AC4116-2022 (2022-02869-00)<\/p>\n
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AC4116-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02869-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintiuno Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bucaramanga. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer estrado, la Cooperativa para el Servicio de Empleados y Pensionados \u201cCoopensionados\u201d S.C. demand\u00f3 ejecutivamente a \u00c1ngela In\u00e9s P\u00e9rez Moreno, con base en el pagar\u00e9 suscrito por la deudora a favor de Credivalores-Crediservicios S.A., que lo endos\u00f3 en propiedad a la accionante, la cual atribuy\u00f3 la competencia a esa sede por el \u00ablugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Esa autoridad rechaz\u00f3 el l\u00edbelo porque estim\u00f3 que la competencia correspond\u00eda a los jueces del domicilio de la ejecutada, dado que se trata de un proceso en el que \u00abs\u00f3lo se ejercita la acci\u00f3n cambiaria\u00bb, que se rige por la pauta general de competencia y no por la que ata\u00f1e al lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n demandada, reservada para las controversias relacionadas con contratos y no con t\u00edtulos valores (1\u00ba junio 2022). <\/p>\n
3. La receptora rebati\u00f3 la inferencia de su hom\u00f3loga, en atenci\u00f3n a la elecci\u00f3n que realiz\u00f3 la acreedora, ajustada a la regla prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. Por consiguiente, envi\u00f3 el expediente para que se dirima la colisi\u00f3n (19 julio 2022). <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le corresponde resolverla, en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan de ellos, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra pautas que orientan la distribuci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales a partir de uno o de varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 1\u00ba, prev\u00e9 como regla general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb y a\u00f1ade que si \u00abson varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el numeral 3\u00ba de la misma norma establece que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
De modo que, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de conductas o prestaciones derivadas de un t\u00edtulo ejecutivo, ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio del demandado o el del lugar de su cumplimiento; eso s\u00ed, la escogencia y su raz\u00f3n de ser son cuestiones que deben quedar claramente determinadas en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Realizada la escogencia, el juzgador debe respetarla e impulsar el litigio, sin perjuicio de que oportunamente el demandado cuestione esa elecci\u00f3n, evento en el que le corresponder\u00e1 precisar y acreditar las razones de su disenso. Justamente, en AC1032-2019, reiterado en AC2290-2020, se memor\u00f3 la postura adoptada por la Sala frente al tema, seg\u00fan la cual, <\/p>\n
(\u2026) en juicios coercitivos el promotor est\u00e1 facultado para escoger el territorio donde desea que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos directrices, para lo cual es preciso concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y se\u00f1alar el domicilio del convocado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan sea el par\u00e1metro que seleccione. <\/p>\n
Realizada la elecci\u00f3n, al juzgador le corresponde respetarla y adelantar el litigio, salvo que posteriormente el demandado a trav\u00e9s de recurso de reposici\u00f3n alegue falta de competencia. <\/p>\n
3. En el caso particular, la acreedora realiz\u00f3 la atribuci\u00f3n con fundamento en \u00abel lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb a cargo de la deudora, prevalida para ello de la informaci\u00f3n que consta en el t\u00edtulo valor, donde se indica que el pago del importe se har\u00eda en \u00abBogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que independientemente de la vecindad de la obligada, se opt\u00f3 como sede del litigio por el lugar que, en principio, fue convenido para satisfacer las obligaciones cartulares, por lo que la primera servidora se equivoc\u00f3 al negarse a impulsar la contienda, pues la pauta de asignaci\u00f3n de competencia expresamente invocada por el extremo actor resultaba v\u00e1lida, sin que existieran motivos para apartarse de esa voluntad. <\/p>\n
No sobra recordar, en contra de lo aducido por quien inicialmente se rehus\u00f3 a acoger el tr\u00e1mite, que la regla prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso no solo aplica para las controversias originadas en negocios jur\u00eddicos o contratos, sino tambi\u00e9n en aquellos asuntos que \u00abinvolucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb, como categ\u00f3ricamente lo precept\u00faa esa norma. <\/p>\n
N\u00f3tese que ese expreso mandato difiere de aquel que en su momento consagraba el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00b8 de suerte que con la entrada en vigencia del actual estatuto adjetivo no resulten admisibles los argumentos que en su momento fueron expuestos por esta Corporaci\u00f3n en AC100 de 4 de junio de 2004, Exp. n\u00b0 2004-00067-01, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica all\u00ed analizada era diametralmente opuesta a la que se observa en el sub lite. <\/p>\n
Por \u00faltimo, no se debe perder de vista que, como se expuso en CSJ AC2574-2022, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la noci\u00f3n de \u201ct\u00edtulo ejecutivo\u201d, que se refiere a los documentos en los cuales consten obligaciones claras, expresas y exigibles, comprende a los t\u00edtulos valores que cuentan con tales atributos, ya que como se advirti\u00f3 en CSJ AC, 1 de abril de 2008, rad. 2008-00011-00, \u201ctodo t\u00edtulo valor puede ser t\u00edtulo ejecutivo pero no todo t\u00edtulo ejecutivo es un t\u00edtulo valor\u201d\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 a la oficina primigenia, para que sin tardanza le imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Por Secretar\u00eda, remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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