AC4233-2022 (2022-03114-00)<\/p>\n
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AC4233-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03114-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero de Familia de Tunja y su hom\u00f3logo Sexto de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda instaurada por Graciela Gonz\u00e1lez Ribon contra Roberto Antonio Farf\u00e1n Casallas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante present\u00f3 su demanda ante los jueces de familia de Tunja, pretendiendo que se liquide la sociedad patrimonial derivada de la uni\u00f3n marital de hecho que sostuvo con el convocado, la cual fue declarada mediante sentencia de 30 de abril de 2019 del Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1. En el ac\u00e1pite pertinente indic\u00f3 que la competencia ven\u00eda dada por \u00abel domicilio de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Familia de Tunja, al cual correspondi\u00f3 la causa por reparto, rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n, pretextando que \u00abel art\u00edculo 523 del C.G.P. permite a cualquiera de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros promover la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal o patrimonial disuelta a causa de sentencia judicial, ante el juez que la profiri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n se neg\u00f3 a tramitar el asunto, arguyendo que \u00aben el ac\u00e1pite de notificaciones se precis\u00f3 que el lugar de domicilio de la se\u00f1ora GRACIELA GONZ\u00c1LEZ RIBON, es en la Vereda de Puente de Piedra Municipio de Ventaquemada, sin correo electr\u00f3nico y a su turno el del se\u00f1or ROBERTO ANTONIO FARF\u00c1N CASALLAS, es en la ciudad de Tunja en Cra 9 No. 12-09 Tunja, igualmente sin direcci\u00f3n electr\u00f3nica, es decir, ninguno de los extremos conserva este domicilio, raz\u00f3n por la que la norma aplicable no es el multicitado art\u00edculo 523, sino el factor general de competencia de que trata el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Colegiatura para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Contrario a lo que sostuvo el segundo de los juzgadores involucrados en esta colisi\u00f3n, el domicilio del extremo convocado no resulta relevante a efectos de definir la autoridad judicial a la que le corresponde asumir el conocimiento de las diligencias, dado que aqu\u00ed se pretende la liquidaci\u00f3n de una sociedad patrimonial cuya existencia y disoluci\u00f3n fue declarada judicialmente. <\/p>\n
En ese sentido, resulta aplicable el fuero especial de atracci\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 523 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: \u00ab[c]ualquiera de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes podr\u00e1 promover la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal o patrimonial disuelta a causa de sentencia judicial, ante el juez que la profiri\u00f3, para que se tramite en el mismo expediente. La demanda deber\u00e1 contener una relaci\u00f3n de activos y pasivos con indicaci\u00f3n del valor estimado de los mismos\u00bb. <\/p>\n
Sobre esta pauta procesal esta Sala ha se\u00f1alado, de manera invariable, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abNo obstante que el numeral 2\u00b0 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso regula, in genere, la competencia territorial en asuntos relativos a la liquidaci\u00f3n de sociedades conyugales o patrimoniales, lo cierto es que la regla 523 del mismo compendio legal positiva una directriz especial para el conocimiento de dicho tr\u00e1mite, cuando la disoluci\u00f3n de la referida comunidad de bienes se produce en virtud de una \u00absentencia judicial\u00bb que al efecto la declara. (…) Por supuesto, con base en dicha pauta, es decir, el canon 523 del C\u00f3digo General del Proceso, surge, como otrora anot\u00f3 esta Corporaci\u00f3n al pronunciarse acerca del art\u00edculo 626 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que era equivalente procedimentalmente, en cuanto a lo en \u00e9l consagrado, con el ut supra transcrito (lo cual tambi\u00e9n aplica a la jurisprudencia ulterior en cita), que \u201cel tr\u00e1mite liquidatorio de la sociedad que nace del matrimonio ha de adelantarse ante la autoridad judicial que conoci\u00f3 el litigio en el que se dispuso su disoluci\u00f3n, pues corresponde tramitarlo en el mismo diligenciamiento, sin necesidad de presentar libelo incoativo\u201d (CSJ AC, 8 nov. 2013, rad. 2013-02101-00)\u00bb (CSJ, AC8492-2016, 9 dic.). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En definitiva, dado que la segunda de las autoridades en contienda fue la que declar\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial que aqu\u00ed se pretende liquidar, es ella la que debe conocer del asunto, en virtud de la operancia del fuero de atracci\u00f3n previsto en la normativa procesal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n surtida al citado estrado judicial, e informar lo aqu\u00ed decidido a la otra agencia involucrada en la contienda. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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