AC4314-2022 (2022-02759-00)<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02759-00 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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AC4314-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02759-00 <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por Gloria Emilce Morales Montoya y V\u00edctor Hugo Rodr\u00edguez Carvajal frente al auto de 17 de junio de 2022, con el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que radicaron contra la sentencia de 25 de enero \u00faltimo, dictada en el proceso verbal de pertenencia promovido por Maryana G\u00f3mez Puerta contra los recurrentes y Javier Alonso Arias Restrepo (88001310300220170003701), tr\u00e1mite al cual fueron citados Carlos Arturo y Libardo Osorno Londo\u00f1o como acreedores hipotecarios del bien objeto del litigio. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La demandante solicit\u00f3 declarar que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva, el dominio del predio identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 450-3193 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Andr\u00e9s Isla, as\u00ed como ordenar la inscripci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
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2. Una vez vinculados los demandados al tr\u00e1mite se opusieron al petitum, en adici\u00f3n Gloria Emilce Morales Montoya enarbol\u00f3 las excepciones meritorias que denomin\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, \u00abausencia de requisitos formales para la existencia de supuesto poder suscrito mediante escritura 236 del 24 de febrero de 1997 de la Notar\u00eda Primera de San Andr\u00e9s por la se\u00f1ora Maryana G\u00f3mez Puerta\u00bb, \u00abdesconocimiento del se\u00f1or Javier Alonso Arias Restrepo de la condici\u00f3n de poseedora de la se\u00f1ora Mariana G\u00f3mez Puerta\u00bb, \u00abausencia de los requisitos sustanciales para prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u00bb; V\u00edctor Hugo Rodr\u00edguez Carvajal radic\u00f3 las defensas de \u00abausencia de derecho sustantivo, falta de causa en las pretensiones de la demanda\u00bb, \u00abbuena fe de los demandados\u00bb, \u00abmala fe de la demandante\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb, \u00abfalta de presupuestos legales para la prescripci\u00f3n\u00bb; y Javier Alonso Arias Restrepo propuso las de \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n liberatoria\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria de dominio a favor del demandando\u00bb. <\/p>\n
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El curador ad litem designado a Carlos Arturo, Libardo Osorno Londo\u00f1o, como acreedores hipotecarios respecto del bien objeto del litigio, y a quienes se creyeran con derechos sobre tal predio, manifest\u00f3 estarse a lo probado. <\/p>\n
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Frente al escrito de mutua petici\u00f3n la promotora primigenia expuso las excepciones perentorias de \u00abcarencia de derecho sustancial\u00bb, \u00abexistencia de justo t\u00edtulo y posesi\u00f3n por parte de la demandada\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n reivindicatoria por el trascurso del tiempo de la posesi\u00f3n ejercida por la demandada en reconvenci\u00f3n\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb y \u00abmala fe\u00bb. <\/p>\n
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3. Surtidas las etapas de rigor, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina dict\u00f3 sentencia el 1 de julio de 2021, mediante la cual neg\u00f3 las peticiones de la demanda inicial, accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n a favor de V\u00edctor Hugo Rodr\u00edguez Carvajal, respecto de quien argument\u00f3 le bastaba su condici\u00f3n de copropietario para incoar la acci\u00f3n de dominio, y dispuso la entrega del inmueble a este accionante en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
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4. Al resolver la alzada interpuesta por la demandante originaria el superior, el 25 de enero de 2022, revoc\u00f3 la sentencia del juzgador a quo, en su lugar, accedi\u00f3 a la usucapi\u00f3n y deneg\u00f3 la reivindicaci\u00f3n deprecada en la contrademanda. <\/p>\n
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5. Los enjuiciados Gloria Emilce Morales Montoya y V\u00edctor Hugo Rodr\u00edguez Carvajal interpusieron recurso de casaci\u00f3n, pero fue negada su concesi\u00f3n con prove\u00eddo de 17 de junio de 2022, tras considerar insuficiente su inter\u00e9s pues el dictamen pericial decretado de oficio para determinarlo arroj\u00f3 que el inmueble ostenta valor de $811\u2019873.287, a m\u00e1s de que la experticia aportada por los recurrentes fue extempor\u00e1nea y adolece de error grave, en tanto tuvo en cuenta \u00e1rea del bien ra\u00edz superior a la real. <\/p>\n
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6. \u00c9sta determinaci\u00f3n fue atacada en reposici\u00f3n por los recurrentes con el fin de obtener la concesi\u00f3n del mecanismo extraordinario, en subsidio solicitaron la expedici\u00f3n de copias para acudir en queja, tras argumentar que la experticia por ellos allegada est\u00e1 debidamente fundamentada y es id\u00f3nea para establecer su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
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7. El fallador de segunda instancia confirm\u00f3 el prove\u00eddo censurado, al se\u00f1alar que nada fue alegado en contra del peritaje acogido por el tribunal, lo que basta para mantener el prove\u00eddo criticado. <\/p>\n
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Por \u00faltimo, orden\u00f3 la reproducci\u00f3n del expediente para agotar el medio de defensa que ahora ocupa la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Conforme al art\u00edculo 35 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[c]orresponde a las salas de decisi\u00f3n dictar las sentencias y los autos que decidan la apelaci\u00f3n contra el que rechace el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictar\u00e1 los dem\u00e1s autos que no correspondan a la sala de decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consecuencia, la presente decisi\u00f3n no es objeto de pronunciamiento en Sala teniendo en cuenta los criterios expuestos por la Corte al se\u00f1alar, bajo la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil pero que se mantienen, que \u00abla Corte Suprema resolver\u00e1, entre otros asuntos asignados, los que siguen: (\u2026) A) En Sala de decisi\u00f3n. (\u2026) I) Las sentencias. (\u2026) II) inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n (art. 372 C. de P. C.). (\u2026) III) pruebas de oficio antes de proferir la sentencia de instancia. (\u2026) B) El Magistrado sustanciador. (\u2026) I) El recurso de queja (\u2026) II) acumulaci\u00f3n de procesos (\u2026) III) conflictos de competencia (\u2026) IV) el auto que resuelve una nulidad (\u2026) V) el auto que resuelve la s\u00faplica (magistrado que siga en turno -art. 363 C. de P. C.-). (\u2026) VI) multa por la no asistencia a la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C. de P.C.\u00bb (CSJ AC 27 sep. 2010, rad. 2010-01055). <\/p>\n
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2. En este orden, de entrada, menester es indicar que acert\u00f3 el juzgador de \u00faltima instancia al denegar la concesi\u00f3n del mecanismo extraordinario, porque el inter\u00e9s de cada uno de los dos recurrente para acceder a este, como demandados iniciales, deb\u00eda ascender, conforme a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, a 1000 SMMLV, esto es, $1.000\u2019000.000 para el a\u00f1o 2022, de expedici\u00f3n del fallo confutado, requisito insatisfecho en el sub judice. <\/p>\n
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Dicho precepto legal prev\u00e9 que \u00ab(c)uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). <\/p>\n
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Y, en concordancia con esa disposici\u00f3n, el canon 339 de la misma compilaci\u00f3n legal consagra que \u00ab(c)uando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 adoptar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n.\u00bb <\/p>\n
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2.1. Ciertamente, aplicando tales nociones al caso de autos se colige inviable que el juzgador de segunda instancia decretara la pr\u00e1ctica de pruebas en aras de determinar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que tal acreditaci\u00f3n era carga de recurrente, tal cual lo prev\u00e9 el canon 339 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que \u00ab[c]uando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n.\u00bb (Resaltado impropio). <\/p>\n
<\/p>\n
Es decir que la modificaci\u00f3n prevista en el canon de marras tuvo como prop\u00f3sito, precisamente, evitar que un juicio que transit\u00f3 por dos instancias fuera prolongado con la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n y la apertura de un debate probatorio en aras de cuantificar el inter\u00e9s del recurrente para acudir a este mecanismo de defensa, tal cual suced\u00eda con la previsi\u00f3n del art\u00edculo 370 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1, que dio lugar a que no en pocas veces tardara m\u00e1s la mensura de marras que el proferimiento de la sentencia de \u00faltima instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
De all\u00ed que para agilizar el rito el nuevo estatuto adjetivo consagr\u00f3 que el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n deber\u00e1 establecerse con base en el acervo probatorio acopiado durante el juicio. Y en la eventualidad de que dichos elementos de convicci\u00f3n sean insuficientes, as\u00ed como para garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quien est\u00e9 interesado en acudir a la casaci\u00f3n, tambi\u00e9n le otorg\u00f3 la posibilidad de que, al momento de interponer tal recurso, aporte dictamen pericial, el que ser\u00e1 valorado de plano por el magistrado ponente de segunda instancia, so pena de que sea negada la concesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, en la actualidad est\u00e1 vedada la posibilidad de abrir tr\u00e1mite probatorio que tenga como fin de establecer el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, a\u00fan de oficio, en tanto debe determinarse conforme al caudal suasorio obrante en el plenario o, a lo sumo, con la experticia que allegue la persona recurrente al momento de incoar su inconformidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Precisamente esta Sala tiene dicho sobre el punto, en decisiones que bien pueden constituir doctrina probable, que: <\/p>\n
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De ese modo, para calcular el valor de la desventaja sufrida por el extremo vencido, deber\u00e1n auscultarse, en l\u00ednea de principio, como acertadamente lo destac\u00f3 el juez de segundo grado, \u00fanicamente las probanzas obrantes en el paginario, toda vez que, la parte inconforme no hizo uso de la potestad que le confiere el canon 339 del C\u00f3digo General del Proceso de presentar con su censura un dictamen pericial para tal prop\u00f3sito, ni el certificado que diera cuenta del aval\u00fao catastral para el a\u00f1o 2019, no siendo viable, como ahora pretende, el decreto de otros medios probatorios por parte del despacho de conocimiento, habida cuenta que, \u00ab(\u2026) en la actual ley de enjuiciamiento civil, el Cuerpo Colegiado de Jueces, no est\u00e1 compelido para suplir la deficiencia probatoria del recurrente en casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (ibidem). <\/p>\n
<\/p>\n
Ciertamente, aspecto esencial de la nueva ley adjetiva civil, en cuanto al tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, fue el hecho de que para su concesi\u00f3n, en aquellos eventos en que sea necesario establecer la cuant\u00eda del inter\u00e9s del impugnante, no podr\u00e1 el juzgador -como anta\u00f1o- acudir al decreto de prueba pericial, sino que deber\u00e1 estarse a los precisos elementos de juicio que obren en la encuadernaci\u00f3n, trasladando al casacionista la carga de aportar un dictamen cuando este considere que aquellos son insuficientes para tal fin, con el cual el juzgador decidir\u00e1 de plano sobre su procedencia, pues tampoco habilit\u00f3 un tr\u00e1mite de objeci\u00f3n respecto de la pericia allegada, como mecanismo para evitar la dilaci\u00f3n que tales actuaciones generaban. (AC1619 de 2022, rad. 2022-01021, en igual sentido AC5719-2021, rad. 2020-02788-00 y AC1294-2022, rad. 2022-00790, AC3094 de 2022, rad. 2017-00485, AC1898 de 2022, rad. 2016-00048, entre otros). <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. Ahora bien, en el evento de que esta Corporaci\u00f3n compartiera la tesis seg\u00fan la cual es procedente crear un estadio probatorio para establecer el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, la que repele este Despacho como ya se anot\u00f3 en tanto se trata de posici\u00f3n recogida, lo cierto es que el dictamen practicado por decreto oficioso del tribunal ad-quem y que careci\u00f3 de censura en el recurso de queja que se desata, arroj\u00f3 que el valor del inmueble objeto de la litis ascend\u00eda a $858\u2019672.912. <\/p>\n
Y como los demandados Gloria Emilce Morales Montoya y V\u00edctor Hugo Rodr\u00edguez Carvajal son condue\u00f1os en un 45% del inmueble cada uno, mientras que Javier Alonso Arias Restrepo ostenta un 10%, es de concluir que el inter\u00e9s de cada uno de aquellos recurrentes s\u00f3lo alcanz\u00f3 $386\u2019402.810. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior porque cuando el extremo recurrente est\u00e1 conformado por varias personas, es indispensable precisar si se trata de una sola relaci\u00f3n sustancial o si son distintas acumuladas en una sola acci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
De ser lo primero el inter\u00e9s referido ser\u00e1 \u00fanico, por corresponder a un litisconsorcio necesario, pero si de lo segundo se trata el agravio generado con el fallo impugnado deber\u00e1 individualizarse para cada convocante, por configurarse un litisconsorcio facultativo. <\/p>\n
<\/p>\n
El presente proceso, como se anunci\u00f3, se enmarca dentro de la segunda eventualidad, es decir que los peticionarios conforman un litisconsorcio facultativo, en la medida en que la relaci\u00f3n de cada uno con el extremo demandado es independiente, al punto que pudieron haber elevado las pretensiones reivindicatorias de forma aut\u00f3noma. <\/p>\n
<\/p>\n
Efectivamente, sobre esta tem\u00e1tica la Sala tiene dicho: <\/p>\n
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La concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n por el fallador de segundo grado debe estar precedida de un estudio minucioso, con el fin de establecer con claridad que se re\u00fanen los presupuestos de legitimidad e inter\u00e9s que contempla la ley, de tal manera que es menester determinar si quien impugna es singular o plural y, en este \u00faltimo caso, si conforman un litisconsorte necesario o facultativo, as\u00ed como la participaci\u00f3n de cada uno en las reclamaciones elevadas o las condenas impartidas. <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte, al respecto, ha se\u00f1alado que \u2018[e]sa cuant\u00eda en asuntos en los que se presenta pluralidad de sujetos en la parte demandante -para no extender la explicaci\u00f3n a otros casos ajenos al asunto debatido-, supone un estudio cabal que conduzca a establecer, si de litisconsorcio facultativo activo se trata, como en este pleito, si el inter\u00e9s de cada actor recurrente y conformante del prenombrado litisconsorcio, alcanza el l\u00edmite m\u00ednimo que la ley establece para acceder al recurso de casaci\u00f3n. Debe recordarse al respecto que en el litisconsorcio facultativo (y en referencia solo al activo), a la pluralidad de partes corresponde tambi\u00e9n la pluralidad de relaciones sustanciales controvertidas, que s\u00f3lo por econom\u00eda procesal o por conveniencia, los sujetos activos de esas relaciones debatidas demandan en un solo proceso que puede culminar respecto de cada uno en forma diversa, de lo cual se deriva que, como lo advierte el art\u00edculo 50 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u2018los litisconsortes facultativos ser\u00e1n considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundar\u00e1n en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso\u2019. Lo que significa que cada litisconsorte facultativo pudo formular su propia demanda separadamente, o reunirse con otros para formular una sola, podr\u00e1 impetrar su propio recurso, incidente, en fin cualquier acto sin afectar los derechos o las obligaciones de los otros litisconsortes\u201d. (CSJ AC de 20 nov. 2012, rad. n\u00ba 2004-00197-01). <\/p>\n
<\/p>\n
En suma, los demandantes conforman un litisconsorcio facultativo, de donde su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n no se determina sumando la afectaci\u00f3n que a todos caus\u00f3 el fallo de segunda instancia, sino de forma individual, situaci\u00f3n que deja al descubierto que ninguno alcanz\u00f3 la suma equivalente a 1000 SMMLM, sin olvidar que: <\/p>\n
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Desde luego que en el punto no sobra advertir que el art\u00edculo 949 del C\u00f3digo Civil contempla la posibilidad de reivindicar la cuota parte de una cosa, pero, como es evidente, siendo el todo individualmente distinto de la cuota, el propietario de esta que pide la totalidad, pretende un objeto y un derecho que no tiene. As\u00ed lo han definido muy bien tanto la doctrina como la jurisprudencia, a prop\u00f3sito de lo cual cabe transcribir lo expresado por la Corte al respecto: <\/p>\n
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Desde la perspectiva de la normatividad, no es igual afirmar que se es due\u00f1o exclusivo de un bien pero demostrar que apenas se tiene el derecho sobre una parte individualizada del objeto, que pretenderse propietario \u00fanico y luego comprobar que se es titular de un derecho de cuota. Lo primero se gobierna por las reglas propias del derecho de dominio. Y si bien estas reglas son indispensables para lo segundo, no son, en cambio, suficientes, pues, como nadie se atrever\u00eda a negarlo, se las debe articular con las de la comunidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Aproximando el punto de vista sobre el que se viene discurriendo a las reglas pertinentes a la reivindicaci\u00f3n, se ve como la primera hip\u00f3tesis se ajusta, sin m\u00e1s, al art\u00edculo 946 del C.C. En cambio, la segunda tiene inevitablemente que contar, tambi\u00e9n, con el art\u00edculo 949 ib.\u201d.Cas. Civ. de 30 de junio de 1989). <\/p>\n
<\/p>\n
Y tambi\u00e9n se expres\u00f3 por la Corte, en otra ocasi\u00f3n, lo siguiente: <\/p>\n
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\u201cComo en el caso en estudio el actor es due\u00f1o de un derecho correspondiente a la mitad del inmueble objeto de la demanda, con base en \u00e9l no puede demandar para s\u00ed la reivindicaci\u00f3n de todo el predio, como cuerpo cierto, pues si solo es titular de un derecho, la acci\u00f3n que le corresponde ejercer no es la consagrada en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, sino la del art\u00edculo 949 ib\u00eddem, referente a la reivindicaci\u00f3n de cuota determinada proindiviso de cosa singular. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cNo siendo el actor due\u00f1o de todo el predio sino de una parte indivisa -ha dicho la Corte- su acci\u00f3n no pod\u00eda ser la consagrada en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil sino la establecida en el 949 de la misma obra, ya que el comunero no puede reivindicar para s\u00ed sino la cuota de que no est\u00e1 en posesi\u00f3n y al hacerlo debe determinarla y singularizar el bien sobre el cual est\u00e1 radicado. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cComo es bien sabido, el comunero posee el bien com\u00fan en su nombre y tambi\u00e9n en el de los condue\u00f1os y por lo mismo la acci\u00f3n de dominio que le corresponde debe ejercitarla para la comunidad\u201d. (Tomo XCI, p\u00e1g. 528) (CSJ, SC014 de 1997, rad. 4687). <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, de destacar en este aspecto que el juzgado de primera instancia, que hab\u00eda estimado la acci\u00f3n de dominio incoada por v\u00eda de mutua petici\u00f3n, se abstuvo de ordenar frutos civiles o naturales a favor de la parte reivindicante, sin que este extremo procesal apelara tal negativa, desfavorable a sus intereses, por lo que tampoco era viable calcular frutos civiles o naturales para determinar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. Y como si lo anterior fuese insuficiente brota n\u00edtido que ni siquiera estimando la pericia allegada por los recurrentes, de forma extempor\u00e1nea y al margen del procedimiento previsto legalmente para acreditar el inter\u00e9s bajo estudio, se habilitar\u00eda la concesi\u00f3n del recurso extraordinario en la medida en que cuantific\u00f3 el inmueble objeto de la acci\u00f3n en $1.574\u2019290.316. <\/p>\n
<\/p>\n
Esto traduce, it\u00e9rase, que como Gloria Emilce Morales Montoya y V\u00edctor Hugo Rodr\u00edguez Carvajal son condue\u00f1os de un 45% del inmueble cada uno, mientras que Javier Alonso Arias Restrepo ostenta un 10%, el inter\u00e9s de cada uno de aquellos recurrentes ascender\u00eda a $708\u2019430.642. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Total, como lo determin\u00f3 el despacho judicial de segunda instancia, los recurrentes carecen del inter\u00e9s consagrado en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Es que la naturaleza extraordinaria de tal recurso justifica las restricciones para concederlo, toda vez que s\u00f3lo es viable en aquellos eventos establecidos de manera expresa por la ley, teniendo en cuenta su clase y el quantum del agravio causado por el fallo impugnado, salvo que verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas, porque en este est\u00e1n involucrados los derechos personal\u00edsimos irrenunciables y no un componente econ\u00f3mico. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed lo resalt\u00f3 la Corte al se\u00f1alar que \u00ab(\u2026) s\u00f3lo puede emplearse frente a ciertas y determinadas sentencias, en atenci\u00f3n a la naturaleza del proceso en el que ellas fueron proferidas, al juez que las emiti\u00f3 y, por regla general, \u2018al valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u2019 (Cfme. art. 366 del C. de P. C., modificado por la Ley 592 de 2000)\u00bb. (AC de 20 abr. 2009, rad. 2008-01910, reiterado en AC4416-2014). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por consecuencia, la queja bajo estudio no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, por lo que as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
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Primero: Declarar bien denegada la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 25 de enero \u00faltimo, dictada en el proceso verbal de pertenencia promovido por Maryana G\u00f3mez Puerta contra los recurrentes y Javier Alonso Arias Restrepo (88001310300220170003701), tr\u00e1mite al cual fueron citados Carlos Arturo y Libardo Osorno Londo\u00f1o como acreedores hipotecarios respecto del bien objeto del litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo: Ordenar devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 JUSTIPRECIO DEL INTERES PARA RECURRIR Y CONCESION DEL RECURSO. Cuando sea necesario tener en cuenta el valor del inter\u00e9s para recurrir y \u00e9ste no aparezca determinado, antes de resolver sobre la procedencia del recurso el tribunal dispondr\u00e1 que aqu\u00e9l se justiprecie por un perito, dentro del t\u00e9rmino que le se\u00f1ale y a costa del recurrente. Si por culpa de \u00e9ste no se practica el dictamen, se declarar\u00e1 desierto el recurso y ejecutoriada la sentencia. El dictamen no es objetable. Denegado el recurso por el tribunal o declarado desierto, el interesado podr\u00e1 recurrir en queja ante la Corte. <\/p>\n
Interpuesto el recurso en tiempo y por parte legitimada, el tribunal lo conceder\u00e1 en sala de decisi\u00f3n si fuere procedente, y dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente a la Corte una vez ejecutoriado el auto que lo otorgue y efectuadas las diligencias para el cumplimiento de la sentencia. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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