AC4303-2022 (2022-03027-00)<\/p>\n
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AC4303-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03027-00 <\/p>\n
Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Heliconia y Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer estrado, Miguel An\u00edbal Toro Lopera demand\u00f3 a Martha Niemi L\u00f3pez Colorado y Jaime Alonso P\u00e9rez Arango para que se declarara que lo despojaron de la \u00abposesi\u00f3n\u00bb que ejerc\u00eda sobre una franja de terrero que hace parte del predio rural conocido como \u201cLos Potrillos\u201d, ubicado en la vereda Guamal del municipio de Heliconia e identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 001-725673; en consecuencia, ordenar a sus contradictores \u00abrestituir el lote y mejoras\u00bb o, en su defecto, comisionar para la \u00abentrega f\u00edsica y real del predio\u00bb; imponerles \u00abmulta (\u2026) por la destrucci\u00f3n del inmueble y cultivos (\u2026) por cada acto de perturbaci\u00f3n y despojo que por s\u00ed o por interpuesta persona realicen en el predio\u00bb; condenarlos al pago del \u00abda\u00f1o emergente\u00bb y \u00ablucro cesante\u00bb en cuant\u00eda de $95\u2019000.000 y el \u00abda\u00f1o extrapatrimonial\u00bb equivalente a doscientos salarios m\u00ednimos legales mensuales y; ordenar que se \u00abcompute el tiempo del despojo seg\u00fan el art. 2530 del C.C. y sentencia C-466\/14\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el conocimiento de la \u00abdemanda por despojo de la posesi\u00f3n al poseedor regular\u00bb le correspond\u00eda a ese funcionario \u00abpor el lugar de los hechos\u00bb y por tratarse de un \u00abproceso de menor cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. Esa sede judicial se rehus\u00f3 a conocer el proceso porque entendi\u00f3 que el \u00abproceso verbal posesorio – p\u00e9rdida de la posesi\u00f3n por despojo, destrucci\u00f3n y desplazamiento forzado\u00bb, acorde con los hechos expuestos por el libelista, correspond\u00eda en realidad a un \u00abproceso de restituci\u00f3n de tierras por desplazamiento forzado\u00bb cuya competencia reca\u00eda en el \u00abJuez Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras y Desplazamiento de la ciudad de Medell\u00edn \u2013 Antioquia\u00bb, seg\u00fan lo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 79 de la Ley 1448 de 2011 (27 mayo 2022). <\/p>\n
3. A su vez, la dependencia receptora repeli\u00f3 las diligencias en tanto \u00ablos hechos enunciados no se refieren a actos de abandono o despojo como consecuencia directa e indirecta de hechos que configuren las violaciones de que trata el art\u00edculo 3 de la ley 1448 de 2011\u00bb y tampoco se cumple el requisito de procedibilidad que consagra el art\u00edculo 76 de la misma ley, ya que el actor no aparece inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, lo que le permiti\u00f3 inferir que en este caso se trata de una \u00abacci\u00f3n posesoria ordinaria\u00bb, que le corresponde definir al Juez que la recibi\u00f3 en principio. Por consiguiente, envi\u00f3 el expediente para que se dirima la colisi\u00f3n (19 agosto 2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre autoridades que integran la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en distinta especialidad jurisdiccional y de diferente distrito judicial, le ata\u00f1e resolverla a esta Corporaci\u00f3n, en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan de los mismos, de conformidad con el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, dado que como lo determinan los Acuerdos PSAA12-9268 y PSAA15-10410 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado de Tierras inmerso en este conflicto hace parte del Distrito Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia, mientras que el Promiscuo Municipal de Heliconia pertenece al Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. El ordenamiento adjetivo establece pautas para el reparto de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, en consideraci\u00f3n a su clase o materia, la cuant\u00eda del litigio, la calidad de las partes, la naturaleza de la funci\u00f3n o la existencia de conexidad o unicidad, seg\u00fan sea del caso. <\/p>\n
As\u00ed, los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 18 del C\u00f3digo General del Proceso, atribuyen a los jueces civiles municipales el conocimiento, en primera instancia, de \u00ablos procesos contenciosos de menor cuant\u00eda\u00bb y de \u00ablos posesorios especiales que regula el C\u00f3digo Civil\u00bb, entre otros asuntos. <\/p>\n
A su turno, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem contempla \u00abel domicilio del demandado\u00bb como criterio general para determinar la competencia territorial en los procesos contenciosos, \u00absalvo disposici\u00f3n en contrario\u00bb. <\/p>\n
Dentro de las excepciones a esa regla se encuentra la situaci\u00f3n prevista en el numeral 7\u00ba del precitado precepto, en virtud del cual en aquellos asuntos \u00aben que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb, con la precisi\u00f3n que si estos se encuentran \u00aben distintas circunscripciones territoriales\u00bb el funcionario competente ser\u00e1 \u00abel de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Aflora de all\u00ed la intenci\u00f3n clara del legislador procesal que toda actuaci\u00f3n litigiosa que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 665 del C\u00f3digo Civil revele el ejercicio de un derecho real o en la que se ejercite cualquiera de las \u00abacciones posesorias\u00bb de que tratan sus art\u00edculos 972 y siguientes, deber\u00e1 adelantarse ante la autoridad del sitio donde est\u00e1 el bien involucrado, pauta que, como ha insistido la Corte, excluye cualquier otra, dado el car\u00e1cter privativo y no concurrente que se le dio, \u00abpor lo que no est\u00e1 sometida a elecci\u00f3n del gestor ni mucho menos de los administradores de justicia. Basta que coincidan los supuestos que la estructuran para radicar el impulso, indefectiblemente, en el juzgador de la zona donde se ubique la propiedad, sin que tenga alguna incidencia el domicilio del opositor\u00bb (CSJ AC8186-2017). <\/p>\n
Quiere decir que en los juicios posesorios la competencia territorial se determina con sujeci\u00f3n a la regla especial prevista en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo, que la atribuye con car\u00e1cter privativo al funcionario del lugar donde est\u00e9 situado el bien (forum rei sitae). <\/p>\n
3. En el caso particular, la revisi\u00f3n del escrito introductor permite afirmar que m\u00e1s all\u00e1 de los calificativos que el demandante utiliz\u00f3 para describir el \u00abdespojo\u00bb y las dem\u00e1s conductas que enrostra a sus contradictores, lo cierto es que la acci\u00f3n incoada hace parte de aquellas que regulan los art\u00edculos 972 y siguientes del C\u00f3digo Civil, encaminada a recuperar la posesi\u00f3n del predio objeto del litigio, como f\u00e1cilmente se extracta de los ac\u00e1pites de \u00abdeclaraciones y condenas\u00bb, \u00abjurisdicci\u00f3n, competencia y cuant\u00eda\u00bb y en el poder conferido para demandar en ejercicio de la \u00abacci\u00f3n posesoria por despojo\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, resultan desacertadas las razones que esgrimi\u00f3 el juez municipal para remitir la controversia a los jueces especializados en restituci\u00f3n de tierras, en tanto que el fuero derivado de la naturaleza del asunto no constitu\u00eda un criterio aplicable en el sub lite si se tiene en cuenta el art\u00edculo 75 de la Ley 1448 de 2011, que restringe la competencia de esa justicia especializada a los procesos promovidos por \u00ab[l]as personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de bald\u00edos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicaci\u00f3n, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el art\u00edculo 3\u00ba de la presente Ley, entre el 1\u00ba de enero de 1991 y el t\u00e9rmino de vigencia de la Ley (\u2026)\u00bb, restituci\u00f3n jur\u00eddica y material que, de manera concreta, le corresponder\u00e1 definir a \u00ab[l]os Jueces Civiles del Circuito, especializados en restituci\u00f3n de tierras\u00bb, quienes \u00abconocer\u00e1n y decidir\u00e1n en \u00fanica instancia los procesos de restituci\u00f3n de tierras y los procesos de formalizaci\u00f3n de t\u00edtulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del proceso\u00bb, seg\u00fan lo advierte el inciso segundo del art\u00edculo 79 \u00eddem. <\/p>\n
En tal sentido, cabe recordar el contenido del citado art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011, a cuyo tenor literal y en lo que resulta relevante al caso, advierte <\/p>\n
\u00abSe consideran v\u00edctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un da\u00f1o por hechos ocurridos a partir del 1\u00ba de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno. <\/p>\n
Tambi\u00e9n son v\u00edctimas el c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la v\u00edctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo ser\u00e1n los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. <\/p>\n
De la misma forma, se consideran v\u00edctimas las personas que hayan sufrido un da\u00f1o al intervenir para asistir a la v\u00edctima en peligro o para prevenir la victimizaci\u00f3n. <\/p>\n
La condici\u00f3n de v\u00edctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relaci\u00f3n familiar que pueda existir entre el autor y la v\u00edctima. (\u2026) <\/p>\n
Par\u00e1grafo 3\u00ba. Para los efectos de la definici\u00f3n contenida en el presente art\u00edculo, no ser\u00e1n considerados como v\u00edctimas quienes hayan sufrido un da\u00f1o en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia com\u00fan (\u2026). (Subrayas fuera del texto original) <\/p>\n
De esta forma, es evidente que ni siquiera una interpretaci\u00f3n extensiva de los hechos relatados por el actor permitir\u00eda atribuirle a los jueces especializados en restituci\u00f3n de tierras el conocimiento de esta causa, ya que no se revela la ocurrencia de actos regulados por esa ley de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno, lo anterior sin perjuicio de la posibilidad que le asiste al interesado de acudir a los mecanismos all\u00ed previstos si considera que le asiste derecho a ello. <\/p>\n
4. De este modo las cosas, dada la claridad de la naturaleza de la acci\u00f3n incoada y las pautas de asignaci\u00f3n de competencia elegidas por el memorialista, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 a la oficina primigenia, para que sin tardanza le imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Por Secretar\u00eda, remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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