AC4242-2022 (2022-02847-00)<\/p>\n
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AC4242-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02847-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla y el Despacho Segundo Promiscuo Municipal de Ci\u00e9naga, atinente al conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre interpuesta por Promigas S.A. E.S.P. contra \u00c1lvaro Ruiz Villanueva Riascos, Elma Mercedes Riascos Caballero, Germ\u00e1n Villanueva Calder\u00f3n y Transelca S.A. E.S.P. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda dirigida ante el \u00abJuez Civil Municipal de Barranquilla (reparto)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, que se ordene \u00abla IMPOSICI\u00d3N o CONSTITUCI\u00d3N de una servidumbre sobre el predio que se denomina \u201cLOTE LA GLORIA\u201d o \u201cPREDIO CIPRECON\u201d (\u2026) ubicado en el corregimiento \u201cCordobita\u201d, sector \u201cLas Canteras\u201d, Municipio de Ci\u00e9naga, Magdalena (\u2026)\u00bb. Tambi\u00e9n, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial por ser \u00abTRANSELCA S.A.E.S.P. una de las entidades previstas en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P. el juez competente para conocer este asunto es el domicilio de la anotada entidad, que es Barranquilla\u00bb1. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla, el cual -con auto del 27 de mayo de 2022- resolvi\u00f3 rechazar la demanda por falta de competencia. Ciertamente, consider\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el predio materia de Litis se denomina \u0301 \u0301LOTE LA GLORIA \u0301 \u0301 o \u0301 \u0301PREDIO CIPRECON \u0301 \u0301, tipo \u0301 \u0301Rural \u0301 \u0301, ubicado en el corregimiento \u0301 \u0301Cordobita \u0301 \u0301, Sector \u0301 \u0301Las Canteras \u0301 \u0301, Municipio de Ci\u00e9naga, Magdalena, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 222-33289 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ci\u00e9naga, raz\u00f3n por la cual esta agencia judicial no es competente para conocer de la presente demanda, de conformidad con la norma antes citada.2 <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites, el expediente fue entregado al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ci\u00e9naga, quien -con prove\u00eddo del 17 de agosto de 2022- opt\u00f3 por manifestar que no le correspond\u00eda conocer de este asunto. Y promovi\u00f3 el conflicto negativo de competencia que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Frente a ello, manifest\u00f3 que <\/p>\n
Por otra parte, se debi\u00f3 respetar la voluntad plasmada por el demandante (Ad Libitum) al momento de escoger la competencia para el presente asunto, por lo que, la elecci\u00f3n del actor son razones suficientes para que este despacho se considere incompetente para avocar el conocimiento de esta demanda, generando de contera el correspondiente conflicto negativo de competencia (\u2026).3 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el conflicto propuesto con base en las siguientes <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Barranquilla y Santa Marta-, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia, debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez, a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
3. Se observa que en el presente asunto concurren dos fueros privativos en raz\u00f3n a la competencia territorial. Por un lado, para el caso espec\u00edfico de la servidumbre, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibi\u0301dem fija una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Al respecto, prescribe que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres (…), ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes (…)\u00bb (se subraya). Y por otro, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previene que, cuando en el proceso sea parte una entidad territorial descentralizada por servicios o cualquier entidad p\u00fablica \u00ab(…) conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 23 marz. 2022, rad. 2021-04273-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. n\u00b0 2020-02912-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente, que (…)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (…). De manera tal que, debe ser la ley, y no el actor, quien ha de elegir el juez competente para conocer de la controversia. <\/p>\n
4. Para dirimir este tipo de asuntos, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. As\u00ed fue sentado en el prove\u00eddo AC140- 2020, en el que, mutatis mutandi, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?4 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consigno\u0301 una regla especial en el canon 29 ibi\u0301dem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1\u0301\u0301 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en estas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10o del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, esta\u0301 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluyo\u0301 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo esta\u0301 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3\u0301 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC1867 de 2021, reiterado en AC909- 2021, rad. 2020-03022-00). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 la del domicilio de esta, como regla de principio. <\/p>\n
5. El asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte concierne a un proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de gas sobre un inmueble situado en el municipio de Ci\u00e9naga, que promovi\u00f3 Promigas S.A. E.S.P5. contra \u00c1lvaro Ruiz Villanueva Riascos, Elma Mercedes Riascos Caballero, Germ\u00e1n Villanueva Calder\u00f3n y Transelca S.A. E.S.P. <\/p>\n
En el caso, se advierte que, si bien la demanda est\u00e1 dirigida contra un grupo de personas naturales, lo cierto es que dentro de los demandados se encuentra la sociedad Transelca S.A. E.S.P., quien s\u00ed ostenta el car\u00e1cter p\u00fablico, que la hace beneficiaria del fuero privativo contenido en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5.1. Ciertamente, Transelca es una sociedad de econom\u00eda mixta, con domicilio principal en Barranquilla6 y filial de Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P.7, que cuenta con una participaci\u00f3n del 99.99867091358%8. Circunstancia que revela la naturaleza p\u00fablica de la demandada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seg\u00fan el cual por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50%\u00bb. (Se subraya). <\/p>\n
6. Por las razones antedichas, se remitir\u00e1 la presente demanda al Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla -domicilio principal de Transelca S.A. E.S.P.-, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido en esta providencia al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ci\u00e9naga, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c04AutoDeclaraFaltaCompetencia.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c06conflicto de competencia.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002 Seg\u00fan el art\u00edculo primero de sus estatutos, dicha compa\u00f1\u00eda es una \u00bb(\u2026) sociedad comercial an\u00f3nima, de nacionalidad colombiana y tiene su domicilio en Barranquilla (\u2026)\u00bb, su capital social autorizado es de $115.000.000.000, \u00ab(\u2026) dividido en 1.150.000.000 acciones de un valor nominal de cien pesos ($100.oo) cada [una], las cuales ser\u00e1n de la misma naturaleza y clase y, estar\u00e1n bajo el mismo r\u00e9gimen contractual y leyes pertinentes en cuanto no se opongan a lo establecido en estos estatutos y podr\u00e1n circular en forma desmaterializada o materializada seg\u00fan lo decida la Asamblea General de Accionistas (\u2026)\u00bb (art. 4, \u00eddem). Por lo anterior, no puede afirmarse que el extremo activo est\u00e9 conformado por una de las entidades a las que hace referencia el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Informaci\u00f3n consultada en: https:\/\/www.promigas.com\/Documents\/Composici%C3%B3n%20Accionaria%20Feb%202021.pdf <\/A> y https:\/\/www.promigas.com\/Documents\/Gobierno_Corporativo\/Estatutos\/ESPAPromigas_Estatutos_Versi%C3%B3n%202019.pdf <\/A><\/p>\n 6\u0002https:\/\/www.transelca.com.co\/Informacin%20Corporativa\/REFORMA%20DE%20ESTATUTOS.pdf <\/p>\n 7\u0002 Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. es una empresa de servicios p\u00fablicos mixta, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, de car\u00e1cter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda, regida por la leyes 142 y 143 de 1992, en la cual tienen participaci\u00f3n accionaria Ecopetrol (51%) y Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P. (9%). Informaci\u00f3n consultada en: https:\/\/isasapaginaswebisa001.blob.core.windows.net\/paginawebisawordpress\/2022\/01\/Certificado-participacion-accionaria-2022.pdf <\/A><\/p>\n