AC4135-2022 (2022-02910-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4135-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02910-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil Municipal de Palmira, Valle y Treinta Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2.- En el libelo, la gestora indic\u00f3 que fijaba la competencia en los jueces de la precitada latitud, en virtud de \u00abla ubicaci\u00f3n de la garant\u00eda\u00bb. [Fl. 4, archivo digital: 01DemandaAnexos]. <\/p>\n
3.- El estrado primigenio, en un comienzo, inadmiti\u00f3 el memorial de apertura, entre otras cosas, para que se acreditara si la entidad financiera ejecutante contaba con \u00abagencia o sucursal\u00bb en \u00abPalmira, Valle\u00bb. [Archivo digital: 04.AutoInadmite]. <\/p>\n
4.- En cumplimiento de lo anterior, la compa\u00f1\u00eda convocante manifest\u00f3 que formulaba el coercitivo en aquella poblaci\u00f3n con fundamento en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 de la ley adjetiva, toda vez que \u00aben el pagare\u0301 base de la ejecuci\u00f3n se consagro\u0301 que en la sucursal de dicha localidad se cre\u00f3 la obligaci\u00f3n representada en tal t\u00edtulo valor\u00bb, en esa medida, el asunto estaba vinculado a esa sede territorial, tesis que apoy\u00f3 en un pronunciamiento de esta Corte. [Archivo digital: 06.MemorialSubsanaci\u00f3n]. <\/p>\n
5.- Con fundamento en ello, el despacho mencionado rechaz\u00f3 el pleito, aduciendo su falta de competencia territorial, por cuanto la entidad acreedora es de naturaleza p\u00fablica, de ah\u00ed que, de conformidad con el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, quien debe asumir el adelantamiento de la causa es el funcionario judicial de su \u00abdomicilio principal\u00bb, valga decir, Bogot\u00e1 D.C., ya que no se logr\u00f3 establecer si la compa\u00f1\u00eda pleiteante realmente contaba con una \u00abagencia o sucursal\u00bb en la urbe mencionada, con todo, \u00abse advierte que el punto de atenci\u00f3n en Palmira, se encuentra temporalmente cerrado, adem\u00e1s, el hecho de que exista una oficina abierta al p\u00fablico, no traduce autom\u00e1ticamente que se encuentre registrada como sucursal\u00bb. En consecuencia, dispuso su remisi\u00f3n a los juzgados de esta capital. [Archivo digital: 01.006. AUTORECHAZACOMPETENCIAFONDONACIONAL]. <\/p>\n
6.- Al recibir las diligencias, el Juzgado Treinta Civil Municipal capitalino, se neg\u00f3 a impartirles tr\u00e1mite, arguyendo que, seg\u00fan la documentaci\u00f3n obrante en el plenario, la \u00abejecuci\u00f3n\u00bb est\u00e1 relacionada con \u00abuna agencia de la ejecutante en la localidad de Cali [sic] (nu\u0301ms. 5o y 10o, art. 28 C.G.P.), atribuci\u00f3n que coincide con el lugar de ubicaci\u00f3n del bien sobre el cual se ejerce el derecho real de hipoteca (n\u00fam.. 7o ib\u00eddem)\u00bb, postura basada en la providencia AC280-2022 de esta Sala. <\/p>\n
7.- Con sustento en lo anterior, suscit\u00f3 conflicto negativo de competencia y dispuso la remisi\u00f3n del paginario a esta Corporaci\u00f3n. [Archivo digital: 15.2022-00208 PlanteaConflictoNegativoDeCompetencia]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que, en el presente caso, por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica, concurren entre otros, dos fueros especiales de los cuales se predica exclusividad: el real y el personal, a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
2.1.- Conforme al primero, en las controversias en las cuales se ejerciten derechos reales, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
2.2.- La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio involucrado y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (CSJ AC162-2019, 25 ene., rad. 2018-03768-00, CSJ AC277-2019, 1 feb., rad. 2018-03872-00, CSJ AC1020-2019, 20 mar., rad. 2019-00660-00, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (CSJ AC1167-2019, 29 mar., rad. 2019-00539-00, CSJ AC2313-2019, 17 jun, rad. 2019-00725-00, CSJ AC3108-2019, 5 ago., rad. 2019-02290-00 y CSJ AC2836-2021, 14 jul., rad. 2021-02177-00, entre otras). <\/p>\n
2.3.- La providencia CSJ AC140-2020, del 24 enero, rad. 2019-00320-00 resolvi\u00f3 la indicada discusi\u00f3n al unificar en ese momento la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, con ocasi\u00f3n de un asunto donde concurr\u00edan los mencionados fueros, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador, soport\u00e1ndose \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3.- Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental, no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los foros de las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
4.- Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una pauta de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplaza a otras -como aqu\u00ed sucede- con la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se localiza el bien sobre el cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador incompetente, ni en virtud de la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las reglas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas. <\/p>\n
Adicionalmente, esta Corporaci\u00f3n ha destacado, que \u00aben los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio\u00bb (CSJ AC2462-2021, 23 jun., criterio reiterado en AC2384-2022, 10 jun.). <\/p>\n
5.- No obstante, sin desconocer el imperativo dispuesto en el numeral 10\u00ba del citado precepto 28 de la codificaci\u00f3n instrumental que asigna la competencia al fallador del \u00abdomicilio de la respectiva entidad\u00bb, haciendo una interpretaci\u00f3n integradora de la normativa regente de la competencia territorial, esta Colegiatura ha hecho uso, en algunos casos, de la directriz contenida en el numeral 5\u00b0 eiusdem, conforme a la cual \u00abcuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb (CSJ AC3788-2019, 11 sep., rad. 2019-02833-00 reiterada en CSJ AC2649-2021, 30 jun., rad. 2021-01924.00, AC010-2022, 17 en., rad. 2021-04723). <\/p>\n
De esa manera, el ente territorial, la entidad descentralizada por servicios o el organismo p\u00fablico a favor del cual se reconoce la prerrogativa de comparecer a juicio en el sitio de su domicilio, est\u00e1 habilitado para escoger el lugar de su sede principal o el de la sucursal o agencia al que se encuentre ligado el asunto materia del litigio, selecci\u00f3n que lejos de resentir el fuero privativo, le otorga una aplicaci\u00f3n concreta, toda vez que el legislador no lo circunscribi\u00f3 al domicilio principal del \u00f3rgano beneficiario. <\/p>\n
5.1.- A voces del art\u00edculo 263 del C\u00f3digo de Comercio: <\/p>\n
\u00abSon sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. <\/p>\n
Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deber\u00e1 otorg\u00e1rseles un poder por escritura p\u00fablica o documento legalmente reconocido, que se inscribir\u00e1 en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumir\u00e1 que tendr\u00e1n las mismas atribuciones de los administradores de la principal\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el concepto de \u00abagencias\u00bb est\u00e1 definido en la regla 264 idem, como los \u00abestablecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla\u00bb. <\/p>\n
6.- En el caso bajo examen se tiene, que el ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro, cuya naturaleza es la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado de car\u00e1cter financiero del Orden Nacional, seg\u00fan lo estatuido en la Ley 432 de 1998, de modo que la competencia para conocer del compulsivo se radica, en principio, en el juez de su lugar de domicilio, valga decir, en Bogot\u00e1. <\/p>\n
Auscultados los anexos de la demanda ejecutiva radicada por el Fondo Nacional de Ahorro contra Yair Aguilar Mart\u00ednez, se observa que el t\u00edtulo valor presentado para el cobro, fue suscrito el 26 de febrero de 2013 por el equivalente a 178.638,1512 UVR, tanto su creaci\u00f3n como el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n debida se pact\u00f3 en el municipio de Palmira, Valle, tal como consta en el cuerpo de ese documento. [fls 67 a 73, archivo digital: 01DemandaAnexos]. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se constata que en Palmira existe \u00abun punto de atenci\u00f3n\u00bb del Fondo Nacional del Ahorro, seg\u00fan revela la informaci\u00f3n publicada en el sitio web oficial de esa instituci\u00f3n \u2013https:\/\/www.fna.gov.co\/atencion-ciudadana\/puntos-de-atencion-, lo que permitir\u00eda inferir que la acreedora cuenta con \u00abestablecimientos de comercio\u00bb, fuera de su domicilio \u00abpara el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos\u00bb, tales como la celebraci\u00f3n de contratos de mutuo con garant\u00eda real con sus afiliados, circunstancia que explica la emisi\u00f3n del pagar\u00e9 n.\u00ba \u00ab16925745\u00bb y la constituci\u00f3n de la hipoteca sobre el predio con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 378-179159, situado en esa circunscripci\u00f3n territorial. <\/p>\n
En ese orden, independientemente de la denominaci\u00f3n del lugar donde la entidad crediticia preste servicios financieros a sus clientes, lo cierto es que en ellos se lleva a cabo, cuando menos, parte de su objeto social lo cual, empero, no permite asegurar que en este particular caso nos hallemos ante la hip\u00f3tesis consagrada por el legislador en el numeral 5\u00ba del canon 28 instrumental. <\/p>\n
Lo anotado, debido a que el Fondo Nacional del Ahorro tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1, y aun cuando ejerciera su actividad comercial en Palmira, Valle, lugar directamente vinculado con el pleito promovido, am\u00e9n de haberse suscrito all\u00ed el pagar\u00e9 que soporta la ejecuci\u00f3n, pactado en ese mismo lugar el cumplimiento de la prestaci\u00f3n debida y ubicarse el bien cuya garant\u00eda se pretende hacer efectiva, la selecci\u00f3n que hiciera en su demanda para asignar la competencia del juicio ejecutivo para obtener su pago en aquella sede trasgredi\u00f3 las reglas privativas antes dichas. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, pues, conforme se indic\u00f3 en precedencia la regla quinta del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso opera para cuando el proceso es \u00abcontra\u00bb la persona jur\u00eddica, no cuando \u00e9sta es la convocante, fijando de este modo el extremo litigioso que torna aplicable dicha pauta, de suerte que siendo que en el presente asunto el Fondo Nacional de Ahorro funge como ejecutante no se ajusta a esa regla. <\/p>\n
Siendo, as\u00ed las cosas, es inobjetable que, ante la naturaleza jur\u00eddica de la entidad demandante y el hecho de dirigirse la acci\u00f3n contra un particular, resulta de rigor que, dada la prevalencia del factor fijado en virtud de la calidad de las partes, el adelantamiento de la ejecuci\u00f3n de marras debe surtirse ante el juez del domicilio principal del ente p\u00fablico, esto es, la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
7.- S\u00edguese entonces, que al tenor de las previsiones legales el Juzgado Treinta Civil Municipal de esta capital, es legalmente competente para impulsar el presente juicio coercitivo, por lo que a esa autoridad se le remitir\u00e1 el expediente para que adelante su tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la acci\u00f3n ejecutiva descrita en el encabezamiento. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira, Valle, y a la entidad promotora del compulsivo. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
<\/p>\n
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