falta de cumplimiento de los requisitos formales. Los motivos tercero, cuarto y sexto ser\u00e1n admitidos. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, los recurrentes censuraron la sentencia de ser violatoria indirectamente de los art\u00edculos 1602, 1604, 1608, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 2056, 2059 y 2060 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; y el 932 del C\u00f3digo de Comercio, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, como consecuencia de yerros de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de la prueba del monto o cuant\u00eda del da\u00f1o. En concreto, criticaron la valoraci\u00f3n que efectu\u00f3 el Tribunal respecto del contrato celebrado con Panelmet, del cual se obtuvo la cuantificaci\u00f3n del perjuicio. Se\u00f1alaron que dicho documento \u00abno cumple con los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos probar la extensi\u00f3n o cuant\u00eda del da\u00f1o, ni es id\u00f3nea para demostrar dicho cuantificaci\u00f3n y, por lo tanto, al desprender del mismo la demostraci\u00f3n del quantum del perjuicio, el Tribunal viol\u00f3, por la v\u00eda indirecta, las normas sustanciales se\u00f1aladas\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, explicaron que el aludido negocio jur\u00eddico no demuestra que la demandante haya incurrido en una p\u00e9rdida real y efectiva, consistente en el valor all\u00ed se\u00f1alado, pues no existe prueba de que el contrato se haya ejecutado y la cifra hubiere sido pagada. Por ende, <\/p>\n
\u00abel supuesto da\u00f1o no aparece \u201creal y efectivamente causado\u201d, como lo exige la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n. Pero, adem\u00e1s, el valor de dicho contrato no es prueba de un da\u00f1o \u201cdirecto y cierto\u201d, toda vez que no se demostr\u00f3 que dicho contrato estuviera directamente relacionado con el da\u00f1o causado por el incumplimiento del contrato de obra. No es factible aceptar como prueba del da\u00f1o, consistente en imperfectos en algunos de los materiales de la obra y su instalaci\u00f3n, un contrato celebrado con un tercero para el desmonte total de la obra inicial y el suministro de materiales e instalaci\u00f3n de la obra nueva, ya que no se individualiza qu\u00e9 partes de la nueva obra contratada corresponden efectivamente a la soluci\u00f3n de los imperfectos ocasionados por el incumplimiento del contrato principal y cu\u00e1les corresponden a actividades adicionales, mayores o nuevas que haya encargado la Demandante a Panelmet\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no existe certeza de que, para reparar los da\u00f1os de la obra, esta deb\u00eda ser desmontada en su totalidad y luego construirse de nuevo. Y si bien la demandante estaba en su derecho de reconstruir totalmente la bodega, \u00abno es posible concluir que el da\u00f1o cierto y directo causado por el incumplimiento implicara dicha reconstrucci\u00f3n total. Por lo tanto, dicho contrato carece de la idoneidad requerida para acreditar la real y efectiva extensi\u00f3n de los perjuicios y su valoraci\u00f3n. Siendo que era la Demandante quien ten\u00eda la carga de probar la extensi\u00f3n real del da\u00f1o y su cuantificaci\u00f3n objetiva, en ausencia de dicha prueba, no es posible proceder con una condena por indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, para los recurrentes es manifiesto el error en que incurre la sentencia acusada \u00abal tener el inocuo documento como prueba del da\u00f1o; en consecuencia, la sentencia tiene como acreditado el da\u00f1o, sin estarlo\u00bb. En tal sentido, evidenci\u00f3 que, si el Tribunal hubiera interpretado adecuadamente el material probatorio, \u00abhabr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que no exist\u00eda prueba alguna del da\u00f1o cierto, directo y real y efectivamente causado a Montoya L\u00f3pez, quien ten\u00eda la carga de probarlo\u00bb. Por ende, pidi\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n civil que \u00abquiebre el fallo recurrido, espec\u00edficamente en relaci\u00f3n con la prueba del da\u00f1o emergente, y en su defecto declare la ausencia de prueba de dicha indemnizaci\u00f3n y la consecuente improcedencia de la pretensi\u00f3n condenatoria por concepto de da\u00f1o emergente\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Bajo la causal segunda de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 la sentencia por ser violatoria indirectamente de los art\u00edculos 1608, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 2056, 2059 y 2060 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; como consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba del monto o cuant\u00eda del da\u00f1o. Adujeron que el Tribunal desatiende de forma manifiesta el principio de la carga de la prueba que establece el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso. Estimaron que, de acuerdo con el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, \u00abcorresponde a la demandante, Montoya L\u00f3pez, la carga de probar los perjuicios constitutivos de da\u00f1o emergente en los que supuestamente se afect\u00f3, en virtud del incumplimiento del contrato de obra, con el fin de que pueda ordenarse la correspondiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb.12 <\/p>\n
Dijeron que tal medio de prueba no es aceptable pues en este no se individualiza \u00abqu\u00e9 partes de la nueva obra contratada corresponden efectivamente a la soluci\u00f3n de los imperfectos ocasionados por el incumplimiento del contrato principal y cu\u00e1les corresponden a actividades adicionales, mayores o nuevas que haya encargado la Demandante a Panelmet. No existe prueba alguna en el expediente que permita concluir que para reparar los da\u00f1os en la obra esta deb\u00eda ser desmontada en su totalidad y luego construirse nuevamente\u00bb. Por ende, a su juicio, la documental carece de idoneidad para acreditar la real y efectiva extensi\u00f3n de los perjuicios y su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed pues, en id\u00e9nticos t\u00e9rminos a como lo sostuvo en el primer cargo, \u00ab[e]s manifiesto el error en que incurre la sentencia acusada al tener el inocuo documento como prueba del da\u00f1o; en consecuencia, la sentencia tiene como acreditado el da\u00f1o, es decir, como probado por quien lo alegaba, sin estarlo\u00bb. En consecuencia, apuntaron que el grave y trascendente yerro de apreciaci\u00f3n probatoria del Tribunal, \u00ablo llevaron a incurrir en un error de derecho consistente en encontrar probada la cuant\u00eda del da\u00f1o como equivalente al valor de dicho contrato, cuando el mismo no cumple con los requisitos legalmente previstos para que dicha prueba de la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios. De paso, la sentencia acusada, desatiendo la norma procesal probatoria que regula la carga de la prueba\u00bb. De manera que si el juez colegiado \u00abhubiera interpretado adecuadamente el material probatorio del proceso habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que no exist\u00eda prueba alguna del da\u00f1o cierto, directo y real y efectivamente causado a Montoya L\u00f3pez, quien ten\u00eda la carga de probarlo\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la providencia de ser directamente violatoria del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
En particular, sostienen que se incurri\u00f3 en yerro \u00abal interpretar equivocadamente la norma que establece el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinaria de las acciones que se desprenden del contrato de seguro, lo que lo lleva a concluir que las acciones en contra de Seguros del Estado se encontraban prescritas, cuando realmente no lo estaban, causando as\u00ed un grave perjuicio a mi representada\u00bb. Indicaron que, en el caso en concreto, \u00abestamos frente a un contrato de seguro de cumplimiento contractual, por lo que debe tenerse en cuenta que el riesgo asegurado era precisamente el incumplimiento del contrato de obra celebrado entre la Demandante e Intexzona. En consecuencia, la ocurrencia del siniestro, a partir del cual se empieza a contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinaria, de acuerdo con el mencionado art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, es cuando la Demandante tuvo conocimiento del incumplimiento contractual\u00bb. Los recurrentes reclamaron que el riesgo asegurado en este tipo de contratos es el incumplimiento del contrato \u00aby es este precisamente el siniestro a partir de cuya ocurrencia, cuando se haya tenido conocimiento del mismo, que se empieza a contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n\u00bb.13 <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvieron que tal error les caus\u00f3 un importante perjuicio, toda vez que llev\u00f3 a desconocer la garant\u00eda aseguraticia otorgada por Seguros del Estado, \u00abimplicando que ser\u00eda Intexzona, y no la empresa aseguradora, la que deb\u00eda asumir el pago del perjuicio\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Se acusa la sentencia por ser violatoria indirectamente del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, a consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba. En particular, declararon que el yerro se produjo al \u00abencontrar probada la prescripci\u00f3n ordinaria de las acciones del contrato de seguro de cumplimiento con Seguros del Estado, al contar como fecha de inicio del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n la fecha en la cual Montoya L\u00f3pez tuvo conocimiento de unas goteras en los paneles de la obra, durante los meses de octubre y noviembre de 2013, lo anterior con base en una equivocada interpretaci\u00f3n del material probatorio obrante en el proceso\u00bb. Precisaron que el desliz radica en haber encontrado la evidencia de la ocurrencia del siniestro y su conocimiento por parte de Montoya L\u00f3pez en las actas de reuni\u00f3n de los d\u00edas 7 y 12 de febrero del 2014, en los correos electr\u00f3nicos remitidos por el demandante y en las declaraciones de los representantes legales de Taborda V\u00e9lez y Hunter Douglas. Por el contrario, en su parecer, de ellas \u00fanicamente se desprende que se tuvo conocimiento de unas goteras ocurridas en la cubierta de la obra, pero no del incumplimiento contractual como tal. <\/p>\n
Aseveraron que no se ten\u00eda certeza sobre la causa de las filtraciones, a tal punto \u00abque la Demandante contrat\u00f3 los servicios de la firma TECNALIA para que realizara un estudio t\u00e9cnico de los paneles y determinara el estado de la obra y las causas de las imperfecciones\u00bb. A su turno, denunciaron la pretermisi\u00f3n de dicho dictamen pericial para decidir sobre la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, siendo esta trascendental pues fue a partir de dicho informe -recibido el 8 de junio de 2016-, que \u00abMontoya L\u00f3pez tuvo conocimiento de que las filtraciones ten\u00edan como causa un incumplimiento contractual. En otras palabras, a partir de dicha fecha de conocimiento del siniestro o de la materializaci\u00f3n del riesgo asegurado y es a partir de dicha fecha que debi\u00f3 haberse empezado a contar el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio para la operancia de la prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, adujeron la falta de an\u00e1lisis de la p\u00f3liza de seguro, de la cual \u00abse desprende que el riesgo asegurado era el incumplimiento de las especificaciones t\u00e9cnicas contractuales; Montoya L\u00f3pez no tuvo conocimiento de dicho incumplimiento hasta que recibi\u00f3 el informe de TECNALIA contratado precisamente para tal fin\u00bb. En tal sentido, antes de tal calenda, \u00ablo \u00fanico que sab\u00eda la Demandante es que se hab\u00edan presentado unas goteras o filtraciones, sin tener claridad sobre la causa o el origen de las mismas, m\u00e1xime cuando no era dicha sociedad la que usufructuaba la bodega, sino otra sociedad (DHL) que bien hubiera podido ser las causantes de los da\u00f1os\u00bb. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el informe fue recibido el 08 de junio del 2016 y la demanda se present\u00f3 el 5 de abril del 2017, para dicha fecha a\u00fan no hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os previsto para la operatividad de la prescripci\u00f3n ordinaria de las acciones del contrato de seguros. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Se censura el fallo de segunda instancia con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, por violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1880, 1893, 1914 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n y el 932 por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea; as\u00ed como los art\u00edculos 933, 934, 936 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n; art\u00edculos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1480 de 2011, por falta de aplicaci\u00f3n, y del p\u00e1rrafo 2 del art\u00edculo 78 de la Constituci\u00f3n Nacional, tambi\u00e9n por falta de aplicaci\u00f3n, a consecuencia de errores de hecho manifiestos en la apreciaci\u00f3n probatoria. Sentenciaron que el material probatorio obrante en el plenario, contrario a lo arg\u00fcido por el ad quem, indica que Taborda V\u00e9lez actu\u00f3 como consumidor y que, por lo tanto, \u00able era aplicable el r\u00e9gimen contemplado en el estatuto del consumidor y, en consecuencia, el tiempo la garant\u00eda estuvo suspendida, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 9 de la Ley 1480 de 2011, como lo reconoci\u00f3 el a quo. Lo anterior ha debido llevar al Tribunal a despachar desfavorablemente la excepci\u00f3n de caducidad de Hunter Douglas y, en su defecto, confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia en cuanto a la condena a dicha sociedad, quien fue el verdadero responsable de los perjuicios ocasionados a la Demandante\u00bb. <\/p>\n
Expresaron que se apreci\u00f3 indebidamente el contrato de suministro de productos Hunter Douglas para la Bodega 14 Zona Franca Intexzona del 30 de julio de 2012 y el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad Taborda V\u00e9lez. Del primero, se transcribieron las cl\u00e1usulas primera y s\u00e9ptima. Del segundo, se dijo que de este \u00abse deduce clara e inequ\u00edvocamente que la sociedad Taborda V\u00e9lez no es distribuidor de los productos de Hunter Douglas y mucho menos un eslab\u00f3n de la cadena hacia al consumo. Para su actividad mercantil, adquiere productos para su actividad de administraci\u00f3n de proyectos\u00bb.14 <\/p>\n
SEXTO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia de violar directamente los art\u00edculos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1480 de 2011, por falta de aplicaci\u00f3n; el p\u00e1rrafo 2 del art\u00edculo 78 de la Constituci\u00f3n Nacional, tambi\u00e9n por falta de aplicaci\u00f3n; y el art\u00edculo 932 del C\u00f3digo de Comercio por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. En particular, alegan que, aun cuando no se considere a Taborda V\u00e9lez como consumidor en su relaci\u00f3n con Hunter Douglas, se incurri\u00f3 en error \u00abal dejar de aplicar las normas del Estatuto del Consumidor relacionadas con la efectividad de la garant\u00eda a una relaci\u00f3n comercial para la cual existen vac\u00edos normativos en la materia y, por ende, han debido aplicarse por v\u00eda de analog\u00eda (art\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887 y art\u00edculo 1\u00ba del C\u00f3digo de Comercio) o en su defecto por remisi\u00f3n (art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio, como norma integradora del sistema jur\u00eddico de derecho privado)\u00bb. En ese sentido, revelaron que los art\u00edculos 932 y siguientes del C\u00f3digo de Comercio nada establecen en relaci\u00f3n con la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de garant\u00eda. Por tanto, consideraron que era necesario acudir al art\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887 y aplicar anal\u00f3gicamente la regulaci\u00f3n del Estatuto del Consumidor en el caso en concreto. Estatuyeron que: <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con la efectividad de la garant\u00eda, su t\u00e9rmino y suspensi\u00f3n, es jur\u00eddicamente irrelevante la calidad que ostente el acreedor en la relaci\u00f3n comercial, sea consumidor o no, ya que las caracter\u00edstica subjetivas del consumidor que busca proteger la norma, tambi\u00e9n se presentan en relaciones comerciales como la ocurrida entre Hunter Douglas y Taborda V\u00e9lez, este \u00faltimo en un grado de inferioridad en la relaci\u00f3n comercial, por factores tale como la posesi\u00f3n de la informaci\u00f3n sobre los productos, los conocimientos t\u00e9cnicos sobre los mismos, las necesidades a satisfacer, etc.\u00bb. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo expuesto, expusieron que el Tribunal, de no considerar probada la condici\u00f3n de consumidor de Taborda V\u00e9lez, debi\u00f3 \u00abaplicar anal\u00f3gicamente las normas que regulan dichas situaciones en el Estatuto del Consumidor. Incluso esta misma Corte ha dado pie para dicha aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de las normas de dicho Estatuto a situaciones no previstas en \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Respecto del primer cargo, se cometieron las siguientes falencias al momento de elaborar el reparo, que impiden su admisi\u00f3n: <\/p>\n
1.1.- Lo primero que salta a la vista es su falta de claridad, comoquiera que incurri\u00f3 en mixtura. En efecto, se acudi\u00f3 al error de hecho como fundamento de la acusaci\u00f3n, pero en desarrollo de la argumentaci\u00f3n traseg\u00f3 hacia el error de derecho. <\/p>\n
En este punto, es importante aclarar que, frente al error de hecho, esta Sala ha explicado que \u00abel fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio, alterando su contenido de forma significativa\u00bb15. En contraposici\u00f3n con lo anterior, sobre el de derecho se ha considerado que este se presenta cuando se contrar\u00edan las normas que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio -en cuando a la aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n, contradicci\u00f3n o apreciaci\u00f3n- al momento de valorar jur\u00eddicamente los medios de convicci\u00f3n. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador: <\/p>\n
\u00abel error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00b0 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01). (\u2026) <\/p>\n
Valga decir, la ocurrencia de esta tipolog\u00eda de dislate tiene ocurrencia, esencialmente, en los siguientes supuestos (i) cuando a un elemento demostrativo irregular, ilegal, extempor\u00e1neo, o no id\u00f3neo, se le otorga eficacia demostrativa contrariando as\u00ed el principio de legalidad (ii), en el evento que se le niegue eficacia probatoria a un medio oportuno, regular o conducente (iii) cuando se desatiende el imperativo de valorar de forma aunada o conjunta las probanzas incorporadas al legajo, prescindiendo de los puntos que las enlazan o relacionan\u00bb16. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo precedente, es di\u00e1fano que los yerros denunciados son de derecho, habida cuenta de que cuestionan la pertinencia e idoneidad del contrato suscrito entre Montoya L\u00f3pez Asociados y la empresa Panelmet para demostrar la extensi\u00f3n o cuant\u00eda del da\u00f1o. En particular, aseveraron que \u00abdicho contrato no cumple con los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos probar la extensi\u00f3n o cuant\u00eda del da\u00f1o, ni es id\u00f3nea para demostrar dicha cuantificaci\u00f3n y, por lo tanto, al desprender del mismo la demostraci\u00f3n del quantum del perjuicio, el Tribunal viol\u00f3, por la v\u00eda indirecta, las normas sustanciales se\u00f1aladas\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, no se critica la ignorancia o suposici\u00f3n de la prueba, la desfiguraci\u00f3n del contenido material del medio suasorio o la vulneraci\u00f3n de los postulados de la sana cr\u00edtica, las reglas de la l\u00f3gica o las m\u00e1ximas de la experiencia al momento de apreciar la probanza. Por el contrario, la censura va dirigida a evidenciar el incumplimiento de dos requisitos intr\u00ednsecos17 de la prueba documental, cuales son la pertinencia y la idoneidad. De forma tal que se cuestiona concretamente el principio de legalidad, al haberse otorgado m\u00e9rito demostrativo a una prueba que, a su juicio, era incapaz para determinar la extensi\u00f3n del da\u00f1o. <\/p>\n
Tal entremezclamiento impone colegir que en la demanda de sustentaci\u00f3n no se verifica el requisito formal consistente en formular cada cargo de forma separada, clara, precisa y completa. Como se ha reconocido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(…) la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores [de hecho y de derecho, se aclara] no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026). Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n (…) pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad\u00bb18. <\/p>\n
1.2.1. Los actores denunciaron que, de los medios de prueba obrantes en el plenario, en especial el contrato suscrito con Panelmet, \u00abno es posible concluir que el da\u00f1o cierto y directo causado por el incumplimiento implicara dicha reconstrucci\u00f3n total. Por lo tanto, dicho contrato carece de la idoneidad requerida para acreditar la real y efectiva extensi\u00f3n de los perjuicios y su valoraci\u00f3n. Siendo que era la Demandante quien ten\u00eda la carga de probar la extensi\u00f3n real del da\u00f1o y su cuantificaci\u00f3n objetiva, en ausencia de dicha prueba, no es posible proceder con una condena por indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. As\u00ed pues, para los recurrentes es manifiesto el error en que incurri\u00f3 la sentencia \u00abal tener el inocuo documento como prueba del da\u00f1o; en consecuencia, la sentencia tiene como acreditado el da\u00f1o, sin estarlo\u00bb. En tal sentido, evidenciaron que, si el Tribunal hubiera interpretado adecuadamente el material probatorio, \u00abhabr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que no exist\u00eda prueba alguna del da\u00f1o cierto, directo y real y efectivamente causado a Montoya L\u00f3pez, quien ten\u00eda la carga de probarlo\u00bb. Esto es, los casacionistas no critican exclusivamente la forma en que se determin\u00f3 la cuant\u00eda y extensi\u00f3n del da\u00f1o. En realidad, la queja va dirigida a cuestionar existencia de este. <\/p>\n
1.2.2. Una revisi\u00f3n cuidadosa del fallo cuestionado desvela que el sentenciador de segundo grado no deriv\u00f3 de dicho documento la prueba del da\u00f1o cierto, real y efectivamente causado a Montoya L\u00f3pez. Esto, por cuanto, para el momento en que fue resuelta la apelaci\u00f3n, para el Tribunal era claro que los elementos de la responsabilidad civil contractual, -en particular la existencia del da\u00f1o y nexo causal- se encontraban estructurados, sin que frente a ello se hubiese elevado oposici\u00f3n alguna en el recurso de alzada. <\/p>\n
En particular, el ad quem asever\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEs asunto averiguado que para deducir responsabilidad contractual es necesario demostrar la existencia de un negocio jur\u00eddico v\u00e1lidamente celebrado, el menoscabo que padeci\u00f3 el contratante cumplido en su patrimonio, lo mismo que la relaci\u00f3n de causalidad entre el incumplimiento que se le imputa al contratante infractor y el da\u00f1o ocasionado (\u2026). <\/p>\n
Tales presupuestos basilares ya no se disputan en el litigio que involucra directamente a quienes celebraron el contrato de obra, salvo el relativo a la extensi\u00f3n (cubierta, fachada, gastos) y la cuant\u00eda del da\u00f1o. M\u00e1s a\u00fan, si se miran bien las cosas, los contendientes reconocen, de una u otra forma, que da\u00f1o s\u00ed hubo, habi\u00e9ndose reducido la controversia al tema de la causa: \u00bfFue un problema de fabricaci\u00f3n? \u00bfFue un problema de manipulaci\u00f3n? \u00bfFue un problema de instalaci\u00f3n? \u00bfFue un problema de uso? Incluso se debe resaltar que Intexzona S.A. y Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C. se reasignaron a la conclusi\u00f3n de la juzgadora de primer grado, pues s\u00f3lo Hunter Douglas, como imputado que fue, se dio a la tarea de persistir en su postura, en orden a obtener una exculpaci\u00f3n que no repercutir\u00eda -en modo alguno- en el negocio jur\u00eddico principal, sino en el coligado de suministro que la at\u00f3 con la segunda de dichas sociedades. <\/p>\n
Luego, en el caso de Intexzona S.A. el Tribunal debe tener como punto de partida que fue responsable de los da\u00f1os ocasionados a la sociedad demandante, puesto que esa decisi\u00f3n no fue objeto de reparo y de sustentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De tal transcripci\u00f3n se averigua que para el juzgador no fue objeto de discusi\u00f3n la presencia del da\u00f1o cierto, real y efectivamente causado. Por ende, el que los recurrentes traigan tal controversia a colaci\u00f3n evidencia la falta de precisi\u00f3n del cargo, ante lo desacertado de su argumento. Ello en tanto que la consideraci\u00f3n censurada no fue objeto de discusi\u00f3n por el colegiado al no haber sido elevado tal reparo en la apelaci\u00f3n. Y es que la precisi\u00f3n obliga a \u00abque los embistes [est\u00e9n] orientados hacia los fundamentos reales de la decisi\u00f3n atacada, sin separarse de ellos, so pena que la recriminaci\u00f3n no pueda ser admitida. En otras palabras, los reproches deben dirigirse con acierto hacia el centro de la argumentaci\u00f3n de la providencia cuya anulaci\u00f3n se pretende\u00bb19. <\/p>\n
1.3.- Se agrega a lo expuesto que la acusaci\u00f3n es incompleta, pues prescindieron de cuestionar la totalidad de los argumentos que fundamentaron el fallo del juez de segundo grado. En efecto, al acudir a la providencia en cuesti\u00f3n, es patente que el ad quem valor\u00f3 el dictamen pericial rendido por la sociedad Tecnalia, el acta del 12 de febrero del 2014, la reclamaci\u00f3n que hizo Montoya L\u00f3pez Asociados S.A. ante Seguros del Estado S.A. el 20 de junio del 2016 y la declaraci\u00f3n rendida por el representante legal de Hunter Douglas de Colombia S.A., todo ello para concluir la obligaci\u00f3n de resarcir se extiende a la totalidad de los paneles. Sin embargo, a pesar de que el cargo se dirige a evidenciar que el \u00abcontrato carece de la idoneidad requerida para acreditar la real y efectiva extensi\u00f3n de los perjuicios y su valoraci\u00f3n\u00bb, siendo que \u00abera la Demandante quien ten\u00eda la carga de probar la extensi\u00f3n real del da\u00f1o y su cuantificaci\u00f3n objetiva, en ausencia de dicha prueba, no es posible proceder con una condena por indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb, lo cierto es que los censores omitieron pronunciarse precisamente sobre el ejercicio intelectivo desplegado por el colegiado respecto de la amplitud del da\u00f1o. Adem\u00e1s, el argumento luce claramente desenfocado, porque el contrato suscrito con Panelmet no fue el insumo de la extensi\u00f3n de la condena.20 <\/p>\n
1.4. A lo anterior se debe agregar que los impugnantes no explicaron la raz\u00f3n por la que consideran que tal ejercicio probatorio hubiese vulnerado las normas sustanciales que mencionan. Si bien es cierto que el canon 344 no exige integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa, lo cierto es que s\u00ed es necesario que al menos se deje entrever la raz\u00f3n por la cual se produjo su quebrantamiento. <\/p>\n
Tal como se record\u00f3 en SC3627-2021: <\/p>\n
\u00abEs aceptado en la jurisprudencia que \u00abpara casar una sentencia por violaci\u00f3n de normas sustanciales, es menester que se demuestre, de forma evidente y fuera de toda duda, que la soluci\u00f3n adoptada por el juzgador es contraria a la realidad probatoria o al recto entendimiento de las normas que la gobiernan, para lo cual debe formularse un ataque comprensible, con argumentos hilvanados y sin acudir a f\u00f3rmulas farragosas, so pena de que las consideraciones del Tribunal prevalezcan en detrimento de aqu\u00e9llas\u00bb (SC1732, 21 may. 2019, rad. n.\u00b0 2005-00539-01).<\/p>\n
En concreto, \u00ab[t]rat\u00e1ndose de la vulneraci\u00f3n de normas de derecho sustancial corresponde al opugnante, no s\u00f3lo realizar un listado de los c\u00e1nones que estim\u00f3 desatendidos, sino analizar cada uno de ellos para develar c\u00f3mo la sentencia criticada los vulner\u00f3, as\u00ed como su relevancia para la resoluci\u00f3n del litigio\u00bb; en otros t\u00e9rminos, \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3 (CSJ, AC8738, 19 dic. 2016, rad. n.\u00b0 2006-00119-01)\u00bb (AC2435, 18 jun. 2018, rad. n.\u00b0 2009-00113-03)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, este cargo debe ser inadmitido. <\/p>\n
2.- El segundo motivo de casaci\u00f3n se circunscribi\u00f3 a la violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial por error de derecho en la apreciaci\u00f3n del contrato suscrito con Panelmet, en cuanto desatendi\u00f3 el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso y, por esa v\u00eda, desconoci\u00f3 por falta de aplicaci\u00f3n los art\u00edculos 1608, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616 2056, 2059 y 2060 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Sobre el particular, se advierte que este reparo adolece de los citados yerros enunciados respecto del primero de los cargos -falta de precisi\u00f3n y claridad-. V\u00e9ase que la argumentaci\u00f3n luce contradictoria pues en unos apartes se sostiene que la equivocaci\u00f3n se present\u00f3 en tanto el ad quem encontr\u00f3 \u00abprobada la cuant\u00eda del da\u00f1o como equivalente al valor de dicho contrato, cuando el mismo no cumple con los requisitos legalmente previstos para que dicha prueba de la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios\u00bb y, en otros, se afirma que \u00abel supuesto da\u00f1o no aparece \u201creal y efectivamente causado\u201d, como lo exige la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n\u00bb. De manera que, nuevamente, la cr\u00edtica desborda y desconoce los l\u00edmites del fallo criticado, para ubicar la discusi\u00f3n en un tema que no fue objeto de estudio en la apelaci\u00f3n. Esto, se reitera, dado que, para el Tribunal, la existencia del da\u00f1o cierto, real y efectivamente causado no hac\u00eda parte de la pretensi\u00f3n impugnatoria en tanto que hab\u00eda sido aceptado por la demandada. En particular, el ad quem verific\u00f3 que los elementos de la responsabilidad civil contractual \u00abya no se disputan en el litigio que involucra directamente a quienes celebraron el contrato de obra, salvo el relativo a la extensi\u00f3n (cubierta, fachada, gastos) y la cuant\u00eda del da\u00f1o. M\u00e1s a\u00fan, si se miran bien las cosas, los contendientes reconocen, de una u otra forma, que da\u00f1o s\u00ed hubo, habi\u00e9ndose reducido la controversia al tema de la causa\u00bb.21 <\/p>\n
En una palabra, el reparo no puede ser admitido. <\/p>\n
3.- El cargo quinto no satisface la exigencia argumentativa propia de la causal de casaci\u00f3n que invoca. Ciertamente, tal como se evidencia en el resumen del aludido motivo de casaci\u00f3n, los casacionistas se limitaron a enunciar dos probanzas que, a su juicio, de haberse apreciado adecuadamente, \u00abla decisi\u00f3n no hubiera sido la de declarar prescrita o caducada la acci\u00f3n contractual contra Hunter Douglas, sino que habr\u00eda confirmado la sentencia del a quo, entendiendo que esta se suspendi\u00f3 en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 9 de la ley 1480 de 2011\u00bb. Rep\u00e1rese que la censura se ocup\u00f3 de proponer una visi\u00f3n particular sobre la forma en que debi\u00f3 resolverse el caso y apreciar los medios de prueba, a modo de alegato de conclusi\u00f3n. Sin embargo, olvid\u00f3 plantear el juicio de legalidad que est\u00e1 llamado a realizarse frente a la sentencia del Tribunal en esta v\u00eda extraordinaria. En consecuencia, tal cargo no aporta los insumos imprescindibles para emprender la labor encomendada. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso ordena al censor, cuando invoca un error de hecho manifiesto, singularizar con precisi\u00f3n y claridad las pruebas sobre las que recae el yerro, indicando en qu\u00e9 se consiste y cu\u00e1les son en concreto. Adem\u00e1s, \u00abel recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, tal actividad se extra\u00f1a en el presente asunto, pues nada se dijo sobre la forma en que interpret\u00f3 el Tribunal la prueba en contraste con lo que objetivamente se extrae de ella. Y es que, para demostrar la existencia de esta clase de yerro, se ha dicho que es imperativo que el recurrente \u00ab(\u2026) \u2018m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u2019 (\u2026)\u00bb22. Para ello, deber\u00e1 se\u00f1alar \u00abde manera precisa en qu\u00e9 consiste la desviaci\u00f3n, formalidad esta que, como se tiene dicho, no se lograr\u00eda \u2018con el simple expediente de repudiar el resultado del proceso, porque esto \u00faltimo es, sencillamente, alegar, m\u00e1s nunca demostrar, como es de rigor\u2019\u00bb23. En suma, en casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar \u00abun nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb24. <\/p>\n
4.- En conclusi\u00f3n, por las razones expuestas, se inadmitir\u00e1n los cargos primero, segundo y quinto, por falta de cumplimiento de los requisitos formales. Los motivos tercero, cuarto y sexto ser\u00e1n admitidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR los cargos primero, segundo y quinto formulados por las sociedades Intexzona S.A. Usuario Operador de Zona Franca y Taborda V\u00e9lez Y C\u00eda. S.A.S. respecto de la sentencia del 19 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: ADMITIR la demanda en cuesti\u00f3n respecto de los cargos tercero, cuarto y sexto. <\/p>\n
TERCERO: Del libelo, atendiendo lo aqu\u00ed resuelto, c\u00f3rrase traslado a los opositores, en la forma y t\u00e9rminos previstos en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CUARTO: Cumplido lo anterior vuelva la actuaci\u00f3n al despacho. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El 08 de enero del 2016, ante la permanencia de las goteras, se acord\u00f3 que: \u00ab1) Hunter Douglas suministrar\u00eda tres tejas ref. 525C, medidas a convenir con Iv\u00e1n Montoya, cada una de ellas con l\u00e1mina de poliuretano con bandeja y cubierta. Este suministro lo har\u00eda el d\u00eda 22 de enero de 2016 en Intexzona Zona Franca a las 4:00 pm; 2) Sun Light proceder\u00eda a retirar las tres tejas que le indique Iv\u00e1n Montoya y a instalar las que suministre Hunter Douglas; 3) Montoya L\u00f3pez Enviara a Tecnalia Espa\u00f1a las tejas retiradas por Sung (sic) Light, para su estudio y certificaci\u00f3n de causas de da\u00f1o; 4) Hunter Douglas har\u00eda el estudio con la Universidad Nacional de Colombia, siendo de anotar que las tres tejas que se bajen para estudio ser\u00e1n compartidas para Hunter y para Montoya, a fin de enviar los respectivos elementos de prueba; 5) Se esperaba tener resultados antes del 28 de febrero de 2016 y se proceder\u00eda a una nueva reuni\u00f3n, donde se tomar\u00eda decisi\u00f3n\u00bb. No obstante, ninguna de dichas determinaciones fue cumplida. Por tal raz\u00f3n, el 20 de junio del 2016, la demandante hizo efectiva la p\u00f3liza de garant\u00eda no. 14-45-101022302 a la entidad Seguros del Estado S.A. Sin embargo, la reclamaci\u00f3n fue objetada debido a la supuesta inexistencia del siniestro indemnizable, a la falta de acreditaci\u00f3n de los perjuicios reclamados y, de manera subsidiaria, a la ausencia de responsabilidad del tomador de la garant\u00eda en la generaci\u00f3n de los da\u00f1os reclamados. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 97-141 del PDF \u00abCUADERNO 1 PARTE 2\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 437-459 del PDF \u00abCUADERNO 1 PARTE 2\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1ginas 179-207 del PDF \u00abCUADERNO LLAMAMIENTO EN GARANT\u00cdA-08212020095639\u00bb de la carpeta \u00abCUADERNO LLAMAMIENTO EN GARANT\u00cdA 2\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1ginas 82-96 del PDF \u00abCUADERNO LLAMAMIENTO EN GARANT\u00cdA-08212020101739\u00bb de la carpeta \u00abCUADERNO LLAMAMIENTO EN GARANT\u00cdA 3\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 P\u00e1ginas 133-181 del PDF \u00abCUADERNO LLAMAMIENTO EN GARANT\u00cdA 5-08212020095639\u00bb de la carpeta \u00abCUADERNO LLAMAMIENTO EN GARANT\u00cdA 5\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 P\u00e1ginas 139-179 del PDF \u00abCUADERNO LLAMAMIENTO EN GARANT\u00cdA 7-08212020095639\u00bb de la carpeta \u00abCUADERNO LLAMAMIENTO EN GARANT\u00cdA 7\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Dicho esto, y tras hacer un extenso recuento de los hechos probados comunes y generales a todas las apelaciones, asever\u00f3 que ninguno de los elementos\u0002 de la responsabilidad contractual es ahora disputado en el litigio que involucra directamente a quienes celebraron el contrato de obra, salvo lo \u00abrelativo a la extensi\u00f3n (cubierta, facha, gastos) y la cuant\u00eda del da\u00f1o\u00bb. En otras palabras, para el Colegiado, los contendientes reconocen que s\u00ed hubo da\u00f1o, reduci\u00e9ndose la controversia al tema de su cuant\u00eda y extensi\u00f3n. En tal sentido, resalt\u00f3 que \u00abIntexzona S.A. y Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C. se resignaron a la conclusi\u00f3n de la juzgadora de primer grado, pues s\u00f3lo Hunter Douglas, como imputado que fue, se dio a la tarea de persistir en su postura, en orden de obtener una exculpaci\u00f3n que no repercutir\u00eda -en modo alguno- en el negocio jur\u00eddico principal\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Aunado a lo expuesto, y aun cuando no se tuviera en cuenta ese primer enteramiento, estim\u00f3 que el punto de partida de la prescripci\u00f3n es el mes de febrero del 2014, \u00abporque en la reuni\u00f3n que se verific\u00f3 el 12 de febrero de ese a\u00f1o -adelantada, se insiste, para atender unos requerimientos de Montoya L\u00f3pez Asociados S.A.-, se recorri\u00f3 la cubierta \u201cobservando los problemas presentados\u201d, en relaci\u00f3n con los cuales se advirti\u00f3 que pod\u00edan obedecer a \u201cproblemas de calidad o fabricaci\u00f3n del material\u201d o de \u201cinstalaci\u00f3n\u201d y \u201cmanipulaci\u00f3n\u201d\u00bb. De manera que, a\u00fan cuando se tomara esta \u00faltima fecha como detonante del plazo bienal de la prescripci\u00f3n ordinaria, \u00abse habr\u00eda consumado el 12 de febrero de 2016, raz\u00f3n por la cual la demanda que se radic\u00f3 el 5 de abril de 2017 es ineficaz para truncar ese t\u00e9rmino\u00bb. As\u00ed pues, y ante la ausencia de prueba de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n conforme el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, era procedente declarar la excepci\u00f3n prescriptiva. <\/p>\n
11\u0002 Adem\u00e1s, no es posible darle aplicaci\u00f3n al Estatuto del Consumidor, en tanto que Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C. \u00abque fue el contratante en el negocio jur\u00eddico de suministro, no puede ser considerado destinatario final, en la medida en que adquiri\u00f3 los bienes (producto de Hunter Douglas) para desarrollar su actividad econ\u00f3mica y no para la satisfacci\u00f3n de una necesidad propia o empresarial desligada de su objeto social\u00bb. Tal sociedad obr\u00f3 como intermediaria en el marco del proceso de administraci\u00f3n delegada que se celebr\u00f3 con Intexzona S.A. <\/p>\n
12\u0002 En ese orden de ideas, alegaron que el contrato que el demandante suscribi\u00f3 con Panelmet no cumple con los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para probar la extensi\u00f3n o cuant\u00eda del da\u00f1o, ni es id\u00f3nea para demostrar la cuantificaci\u00f3n. Reiteraron que \u00abel contrato no demuestra que la Demandante haya incurrido en una p\u00e9rdida real y efectiva consistente en el valor all\u00ed se\u00f1alado, ya que no existe prueba alguna de que dicho contrato se haya ejecutado y en efecto se haya pagado la cifra all\u00ed se\u00f1alada. Por lo tanto, el supuesto da\u00f1o no aparece \u201creal y efectivamente causado\u201d, como lo exige la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n. Pero adem\u00e1s, el valor de dicho contrato no es prueba de un da\u00f1o directo y cierto, toda vez que no se demostr\u00f3 que dicho contrato estuviera directamente relacionado con el da\u00f1o causado por el incumplimiento del contrato de obra\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 En ese orden de ideas, evaluaron que el Tribunal \u00abfundament\u00f3 su decisi\u00f3n de encontrar probada la prescripci\u00f3n ordinaria de las acciones del contrato de seguro de cumplimiento con Seguros del Estado al contar como fecha de inicio del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n la fecha en la cual Montoya L\u00f3pez tuvo conocimiento de unas goteras en los paneles de la obra, durante los meses de octubre y noviembre de 2013. Sin embargo, el siniestro asegurado en este caso no corresponde con la ocurrencia de ciertas imperfecciones en la obra, sino que debe corresponder con el incumplimiento del contrato. S\u00f3lo a partir de la fecha en la cual Montoya L\u00f3pez tuvo conocimiento del incumplimiento contractual, empez\u00f3 a correr el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinaria del art\u00edculo 1081 y no antes\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 Todo ello para decir que de dichas probanzas \u00abse llega a la ineludible conclusi\u00f3n, que Taborda V\u00e9lez adquiri\u00f3 a t\u00edtulo de compraventa los productos de Hunter Douglas para aplicarlos a la construcci\u00f3n de una bodega, no para su comercializaci\u00f3n o ulterior distribuci\u00f3n. Taborda V\u00e9lez administra proyectos de obra, pero no comercializa productos\u00bb. <\/p>\n
15\u0002 CSJ AC 4689-2017 de 25 de julio de 2017 <\/p>\n
16\u0002 AC5865-2021 del 15 de diciembre. <\/p>\n
17\u0002 Seg\u00fan la clasificaci\u00f3n efectuada por Hernando Devis Echand\u00eda en \u00abTeor\u00eda General de la Prueba Judicial\u00bb, Biblioteca Jur\u00eddica Dik\u00e9, Primera Edici\u00f3n colombiana, Tomo 1, pg.337. <\/p>\n
18\u0002 AC219-2017, 25 ene. <\/p>\n
19\u0002 AC028, 16 en. 2018, rad. n.\u00b0 2014-00380-01. <\/p>\n
20\u0002 La Sala ha dicho \u00abque la demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a su sentencia, porque en la medida en que sus argumentos basilares se mantengan inc\u00f3lumes, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor del ad quem deviene inquebrantable\u00bb SC4901, 13 nov. 2019, rad. n.\u00ba 2007-00181-01. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, la \u00abactividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de [los] argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario\u2026; el cargo\u2026 debe ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los aut\u00e9nticos argumentos que respaldan la decisi\u00f3n combatida\u00bb. SC5674, 18 dic. 2018, rad. n.\u00ba 2009-00190-01, reitera AC, 19 dic. 2012, rad. n.\u00ba 2001-00038-01 <\/p>\n
21\u0002 Pese a lo anterior, los actores insisten en que el contrato suscrito con Panelmet no es id\u00f3neo para determinar la extensi\u00f3n del da\u00f1o pues no individualiza \u00abqu\u00e9 partes de la nueva obra contratada corresponden efectivamente a la soluci\u00f3n de los imperfectos ocasionados por el incumplimiento del contrato principal y cu\u00e1les corresponden a actividades adicionales, mayores o nuevas que haya encargado la Demandante a Panelmet\u00bb y que, adem\u00e1s, no obra prueba en el expediente que \u00abpermita concluir que para reparar los da\u00f1os en la obra esta deb\u00eda ser desmontada en su totalidad y luego construirse nuevamente\u00bb. Tal planteamiento, se insiste, luce desenfocado en tanto la sentencia se edific\u00f3 a partir de la existencia del da\u00f1o. Es decir que la certidumbre de la presencia de aquel no fue discutida. <\/p>\n
22\u0002 CSJ AC del 14 de abr. 2011, rad. 2005-00044-01. <\/p>\n
23\u0002 CSJ AC de 18 de nov. de 1999. Exp. C. 7803. <\/p>\n
24\u0002 CSJ AC 18 dic. 2009, rad. 1999-00045-01, citado en AC2195-2016. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3198-2022 (2017-00262-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC3198-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-038-2017-00262-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66589","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66589"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66589\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}