AC4120-2022 (2015-00044-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4120-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-31-03-004-2015-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de An\u00edbal Montero Cantillo, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 31 de enero de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso de pertenencia del recurrente contra Judith Montero de Daza, Marlene Montero Cantillo, Ruth Mar\u00eda Montero de Villamil, Mariela Montero Prada, Yovani Montero de Ampudia y Enrique Luis Montero Cantillo. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Solicit\u00f3 el accionante declarar por v\u00eda de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, que es \u00abpropietario \u00fanico, absoluto y no proindiviso\u00bb, del inmueble de folio inmobiliario N\u00b0 060-70287 ubicado en Cartagena de Indias y se ordene la correspondiente inscripci\u00f3n. <\/p>\n
En sustento se expuso que el bien sobre el cual recaen las s\u00faplicas, fue adquirido por el gestor y los demandados mediante Escritura P\u00fablica 1779 de 1993 por compraventa celebrada con An\u00edbal Montero P\u00e1jaro; no obstante, desde esa misma anualidad solo aquel ostenta la posesi\u00f3n del predio que ha ejercido de manera p\u00fablica, pac\u00edfica, continua e ininterrumpida durante m\u00e1s de 10 a\u00f1os, \u00abcon \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o y, sin reconocer a otro como tal\u00bb. Los actos constitutivos de posesi\u00f3n ata\u00f1en a la ejecuci\u00f3n de mejoras, explotaci\u00f3n econ\u00f3mica mediante la celebraci\u00f3n de contratos de arrendamiento, as\u00ed como el pago de servicios p\u00fablicos e impuestos1. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones de la demanda principal y de la de reconvenci\u00f3n; adem\u00e1s, orden\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar practicada3. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El superior al desatar la apelaci\u00f3n del promotor, confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. Para decidir de ese modo, en resumen, expuso: <\/p>\n
1. Demandante y demandados son hermanos y figuran como titulares de derechos reales sobre el inmueble objeto de controversia adquirido por compra a su padre en el a\u00f1o 1993. El promotor aleg\u00f3 ser poseedor exclusivo del bien desde ese mismo a\u00f1o y haberlo adquirido por prescripci\u00f3n. Los convocados que se opusieron no lo reconocen como poseedor exclusivo, aducen que desde que el pap\u00e1 les vendi\u00f3 el predio, se constituy\u00f3 una comunidad entre los hermanos que autoriz\u00f3 al accionante para habitarlo, pero fue el padre de todos quien vivi\u00f3 all\u00ed hasta su muerte y continu\u00f3 su explotaci\u00f3n. <\/p>\n
Corresponde examinar si el mero ausentismo de los dem\u00e1s copropietarios, el no habitar ellos en el inmueble o no preocuparse en forma permanente por el mantenimiento del bien com\u00fan, como s\u00ed lo hizo el demandante, es suficiente \u00abpara concluir la existencia de actos que revelen, inequ\u00edvocamente, una rebeld\u00eda contra el titular y el inicio de actos propios de se\u00f1or y due\u00f1o sobre la cosa en cabeza del demandante, que lo habilite para adquirirlo por usucapi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La relaci\u00f3n material del actor con el inmueble no amerita duda. Es pac\u00edfico que ingres\u00f3 all\u00ed porque as\u00ed lo permiti\u00f3 su padre con quien lo habit\u00f3 hasta el momento de su muerte en el a\u00f1o 2014 y lo habita en la actualidad, al menos al momento de la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial realizada por el a quo. Tambi\u00e9n que el An\u00edbal Montero P\u00e1jaro (padre) vivi\u00f3 en el inmueble hasta su muerte acontecida el 26 junio de 2014, conclusi\u00f3n a la que no se opone el dicho de algunos declarantes respecto a que en forma temporal se ausentaba para compartir con sus compa\u00f1eras sentimentales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el caso se observan situaciones adversas a las pretensiones del actor por cuanto desdicen de la condici\u00f3n de poseedor exclusivo que invoca, y el material probatorio no arroja certeza sobre el abandono de su calidad de tenedor o de poseedor para la comunidad y la asunci\u00f3n de un nuevo estatus de poseedor exclusivo. <\/p>\n
Si bien en el a\u00f1o 1993 el padre transfiri\u00f3 el derecho de dominio a todos sus hijos, esa data no puede tenerse como inicio de la posesi\u00f3n por cuanto: i) el demandante concurri\u00f3 a la firma del instrumento p\u00fablico admitiendo la conformaci\u00f3n de la comunidad de propietarios del bien; ii) resulta contraevidente radicar el inicio de la posesi\u00f3n exclusiva del actor desde ese momento, porque concurrir a la firma de ese documento constituye un claro reconocimiento de dominio ajeno; iii) se trat\u00f3 de una escritura de confianza \u00abseg\u00fan se desprende del mismo relato del demandante, cuando en su declaraci\u00f3n indic\u00f3 que la venta de mi padre fue ficticia, ah\u00ed no hubo plata\u00bb; iv) el enajenante continu\u00f3 habitando el inmueble como padre de familia y lo hizo hasta el momento de su muerte que ocurri\u00f3 el 26 de junio de 2014, de manera que detent\u00f3 y explot\u00f3 el inmueble, seg\u00fan se desprende no solo del dicho de los demandados, sino tambi\u00e9n del escrito visible a folio 124 del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Fue el accionante quien se\u00f1al\u00f3 que la venta realizada por el padre a sus hijos fue ficticia porque no hubo dinero, situaci\u00f3n que plante\u00f3 el a quo al dilucidar el contenido de ese documento como una anticipaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n reserv\u00e1ndose el derecho de ocupar y explotar el bien hasta la muerte y que, por supuesto, tambi\u00e9n sirve de contexto para el entendimiento que esta instancia le otorga. Y \u00e9l mismo indic\u00f3 que su padre no recib\u00eda otro tipo de arriendos distintos a los que produc\u00eda la casa del Barrio Getseman\u00ed, luego no puede entenderse la nota del folio 124 en forma distinta a la que se hizo en primera instancia, esto es, que hasta el momento de su muerte o por lo menos a la fecha de ese documento (mayo de 2014), la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio la ten\u00eda An\u00edbal Montero P\u00e1jaro y aunque el apelante en sus reparos concretos acot\u00f3 que dicho documento fue indebidamente interpretado, no ense\u00f1\u00f3 cu\u00e1l era el recto entendimiento que deb\u00eda d\u00e1rsele. <\/p>\n
De la propia declaraci\u00f3n del accionante se puede inferir, adem\u00e1s, que reconoc\u00eda a su padre como poseedor del bien, pues sostuvo que desde 1982 que empez\u00f3 a trabajar en la ingenier\u00eda nunca le permiti\u00f3 un gasto relacionado con el bien, aun siendo \u00e9l el poseedor. De lo anterior se infiere que, aun reconociendo a su padre como poseedor, el demandante comenz\u00f3 a atender los gastos de la casa de familia desde que empez\u00f3 a ejercer su profesi\u00f3n, situaci\u00f3n por dem\u00e1s natural y l\u00f3gica si se atiende que \u00e9l tambi\u00e9n habitaba el inmueble. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No es posible admitir que el convocante es poseedor exclusivo del predio desde la adquisici\u00f3n de su cuota parte, pues reconoci\u00f3 la existencia de una comunidad de derechos sobre aquel y fue su padre quien, a pesar de la enajenaci\u00f3n, continu\u00f3 habit\u00e1ndolo y explot\u00e1ndolo econ\u00f3micamente y as\u00ed fue reconocido por el propio actor. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Del material probatorio recaudado se infiere que, en abril de 2014, los hermanos copropietarios, se reunieron con el objeto de plantear la venta del inmueble una vez faltara el padre, y es solo 4 meses despu\u00e9s, cuando empiezan a verse los primeros actos de desconocimiento p\u00fablico del actor frente a los derechos de los dem\u00e1s. Si el ahora demandante particip\u00f3 de tal reuni\u00f3n y estuvo de acuerdo con la venta del bien, debe concluirse que para abril de 2014, \u00e9l a\u00fan reconoc\u00eda domino ajeno, de manera que sus conductas de realizar mantenimiento al inmueble, pagos por su cuenta o arriendo de habitaciones, las realiz\u00f3 para la comunidad y no como poseedor exclusivo; m\u00e1xime cuando al ser el \u00fanico de los copropietarios que habita en el bien -con excepci\u00f3n de la demandada Mariela Montero que ocupa una parte del mismo- era apenas natural y l\u00f3gico que fuera el encargado de ello. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Correspond\u00eda al actor demostrar a partir de qu\u00e9 momento espec\u00edfico su posesi\u00f3n como comunero se trastoc\u00f3 en propia, a partir de qu\u00e9 momento repeli\u00f3 de manera frontal a los dem\u00e1s comuneros y su injerencia en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble, sin que se observe prueba que para julio de 1993 pueda catalogarse como tal. El mero ausentismo de los dem\u00e1s copropietarios no es suficiente para concluir la ejecuci\u00f3n de actos que revelen rebeld\u00eda contra el titular y el inicio de actos propios de se\u00f1or y due\u00f1o sobre la cosa, los que en este caso solo vinieron a exteriorizarse en el a\u00f1o 2014 luego de ocurrida la muerte del An\u00edbal Montero P\u00e1jaro; solo a partir de ese momento su tenencia, acompa\u00f1ada del \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o y la rebeld\u00eda p\u00fablica frente a los derechos de los dem\u00e1s copropietarios, podr\u00eda considerarse como una posesi\u00f3n h\u00e1bil para usucapir, transformaci\u00f3n que produce efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Encontr\u00e1ndose el fracaso de las pretensiones en el elemento subjetivo de la posesi\u00f3n, esto es el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o de quien detenta el bien, resultan irrelevantes las versiones que los vecinos puedan ofrecer, en concreto, las declaraciones de Iluminado Gaviria Gaviria y Primitiva Miranda Madrid, y que tienen por objeto evidenciar que el demandante ha permanecido por m\u00e1s de 20 a\u00f1os en el bien y se ha encargado de reparaciones y en general del mantenimiento del mismo. Siendo claro que pose\u00eda para la comunidad y solo puede observarse un acto de rebeld\u00eda frente al derecho de los dem\u00e1s condue\u00f1os en 2014, resultan in\u00fatiles las declaraciones que sobre a\u00f1os anteriores relacionan al actor con la realizaci\u00f3n de reparaciones, mantenimiento y arrendamiento del predio. <\/p>\n
<\/p>\n
9. El arrendamiento con Mariela Montero no est\u00e1 acreditado en autos. Si bien el actor se remite al recibo que aport\u00f3 y las consignaciones posteriores realizadas por esta demandada, lo cierto es que la existencia de tal contrato no resulta plausible cuando la supuesta arrendataria tiene tambi\u00e9n su cuota parte en aquel, lo habita desde hace muchos a\u00f1os y solo se alega el supuesto contrato desde \u00e9poca reciente. Adem\u00e1s, existiendo mora en el pago del canon desde hace ya largo tiempo, no se ha acudido al proceso ejecutivo para obtener su recaudo, ni al declarativo para lograr la restituci\u00f3n del supuesto bien arrendado. <\/p>\n
<\/p>\n
10. Respecto a desconocer la prueba de confesi\u00f3n contenida en la demanda de reconvenci\u00f3n, sin duda quien acciona en reivindicaci\u00f3n reconoce como poseedor a la persona que convoca en esa calidad, pero de esa confesi\u00f3n no se deriva la prueba sobre la extensi\u00f3n de esa situaci\u00f3n por el tiempo necesario para adquirir por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
11. Si se admitiera que el promotor mut\u00f3 su calidad inicial a la de poseedor exclusivo en agosto de 2014, es claro que para la presentaci\u00f3n de la demanda no cumpl\u00eda el t\u00e9rmino necesario de posesi\u00f3n para usucapir. <\/p>\n
II.- RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n y en la debida oportunidad sustent\u00f3 un cargo con soporte en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia de violar de manera indirecta por apreciaci\u00f3n indebida e interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 762, 763, 764, 768, 769, 775, 777, 778, 780, 786, 787 y 791 del C\u00f3digo Civil, y de los c\u00e1nones 164, 165, 167, 175, 176 y 375 del C\u00f3digo General del Proceso, incurriendo en errores evidentes de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. El tribunal decidi\u00f3 de manera caprichosa y antojadiza por no tener en cuenta los testimonios, interrogatorio de parte del demandante y prueba documental, dejando en desventaja al gestor con violaci\u00f3n del principio de unidad de prueba. En concreto, el yerro obedeci\u00f3 a lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Falta de valoraci\u00f3n del testimonio de Primitiva Miranda Madrid, a quien, por ser vecina del bien objeto del litigio, le constaban de manera directa los hechos de la demanda. Esa declaraci\u00f3n no fue valorada ni desestimada por el juzgador, en claro desconocimiento del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual, las pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y el juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada una; de modo que el Juez ten\u00eda el deber de pronunciarse de manera positiva o negativa sobre cada una de ellas, lo que no hizo. <\/p>\n
Con el referido testimonio se probaba el tiempo de posesi\u00f3n quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida; c\u00f3mo pas\u00f3 a ser poseedor y cu\u00e1les eran los actos de posesi\u00f3n que ejerc\u00eda el se\u00f1or Montero Cantillo; que los dem\u00e1s comuneros no realizaban gastos y que los actos de posesi\u00f3n los hac\u00eda el recurrente con exclusi\u00f3n de los dem\u00e1s. Con esa omisi\u00f3n se violaron normas sustantivas, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los art\u00edculos 762, 2512 y 2522 del C\u00f3digo Civil, no fueron aplicados al caso debiendo serlo. Al desconocer el contenido de la declaraci\u00f3n de Primitiva Miranda, se pas\u00f3 por alto la l\u00ednea cronol\u00f3gica entre el a\u00f1o 1993 y la fecha de la acci\u00f3n de venta de la cosa com\u00fan promovida por los demandados contra el aqu\u00ed recurrente; el error consisti\u00f3 en considerar que despu\u00e9s de materializado el tiempo necesario de posesi\u00f3n pueda generase la interrupci\u00f3n, pues esa acci\u00f3n se present\u00f3 transcurridos m\u00e1s de 20 a\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, que faculta al comunero para promover la acci\u00f3n de pertenencia. La declarante explica que An\u00edbal Montero Cantillo es poseedor con exclusi\u00f3n de los dem\u00e1s y que en la demanda que le presentaron de venta de la cosa com\u00fan se defendi\u00f3 oponi\u00e9ndose como poseedor y s\u00f3lo fue interpuesta en el a\u00f1o 2015. Parte la sentencia de no estar probada la posesi\u00f3n con exclusi\u00f3n, porque ante la falta de valoraci\u00f3n de esa probanza, se omiti\u00f3 la raz\u00f3n del dicho de tiempo y lugar, con categ\u00f3rica narrativa de la calidad de poseedor sin autorizaci\u00f3n, sin orden judicial ni reclamaci\u00f3n; \u00abeste error de la sentencia al omitir la prueba incide directamente en concluir que no est\u00e1 poseyendo con exclusi\u00f3n, la testigo expresa la circunstancia de la existencia de un contrato de arrendamiento con una de las demandas, y ello constituye reconocimiento de posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil que consagra los requisitos para adquirir el dominio por prescripci\u00f3n extraordinaria, entre ellos una posesi\u00f3n continua de diez a\u00f1os. Los actos de se\u00f1or y due\u00f1o pueden interrumpirse natural o civilmente; en el caso que nos ocupa de la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Primitiva Miranda, las pruebas documentales y testimoniales, no se desprende que se haya dado alguna de las interrupciones civiles o naturales, por el contrario, ha sido p\u00fablica, continua, y conocida por los habitantes de la localidad, en forma excluyente <\/p>\n
<\/p>\n
2. Falta de valoraci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de An\u00edbal Montero Cantillo. Con esa omisi\u00f3n se vulner\u00f3 el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no se tuvo en cuenta individualmente ni en forma integral con los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n y en Colombia \u00abes deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final\u00bb. Tambi\u00e9n se vulneraron los art\u00edculos 191 del estatuto procesal que regula la prueba de la confesi\u00f3n y el 165 ib\u00eddem, que entre los medios de prueba incluye la declaraci\u00f3n de parte, por lo que debe ser valorada por el juez, aunque no conlleve confesi\u00f3n. <\/p>\n
El demandante dio cuenta de todos los aspectos relacionados con su calidad de poseedor, dejando claro que ostenta el corpus y el animus; que existe abandono del inmueble por parte de los accionados y la mutaci\u00f3n de su calidad de tenedor a poseedor, as\u00ed como de su capacidad econ\u00f3mica y de los distintos actos de explotaci\u00f3n del bien. Se demostr\u00f3 que no hubo acci\u00f3n judicial, reclamaci\u00f3n o acuerdo alguno sobre la administraci\u00f3n de la copropiedad y si los demandados nunca han ejercido posesi\u00f3n material, no puede colegirse que la posesi\u00f3n del convocante haya sido en nombre de la comunidad y tampoco puede exig\u00edrsele probar que no es el administrador. <\/p>\n
<\/p>\n
3. No se valoraron los documentos donde consta que el se\u00f1or An\u00edbal Montero Cantillo ha trabajado desde 1982 hasta la fecha, y que todos los servicios p\u00fablicos est\u00e1n a su nombre. Estas pruebas son relevantes por cuanto los accionados adujeron que el accionante fue dejado en el inmueble como tenedor por no percibir ingresos suficientes para sostenimiento de su familia, situaci\u00f3n que es completamente falsa y que se prob\u00f3 con las certificaciones bancarias, desprendibles de pago, certificados expedidos por las empresas en que labor\u00f3 y que labora el se\u00f1or Montero Cantillo y el documento donde consta que es pensionado del ISS. Qued\u00f3 as\u00ed en evidencia que los juzgadores generaron ventaja a los demandados y crearon un desequilibrio en el proceso, por desconocer su deber de valorar todas las pruebas y de pronunciarse sobre cada una de ellas exponiendo razonadamente el m\u00e9rito que les asigne. <\/p>\n
<\/p>\n
4. No se tuvieron en cuenta los manuscritos de Mariela Montero Prada, contratos de arrendamiento, extractos bancarios, recibos de caja y dem\u00e1s documentos que demuestran la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del bien a trav\u00e9s de contrato de arrendamiento desde junio de 1994 hasta el presente. Estas pruebas daban cuenta de la existencia del referido contrato, pero el tribunal no las consider\u00f3, como tampoco el celebrado con la se\u00f1ora Clara Ramos que reposa en el expediente junto con los volantes de pago. Con esa omisi\u00f3n, se violaron de manera indirecta los art\u00edculos 1496, 1498, 1500, 1517 y 1602 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Tampoco se valor\u00f3 la carta firmada por An\u00edbal Montero P\u00e1jaro (q.e.p.d.), que daba cuenta de quien se ocupaba de \u00e9l. El Tribunal \u00abhace una interpretaci\u00f3n suprimiendo toda esta declaraci\u00f3n y solo se resalta que realiza el cobro de las pensiones, y de arriendos\u00bb, y no en forma integral y coherente, por lo que es evidente la violaci\u00f3n probatoria y su incidencia en la decisi\u00f3n al concluir que no es poseedor. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Falta de valoraci\u00f3n de la demanda reivindicatoria y sus efectos. Con esta omisi\u00f3n se desconoce el art\u00edculo 193 del C\u00f3digo General del Proceso relacionado con la confesi\u00f3n por apoderado judicial, pues su presentaci\u00f3n no fue interpretada con sus efectos probatorios dado que la misma se dirige contra el actual poseedor; se dict\u00f3 sentencia en detrimento del art\u00edculo 176 ib\u00eddem que impone la valoraci\u00f3n de las pruebas en su conjunto y, de contera, se violaron los art\u00edculos 762, 2512 y 2531 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el 375 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El Tribunal dict\u00f3 un fallo que carece de soporte probatorio, toda vez que las pruebas no se analizaron correctamente o no fueron valoradas. En consecuencia, se solicita casar su sentencia. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en el libelo para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb4. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, incluye que esta debe contener: <\/p>\n
\u201c2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia; <\/p>\n
b) Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias.\u201d <\/p>\n
Por otra parte, las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cuando se invoca la causal segunda prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es preciso que el impugnante determine en cu\u00e1l de las dos modalidades que permite el reproche se inscribe el desafuero del tribunal, es decir, si por incursi\u00f3n en errores de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba; o de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria. Igualmente, ser\u00e1 menester que indique en qu\u00e9 consiste el yerro de acuerdo con las especificidades de aquellas, con expresa referencia de las normas de orden sustancial aplicables en la definici\u00f3n de la controversia que resulten transgredidas y, en el segundo evento, adem\u00e1s, las de car\u00e1cter probatorio que se consideren violadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el sub judice, la sustentaci\u00f3n presenta un grave defecto por cuanto, examinadas las razones del ad quem para denegar las pretensiones, confrontadas con los reparos planteados por el inconforme, los \u00faltimos lucen incompletos e imprecisos. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, en esencia, el Tribunal neg\u00f3 las s\u00faplicas por falta de prueba del animus como elemento subjetivo de la posesi\u00f3n, en la medida que, del an\u00e1lisis del acervo probatorio, dedujo que el accionante no logr\u00f3 acreditar su condici\u00f3n de \u00abposeedor exclusivo del bien objeto del proceso desde la fecha que lo aleg\u00f3 en la demanda\u00bb. <\/p>\n
A esa conclusi\u00f3n arrib\u00f3, tras considerar: i) el demandante ingres\u00f3 al inmueble en calidad de hijo del propietario; ii) al concurrir al negocio de compraventa en 1993, el accionante admiti\u00f3 la conformaci\u00f3n de la comunidad de copropietarios del predio, entendi\u00e9ndose que su posesi\u00f3n era para esa comunidad; iii) aunque en 1993 el se\u00f1or An\u00edbal Montero P\u00e1jaro transfiri\u00f3 la titularidad del bien a sus hijos el negocio jur\u00eddico fue ficticio y qued\u00f3 evidenciado que el enajenante continu\u00f3 ejerciendo posesi\u00f3n sobre el inmueble y explot\u00e1ndolo econ\u00f3micamente hasta la fecha de su fallecimiento en el a\u00f1o 2014, y el mismo convocante reconoc\u00eda la calidad de poseedor de su difunto padre; iv) en abril de 2014 los copropietarios incluyendo al actor, se reunieron para plantear la venta del inmueble, de manera que si aquel particip\u00f3 en esa conversaci\u00f3n, ello significa que para esa data reconoc\u00eda dominio ajeno admitiendo que el inmueble era de la comunidad y, iv) el accionante tampoco demostr\u00f3 a partir de qu\u00e9 momento espec\u00edfico mut\u00f3 su condici\u00f3n de tenedor en poseedor exclusivo con desconocimiento de los dem\u00e1s comuneros, circunstancias que solo se exteriorizaron a partir de 2014, despu\u00e9s de la muerte de su padre, por lo que es claro que para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda no cumpl\u00eda el tiempo necesario para usucapir. <\/p>\n
Los puntos rese\u00f1ados fueron los aspectos medulares que sirvieron de soporte al fallo del Tribunal que viene amparado por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, de manera que el casacionista ha debido dirigir su censura a socavar todos esos fundamentos, cosa que no hizo. <\/p>\n
Ciertamente, el reproche en esta sede extraordinaria se orient\u00f3 a atacar la conclusi\u00f3n de la falta de acreditaci\u00f3n de actos posesorios durante todo el t\u00e9rmino legalmente exigido para sacar avante las pretensiones; y, con miras a demostrar el error del tribunal a ese respecto, se aleg\u00f3 deficiente valoraci\u00f3n de los medios persuasivos de car\u00e1cter testimonial, declaraci\u00f3n de parte y documental, que, de acuerdo con el dicho del opugnante, daban cuenta de su calidad de poseedor desde la \u00e9poca de la compraventa, de manera individual y no para la comunidad de copropietarios. <\/p>\n
No obstante, ning\u00fan reproche se dirigi\u00f3 contra el argumento basilar del fallo, atinente a que, pese a la enajenaci\u00f3n del inmueble, mientras el padre de los hermanos enfrentados en esta controversia estuvo vivo, fue \u00e9l quien ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n y explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble, al punto que solo despu\u00e9s de su fallecimiento pod\u00eda entenderse que el promotor empez\u00f3 a comportarse con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, en rebeld\u00eda p\u00fablica frente a sus cond\u00f3minos, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el tribunal a partir de la valoraci\u00f3n del acervo probatorio, incluyendo las propias aseveraciones del actor, aspecto que no cuestion\u00f3 en la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es m\u00e1s, aunque el recurrente aleg\u00f3 yerro por \u00abomisi\u00f3n\u00bb en la valoraci\u00f3n del testimonio de la se\u00f1ora Primitiva Miranda Madrid doli\u00e9ndose de lo trascendental que el mismo resultaba para dilucidar los hechos de la demanda, ning\u00fan dislate concreto se\u00f1al\u00f3 contra el argumento puntual del ad quem para no detenerse en el an\u00e1lisis de ese medio demostrativo, consistente en que, encontr\u00e1ndose el fracaso de las s\u00faplicas en el elemento subjetivo de la posesi\u00f3n \u00abesto es, el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o de quien detenta el bien sin reconocer dominio ajeno\u00bb, resultaban irrelevantes las versiones que vecinos del bien pudieran ofrecer cuyo objeto era \u00abevidenciar que el demandante ha permanecido por m\u00e1s de 20 a\u00f1os en el bien (lo que no se discute) y se ha encargado de reparaciones y en general del mantenimiento del mismo, hecho este \u00faltimo que como ya se dijo, no denota necesariamente actos constitutivos de posesi\u00f3n h\u00e1bil para usucapir si a la par se act\u00faa reconociendo dominio ajeno\u00bb; ni explic\u00f3 de qu\u00e9 manera esa prueba o las dem\u00e1s que rese\u00f1\u00f3 como omitidas o valoradas de manera equivocada, pod\u00edan incidir en la inferencia del ad quem referente a la calidad de poseedor que ostent\u00f3 hasta su muerte el padre de los hermanos intervinientes en esta contienda, ni por qu\u00e9 raz\u00f3n esa conclusi\u00f3n resultaba infundada o contraevidente. <\/p>\n
Emerge de lo expuesto que el casacionista para respaldar el reproche esgrimido con sujeci\u00f3n a la causal segunda no dirigi\u00f3 sus esfuerzos a derruir todos los argumentos que sostienen el fallo de segunda instancia, lo que impide que el mismo se abra paso, pues al resultar incompleto e impreciso es claro que aun si se admitiera raz\u00f3n en su disertaci\u00f3n, de todas maneras, la sentencia seguir\u00eda en pie afianzada en los fundamentos no combatidos, referidos, principalmente, a que la fecha temporal de la posesi\u00f3n alegada por el promotor solo pudo haber iniciado con posterioridad a la muerte de su padre, de manera que, para la calenda de presentaci\u00f3n de la demanda, no se hab\u00eda cumplido el tiempo necesario para adquirir por prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC2537-2017, puntualiz\u00f3 la Sala, <\/p>\n
\u201ccuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, (\u2026) y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario.\u201d (CSJ. AC 19 dic. 2012, rad. 2001-00038-01, reiterado en AC4310-2014 y en AC. de 15 abr. 2016, rad. 2009-00263-01) (Subraya la Sala). <\/p>\n
<\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, como el ataque no se ci\u00f1e a los requerimientos formales de esta senda extraordinaria, y toda vez que no se aprecian razones que justifiquen darle v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso al no advertirse que el fallo impugnado comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico o atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, de conformidad con el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, se inadmitir\u00e1. <\/p>\n
IV.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda interpuesta por An\u00edbal Montero Cantillo frente a la sentencia proferida el 31 de enero de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devu\u00e9lvase el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Folios 4 \u2013 18, c.1 expediente digitalizado. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Folios 184 y ss., 296 y ss., cno 2; fl. 582 y ss. cno. 3. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Fls. 669 \u2013 671. <\/p>\n
4\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1nez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC4120-2022 (2015-00044-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC4120-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-31-03-004-2015-00044-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de An\u00edbal Montero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66658","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66658\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}