AC4118-2022 (2022-02810-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4118-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02810-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte resuelve el recurso de queja interpuesto por Jes\u00fas Alfonso Rodr\u00edguez Acosta, Mar\u00eda Margarita Prieto y los menores Luis Alfonso y Carlos Eduardo Rodr\u00edguez Prieto, frente al auto de 16 de junio de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro del proceso ordinario que adelantaron contra Salud EPS, que les neg\u00f3 el de casaci\u00f3n contra la sentencia dictada el de 17 de mayo anterior1. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El 12 de enero de 2017, el apoderado designado por los promotores solicit\u00f3 declarar que la entidad demandada es civilmente responsable de los da\u00f1os que a estos ocasion\u00f3 la indebida prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos a Luis Alfonso Rodr\u00edguez Prieto y, por consiguiente, condenarla a pagarles las siguientes sumas (fls. 416 al 431 cno. 1 pdf): <\/p>\n
Luis <\/p>\n
Jes\u00fas <\/p>\n
Mar\u00eda <\/p>\n
Carlos <\/p>\n
\u201ca mi poderdante\u201d (sic) <\/p>\n
Da\u00f1o emergente pasado <\/p>\n
$5\u2019000.000 <\/p>\n
Da\u00f1o emergente futuro <\/p>\n
$400\u2019000.000 <\/p>\n
Lucro cesante <\/p>\n
$300\u2019000.000 <\/p>\n
Da\u00f1o moral <\/p>\n
100 smlmv <\/p>\n
80 smlmv <\/p>\n
80 smlmv <\/p>\n
50 smlmv <\/p>\n
Da\u00f1o vida de relaci\u00f3n <\/p>\n
100 smlmv <\/p>\n
80 smlmv <\/p>\n
80 smlmv <\/p>\n
50 smlmv <\/p>\n
2.- El fallo de primer grado desestim\u00f3 tales pretensiones (fls. 545 y 546 cno. 1). <\/p>\n
3.- El superior, al desatar la alzada de los vencidos, confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n (archivo 14 pdf). <\/p>\n
4.- Los accionantes formularon casaci\u00f3n, recurso que el Tribunal neg\u00f3 mediante el prove\u00eddo que es objeto de esta queja al observar que integran un litisconsorcio facultativo y, por ende, su inter\u00e9s debe examinarse de manera individual, advirti\u00e9ndose que el de Jes\u00fas Alfonso Rodr\u00edguez Acosta, Mar\u00eda Margarita Prieto y Carlos Eduardo Rodr\u00edguez Prieto es notoriamente insuficiente en relaci\u00f3n con los $1.000\u2019000.000 requeridos, mientras que el de Luis Alfonso Rodr\u00edguez Prieto apenas llega a $983\u2019274.000, teniendo en cuenta el lucro cesante y el da\u00f1o emergente reclamados, actualizados a mayo de este a\u00f1o, as\u00ed como el m\u00e1ximo de 100 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que conforme a los criterios jurisprudenciales imperantes se le podr\u00edan reconocer por menoscabos inmateriales. <\/p>\n
5.- Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, la parte actora interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja porque el ad quem no tuvo en cuenta que a favor de la v\u00edctima directa tambi\u00e9n pidi\u00f3 $5.000.000 por \u00abda\u00f1o emergente pasado\u00bb; solo realiz\u00f3 la indexaci\u00f3n hasta mayo de 2022, siendo lo correcto a la fecha de pago efectivo; y disminuy\u00f3 indebidamente el monto del agravio extrapatrimonial reclamado, apoyado en postulados cambiantes, cerrando el acceso a la administraci\u00f3n de justicia a un menor que merece especial protecci\u00f3n y cuya grave afectaci\u00f3n har\u00eda que por este rubro f\u00e1cilmente debiera percibir m\u00e1s de 100 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
6.- Al desatar el remedio horizontal, el Tribunal mantuvo la anterior decisi\u00f3n, pues, no existi\u00f3 un error en la actualizaci\u00f3n a mayo de 2022 de la suma pretendida por el menor Luis Alfonso Rodr\u00edguez Prieto por perjuicios materiales, en la medida que la sentencia que se cuestiona fue proferida el 17 de ese mes \u00abpor lo que, respecto a esta fecha es que se calcula el inter\u00e9s para acceder a ese mecanismo extraordinario\u00bb; el detrimento se mira individualmente, sin que sea suficiente el del precitado, que es el m\u00e1s alto, pues no se le puede a\u00f1adir la suma de $5\u2019000.000 por concepto de da\u00f1o emergente pasado comoquiera que de la demanda no se deprende que los gastos relacionados hayan sido solicitados para \u00e9l, que desembols\u00f3 ese dinero o que el pago fue con cargo a su patrimonio, am\u00e9n de que fue solicitada de forma gen\u00e9rica; y aunque se adicionara a los dem\u00e1s \u00edtems actualizados apenas llegar\u00eda a $989\u2019583.100. <\/p>\n
7.- Al arribo de las diligencias a la Corte se surti\u00f3 el traslado de la queja y la contraparte guard\u00f3 silencio, seg\u00fan el informe rendido por la Secretar\u00eda de esta Sala. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como lo indica el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 caracterizado por su naturaleza extraordinaria; de ah\u00ed que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que \u00fanicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores, en toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil solo procede contra las de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n y en las de declaraci\u00f3n de uniones maritales. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 338 ibidem agrega que si las expectativas del litigante vencido son \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb el ataque proceder\u00e1 cuando \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb exceda de \u00abun mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, cuant\u00eda que al tenor del art\u00edculo 339 procesal se determinar\u00e1, en l\u00ednea de principio, \u00abcon los elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb, a menos que el censor estime que estos son insuficientes para demostrar el monto del detrimento econ\u00f3mico que le ocasiona el pronunciamiento, caso en el cual corre con la carga de \u00abaportar un dictamen pericial\u00bb, cuya idoneidad demostrativa deber\u00e1 constatar el funcionario, con la advertencia de que aquel asume los efectos adversos de su eventual desidia. <\/p>\n
Significa entonces, como lo ha sostenido la Sala, que \u00abel inter\u00e9s pecuniario del agraviado ha de determinarse a trav\u00e9s de las probanzas recaudadas a lo largo del litigio, salvo que aquel allegue un dictamen al formular el recurso para acreditarlo, de modo que el fallador pueda establecer de manera objetiva si el perjuicio irrogado por la resoluci\u00f3n confutada es suficiente para promover esta herramienta\u00bb (CSJ AC3554-2021. Subrayas ajenas al original). <\/p>\n
En este punto es preciso se\u00f1alar que la fijaci\u00f3n del malogro debe concretarse al momento en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es la fecha del pronunciamiento cuestionado, y, como ya se indic\u00f3, tener bases susceptibles de confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, trat\u00e1ndose de una parte integrada por pluralidad de sujetos, tiene relevancia determinar si obran como litisconsortes necesarios o facultativos, as\u00ed como si todos o algunos recurren. En el primer caso, el agravio se mira como un todo, mientras que en el segundo el perjuicio se examina de manera individual. En ese sentido, en CSJ AC044-2019, se dijo que <\/p>\n
(\u2026) cuando las partes son plurales, es menester verificar si el recurso lo interponen todos o algunos de sus integrantes; as\u00ed mismo, en qu\u00e9 calidad act\u00faan. Estas condiciones tienen relevancia en la forma como se cuantifica lo perseguido por el litigante insatisfecho, ya sea por el total, cuando se trata de litisconsortes necesarios, o dividi\u00e9ndolo por la participaci\u00f3n de cada uno, si son facultativos. <\/p>\n
En punto a los juicios en que dos o m\u00e1s personas buscan deducir la responsabilidad m\u00e9dica de su contraparte, su intervenci\u00f3n litisconsorcial es facultativa, en cuanto cada una bien podr\u00eda haber reclamado por separado el da\u00f1o que considera le fue infligido por la mala praxis o abstenerse de hacerlo, sin que su comparecencia conjunta fuera imperiosa para resolver el litigio. <\/p>\n
Cabe advertir que, si al menos el inter\u00e9s de alguno de los impugnantes fuera suficiente, am\u00e9n de colmar los dem\u00e1s requisitos para acceder al remedio extraordinario, ser\u00eda procedente otorgarle el recurso a los restantes integrantes de las partes que lo formularon tempestivamente, por as\u00ed preverlo el inciso segundo del art\u00edculo 338 procedimental al se\u00f1alar que \u00ab[c]uando respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se conceder\u00e1 la casaci\u00f3n interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del inter\u00e9s de este fuere insuficiente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, a pesar de que en los casos de sentencias total o parcialmente adversas a los accionantes los perjuicios extrapatrimoniales (como son los morales, fisiol\u00f3gicos, a la vida de relaci\u00f3n, costo de oportunidad o cualquier otra denominaci\u00f3n que se les d\u00e9) constituyen partidas que inciden en la fijaci\u00f3n del quantum para acceder a esta v\u00eda extraordinaria, eso no quiere decir que los montos indicados por ellos sean obligatorios con ese prop\u00f3sito, ya que desde anta\u00f1o la Corte ha sido consistente en que su fijaci\u00f3n en caso de decisiones condenatorias est\u00e1 asignada al criterio del juzgador (arbitrium judicis) conforme a las reglas de la experiencia, para lo cual debe tomar en consideraci\u00f3n las circunstancias particulares que rodean la litis, pudi\u00e9ndose apoyar en los precedentes sobre la materia. <\/p>\n
Es as\u00ed como en CSJ AC576-2019 se llam\u00f3 la atenci\u00f3n a que <\/p>\n
(\u2026) la Sala en varios pronunciamientos ha sido tajante en afirmar que la estimaci\u00f3n que hiciere el demandante en el escrito rector del proceso en cuanto a la tasaci\u00f3n de los da\u00f1os extrapatrimoniales, denominaci\u00f3n que abarca a los perjuicios morales y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, solamente ser\u00e1n tenidos en cuenta por el juzgador a efectos de determinar la cuant\u00eda econ\u00f3mica del valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente, siempre que se encuentre dentro de los topes o l\u00edmites que por ese concepto la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n viene se\u00f1alando peri\u00f3dicamente, de tal manera que cualquier exceso o desbordamiento en esta materia no es vinculante para el operador judicial. <\/p>\n
2.- Aplicadas las anteriores nociones al caso concreto, lo primero que se advierte es que los integrantes de la parte activa conformaron un litisconsorcio facultativo, medida en la que el detrimento que les ocasiona el fallo del ad quem se mira de manera individual; por esa raz\u00f3n no es posible sumar todas sus aspiraciones negadas. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, lo primero que se observa es que las pretensiones por da\u00f1o emergente \u00abfuturo\u00bb y \u00abpasado\u00bb por $400\u2019000.000 y $5\u2019000.000 respectivamente, se elevaron por el mandatario judicial \u00aba favor de mi poderdante\u00bb, sin precisar de cu\u00e1l de los cuatro demandantes, lo cual obliga a interpretar la demanda. <\/p>\n
En esa labor, los hechos del libelo indican claramente que la primera cifra se le atribuye a Luis porque \u00abno puede valerse por s\u00ed mismo y requiere una persona que lo ayude constantemente y sabido es que en Colombia nadie puede devengar menos de un salario m\u00ednimo legal mensual\u2026\u00bb; por lo tanto, se debe sumar a su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Respecto del segundo monto, el abogado dice que \u00abmis poderdantes a la fecha de presentaci\u00f3n de este escrito han tenido que cancelar por concepto de drogas dejadas de reconocer y honorarios profesionales la suma de\u2026 $5\u2019000.000\u2026\u00bb, lo que en sana l\u00f3gica lleva a concluir que se refiere a los adultos demandantes en desarrollo de su obligaci\u00f3n parental de sostenimiento de su hijo, entre quienes se reparte en cantidades iguales, es decir, $2.5000.000. No se le adiciona a Luis, pues, como el Tribunal razon\u00f3 acertadamente, no se advierte que \u00abhayan sido solicitados para el menor o que se haya indicado que ese dinero fue desembolsado por este o que el pago se haya hecho con cargo al patrimonio de \u00e9l, sobre todo porque en las pretensiones de la demanda tal situaci\u00f3n fue solicitada de forma gen\u00e9rica\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, como la sentencia de segunda instancia confirm\u00f3 la negativa de todas las pretensiones, visto que las de Jes\u00fas Alfonso Rodr\u00edguez Acosta apenas ascend\u00edan a 160 salarios m\u00ednimos legales mensuales por da\u00f1os extrapatrimoniales, a lo que habr\u00eda de sum\u00e1rsele los $2.500.000 por da\u00f1o material \u00abpasado\u00bb, es palmaria su insuficiencia; exactamente lo mismo sucede en el caso de Mar\u00eda Margarita Prieto. Con mayor raz\u00f3n, en relaci\u00f3n con Carlos Eduardo Rodr\u00edguez Prieto, cuyas aspiraciones apenas llegaron a 100 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Atinente a las s\u00faplicas en favor del menor Luis Alfonso Rodr\u00edguez Prieto, igualmente estuvo acertada la determinaci\u00f3n, comoquiera que se pidieron $400\u2019000.000 por \u00abda\u00f1o emergente futuro\u00bb y $300\u2019000.000 por lucro cesante, montos que de conformidad con la actualizaci\u00f3n realizada por el Tribunal de acuerdo con los par\u00e1metros jurisprudenciales vigentes, sobre la que los recurrentes no formulan reparo, ascend\u00edan a $883\u2019274.000 a mayo de 2022. <\/p>\n
Atinente a los detrimentos extrapatrimoniales exigidos a favor del mismo menor, tampoco anduvo equivocado el ad quem, pues si bien se pidieron 100 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por los morales y otros tantos por los atinentes a la vida de relaci\u00f3n, lo cierto es que tales montos no pod\u00eda tomarse irrestrictamente para a\u00f1adirlos al agravio que le infligi\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia, sino que conforme se dijera en la parte general de estas motivaciones, deb\u00edan atemperarse a los criterios jurisprudenciales sentados. <\/p>\n
As\u00ed procedi\u00f3 el juzgador colegiado de origen, quien apoyado en precedentes de esta Sala en casos similares y al advertir la orfandad probatoria sobre el verdadero alcance de la afectaci\u00f3n a la salud del menor, en el marco del arbitrio que en estos casos se ha reconocido al juzgador, determin\u00f3 que no obstante lo pedido, la suma m\u00e1xima que podr\u00eda decretarse por cada uno de estos conceptos ascender\u00eda a 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, para un total de 100, que aunados a los valores ya indicados por los otros rubros tampoco eran suficientes para el prop\u00f3sito anhelado por los gestores, en tanto apenas llegaban a $983\u2019274.000. <\/p>\n
Cabe agregar que no obstante la lamentable situaci\u00f3n de salud del menor directamente afectado, ello no es suficiente para franquear el paso al recurso de casaci\u00f3n si, como ac\u00e1 sucede, no se llena el inter\u00e9s pecuniario, pues hacerlo por esa mera circunstancia conllevar\u00eda que la Corte asumiera una competencia que no tiene, con la consiguiente vulneraci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n
3.- En suma, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, resultaba infructuosa la impugnaci\u00f3n extraordinaria, como certeramente lo advirti\u00f3 el sentenciador de segunda instancia. <\/p>\n
4.- Finalmente, aunque el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que hay lugar a imponer costas a la parte que \u00abse le resuelva desfavorablemente el recurso de (\u2026) queja\u00bb, en esta ocasi\u00f3n no ser\u00e1 impuesta esa condena, toda vez que no aparece constancia que se hubieren causado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Jes\u00fas Alfonso Rodr\u00edguez Acosta, Mar\u00eda Margarita Prieto y los menores Luis Alfonso y Carlos Eduardo Rodr\u00edguez Prieto frente a la sentencia proferida el 17 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro del proceso ordinario que adelantaron contra Salud EPS. <\/p>\n
Segundo: Sin condena en costas por el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
Tercero: Devolver la actuaci\u00f3n surtida a la oficina de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia que se publicar\u00e1 los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
<\/p>\n
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