AC3920-2022 (2022-02848-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3920-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-02848-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Catorce Civil Municipal de Barranquilla, Atl\u00e1ntico y Once Civil Municipal de Cartagena, Bol\u00edvar. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- GM Financial Colombia S.A. Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento formul\u00f3 petici\u00f3n de aprehensi\u00f3n y entrega de garant\u00eda mobiliaria contra Francisco Javier Monedero, a fin de que se pusiera a su disposici\u00f3n el veh\u00edculo \u00abMarca Chevrolet\u00bb de placas \u00abUGL631\u00bb, objeto de la prenda que constituy\u00f3 el demandado a su favor. [Fls. 6 a 9, Archivo Digital: 01DEMANDA136-2022]. <\/p>\n
2.- En el libelo se indic\u00f3 que el automotor \u00abpuede encontrarse presuntamente en diversas circunscripciones territoriales\u00bb, pero que el asunto deb\u00eda adelantarse ante los jueces de Barranquilla, por \u00abel domicilio laboral de su apoderado, en los t\u00e9rminos del numeral 7 del Art. 28 de la Ley 1564 de 2012 y el Art. 58 de la Ley 1676 de 2013\u00bb. [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
3.- El Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla en prove\u00eddo de 16 de agosto de 2019 inadmiti\u00f3 el escrito inaugural para que: i) Se aportara el contrato de prenda original suscrito entre las partes; y ii) El acreedor manifestara la ubicaci\u00f3n actual del automotor motivo del tr\u00e1mite. [Fls. 26 y 27, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
4.- Una vez la entidad financiera solicitante enmend\u00f3 el memorial de apertura, en auto de 2 de septiembre siguiente el estrado referido asumi\u00f3 el conocimiento de la diligencia y para lo pertinente decret\u00f3 la \u00abaprehensi\u00f3n\u00bb del coche aludido, comisionando al \u00abInspector de la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Seguridad Vial de Barranquilla\u00bb para llevar a cabo su captura. [Fls. 30 y 31, Ib\u00eddem], siendo retenido en la ciudad de Cartagena el 4 de febrero de 2021, ubic\u00e1ndolo en el parqueadero La Principal S.A.S. de esa urbe. <\/p>\n
5.- En memorial de 10 de marzo de 2021, la compa\u00f1\u00eda requirente suplic\u00f3 que se dispusiera el \u00ablevantamiento de la orden de inmovilizaci\u00f3n del veh\u00edculo [memorado]\u00bb, asimismo, que se \u00aboficiara\u00bb al Parqueadero La Principal S.A.S., para que efectuara la entrega del \u00abautom\u00f3vil\u00bb, pues all\u00ed se encontraba estacionado. En consecuencia, implor\u00f3 \u00abterminar el proceso y levantar la orden de inmovilizaci\u00f3n del rodante\u00bb. [Fls. 32, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
6.- En interlocutorio de 10 de junio siguiente, el Despacho se\u00f1alado neg\u00f3 aquellos pedimentos, con fundamento en que \u00abno media norma que indique de manera expresa que [la entrega] deba efectuarse de tal manera, por lo que, el r\u00e9gimen de aplicaci\u00f3n para este efecto tiene su asidero en las disposiciones del CGP, al tiempo que se hace necesario que se encuentre individualizado, inventariado, y custodiado por un auxiliar de la justicia\u00bb. As\u00ed que requiri\u00f3 al \u00abInspector de la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Seguridad Vial de Barranquilla comisionado para que se sirva devolver el despacho comisorio debidamente diligenciado, conforme las prerrogativas del auto de 2 de septiembre de 2019\u00bb. [Fls. 46 y 47, \u00cddem]. <\/p>\n
7.- Frente a esta \u00faltima determinaci\u00f3n la petente interpuso infructuosamente recurso de reposici\u00f3n, pues en directriz de 20 de junio de 2022, fue desestimado. Sin embargo, el iudex se\u00f1alado, en uso de la facultad prevista en el art\u00edculo 132 de la ley adjetiva, declin\u00f3 del adelantamiento de la \u00abdiligencia\u00bb, comoquiera que \u00abtanto el automotor materia de aprehensi\u00f3n, como el domicilio del deudor FRANCISCO JAVIER MONEDERO radican en la ciudad de Cartagena; de hecho, a la fecha, hay certeza de que el veh\u00edculo se encuentra en esa ciudad con ocasi\u00f3n de que all\u00ed\u0301 fue su aprehensi\u00f3n por parte de la Polic\u00eda de Cartagena\u00bb, por manera que, envi\u00f3 el legajo a sus hom\u00f3logos de Cartagena, Bol\u00edvar [Fls. 57 a 61, Ib\u00eddem ]. <\/p>\n
8.- Al recibir las diligencias, el Juzgado Once Civil Municipal de dicha localidad tambi\u00e9n rehus\u00f3 su adelantamiento, tras considerar que el despacho remitente no pod\u00eda desprenderse de la competencia, ya que ante la \u00abvariabilidad de la ubicaci\u00f3n del autom\u00f3vil objeto de aprehensi\u00f3n\u00bb y las \u00abm\u00faltiples\u00bb posibilidades sobre su paradero, al tenor de lo dispuesto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, correspond\u00eda a la \u00abconvocante\u00bb elegir cualquiera de las \u00abcircunscripciones territoriales\u00bb para tramitar la \u00abdiligencia\u00bb, como en efecto lo hizo, seleccionando a los \u00abjueces de Barranquilla\u00bb. [Archivo Digital: 03 AutoConflictoCompetencia]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Al tenor de lo estipulado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, invocado por la segunda de las autoridades involucradas, \u00aben los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
De la transcripci\u00f3n que antecede deviene indiscutible que cuando en un juicio se ejerza un derecho de aquellos que pertenecen a la categor\u00eda de reales, es competente para su adelantamiento el fallador de la ubicaci\u00f3n del bien, por virtud del car\u00e1cter privativo que le otorga el citado canon. <\/p>\n
3.- Sin embargo, el asunto que dio lugar al conflicto bajo examen, no se adec\u00faa a la hip\u00f3tesis consagrada en dicha regla, en tanto, no se trata de un proceso, sino de una solicitud encaminada a que se libre orden de aprehensi\u00f3n y entrega del bien sobre el cual fue constituida una garant\u00eda mobiliaria en los t\u00e9rminos de la Ley 1676 de 2013. <\/p>\n
El anotado corresponde a un tr\u00e1mite judicial de car\u00e1cter especial y aut\u00f3nomo, a trav\u00e9s del cual el acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del garante en el pago de la obligaci\u00f3n y de negativa o renuencia a la entrega voluntaria de la cosa gravada, ejerce la potestad que le confiere el legislador de pedir al juez que se aprehenda aquella, a fin de asumir su control y tenencia en ejercicio del mecanismo de ejecuci\u00f3n por pago directo (p\u00e1rag. 2\u00b0 art. 60 \u00eddem y art. 2.2.2.4.2.3 Decreto 1835 de 2015). <\/p>\n
Las autoridades jurisdiccionales habilitadas para conocer y tramitar esa petici\u00f3n son, como lo estatuye el precepto 57 de la mencionada ley, \u00abel Juez Civil competente y la Superintendencia de Sociedades\u00bb, el primero de ellos cuando el garante sea una persona natural o jur\u00eddica no vigilada por el organismo t\u00e9cnico citado, y la segunda en los casos en que el deudor sea una sociedad sometida a su vigilancia. <\/p>\n
En consonancia con el numeral 7\u00ba del canon 17 de la codificaci\u00f3n adjetiva, es a los jueces civiles municipales, en \u00fanica instancia, a quienes les compete adelantar \u00abtodos los requerimientos y diligencias varias, sin consideraci\u00f3n a la calidad de las personas interesadas\u00bb. <\/p>\n
4.- Establecida la categor\u00eda del fallador que debe hacer efectivo el ejercicio de los derechos emanados de la garant\u00eda, basta se\u00f1alar, en relaci\u00f3n con el fuero de competencia territorial, que le es aplicable la regla consagrada en el numeral 14 del canon 28 citado, a cuyo tenor: \u00ab[p]ara la pr\u00e1ctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, ser\u00e1 competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, seg\u00fan el caso\u00bb -negrilla para destacar-. <\/p>\n
5.- Al amparo de las anteriores precisiones surge incontrastable que, como en el presente asunto, seg\u00fan se infiere de los documentos anexos al escrito petitorio [folios 11 a 16, Archivo Digital: 01DEMANDA136-2022], el garante, esto es, la persona con quien debe cumplirse el acto judicial se encuentra domiciliada en la ciudad de Cartagena, en principio, ser\u00eda el juez de ese lugar el encargado de tramitar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
6.- Sin embargo, en el sub-examine no se puede soslayar que el juzgador primigenio admiti\u00f3 la \u00absolicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de garant\u00eda mobiliaria\u00bb enarbolada por GM Financial Colombia S.A. en contra de Francisco Javier Monedero, comisionando al \u00abInspector de la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Seguridad Vial de Barranquilla\u00bb para llevar a cabo su captura (Auto 2 sep. 2019) y tramit\u00f3 desde entonces todo lo relacionado con esa \u00abdiligencia\u00bb, pese a que en el panorama se divisaba que, conforme las pautas procesales antes dichas, la competencia territorial estaba en cabeza de una autoridad judicial diferente. <\/p>\n
Valga decir, la juzgadora de la ciudad de Barranquilla, en vez de repeler el asunto y enviarlo a sus hom\u00f3logos de Cartagena, vecindad que corresponde al garante, decidi\u00f3 sin m\u00e1s asumir el adelantamiento de la \u00abpetici\u00f3n\u00bb, fijando perennemente all\u00ed la competencia, sin que le sea posible a posteriori repeler el asunto, so pretexto de aplicar un control de legalidad que resultaba inviable. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, por cuanto a\u00fan de considerar dicha funcionaria que no era la llamada a gestionar aquella \u00absolicitud\u00bb, le estaba vedado desprenderse de ella en virtud del principio de perpetuatio jurisdictionis, cuyas excepciones, bajo la \u00e9gida de la precedente ley de enjuiciamiento civil, est\u00e1n limitadas a juicios que involucraran \u00abagentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno Nacional\u00bb (art. 21 C.P.C.); cuando se comprometen los intereses de un menor (CSJ AC2123-2014) y la mutaci\u00f3n de la cuant\u00eda en los casos previstos por la norma precitada y en el evento de reforma de la demanda. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que \u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d\u00bb (se destac\u00f3) (CSJ AC5451-2016, 25 ago., rad. 2015-02977-00, reiterada, entre otras, en CSJ AC3675-2019, 4 sep. 2019, rad. 2019-02699-00; CSJ AC791-2021, 8 mar., rad. 2021-00589-00; CSJ AC910-2021, 15 mar., rad. 2021-00710-00 y CSJ AC1237-2021, 19 abr., rad. 2021-01079-00). <\/p>\n
Ata\u00f1edero a tal obrar esta Corte ha sostenido que: <\/p>\n
cuando un funcionario distinto al de alguna de las circunscripciones territoriales facultadas para tramitar el pleito, omitiendo su deber de estudiar las diligencias sometidas a su consideraci\u00f3n, como lo dispone el art\u00edculo 90 del estatuto adjetivo, admite su competencia, en \u00e9l quedar\u00e1 radicada \u00e9sta, en virtud del principio de \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d, consagrado en el inciso segundo del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: \u00ab[l]a falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso <\/p>\n
En efecto, es obligaci\u00f3n del fallador que recibe las diligencias verificar si el demandante realiz\u00f3 la elecci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores y si ella est\u00e1 conforme al r\u00e9gimen de competencia territorial, pues, de lo contrario, lo procedente es el rechazo del asunto y su remisi\u00f3n a quien corresponda o, en caso de evidenciar omisi\u00f3n o falta de claridad en el escrito genitor, inadmitirlo en busca de la respectiva subsanaci\u00f3n\u00bb (AC3183-2021 de 4 de ag. Rad. 2021-02604-00). <\/p>\n
8.- Coligese entonces, que no era dable al Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla, Atl\u00e1ntico, declinar su conocimiento, por cuanto ello, no s\u00f3lo quebranta el axioma mencionado, sino, tambi\u00e9n, retarda, a\u00fan m\u00e1s, la definici\u00f3n del asunto en contrav\u00eda de la celeridad y econom\u00eda procesal exigible a las autoridades judiciales, m\u00e1xime cuando la tramitaci\u00f3n de la \u00abdiligencia\u00bb aludida se encuentra a las puertas de lograr su cometido, valga decir, obtener el prendimiento de la garant\u00eda a favor de la entidad acreedora, pues se tiene noticia de la localizaci\u00f3n del automotor, ora finiquitar la actuaci\u00f3n a petici\u00f3n del solicitante, sin que esto \u00faltimo se pueda obviar aduciendo la ausencia de ley aplicable al caso, dada la expresa imposici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 153 de 1887. <\/p>\n
En esas condiciones, provocar sin ning\u00fan fundamento un conflicto como el planteado, en abierto desconocimiento de las pautas de competencia aplicables al asunto, cuando la contienda est\u00e1 a punto de lograr su cometido, sin duda, retrasa injustificadamente la respuesta de la justicia y pone en entredicho la eficacia estatal en la satisfacci\u00f3n de las necesidades de sus asociados, sobre todo, como en el caso de ahora, la protecci\u00f3n del derecho a la propiedad privada. <\/p>\n
9.- Consecuente con lo anotado, no viene a duda que corresponde al fallador primigenio continuar con el adelantamiento del decurso y as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla, Atl\u00e1ntico, es el competente para continuar tramitando la petici\u00f3n de aprehensi\u00f3n y entrega de garant\u00eda mobiliaria referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que contin\u00fae con la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Once Civil Municipal de Cartagena, Bol\u00edvar y a la compa\u00f1\u00eda financiera interesada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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