AC4206-2022 (2022-01481-00)<\/p>\n
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AC4206-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01481-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Petitum: La demandante pretendi\u00f3 que se declare que entre ella y el se\u00f1or James Alexander \u00c1lvarez Andrade existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho desde el 12 de noviembre del 2008 hasta el 03 de septiembre del 2018. En consecuencia, inst\u00f3 a la declaratoria, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial dimanada durante el mismo lapso1. <\/p>\n
2. Causa petendi: La actora se\u00f1al\u00f3 que ella y el demandado establecieron convivencia permanente desde el 11 de noviembre de 1993 en la ciudad de C\u00facuta. Asever\u00f3 que la pareja suscribi\u00f3 la escritura p\u00fablica no. 6929 del 11 de noviembre del 2008 ante la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de C\u00facuta, \u00aben donde se declar\u00f3 la uni\u00f3n Marital de Hecho y se constituy\u00f3 la respectiva sociedad patrimonial de bienes el cual se procedi\u00f3 a disolver y liquidar\u00bb. Pese a lo anterior, manifest\u00f3 que ambos siguieron viviendo juntos, compartiendo lecho, techo y mesa, \u00abiniciando nuevamente a partir del d\u00eda 12 de noviembre de 2008 una nueva uni\u00f3n marital de hecho y como consiguiente generando una sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Apuntal\u00f3 que procrearon a Teresa Andrea \u00c1lvarez Toscano -quien naci\u00f3 el 31 de diciembre de 1997- y a Emanuel Aar\u00f3n \u00c1lvarez Toscano -quien naci\u00f3 el 04 de junio de 2012-. Se\u00f1al\u00f3 que la se\u00f1ora Toscano ha sido la encargada de las labores del hogar y el cuidado de la familia, \u00abpara que su compa\u00f1ero permanente pueda estar a cargo de los negocios que se establecen en Bucaramanga y C\u00facuta, permitiendo que \u00e9l pueda viajar sin preocuparse por el cuidado y bienestar de sus hijos\u00bb. Adem\u00e1s, en vigencia de la uni\u00f3n, adquirieron varios inmuebles y establecimientos de comercio que hoy se encuentran a nombre de su compa\u00f1ero permanente. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, durante la relaci\u00f3n, se present\u00f3 maltrato f\u00edsico y psicol\u00f3gico por parte del se\u00f1or \u00c1lvarez Andrade. Tales circunstancias condujeron a que la pareja terminara la uni\u00f3n el 03 de septiembre de 2018. <\/p>\n
3. Sentencia de primera instancia: El 12 de noviembre de 2020, el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, declar\u00f3 infundadas las excepciones presentadas por el demandado denominadas \u00ab\u201cCosa Juzgada\u201d, \u201cInexistencia de la Uni\u00f3n Marital de Hecho y la Sociedad Patrimonial entre JAMES ALEXANDER ALVAREZ ANDRADE y LUZ NEIRA TOSCANO GARCIA\u201d y \u201cPrescripci\u00f3n de la Acci\u00f3n\u201d\u00bb. Adem\u00e1s, resolvi\u00f3 \u00abDENEGAR las pretensiones invocadas por la parte actora a excepci\u00f3n de lo relativo a la finalizaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho existen entre LUZ NEIRA TOSCANO GARCIA y JAMES ALEXANDER ALVAREZ ANDRADE que, de acuerdo a lo analizado en las consideraciones, es a partir del 3 de septiembre de 2018\u00bb2. <\/p>\n
4. Fallo de segundo grado: El 15 de diciembre de 2021, el superior, al resolver la apelaci\u00f3n formulada por la demandante, revoc\u00f3 parcialmente el prove\u00eddo dictado en primera instancia. En su lugar, declar\u00f3 \u00abque existi\u00f3 sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros antes mencionados, la cual tuvo una vigencia entre el 12 de noviembre de 2008 y el 3 de septiembre de 2018 y que la misma, se encuentra disuelta y ha de procederse a su liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Estim\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver consist\u00eda en determinar si \u00ab\u00bfNo obstante a que los compa\u00f1eros permanentes declararon disuelta y liquidada la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, al proseguir la convivencia entre ellos, dio lugar al nacimiento de una nueva sociedad patrimonial?\u00bb. Pues bien, analizada la documental obrante en el plenario, en particular la escritura p\u00fablica no. 6929 del 2008, el ad quem advirti\u00f3 que \u00abuna lectura desprevenida del instrumento p\u00fablico que reposa en autos, lleva a la Sala a las siguientes conclusiones: (i) los compa\u00f1eros disolvieron y liquidaron la sociedad patrimonial que exist\u00eda entre ellos; (ii) por parte alguna se dijo, que ello aparejar\u00eda la ruptura de la uni\u00f3n marital por ellos conformada; m\u00e1s a\u00fan, de autos se sabe que, la convivencia tuvo vigencia hasta el d\u00eda 3 de septiembre de 2018\u00bb. As\u00ed pues, en principio, \u00absi fue su voluntad expresada en el acto escriturario que se memora extinguir y liquidar la sociedad patrimonial a partir de ese 11 de noviembre de 2008, no hay raz\u00f3n jur\u00eddica para afirmar que, ese mismo d\u00eda o al d\u00eda siguiente inici\u00f3 una nueva sociedad patrimonial como lo pregona la censura, pues no hay una norma que as\u00ed lo prevea\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, memor\u00f3 un caso similar tratado por esta alta Corporaci\u00f3n en SC2503-2021. A la luz de dicho fallo, \u00abno cabe la menor duda que luego del otorgamiento de la escritura p\u00fablica No 6.929 del 11 de noviembre de 2008 corrida en la Notar\u00eda Segunda de San Jos\u00e9 de C\u00facuta, los compa\u00f1eros continuaron conviviendo juntos hasta el 3 de septiembre de 2018 en uni\u00f3n marital de hecho, aspecto reconocido en la sentencia de primera instancia que no fue objeto de censura; tampoco hay prueba que demuestre que hubo soluci\u00f3n de continuidad en ese intervalo\u00bb; que \u00abla parte demandante no pretende desconocer los alcances econ\u00f3micos derivados del acto escriturario ya referenciado\u00bb y que no se tiene noticia \u00abde simultaneidad de sociedades patrimoniales y mucho menos, que haya alguna pendiente de resolver en la que est\u00e9n involucrados los compa\u00f1eros permanentes como uno de sus socios; de suerte entonces, que est\u00e1n reunidos los presupuestos para declarar la existencia de la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes\u00bb. Por dem\u00e1s, estim\u00f3 que las excepciones propuestas por el demandado no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
5. Recurso de casaci\u00f3n: Lo formul\u00f3 el extremo pasivo. <\/p>\n
6. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n: El Tribunal, mediante prove\u00eddo de 25 de enero de 2022, no accedi\u00f3 a tramitarlo. Ello puesto que no se acredit\u00f3 el inter\u00e9s econ\u00f3mico. Al respecto, estim\u00f3 el ad quem que: <\/p>\n
\u00ablo cierto es que, los argumentos del extremo recurrente se enfilan a discutir \u00fanicamente la fecha de finalizaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho -que se\u00f1al\u00f3 se extendi\u00f3 hasta noviembre de 2016-, y no propiamente su dolama gira entorno a la existencia del v\u00ednculo de pareja, por lo que el agravio causado al impugnante extraordinario con el fallo del Tribunal, no tiene relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales de esa declaraci\u00f3n judicial, aspecto que se torna esencialmente econ\u00f3mico y por lo mismo, queda sujeto a las reglas que en materia de inter\u00e9s prev\u00e9 el ordenamiento procesal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisados los aval\u00faos allegados por el recurrente, advirti\u00f3 que estos no cumplen a cabalidad con las exigencias que para el efecto prev\u00e9 el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. En cuanto al documento elaborado por la Corporaci\u00f3n Lonja Inmobiliaria del Norte de Santander, observ\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab i) El perito no indic\u00f3 las publicaciones relacionadas con la materia de peritaje, que haya realizado durante los \u00faltimos 10 a\u00f1os. <\/p>\n
(ii) No manifest\u00f3 nada, si ha sido designado en casos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado. <\/p>\n
(iii) No expres\u00f3 si se hallaba incurso en alguna causal de impedimento. <\/p>\n
(iv) Nada dijo en punto a, si aplic\u00f3 t\u00e9cnicas diferentes a las que ha utilizado en dict\u00e1menes rendidos en anteriores procesos. <\/p>\n
(v) No explic\u00f3, si las t\u00e9cnicas utilizadas son diferentes respecto de las que utiliza en el ejercicio regular de su profesi\u00f3n. <\/p>\n
(vi) Ni relacion\u00f3 y\/o adjunt\u00f3 la totalidad de los documentos e informaci\u00f3n utilizados para la elaboraci\u00f3n de los aval\u00faos\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, respecto al estudio efectuado por Jackeline Rueda Ojeda, \u00abse echa de menos (i) los estudios y formaci\u00f3n profesional que la acrediten como especialista para rendir este tipo de dictamen (n\u00fam. 3\u00ba art. 226 C.G. P.); y (ii) pese a que se\u00f1alar que es perito avaluadora, no aport\u00f3 prueba de encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Avaluadores, requisito \u00e9ste regulado mediante la Ley 1673 de 2013\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, al acudir a los elementos de juicio obrantes en el plenario, estim\u00f3 que \u00abno es posible determinar el justiprecio para recurrir en casaci\u00f3n, pues, en relaci\u00f3n con la cuant\u00eda de las pretensiones de demanda, la parte demandante se limit\u00f3 a indicar que exced\u00eda los 150 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y en cuanto a los bienes que se alegan hacen parte de la sociedad patrimonial y que fueron relacionados en el hecho d\u00e9cimo del l\u00edbelo genitor, no se indic\u00f3 para cada uno de ellos su valor comercial. A su turno el demandado, aunque se opuso a la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, en la contestaci\u00f3n de la demanda tampoco se refiri\u00f3 al valor comercial de los bienes, sin que milite en la foliatura ning\u00fan otro medio de prueba que conduzca a establecer el valor de dichos bienes\u00bb. <\/p>\n
7. Reposici\u00f3n y recurso de queja: Lo interpuso el ahora recurrente. Estim\u00f3 que, a la luz del art\u00edculo 338 del C.G.P., \u00abse excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias que versen sobre el estado civil. La uni\u00f3n marital de hecho es un estado civil\u00bb. En ese sentido, a su juicio, los argumentos por los cuales se neg\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n carecen de fundamento porque \u00aben la interposici\u00f3n del recurso la ley no exige argumento alguno como se exige en el an\u00e1lisis de los requisitos que se hacen para denegar el recurso, cuando en la decisi\u00f3n se dice que \u201clos argumentos del extremo recurrente\u201d. Ning\u00fan argumento se present\u00f3 para interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que no es cierto que est\u00e9 de acuerdo con la existencia del v\u00ednculo matrimonial. De hecho, desde la contestaci\u00f3n de la demanda \u00abse manifest\u00f3, se enfatiz\u00f3 y se dijo y demostr\u00f3 que ya no exist\u00eda v\u00ednculo entre la pareja conformada por la demandante y el demandado\u00bb. Calific\u00f3 de absurdo el considerar que el agravio del impugnante no tiene relaci\u00f3n con su estado civil sino con las implicaciones patrimoniales de la declaraci\u00f3n judicial. M\u00e1xime cuando \u00ablas implicaciones econ\u00f3micas surgen necesariamente de la determinaci\u00f3n del estado civil de Uni\u00f3n Marital de Hecho que el Juez de Primera instancia y El tribunal admiten y aceptan con las pruebas aportadas y recaudadas\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que, en este tipo de controversias, relacionadas con el estado civil, \u00abno es necesario en fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia por tratarse del estado civil de las personas como lo reconoce el tribunal\u00bb. Asever\u00f3 que si present\u00f3 los aval\u00faos \u00abno fue por estar el recurrente obligado a ello sino acogi\u00e9ndose a la opci\u00f3n de poder aportar un dictamen pericial, para cualquier otro fin dentro del proceso, y sin que eso necesario en el presente proceso\u00bb. <\/p>\n
8. Determinaci\u00f3n frente al remedio horizontal: Se neg\u00f3 el 28 de marzo de 2022. El Tribunal destac\u00f3 que los argumentos esgrimidos por el quejoso no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad pues <\/p>\n
\u00abse apartan lo ya decantado por la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia sobe el punto; pues si bien no se desconoce que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue interpuesto al interior del proceso de Declaraci\u00f3n de Uni\u00f3n Marital de Hecho, el cual sin duda apunta al reconocimiento del estado civil, lo cierto es que, ello no es suficiente para que dicho medio de impugnaci\u00f3n se abra paso, en raz\u00f3n a que este \u00faltimo en realidad no tiene como fin obtener la modificaci\u00f3n o variaci\u00f3n del estado civil de los sujetos intervinientes en el litigio, por el contrario, la raz\u00f3n de ser del remedio vertical extraordinario formulado, est\u00e1 dirigido a que se declare que no surgi\u00f3 sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes, bien porque debe prosperar la excepci\u00f3n de cosa juzgada o porque oper\u00f3 el fen\u00f3meno prescriptivo, embates formulados por el demandado en su momento al contestar la demanda y que atacan frontalmente la pretensi\u00f3n de declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 el ad quem que no es posible interpretar otra conducta procesal del demandado frente a lo resuelto por el Tribunal <\/p>\n
\u00abcomo que, en primer lugar, el hoy recurrente en casaci\u00f3n no propuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, la cual en t\u00e9rminos generales, reconoci\u00f3 el estado civil de Uni\u00f3n Marital de Hecho y neg\u00f3 la consecuente declaraci\u00f3n de sociedad patrimonial, proceder que sin duda lleva a inferir con total certeza que, lo all\u00e1 resuelto no era contrario a sus intereses; pero por otra parte, su postura vari\u00f3 cuando la alzada propuesta por la demandante, sali\u00f3 adelante y se reconoci\u00f3 la sociedad patrimonial, es en ese momento procesal es que el demandado se subleva contra lo resuelto por el Tribunal, pero no frente a la declaratoria del estado civil -asunto que se reitera no fue objeto de estudio en sede de segunda instancia como que frente a ese aspecto ninguna inconformidad tuvieron las partes-, sino \u00fanicamente en lo que le fue desfavorable, es decir, en el reconocimiento de la sociedad patrimonial, pretensi\u00f3n cuyo contenido es meramente econ\u00f3mico. <\/p>\n
En ese orden, se tiene entonces que las aspiraciones del recurrente en casaci\u00f3n es lograr que la sentencia del Tribunal sea casada, para que en su lugar, se modifique lo concerniente a la declaratoria de la sociedad patrimonial, asunto \u00faltimo este que sin duda es de contenido pecuniario, y al ser ello as\u00ed, deja de ser un proceso meramente declarativo del estado civil, para convertirse en una pretensi\u00f3n econ\u00f3mica que exige la acreditaci\u00f3n del justiprecio para recurrir en casaci\u00f3n tal como lo exige la regla 338 del C. G. del P\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Pues bien, al tenor del art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de casaci\u00f3n se distingue por su car\u00e1cter extraordinario. A su turno, los requisitos para que el fallo pueda ser acusado ante la Corte, se circunscriben a sentencias emitidas por los Tribunales Superiores, en \u00absegunda instancia\u00bb, \u00aben toda clase de procesos declarativos\u00bb; \u00aben las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb, y \u00ablas dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil recae, \u00fanicamente, en las de \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb. <\/p>\n
El art\u00edculo 338 ib\u00eddem agrega que, si las expectativas del litigante vencido son netamente econ\u00f3micas, el ataque procede si \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo que carece de incidencia en \u00absentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales, el art\u00edculo 339 ejusdem impone que, cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb; disposici\u00f3n que consagra una carga para aqu\u00e9l de demostrar el quantum del detrimento que le ocasiona la providencia, simult\u00e1neamente con la radicaci\u00f3n del embate, o a m\u00e1s tardar antes de que le venza el lapso para esa finalidad, salvo que lo estime identificable con los instrumentos obrantes en el legajo. En tal caso, ser\u00e1 tarea del funcionario constatarlo, sin que le est\u00e9 autorizado decretar pruebas adicionales a las existentes. <\/p>\n
De cualquier forma, la fijaci\u00f3n del malogro debe cristalizarse al tiempo en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es, la fecha de la decisi\u00f3n cuestionada, y contar con bases susceptibles de verificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En los pleitos sobre la declaraci\u00f3n de uniones maritales, se distingue la faceta relacionada con el estado civil del aspecto patrimonial. De ah\u00ed que la inconformidad del recurrente en esta senda, cuando gravita en la perspectiva econ\u00f3mica, torna indispensable acreditar el justiprecio para la concesi\u00f3n del recurso. <\/p>\n
En un asunto de an\u00e1logo temperamento, la Sala recab\u00f3 en lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[L]a foliatura evidencia que la inconformidad del recurrente no radica en la declaratoria de existencia de la referida uni\u00f3n marital de hecho (pues fue \u00e9l quien elev\u00f3 ese reclamo a la jurisdicci\u00f3n), sino en los extremos temporales entre los que se habr\u00eda desenvuelto el referido v\u00ednculo, aspecto trascendente para establecer la composici\u00f3n del haber de la sociedad patrimonial que de all\u00ed se habr\u00eda derivado. <\/p>\n
Entonces, si el litigio se restringe a determinar el hito inicial de la uni\u00f3n marital de hecho, y no su existencia, el agravio causado al impugnante extraordinario con el fallo del tribunal no tiene relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales de esa declaraci\u00f3n judicial, aspecto este que, en puridad, es esencialmente econ\u00f3mico. (…) As\u00ed, en casos como este el quantum del detrimento patrimonial debe establecerse \u2013por v\u00eda general\u2013 a partir de un esfuerzo argumentativo del recurrente, as\u00ed como una indagaci\u00f3n de la magistratura, orientados a precisar la cuant\u00eda de los bienes que, seg\u00fan el fallo impugnado, ser\u00edan propios de los litigantes, pero que, de prosperar la impugnaci\u00f3n extraordinaria, pasar\u00edan a integrar el patrimonio com\u00fan de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb (CSJ AC5483-2019, 18 dic). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea de pensamiento, la Corte se\u00f1al\u00f3 <\/p>\n
\u00ab(\u2026)[I]nsiste la Corte, si el debate judicial gravita sobre la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, es evidente su conexi\u00f3n con el estado civil de las personas. Por el contrario, si el punto resulta pac\u00edfico, y solo se discute el lapso por el que se extendi\u00f3 la comunidad de vida permanente y singular entre los litigantes, la discusi\u00f3n \u00fanicamente tendr\u00e1 repercusi\u00f3n en las resultas patrimoniales del v\u00ednculo. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala, al refirmar que: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con la Ley 54 de 1990 surgieron a la luz del derecho las uniones maritales de hecho que son constitutivas de un estado civil para sus integrantes como compa\u00f1eros permanentes, seg\u00fan se reconoci\u00f3 desde CSJ AC 18 jun. 2008, rad. 2004-00205-01. Sin embargo, en la misma compilaci\u00f3n se prev\u00e9 que dicha relaci\u00f3n familiar puede ir acompa\u00f1ada o no de un lazo societario, seg\u00fan el cumplimiento de algunos supuestos, cuya determinaci\u00f3n puede adelantarse a la par. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que cuando se busca simult\u00e1neamente la declaratoria de existencia de \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d y la de \u201csociedad patrimonial\u201d, las determinaciones del fallo en cada campo tienen una incidencia particular para los fines del recurso de casaci\u00f3n, ya que si queda completamente superada cualquier discusi\u00f3n sobre la conformaci\u00f3n de la primera en la forma perseguida, entonces la discusi\u00f3n trasciende de la esfera del \u201cestado civil\u201d para quedar encasillada en un componente netamente patrimonial, el cual debe ser cuantificado en aras de establecer el detrimento econ\u00f3mico que le ocasiona el fallo cuestionado al opugnador y si se excede el tope de rigor que habilita dicho medio de contradicci\u00f3n\u00bb.(AC2840-2020). <\/p>\n
4. Ahora bien, el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte revela que la inconformidad del impugnante tiene como p\u00e1bulo la declaraci\u00f3n de la existencia de la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes desde el 12 de noviembre de 2008 hasta el 3 de septiembre de 2018. Y es que, tal como lo estim\u00f3 el Colegiado, la discusi\u00f3n en sede casacional no puede presentarse sobre el estado civil, pues este no fue un aspecto controvertido al momento de desatarse la apelaci\u00f3n. Tampoco fue un tema que hubiese sido objeto de controversia por el demandado, comoquiera que este no present\u00f3 recurso alguno contra el prove\u00eddo de segunda instancia. <\/p>\n
V\u00e9ase que, a juicio del a quo, es innegable la existencia de la uni\u00f3n marital, la cual finaliz\u00f3 el 03 de septiembre del 2018. Al respecto, el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga sostuvo, desde el minuto 2:46:54, que: <\/p>\n
\u00aben relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho, para este estrado es claro y contundente la prueba que existe en el plenario para declarar la improsperidad de dicha pretensi\u00f3n. Demostrado est\u00e1, esto es, desde un comienzo, del inicio del proceso, que entre la se\u00f1ora Luz Neira Toscano Garc\u00eda y James Alexander \u00c1lvarez Andrade existi\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho que se menciona en la demanda, con surgimiento a la vida jur\u00eddica no el 12 de noviembre del 2008, como en el libelo se consigna, sino m\u00e1s de 15 a\u00f1os atr\u00e1s, como lo informa el numeral 1 de la escritura p\u00fablica 6629 del 11 de noviembre de 2008, de la Notar\u00eda 2 de la ciudad de C\u00facuta. Acto escritural por el cual las partes, con sujeci\u00f3n a lo dispuesto en el numeral 1 del art\u00edculo 4 de la Ley 54 de 1990, declararon la existencia del v\u00ednculo legal (\u2026). Queda claro, ni la escritura p\u00fablica citada ni a trav\u00e9s de cualquier otro mecanismo legal, existe declaraci\u00f3n que indique la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n de convivencia entre las partes. Al menos en el plenario no se trajo prueba de ello. Y es que adem\u00e1s los hechos probados demuestran precisamente que tal relaci\u00f3n nunca se rompi\u00f3 con la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho que en el acto escritura en menci\u00f3n se hiciera. Rep\u00e1rese c\u00f3mo en el escrito de demanda como en su contestaci\u00f3n y en los interrogatorios absueltos, demandante y demandado han dejado en claro que la uni\u00f3n marital que se declar\u00f3 mediante escritura p\u00fablica perdur\u00f3 en el tiempo de manera ininterrumpida hasta el 3 de septiembre del 2018, seg\u00fan la demandante, o hasta el 03 de noviembre del 2016, seg\u00fan el demandado. Pareciera entender la parte actora que con la declaraci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial tambi\u00e9n declarada y adem\u00e1s liquidada en la escritura p\u00fablica (\u2026) puso fin a la convivencia marital entre las partes. Cosa que, como se dijo, est\u00e1 demostrado, no fue as\u00ed. Ins\u00edstase, en el caso puesto a consideraci\u00f3n, existe una \u00fanica uni\u00f3n marital de hecho, que fue la declarada por las partes en la escritura p\u00fablica 6629 del 11 de noviembre del 2008. Cosa distinta es que los efectos matrimoniales surgidos como consecuencia de tal relaci\u00f3n hubiesen sido definidos en el transcurso de tal relaci\u00f3n familiar. La situaci\u00f3n as\u00ed presentada, deja en claro para este fallador que existe una total y absoluta ausencia de objeto en cuanto a la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que ac\u00e1 se persigue (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n, el demandado no interpuso recurso de alzada. Tal circunstancia implica que la inconformidad del demandado solamente se ubique en lo que concierne con el aspecto patrimonial de la uni\u00f3n, pues fue el juez de segundo grado quien determin\u00f3 que s\u00ed exist\u00eda la sociedad de bienes, \u00abla cual tuvo una vigencia entre el 12 de noviembre de 2008 y el 3 de septiembre de 2018 y que la misma, se encuentra disuelta y ha de procederse a su liquidaci\u00f3n\u00bb -pretensi\u00f3n que fue denegada en primera instancia-, \u00fanico aspecto con el que el recurrente se encuentra en desacuerdo3. <\/p>\n
Por consiguiente, le asiste raz\u00f3n al Tribunal, al considerar que en el caso en concreto resultaba indispensable el justiprecio para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario. <\/p>\n
5. Ahora bien, en el sub-ex\u00e1mine, los elementos de juicio adosados al plenario, para el momento en que el medio de impugnaci\u00f3n fue formulado, no acreditaban el quantum necesario para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
5.1. En el caso en concreto, el Tribunal descart\u00f3 los aval\u00faos comerciales de distintos inmuebles por considerar que no satisfac\u00edan los requisitos consagrados en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. Requisito indispensable para que la peritaci\u00f3n tenga m\u00e9rito demostrativo. Al respecto, esta Sala ha ense\u00f1ado que: <\/p>\n
\u00ab(…) En efecto, el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (ii) explicar los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas; (iii) exponer los fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos de las conclusiones; (iv) incluir los datos de contacto del perito; (v) explicitar la profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los t\u00edtulos acad\u00e9micos y la prueba de su experiencia; (vi) se\u00f1alar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado t\u00e9cnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (vii) manifestar que no se encuentra en una situaci\u00f3n que le impida actuar como perito. Sobre el punto, la Corte ha sostenido que toda peritaci\u00f3n debe observar los requerimientos especiales antes enunciados, so pena que la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella, y, por tanto, deba declararse prematura la resoluci\u00f3n que se emita en sentido contrario (AC5405, 23 ag. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01; AC1641, 2 ab. 2014, rad. 2009-01202-01)\u00bb (CSJ AC6081-2017, 15 sep.). <\/p>\n
5.2. En efecto, los dict\u00e1menes4 elaborados por la Corporaci\u00f3n Lonja Inmobiliaria del Norte de Santander y Arauca no contienen las declaraciones e informaciones enlistadas en los numerales 45, 56, 67, 78, 89 y 910 de la antedicha disposici\u00f3n. Adem\u00e1s, pese a haberse manifestado que para la elaboraci\u00f3n del aval\u00fao se tom\u00f3 \u00abinformaci\u00f3n de documentos tales como: Escrituras p\u00fablicas protocolizadas, folio de matr\u00edcula expedidos por la oficina de instrumentos p\u00fablicos, cartas e informaci\u00f3n catastral suministrada por el IGAC\u00bb11, lo cierto es que ni las escrituras p\u00fablicas ni las cartas e informaci\u00f3n catastral suministrada por el IGAC fueron anexadas al dictamen. Por tanto, tampoco se dio cumplimiento al numeral d\u00e9cimo del citado canon. <\/p>\n
5.3. Por otro lado, en cuanto a los dict\u00e1menes efectuados por Jackeline Rueda Ojeda, lo cierto es que omiti\u00f3 acreditar estar inscrita en el Registro Abierto de Avaluadores12. Adem\u00e1s, tampoco contiene informaci\u00f3n relacionada con \u00abLa profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien particip\u00f3 en su elaboraci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como tampoco anex\u00f3 \u00ablos documentos id\u00f3neos que lo habilitan para su ejercicio, los t\u00edtulos acad\u00e9micos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, t\u00e9cnica o art\u00edstica\u00bb -n\u00fam. 3 art. 226 CGP-. Tambi\u00e9n omiti\u00f3 adjuntar \u00ablos documentos e informaci\u00f3n utilizados para la elaboraci\u00f3n del dictamen\u00bb -n\u00fam. 10 ejusdem-. <\/p>\n
5.4. Por dem\u00e1s, dentro del expediente no se encuentran piezas que acrediten la cuant\u00eda de los bienes que hacen parte del haber social. Por ende, no es posible determinar, con los elementos obrantes en el plenario, el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. Aunado a ello, tal aspecto no puede ser indagado oficiosamente por esta Corte pues \u00abel juzgador para determinar la cuant\u00eda antes referida debe limitarse a los elementos que ya reposan en el expediente, de manera, que ya no puede decretar de oficio o a solicitud de parte dict\u00e1menes periciales, por el contrario, la norma [art. 339, C. G. del P.] establece que ser\u00e1 el recurrente, si lo considera necesario, el que debe allegar el estudio correspondiente, pues al magistrado le concierne \u00fanicamente resolver de plano\u00bb (CSJ., AC1173-2017, 27 feb., rad. 2016 03250, citado en AC5000-2019). <\/p>\n
Y no se diga que tal cifra pod\u00eda ser deducida de los certificados de tradici\u00f3n de los inmuebles. En efecto, esta Corte ha aclarado que \u00abel certificado de tradici\u00f3n no satisface ese prop\u00f3sito, como erradamente lo estim\u00f3 el tribunal, habida cuenta que de un lado, en el mismo se refiere a negociaciones realizadas en \u00e9pocas muy lejanas, respecto de los cuales se desconocen los par\u00e1metros considerados en ese momento para fijar tales valores, sin que pudiera v\u00e1lidamente como se hizo pretender una actualizaci\u00f3n de aquellos, cual si se tratara de meras sumas dinerarias, puesto que no es el reajuste de aquellos precios lo que se est\u00e1 por definir, sino el valor presente del predio objeto de litigio\u00bb (AC2108-2019). <\/p>\n
6. En suma, el inter\u00e9s de James Alexander \u00c1lvarez no alcanza la cuant\u00eda especificada positivamente para acceder al mecanismo extraordinario de la casaci\u00f3n, que asciende al equivalente a 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para 2021, pues as\u00ed no fue acreditado. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar en costas al impugnante, por cuanto no se erogaron gastos en esta sede. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto por la demandante, frente a la sentencia proferida el 15 de diciembre del 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil Familia, dentro del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y declaraci\u00f3n de sociedad patrimonial ya referenciado. <\/p>\n
Sin lugar a condena en costas. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase lo actuado a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 73, archivo \u00ab01Anexos y demanda.PDF\u00bb Demanda. Cuaderno de Juzgado. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1- 2. Archivo \u00ab42Sentencia de Primera Instancia.pdf\u00bb. Actuaciones juzgado. cuaderno principal. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Por cuanto, se insiste, no fue apelada la sentencia del juez de primera instancia, que declar\u00f3 no probada, entre otras, la excepci\u00f3n de \u201cInexistencia de la Uni\u00f3n Marital de Hecho y la Sociedad Patrimonial entre JAMES ALEXANDER ALVAREZ ANDRADE y LUZ NEIRA TOSCANO GARCIA\u201d. V\u00e9ase, adem\u00e1s, que el demandado nunca neg\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, sino que discuti\u00f3 \u00fanicamente la fecha de su fenecimiento, que ubic\u00f3 el 03 de noviembre de 2016. Ciertamente, al contestar el hecho 3 de la demanda, asever\u00f3 que: \u00ab(\u2026) nunca se inici\u00f3 una nueva uni\u00f3n marital de hecho, ya que la uni\u00f3n marital fue una sola que continu\u00f3 hasta noviembre del a\u00f1o 2016, cuando de manera definitiva los compa\u00f1eros se separaron al trasladarse la demandante a vivir a la ciudad de Bucaramanga y quedarse en la ciudad de C\u00facuta el demandado\u00bb. Y a\u00fan cuando existiera discusi\u00f3n frente a la fecha en que termin\u00f3 la uni\u00f3n, lo cierto es que el extremo pasivo omiti\u00f3 recurrir la fijaci\u00f3n de los l\u00edmites temporales por el a quo, por lo que no podr\u00eda elevar reparo alguno en sede casacional. <\/p>\n
4\u0002 folios 1 a 40 del archivo \u00ab09.anexos recurso casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 \u00ab4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los \u00faltimos diez (10) a\u00f1os, si las tuviere\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 \u00ab5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboraci\u00f3n de un dictamen pericial en los \u00faltimos cuatro (4) a\u00f1os. Dicha lista deber\u00e1 incluir el juzgado o despacho en donde se present\u00f3, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual vers\u00f3 el dictamen\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 \u00ab6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 \u00ab7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el art\u00edculo 50, en lo pertinente\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 \u00ab8. Declarar si los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deber\u00e1 explicar la justificaci\u00f3n de la variaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 \u00ab9. Declarar si los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesi\u00f3n u oficio. En caso de que sea diferente, deber\u00e1 explicar la justificaci\u00f3n de la variaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 folios 40 del archivo \u00ab09.anexos recurso casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 Requisito contenido en el art\u00edculo 22 del Ley 1673 de 2013, seg\u00fan el cual: \u00abArt\u00edculo 22. Dict\u00e1menes periciales. El cargo o la funci\u00f3n de perito, cuando el dictamen comprenda cuestiones t\u00e9cnicas de valuaci\u00f3n, se encomendar\u00e1 al avaluador inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) en los t\u00e9rminos de la presente ley y cuya especialidad corresponda a la materia objeto del dictamen\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC4206-2022 (2022-01481-00) AC4206-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01481-00 Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). I. ANTECEDENTES 1. Petitum: La demandante pretendi\u00f3 que se declare que entre ella y el se\u00f1or James Alexander \u00c1lvarez Andrade existi\u00f3 uni\u00f3n marital […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66681","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66681"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66681\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66681"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}