AC3924-2022 (2016-00864-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3924-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-042-2016-00864-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de agosto de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los promotores pidieron declarar la responsabilidad civil del convocado como administrador de M\u00e9dicos Asociados S.A., conden\u00e1ndolo a pagar a esta sociedad $103.000\u2019000.000 por haberse apropiado de su patrimonio en beneficio personal y a ellos $500\u2019000.000 por la disminuci\u00f3n del valor de su participaci\u00f3n accionaria. <\/p>\n
Aseguraron que la primera cifra corresponde al monto de una obligaci\u00f3n que el ente moral reconoci\u00f3 ante el Juzgado Laboral del Circuito de Girardot, con violaci\u00f3n de sus deberes como administrador, pues se aprob\u00f3 en una asamblea en la que solo particip\u00f3 Castillo Arias, invocando un usufructo inexistente sobre las acciones. <\/p>\n
2.- El convocado se opuso a las s\u00faplicas y formul\u00f3 diversas excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
3.- El 17 de junio de 2019, el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 estim\u00f3 las pretensiones y orden\u00f3 el pago de las sumas reclamadas. <\/p>\n
4.- Al desatar la apelaci\u00f3n del actor, el Tribunal redujo la condena a $84.000\u2019000.000 y confirm\u00f3 el fallo en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
Argument\u00f3 que la ley impone a los administradores obrar de buena fe y con la diligencia que un profesional del comercio observa en sus propios asuntos, fij\u00e1ndoles una responsabilidad solidaria e ilimitada cuando ocasionen un da\u00f1o a la sociedad, socios o acreedores, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, dolo o culpa, presumi\u00e9ndose esta \u00faltima por el incumplimiento o extralimitaci\u00f3n en sus funciones, violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos. <\/p>\n
La acci\u00f3n de responsabilidad, en lo que aqu\u00ed resulta pertinente, surge de la obligaci\u00f3n del administrador de abstenerse de realizar actos de competencia con la compa\u00f1\u00eda o en los que tenga conflicto de intereses, precis\u00e1ndose, en relaci\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n por activa que se alega porque el apelante es usufructuario de las acciones de la empresa, que puede ejercerse por esta, previa decisi\u00f3n de su asamblea o junta de socios convocada por quienes representen al menos el 20% del capital, o por estos si aquella no la inician dentro de los 3 meses siguientes. <\/p>\n
En el sub lite obran las actas Nos. 136 y 138, aprobadas con el 51.5% de votos, sin que exista prueba de que hayan sido declaradas ineficaces, nulas o inoponibles, pues frente a su materialidad solo obra la opini\u00f3n del apelante sobre su ineficacia de pleno derecho, por lo que se presumen legales y brindan cabal soporte a la acci\u00f3n adelantada. <\/p>\n
Est\u00e1 acreditado que el demandado, como \u00abrepresentante legal y diciendo ejercer derechos pol\u00edticos derivados del usufructo\u00bb, logr\u00f3 que la sociedad se constituyera en su deudora de salarios y prestaciones entre 1978 y 2013, como consta en el acta No. 132 del 25 de marzo de 2014, para cuyo recaudo promovi\u00f3 juicio ejecutivo laboral en el cual se lleg\u00f3 a una conciliaci\u00f3n que contempl\u00f3 la entrega de bienes sociales, la cesi\u00f3n de acciones y la liberaci\u00f3n de otras (5 oct. 2015), aprobada mediante acta No. 137 de 30 de enero de 2015 en la que, si bien se abstuvo de votar a t\u00edtulo personal, manifest\u00f3 obrar como usufructuario de todas las acciones, salvo las de Carolina Castillo Perdomo, lo que \u00abdeja al descubierto el imperio de su personal beneficio sobre la suerte de la sociedad y de los dem\u00e1s accionistas\u00bb. <\/p>\n
Frente al alegato dirigido a desconocer las actuaciones surtidas en el juzgado laboral, no hay discordia sobre el adelantamiento del proceso ejecutivo y que por virtud de la conciliaci\u00f3n termin\u00f3 mediante auto del 15 de junio 2017 que constituye cosa juzgada, lo que no impide que, visto el contenido sustancial del acuerdo, en sede jurisdiccional se reclame contra su existencia real, validez y eficacia, en particular si fue celebrado contrariando el principio de buena fe, puntualiz\u00e1ndose que \u00abal decidir sobre la vigencia del usufructo y de las vicisitudes que informan la relaci\u00f3n laboral, el funcionario de conocimiento explic\u00f3, de manera expresa, que sobre la validez de esos temas no emitir\u00eda pronunciamiento\u00bb, por lo que no hay la indebida intromisi\u00f3n que censura el apelante. <\/p>\n
Referente al desconocimiento de la presunci\u00f3n de buena fe, indiscutiblemente existe un conflicto de inter\u00e9s del demandado al lograr la aceptaci\u00f3n de cuantiosas prestaciones laborales, sin que haya prueba de su necesidad y causaci\u00f3n ni informaci\u00f3n suficiente y relevante que justifique esa prioridad, en franco detrimento de M\u00e9dicos Asociados S.A., a lo que se suma que solo intervino desde su perspectiva personal -sin perder de vista que dijo actuar por el usufructo-, unilateralidad que pone manifiesto que pretendi\u00f3 obtener beneficios sin la pulcritud y diligencia que la ley exige de \u00abun buen hombre de negocios\u00bb, como lo destac\u00f3 la Corte Constitucional en C-123\/2006. <\/p>\n
Al contestar la demanda el censor dijo que M\u00e9dicos Asociados S.A. no sufri\u00f3 afectaci\u00f3n patrimonial porque cedi\u00f3 v\u00e1lidamente sus derechos laborales a Bradford International Commercial Corp y Plymouth Holding International Corp, reconocidas como sus cesionarias en el juicio laboral, y que aquella fue quien pact\u00f3, reparos que no prosperan, \u00abpues a pesar de que la conciliaci\u00f3n aparece suscrita por la sociedad, ese negocio hace parte del concierto de actos que fundamentan la responsabilidad del administrador\u2026al haber trasgredido los deberes propios de su cargo y contravenido el ordenamiento legal, sin que desaparezca el quebranto materializado porque esa gesti\u00f3n la hubiera realizado formalmente el ente societario -pues esa es la conducta objeto de reproche-\u2026\u00bb. <\/p>\n
Frente al matiz desarrollado en la apelaci\u00f3n, consistente en que no se prob\u00f3 la satisfacci\u00f3n de ese acuerdo porque los bienes nunca salieron del patrimonio social, como consta en los documentos contables incorporados en segunda instancia, y que la sanci\u00f3n pecuniaria se soport\u00f3 indebidamente en un juramento estimatorio objetado, se recuerda que uno de los presupuestos para la reparaci\u00f3n del da\u00f1o radica en que est\u00e9 probado, sea cierto y consecuencia del hecho imputado al demandado. <\/p>\n
Al respecto, en el acta No. 137 de 30 de enero de 2015 consta que como f\u00f3rmula de acuerdo se aprob\u00f3 que el 80.73% de la deuda se pagar\u00eda con inmuebles equivalentes a $82\u2019629.275.240 y el restante 19.27% ($19\u2019000.000.000) mediante el traspaso de unas acciones a Bradford International Commercial Corp, mientras que el saldo insoluto ($967\u2019596.663) se registrar\u00eda como pasivo a largo plazo (5 a\u00f1os), convenio que sirvi\u00f3 de puntal para que el juzgado laboral aceptara la cesi\u00f3n de derechos litigiosos a favor de esta \u00faltima compa\u00f1\u00eda y de Plymouth, terminara el proceso y levantara las cautelas, aunque se abstuvo de ordenar la entrega de los bienes por escapar de su competencia. <\/p>\n
A pesar de la intenci\u00f3n del administrador de transferir el dominio de los predios, no hay prueba de que esto haya ocurrido, \u00ablo que a primera vista permitir\u00eda concluir que no ha existido da\u00f1o\u00bb; sin embargo, lo cierto es que \u00abel acuerdo conciliatorio no ha sido invalidado por las personas involucradas en esa negociaci\u00f3n ni tampoco por una autoridad judicial, ni tal pretensi\u00f3n se hizo en los t\u00e9rminos del Decreto 1925 de 2009, art\u00edculo 5\u00ba, raz\u00f3n por la cual no puede predicarse la p\u00e9rdida de sus efectos, hip\u00f3tesis por la que es factible concluir que el perjuicio sobre M\u00e9dicos Asociados est\u00e1 en ciernes, y, con independencia de que a\u00fan no se haya actualizado, pende de la eventual ejecuci\u00f3n del pacto con el que se puso fin al contradictorio laboral\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, no obstante que inicialmente se protocoliz\u00f3 la emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de acciones a favor de Branford, el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 8 de mayo 2017 dispuso \u00abla nulidad del reglamento de emisi\u00f3n de acciones en reserva y el contrato de venta de acciones\u00bb, reversar y anular del respectivo libro la totalidad de las acciones que hubiere emitido con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n de aprobaci\u00f3n de ese reglamento y dejar sin efecto todas las decisiones de la asamblea general de M\u00e9dicos Asociados S.A. adoptadas por mayor\u00edas apoyadas en el evocado documento; por tanto, la composici\u00f3n accionaria fue restablecida, quedando sin alteraci\u00f3n el capital social y la participaci\u00f3n de los asociados, y aunque all\u00ed no se hicieron cesar los efectos de la obligaci\u00f3n de transferencia de acciones contenida en el acuerdo de conciliaci\u00f3n, la anulaci\u00f3n recay\u00f3 directamente sobre la reuni\u00f3n social que aprob\u00f3 el acuerdo de pago, por lo que es imposible jur\u00eddicamente lograr el cumplimiento compulsivo, raz\u00f3n que explica que se excluya de la condena la suma de $19\u2019000.000.000, quedando $84\u2019000.000.000. <\/p>\n
Que al iniciarse el proceso el demandado ya estuviera por fuera de la representaci\u00f3n legal de M\u00e9dicos Asociados S.A. no afecta la sanci\u00f3n de remoci\u00f3n y prohibici\u00f3n de su futura designaci\u00f3n en alg\u00fan cargo, pues se trata de una medida preventiva. <\/p>\n
La condena de costas es consecuencia natural del triunfo de las pretensiones, mientras que el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1 controvertirse mediante reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que aprueba la liquidaci\u00f3n (art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
5.- El perdedor interpuso oportunamente recurso de casaci\u00f3n, que el Tribunal le concedi\u00f3. <\/p>\n
6.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n, que el interesado sustent\u00f3 en tiempo mediante escrito contentivo de un cargo enmarcado en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de los elementos probatorios, violatorio de los art\u00edculos 66 de la Ley 446 de 1998, 1\u00ba, 3\u00ba, 14 y 28 de la Ley 640 de 2001, 23, 24 y 25 de la Ley 222 de 1995; 1613 1614, 1615, 2469 y 2483 del C\u00f3digo Civil; 117, 189, 193, 195, 196, 200 y 486 del C\u00f3digo de Comercio; 164 y 206 procedimentales. <\/p>\n
Sostuvo que el Tribunal supuso sin prueba que lo acredite que M\u00e9dicos Asociados S.A. llen\u00f3 los requisitos legales y estatutarios para iniciarle la acci\u00f3n social de responsabilidad como administrador. <\/p>\n
Explic\u00f3 que esto sucedi\u00f3 porque el juzgador dio valor probatorio al documento que los demandantes denominaron \u00abActa 136 y que dice fue ratificada en el Acta 138, que ellos mismos elevaron a la escritura p\u00fablica 3135 de 10 de junio de 2015, otorgada en la Notar\u00eda 73 de Bogot\u00e1 y registraron en la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1\u00bb, sin ver que aquellas no fueron sentadas en el libro que M\u00e9dicos Asociados S.A. \u00abllevaba debidamente registrado en la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1\u00bb y que a Claudia Constanza y Mayid Alfonso Castillo Melo, representantes legales al momento de emprender la acci\u00f3n, no les era permitido certificar hechos que no constan en ellas. Igualmente, al preterir el acta No. 145 de la asamblea de 15 de febrero en 2017 que expresamente y con car\u00e1cter general y obligatorio revoc\u00f3 todas las decisiones tendientes a ese fin; la certificaci\u00f3n del Notario 39 Bogot\u00e1, \u00abquien al revisar dicho libro de actas dio un testimonio [especial] notarial y fe p\u00fablica sobre su contenido\u00bb; y la verdadera acta No. 138 que s\u00ed aparece en el libro, correspondiente a la asamblea de 12 de marzo de 2015 y que es \u00abbien distinta y difiere totalmente de la ap\u00f3crifa que aportaron los demandantes que, al parecer, corresponde a una supuesta reuni\u00f3n\u00bb del 31 de ese mes. <\/p>\n
Tambi\u00e9n denunci\u00f3 que el fallador supuso que \u00e9l, su esposa Ana Leticia Gonz\u00e1lez \u00c1vila y sus hijos Juan Sebasti\u00e1n y Nicol\u00e1s Castillo Gonz\u00e1lez eran los representantes legales y accionistas de Bradford International Commercial Corp y Plymouth Holding International Corp, pese a faltar el correspondiente certificado de existencia y representaci\u00f3n legal. <\/p>\n
Al respecto, denunci\u00f3 que el sentenciador desconoci\u00f3 que el acta de conciliaci\u00f3n No. 88 de 5 de octubre de 2015, que da cuenta de la voluntad inequ\u00edvoca de los intervinientes de terminar el pleito laboral, produc\u00eda efectos de cosa juzgada entre ellos y les impon\u00eda el deber jur\u00eddico de cumplirla estrictamente, al tiempo que supuso \u00abque con la implementaci\u00f3n de su cumplimiento se le caus\u00f3 un da\u00f1o a la sociedad M\u00e9dicos Asociados S.A\u2026\u00bb, cuando en realidad \u00ablas pruebas que obran en el expediente demuestran todo lo contrario\u2026\u00bb, esto es, que su ejecuci\u00f3n corresponde a lo pactado. Igualmente err\u00f3, pues a pesar de que anunci\u00f3 que no se pronunciar\u00eda sobre su existencia y validez \u00abdesbordando los l\u00edmites de su propia competencia, lo tild\u00f3 como parte del concierto de actos que fundamentan la responsabilidad del administrador, sin ninguna prueba que fundamente su decisi\u00f3n\u00bb, am\u00e9n de que dej\u00f3 de ver que al no haber salido bienes del patrimonio social \u00abno ha ocurrido ni se ha causado, ni aparece demostrado en el expediente, el da\u00f1o que supuso\u2026\u00bb, al punto que reconoci\u00f3 que \u00abest\u00e1 en ciernes y pende de la eventual ejecuci\u00f3n del mencionado acuerdo conciliatorio\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00aben que en el expediente no aparece demostrado ning\u00fan da\u00f1o\u2026\u00bb por lo que el Tribunal incurri\u00f3 en un \u00abgrave, ostensible y trascendente error de juzgamiento\u00bb al imput\u00e1rselo por no haber desvirtuado la presunci\u00f3n legal de culpa, pese a reconocer que los bienes que por conciliaci\u00f3n se oblig\u00f3 a transferir \u00abno salieron del patrimonio de la sociedad\u2026\u00bb, que a primera vista pod\u00eda se\u00f1alarse la inexistencia de menoscabo y que era factible concluir que este se encontraba \u00aben ciernes pues pend\u00eda la eventual ejecuci\u00f3n\u2026\u00bb, error garrafal \u201cpues, era claro que el da\u00f1o que alegaron los demandantes\u2026 no solo no hab\u00eda ocurrido, sino que no estaba demostrado ni acreditado por ning\u00fan medio probatorio, ni era real ni cierto ni directo\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, fall\u00f3 al cuantificar el detrimento, pues sin ninguna prueba t\u00e9cnica se bas\u00f3 en el juramento estimatorio, pasando por alto que este no hace prueba cuando es objetado fundadamente, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, con lo cual supuso contra toda evidencia que \u00abascend\u00eda a la exorbitante suma\u00bb de $84.000.000.000. <\/p>\n
II.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos que el censor debe observar con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n en casaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatorio del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1an con lo anterior, ya que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ibidem, el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, la Sala puede ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o su intrascendencia; y si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a los aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si se acude al segundo numeral del art\u00edculo 336 procedimental, relacionado con la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 id, siendo perentorio precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarse y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente atribuida al sentenciador. <\/p>\n
3.- La demanda de casaci\u00f3n sub examine no colma las exigencias formales y t\u00e9cnicas que permitan abrirle paso a su estudio de fondo, de conformidad con las siguientes razones. <\/p>\n
a.-) El ejercicio casacional en materia civil implica la cabal comprensi\u00f3n por parte del recurrente de los cimientos argumentativos que edifican la sentencia atacada, contenidos en la parte motiva, pues solo a partir de ese entendimiento es que puede desplegar eficazmente su esfuerzo dial\u00e9ctico encaminado a derruirlos, al punto de dejar sin apoyo el decisum, haciendo imperioso su quiebre. <\/p>\n
La preterici\u00f3n o la inadecuada intelecci\u00f3n de tales bases tiene como consecuencia que el ataque resulte desenfocado, pues el impugnante no lo endereza contra los argumentos del Tribunal sino contra los que esboza equivocadamente. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte ha explicado que si son \u00ab(\u2026) \u2018blanco del ataque (\u2026) los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u2019 (CSJ, SC del 26 de marzo de 1999, Rad. n.\u00b0 5149; se subraya)\u00bb SC4857, 7 dic. 2020, rad. 2006-00042-01, citado en AC2877-2022. <\/p>\n
Este defecto es el que de manera predominante campea en el escrito sub examine, comenzando porque una de las tres suposiciones que el censor endilga al Tribunal es que \u00e9l, su esposa Ana Leticia Gonz\u00e1lez \u00c1vila y sus hijos Juan Sebasti\u00e1n y Nicol\u00e1s Castillo Gonz\u00e1lez eran los representantes legales y accionistas de Bradford International Commercial Corp y Plymouth Holding International Corp, a pesar de que no obra certificado de existencia y representaci\u00f3n legal que demuestre este hecho, pues una aseveraci\u00f3n probatoria as\u00ed u otra parecida en ninguna parte del fallo confutado aparecen. <\/p>\n
Igualmente, le reprocha haber dicho que se abstendr\u00eda de emitir pronunciamiento sobre la existencia y validez del acta No. 88 contentiva del convenio conciliatorio, pero que \u00abdesbordando los l\u00edmites de su propia competencia, lo tild\u00f3 como parte del concierto de actos que fundamentan la responsabilidad del administrador, sin ninguna prueba que fundamente su decisi\u00f3n\u00bb, con lo cual tergiversa la motivaci\u00f3n del juzgador, quien, por el contrario, inadvirti\u00f3 \u00abimpedimento para que en sede jurisdiccional se reclame contra su existencia real, validez y eficacia\u2026\u00bb, en otras palabras, tampoco hall\u00f3 \u00f3bice para resolver un reclamo semejante. Adem\u00e1s, cuando el Tribunal mencion\u00f3 la \u00abvigencia del usufructo y de las vicisitudes que informan a la relaci\u00f3n laboral\u00bb, lo que hizo fue constatar que \u00abel funcionario de conocimiento explic\u00f3, de manera expresa, que sobre la validez de estos temas no emitir\u00eda pronunciamiento, no existiendo, entonces, la indebida intromisi\u00f3n que censura el apelante\u00bb; en este sentido, no es lo mismo verificar lo que el a quo dijo, e incluso avalarlo t\u00e1citamente, que advertir que en esta instancia dejar\u00eda de pronunciarse al respecto. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n diferente es que para justificar el estudio de la existencia real, validez y eficacia de la conciliaci\u00f3n el ad quem dijera que \u00ab\u2026entre estos dos contradictorios no hay identidad de objeto y causa, contexto que permite concluir que a pesar de tales efectos, sin embargo sea dable intentar diferentes acciones, en particular, en presencia de un acto celebrado con desconocimiento de los principios de buena fe, fundado en sustratos ajenos a la realidad, los cuales no pueden recibir el aval del ordenamiento\u00bb, argumentaci\u00f3n que el recurrente pasa de largo, pues se limita a dolerse de que no se le hubiese reconocido efectos de cosa juzgada al acuerdo conciliatorio de 5 de octubre de 2017, lo cual es cierto, pero deja sin rebatir las razones para ello. <\/p>\n
En tal medida, no bastaba cuestionar esa situaci\u00f3n con fundamento en la \u00abcosa juzgada\u00bb que las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001 reconocen a la conciliaci\u00f3n, sino que, en el marco del error de hecho en materia probatoria, el censor debi\u00f3 especificar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto de apreciaci\u00f3n del acta No. 088 que habr\u00eda llevado al Tribunal a cercenarla o tergiversarla, tarea que omiti\u00f3 desplegar; por el contrario; la mera alusi\u00f3n a dicha normatividad desentendida de la materialidad del elemento de prueba invocado sugiere la inconformidad del recurrente por un supuesto yerro netamente jur\u00eddico, propio de otra causal de casaci\u00f3n que, en todo caso, tampoco propuso y, menos a\u00fan, desarroll\u00f3. <\/p>\n
El casacionista tambi\u00e9n censura que el sentenciador estableci\u00f3 el monto del da\u00f1o con fundamento en el juramento estimatorio realizado por la demandante, sin ver que no hace prueba porque fue objetado fundadamente. <\/p>\n
Sin embargo, es claro que la colegiatura de segundo grado abord\u00f3 esta tem\u00e1tica f\u00e1ctica en su integridad, al reconocer que fue materia de reparo en la alzada. Cuesti\u00f3n diferente es que encontrara que la oposici\u00f3n del demandado \u00abal perjuicio sentado por los actores, con el argumento que no se gener\u00f3 afectaci\u00f3n patrimonial\u00bb no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito \u00abpues a pesar de que la conciliaci\u00f3n aparece suscrita por la sociedad, ese negocio hace parte del concierto de actos que fundamentan la responsabilidad del administrador que se declara en esta sentencia, al haber trasgredido los deberes propios de su cargo y contravenido el ordenamiento legal, sin que desaparezca el quebranto materializado porque esa gesti\u00f3n la hubiera realizado formalmente el ente societario -pues esa es la conducta objeto de reproche-, as\u00ed que el ataque, desde la perspectiva expuesta en la objeci\u00f3n al juramento estimatorio, no triunfa\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Queda claro, entonces, que el fallador de instancia no desconoci\u00f3 que el juramento estimatorio fue materia de objeci\u00f3n, como denuncia la censura, sino que la encontr\u00f3 infundada. <\/p>\n
Dentro de este mismo t\u00f3pico, como el Tribunal advirti\u00f3 un matiz novedoso en la alegaci\u00f3n del apelante en el sentido que al acuerdo conciliatorio est\u00e1 sin cumplir, no solo reconoci\u00f3 la necesidad de que el da\u00f1o \u00abest\u00e9 debidamente probado, sea cierto y adem\u00e1s consecuencia del hecho que se imputa al demandado\u00bb, sino que para establecerlo acudi\u00f3 al acta No. 137 de 30 de enero de 2015 en la que consta que se aprob\u00f3 \u00abcomo f\u00f3rmula de acuerdo, el pago de un 80.73% de la deuda con bienes inmuebles equivalentes a la cantidad de $82\u2019629.275.240\u00bb y el restante 19.27% de la acreencia laboral, esto es, $19\u2019000.000 (sic) con una transmisi\u00f3n de acciones a favor de la sociedad Bradford International Commercial Corp, mientras que el saldo insoluto ($967\u2019596.663) se registrar\u00eda como pasivo a largo plazo (5 a\u00f1os), convenio que sirvi\u00f3 de puntal para las decisiones que adopt\u00f3 el Juzgado Laboral del Circuito de Girardot. <\/p>\n
A partir de lo anterior fue que manifest\u00f3 que si bien a primera vista la falta de enajenaci\u00f3n de los inmuebles permitir\u00eda concluir que el da\u00f1o es inexistente, \u00ablo cierto es que el acuerdo conciliatorio no ha sido invalidado\u2026hip\u00f3tesis por la que es factible concluir que el perjuicio sobre M\u00e9dicos Asociados est\u00e1 en ciernes, y, con independencia de que a\u00fan no se haya actualizado, pende de la eventual ejecuci\u00f3n del pacto con el que se puso fin al contradictorio laboral\u2026\u00bb. <\/p>\n
En las anteriores circunstancias, se puede afirmar que el fallador no ignor\u00f3 la objeci\u00f3n al juramento estimatorio, sino que la descart\u00f3, aunque para establecer el da\u00f1o tambi\u00e9n se apoy\u00f3 en el acta de conciliaci\u00f3n No. 137 de 30 de enero de 2015 y en la consideraci\u00f3n que el perjuicio subsiste a pesar de faltar la transferencia inmobiliaria prevista all\u00ed, por un monto equivalente al valor asignado a la acreencia o a los bienes asignados para satisfacerla. <\/p>\n
De tal suerte que no es cierto el fundamento del cargo en este punto, am\u00e9n de que la discordia sobre la configuraci\u00f3n de su materialidad en realidad se mantiene en el marco de un disenso apreciativo sobre el que es improcedente edificar el ataque en casaci\u00f3n por error f\u00e1ctico, pues, como se ha dicho reiteradamente, este recurso extraordinario es inapto para imponer una perspectiva probatoria, por sesuda que esta resulte, sino para enmendar una que definitivamente est\u00e1 fuera de lo que se desprende del material suasorio. En ese sentido, el ataque es un mero alegato de instancia tendiente a que prevalezca la visi\u00f3n de la parte interesada sobre la del fallador ad quem acerca de la existencia de los perjuicios. <\/p>\n
b.-) Atinente a los argumentos encaminados a dejar sin piso las motivaciones tendientes a reconocer la legitimaci\u00f3n de los promotores para iniciar la acci\u00f3n social, si bien el impugnante se duele de que el Tribunal desconoci\u00f3 el acta No. 145 de 15 de febrero de 2017 y el \u00abtestimonio especial\u00bb del Notario 39 de Bogot\u00e1 que dejar\u00edan sin piso a las actas Nos. 136 y 138 en que se fund\u00f3 la decisi\u00f3n, no desarrolla el ejercicio que la t\u00e9cnica casacional reclama en los casos que se denuncia infracci\u00f3n por la v\u00eda indirecta, esto es, adem\u00e1s de la individualizaci\u00f3n del medio suasorio -que s\u00ed realiza-, la presentaci\u00f3n objetiva del contenido preterido o malinterpretado y su contraste con lo dicho u omitido por el fallador de instancia para hacer relucir el error de visi\u00f3n, sin cuyo acaecimiento la decisi\u00f3n hubiese sido diferente. El inconforme se limita a mencionar los medios demostrativos a su juicio ignorados sin hacer la labor que le corresponde, de demostrar los pasajes de donde deriva sus conclusiones, enfrasc\u00e1ndose de nuevo en apreciaciones propias de un alegato de instancia. <\/p>\n
Frente a un caso similar, la Sala dijo recientemente en AC1612-2022 que <\/p>\n
(\u2026) aunque la recurrente ten\u00eda clara la labor dial\u00e9ctica que le correspond\u00eda adelantar en este punto, pues incluso cit\u00f3 doctrina de esta Sala al respecto, en ning\u00fan momento acometi\u00f3 la tarea de determinar las pruebas supuestas, preteridas o malinterpretadas, establecer su genuino alcance, contrastarlo con el entendimiento que el Tribunal les dio y, a partir de ello, hacer brotar el dislate protuberante y trascendente en la definici\u00f3n del litigio; por el contrario, se limit\u00f3 a presentar un deshilvanado escrito semejante a un alegato de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
c.-) Por otra parte, se advierte la presencia de un medio nuevo y, por tanto, inaceptable en esta sede, consistente en la reiterada alegaci\u00f3n de que el acta No. 145 dej\u00f3 sin efecto la anterior, pues ese no fue aspecto planteado por el demandado al contestar ni al sustentar la apelaci\u00f3n, pese a que el inciso segundo del literal a) del art\u00edculo 344 procedimental determina que \u00ab[e]n caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias\u00bb. <\/p>\n
Al comentar dicha disposici\u00f3n, en AC2969-2022 la Corte reiter\u00f3 que la ley, <\/p>\n
d.-) Finalmente, se observa que la censura denuncia preteridos los estados financieros de M\u00e9dicos Asociados S.A. y sus declaraciones de renta entre los a\u00f1os 2015 y 2018, decretados como prueba en segunda instancia, pero en el marco del cargo propuesto no se\u00f1ala consecuencia probatoria alguna de esa presunta omisi\u00f3n. <\/p>\n
5.- En consecuencia, como los planteamientos no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, am\u00e9n de que no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que tampoco hay lugar a darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
II.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Mayid Alfonso Castillo Arias para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 24 de julio de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso declarativo que le adelantaron Claudia Constanza, Mayid Alfonso, Viviana Eleonora, Adriana Mercedes y Clarita Aida Castillo Melo, accionistas de M\u00e9dicos Asociados S.A. <\/p>\n
Segundo: T\u00f3mense las anotaciones pertinentes, por secretar\u00eda, y env\u00edese copia de la presente providencia al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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AC3924-2022 (2016-00864-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC3924-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-042-2016-00864-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de agosto de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). I.- ANTECEDENTES 1.- Los promotores pidieron declarar la responsabilidad civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66610","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66610","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66610"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66610\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}