AC3929-2022 (2022-02949-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3929-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02949-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 los efectos en el territorio colombiano de una sentencia u otra providencia de tal car\u00e1cter proferida por autoridades extranjeras atendiendo a la reciprocidad entre Estados, siempre que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas para esta clase de asuntos. <\/p>\n
En desarrollo de lo anterior, la normativa procesal en cita prev\u00e9 en el numeral 2 art\u00edculo 607 que, la Corte rechazar\u00e1 la demanda si falta uno de los requisitos exigidos en los numerales 1 al 4 del art\u00edculo 606 Ib, entre los que se requiere que la sentencia extranjera: \u00ab3. (\u2026) se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb. <\/p>\n
2. Examinada la demanda y sus anexos, se aporta como constancia de ejecutoria de la sentencia for\u00e1nea certificaci\u00f3n del 16 de julio de 2021 con firma y sello de \u00ab[e]l letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb (p\u00e1gina 5, pdf Anexos). <\/p>\n
Al respecto, indica la demandante en su escrito inicial que si bien entre Colombia y Espa\u00f1a existe un convenio bilateral del a\u00f1o 1908 en el que se estipula que la ejecutoria de las providencias se acredita con el certificado proferido hoy por la Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a1; lo cierto es que en la actualidad dicho documento se expide por \u00ablos propios jueces del Despacho\u00bb quienes acreditan \u00aben el mismo expediente del proceso, los actos de notificaci\u00f3n y ejecutoria de sus sentencias\u00bb, actuar, que indic\u00f3, es aceptado por esta Corte como sucedi\u00f3 en el caso con radicado 2019-03702-00 donde se despu\u00e9s de inadmitirse la demanda el 11 de diciembre de 2019, se present\u00f3 un argumento similar que tuvo como consecuencia la admisi\u00f3n del tr\u00e1mite el 24 de febrero de 2020. <\/p>\n
3. De conformidad con el art\u00edculo 2 del convenio \u00absobre ejecuci\u00f3n de sentencias civiles\u00bb celebrado el 30 de mayo de 1908 entre Colombia y Espa\u00f1a e incorporado en el territorio nacional mediante la Ley 7 de ese mismo a\u00f1o se\u00f1ala: <\/p>\n
Art\u00edculo 1\u00ba Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: <\/p>\n
Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el pa\u00eds en que se hayan dictado. <\/p>\n
Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado que se solicite su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Art\u00edculo 2\u00ba La primera de las circunstancias a que se refiere el art\u00edculo anterior, se comprobar\u00e1 con un certificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n. <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica del convenio rese\u00f1ado, en cuanto a la ejecutoria de la sentencia extranjera, conlleva la necesidad de que (i) se encuentren en firme como en derecho corresponda en el pa\u00eds de origen lo que se compagina con las previsiones del numeral 3, art\u00edculo 606 C\u00f3digo General del Proceso; y (ii) la anterior circunstancia se compruebe con la certificaci\u00f3n en su momento emit\u00eda el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia pero que actualmente corresponde al Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a, de ah\u00ed que sea insuficiente que la demandante acompa\u00f1e con la demanda \u00fanicamente la constancia proferida por el funcionario judicial de la causa. <\/p>\n
En consecuencia, se rechazar\u00e1 in limine del tr\u00e1mite de convalidaci\u00f3n de la decisi\u00f3n extranjera, tal como lo ha orientado esta Corte en casos similares (AC868-2021, AC4924-2021, AC3097-2022, AC1556-2022, AC996-2022, AC192-2022, AC488-2022, AC236-2022, AC2443-2022) y se compagina a los art\u00edculos 606 y 607 de la ley procesal. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Rechazar la solicitud de exequatur presentada en el presente asunto. <\/p>\n
SEGUNDO: Reconocer personer\u00eda al abogado Miguel Humberto Ram\u00edrez Montoya, en los t\u00e9rminos y para los fines previstos en el poder conferido. <\/p>\n
TERCERO: Como el expediente es virtual, no es necesario devolver los anexos. Cumplido lo anterior, arch\u00edvese las diligencias, previas las constancias de ley. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Antes denominado Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia. <\/p>\n
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