AC4243-2022 (2022-03133-00)<\/p>\n
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AC4243-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03133-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso entrar a resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Administrativo de Pereira y Quinto Civil Municipal de Pereira, dentro del proceso incoado por el Ministerio de Educaci\u00f3n \u2013 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en contra de Luz Mireya L\u00f3pez Arenas, con ocasi\u00f3n de una solicitud de ejecuci\u00f3n posterior al tr\u00e1mite de una nulidad y restablecimiento del derecho, si no fuera porque esta Corte carece de competencia para ello, conforme pasar\u00e1 a explicarse: <\/p>\n
1.- El Ministerio de Educaci\u00f3n \u2013 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, promovi\u00f3 demanda ejecutiva ante el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, a trav\u00e9s de la cual pretende que se libre mandamiento de pago a su favor, por las costas procesales aprobadas dentro del expediente No. 66001-33-33-002-2017-00201-00. <\/p>\n
En cuanto a la competencia indic\u00f3 que le correspond\u00eda a dicha autoridad, teniendo en cuenta que \u00abla ejecuci\u00f3n de providencias judiciales se deber\u00e1 solicitar \u201cante el juez de conocimiento\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.- Mediante prove\u00eddo calendado el 14 de julio de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira orden\u00f3 remitir el diligenciamiento a los juzgados civiles municipales de la misma ciudad, tras se\u00f1alar que, si bien la ejecuci\u00f3n de condena se impuso en la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, lo cierto es que, como la obligaci\u00f3n no se predica de una entidad p\u00fablica sino de un sujeto de derecho privado, no puede ejecutarse en esa jurisdicci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 297 del C.P.A.C.A. <\/p>\n
3.- Por su parte, en auto del 26 de agosto de 2022 el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira rehus\u00f3 la competencia y, en consecuencia, al tratarse de un conflicto de jurisdicciones, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del dosier a la Corte Constitucional; sin embargo, inexplicablemente se envi\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n para dirimir la controversia. <\/p>\n
4.- Sobre el particular debe memorarse que la Constituci\u00f3n de 1991 regul\u00f3 las funciones del Consejo Superior de la Judicatura y le atribuy\u00f3, entre otras, la de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las jurisdicciones (num. 6, art. 256). <\/p>\n
Dicho canon se reglament\u00f3 en el numeral 2\u00b0, art\u00edculo 112 de la Ley 270 de 1996, que consagra: \u00abCorresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: (\u2026) Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre \u00e9stas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prev\u00e9n en el art\u00edculo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional\u00bb. <\/p>\n
No obstante, con el advenimiento del Acto Legislativo 02 de 2015 \u201cPor medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones\u201d, se alter\u00f3 dicha regla y, en su lugar, la mencionada facultad de dirimir los conflictos entre jurisdicciones qued\u00f3 en cabeza de la Corte Constitucional, adici\u00f3n que se introdujo al numeral 11 del art\u00edculo 241 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional mediante auto No. 278 de 2015, indic\u00f3 que, con el prop\u00f3sito de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones y en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, \u00abla Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuar\u00e1 ejerciendo sus funciones en relaci\u00f3n con los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, hasta el d\u00eda en que cese definitivamente en el cumplimiento de las mismas, momento en el cual, aquellos deber\u00e1n ser remitidos a la Corte Constitucional en el estado en que se encuentren\u201d. (subrayado intencional). <\/p>\n
Ahora bien, como el 13 de enero de 2021 se posesionaron ante el Presidente de la Rep\u00fablica los magistrados que integran la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y por, lo tanto, cesaron las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, incluida aquella que lo autorizaba para esclarecer los conflictos entre jurisdicciones, la competencia qued\u00f3 radicada en la Corte Constitucional. <\/p>\n
5.- En el caso concreto, la demandante radic\u00f3 el escrito inicial ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, pretendiendo: \u00ab(1) Que se libre mandamiento de pago por el valor de las costas procesales aprobadas por el Despacho. (2) Que se libre mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios sobre los valores determinados en el auto de costas, a la tasa m\u00e1xima permitida hasta la fecha de pago. (3) Que se ejecute al demandado por concepto de costas del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, quien recibi\u00f3 el encuadernamiento, opt\u00f3 por declarar su falta de jurisdicci\u00f3n [refiri\u00e9ndose a la de lo contencioso administrativo], teniendo en cuenta que, en su sentir, el tr\u00e1mite debe asumirlo la ordinaria en su especialidad civil. <\/p>\n
Sin embargo, cuando el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira recibi\u00f3 el plenario rehus\u00f3 asumir su conocimiento y, por contera, plante\u00f3 el conflicto negativo. <\/p>\n
Con ese panorama, es evidente que nos encontramos frente a un conflicto entre dos jurisdicciones distintas, la de lo contencioso administrativo y la ordinaria. <\/p>\n
6.- En ese orden de ideas, conforme se expuso en el marco normativo precedente, la Corte Suprema de Justicia no es la autoridad encargada de desatar esta coyuntura, ya que tal facultad recae directamente en la Corte Constitucional por disposici\u00f3n del Acto Legislativo 02 de 2015, como incluso lo entendi\u00f3 el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira en el prove\u00eddo del 26 de agosto de 2022 al ordenar: \u00abTERCERO: Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto negativo de jurisdicci\u00f3n que se est\u00e1 provocando con esta decisi\u00f3n\u00bb, aunque, vuelve y se reitera, ese despacho lo envi\u00f3 a esta Corte para dirimir el conflicto sin que mediara explicaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
No sobra aclarar que, en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, esta Corporaci\u00f3n solo resuelve \u00ab[l]os conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, ser\u00e1n resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casaci\u00f3n que de acuerdo con la ley tenga el car\u00e1cter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n\u201d, situaci\u00f3n que no se enmarca dentro del presente asunto, al tratarse de un conflicto suscitado entre dos jurisdicciones dis\u00edmiles. <\/p>\n
7.- As\u00ed las cosas, se enviar\u00e1n las diligencias a la Corte Constitucional para que, en ejercicio de sus facultades, dirima la situaci\u00f3n planteada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Remitir el presente conflicto de jurisdicci\u00f3n a la Corte Constitucional para que lo dirima. <\/p>\n
SEGUNDO: Enviar el expediente a dicha Corporaci\u00f3n e informar de tal situaci\u00f3n, por el medio m\u00e1s expedito, tanto a la parte actora como a los juzgados involucrados. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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