AC4315-2022 (2022-01427-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4315-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-01427-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Familia de Medell\u00edn y Promiscuo de Familia de Andes, Antioquia, con ocasi\u00f3n del conocimiento del proceso de restablecimiento de derechos adelantado en favor de la menor de edad Juanita1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En virtud de una denuncia an\u00f3nima realizada el 16 de julio de 2021 (fls. 2, 3), el 19 de ese mes y a\u00f1o el comisario de familia de Hispania, Antioquia, avoc\u00f3 conocimiento del tr\u00e1mite de verificaci\u00f3n de derechos y dispuso la valoraci\u00f3n del entorno familiar de Juanita (fl. 4). <\/p>\n
De los resultados de las \u00f3rdenes anteriores, el 3 de agosto de ese mismo a\u00f1o inici\u00f3 proceso administrativo de restablecimiento de derechos no solo en favor de Juanita, sino tambi\u00e9n de su hermana Juana, adopt\u00f3 como medida provisional la ubicaci\u00f3n en hogar sustituto de ambas ni\u00f1as (fls. 40, 41). <\/p>\n
Mediante auto de 11 de agosto de 2021, el comisario de familia de Hispania orden\u00f3 modificar la medida provisoria de Juana, por ubicaci\u00f3n en medio familiar extenso, en el hogar de la t\u00eda paterna (fls. 59, 63), \u00faltima que el 13 de enero de 2022 inform\u00f3 que su traslado al municipio de Salgar (fl. 122), por lo que la Comisar\u00eda emiti\u00f3 la certificaci\u00f3n correspondiente para la vinculaci\u00f3n en salud en dicho lugar de la menor de edad (fl. 123). <\/p>\n
El 21 de enero de 2022, en audiencia de pr\u00e1ctica de pruebas y fallo, a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n No. 02-2021, se (i) declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos de Juanita y Juana; (ii) orden\u00f3 la pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino para tomar decisiones definitivas; (iii) ratificaron las medidas de ubicaci\u00f3n en hogar sustituto y extenso para cada una de las ni\u00f1as, respectivamente; (iv) comision\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia del Retiro para realizar visita domiciliaria al padre de Juanita (fls. 171 a 174). <\/p>\n
En auto del 4 de abril de 2022 (fls. 249 a 253), la comisaria de familia de Hispania, manifest\u00f3 \u00abla p\u00e9rdida de competencia y posibles nulidades que operaron para la autoridad administrativa por no haber definido la situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb de las menores de edad. En consecuencia, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Promiscuo de Familia de Andes, Antioquia. <\/p>\n
2. El asunto fue asignado al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Andes, el cual, mediante autos del 18 de abril de 2022, escindi\u00f3 el proceso en atenci\u00f3n a la ubicaci\u00f3n de las ni\u00f1as, el de Juana lo envi\u00f3 para Salgar y el de Juanita a Medell\u00edn, por encontrarse esta \u00faltima bajo medida provisional con ubicaci\u00f3n en hogar sustituto, sustray\u00e9ndose as\u00ed de la competencia. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido y entregado al Juzgado Segundo de Familia de Medell\u00edn, el cual, en providencia de 28 de abril de 2022, no avoc\u00f3 conocimiento del asunto y, en este sentido, promovi\u00f3 el conflicto negativo. <\/p>\n
Al respecto indic\u00f3 que una vez establecida la competencia territorial en el tr\u00e1mite administrativo o judicial las circunstancias posteriores no la var\u00edan, y en el caso de Juanita la ubicaci\u00f3n en Medell\u00edn \u00abse da de manera transitoria, obedeciendo \u00fanicamente al convenio suscrito por el ICBF, para hacer efectiva la medida de restablecimiento de derechos\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, rechaz\u00f3 \u00abla ruptura procesal que se hizo al expediente\u00bb, porque la vulneraci\u00f3n de derechos de ambas ni\u00f1as se origin\u00f3 en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que en \u00faltimas ser\u00edan diferentes jueces los que resolver\u00edan \u00abla situaci\u00f3n de las dos hermanas, pertenecientes a un mismo grupo familiar y cuyas decisiones deben favorecerlas de manera conjunta. De esta forma se estar\u00eda resquebrajando la unidad familiar\u00bb, adem\u00e1s se suma a la situaci\u00f3n \u00abel alejamiento de las ni\u00f1as y el distanciamiento de su familia, cuando lo que se debe hacer es trabajar con ellos en procura del mantenimiento de la unidad familiar, de ser posible\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, Antioquia y Medell\u00edn, el superior funcional com\u00fan a ambos y la competente para resolverlo es esta Sala de la Corte, de conformidad con lo estipulado en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7 de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El mandato general de competencia territorial previsto en el numeral 1, art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que en los procesos contenciosos corresponder\u00e1 al domicilio del demandado \u00absalvo disposici\u00f3n en contrario\u00bb, \u00faltima previsi\u00f3n del todo aplicable en los casos que involucran ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes por as\u00ed disponerlo el inciso 2 ib., cuando se\u00f1ala que en los asuntos donde los mencionados sujetos de especial protecci\u00f3n act\u00faan como parte demandante o demandada el conocimiento corresponder\u00e1 \u00aben forma privativa al juez del domicilio o residencia de aqu\u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia indica \u00ab[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del pa\u00eds, ser\u00e1 competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su \u00faltima residencia dentro del territorio nacional\u00bb, regla que no solo resulta aplicable en los asuntos que conocen las autoridades administrativas como el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, sino tambi\u00e9n a los funcionarios judiciales tal como lo ha orientado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
[E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece el ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (CSJ AC, 19 jun. 2008, rad. 2008-00679-00, reiterado, entre otros, en AC1493-2021, AC3631-2022, AC387-2022). <\/p>\n
Al respecto, en un asunto en el que estaba involucrada una menor de edad y que de la sede administrativa pas\u00f3 a la judicial, esta Corporaci\u00f3n \u00abconcluy\u00f3 que la competencia para proseguir con el tr\u00e1mite de ese proceso deb\u00eda asignarse teniendo en cuenta que \u00abel inter\u00e9s superior del menor tiene como objetivo, en el caso particular, evitar imponerle al menor o a quien se encuentre a cargo de su cuidado, que se desplace a un lugar distinto del de su residencia (CSJ AC, 4 julio 2013, Exp. 2013-00504, reiterado en AC1828-2019)\u00bb (CSJ AC4860-2021). <\/p>\n
En privilegio del derecho sustancial (art\u00edculo 11 Ley 1564 de 2012) como de los principios de acceso a la administraci\u00f3n de justicia (canon 2 Ib.) e inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (art\u00edculos 44 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 8 Ley 1098 de 2006), y de la prevalencia de los derechos de estos sujetos de especial protecci\u00f3n en todo acto, decisi\u00f3n, medida administrativa, judicial o de cualquier \u00edndole (art\u00edculo 9 ejusdem) dan cuenta que con el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones2 se garantizan mediante la virtualidad las obligaciones del Estado de conseguir la presencia del menor de edad y sus representantes, as\u00ed como que el tr\u00e1mite se desarrolle atendiendo a los principios de inmediaci\u00f3n, econom\u00eda procesal y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Por consiguiente, el cambio del lugar de habitaci\u00f3n del menor de edad es un asunto que habr\u00e1 de evaluarse al inicio de la actuaci\u00f3n administrativa o judicial (CSJ AC4557-2019, AC1969-2022), por cuanto invocarlo con posterioridad resultar\u00eda insuficiente para configurar una excepci\u00f3n al principio de perpetuatio iurisdictionis (canon 16 Ley 1564 de 2012), que solo ceder\u00e1 si la contraparte lo alega o se advierten circunstancias excepcionales que en el caso de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes comprometan seriamente el inter\u00e9s superior, por ejemplo cuando el traslado obedece a una determinaci\u00f3n asumida por la autoridad para otorgar una mayor protecci\u00f3n a los intereses del sujeto de especial protecci\u00f3n (CSJ AC2123-2014, AC4540-2021, AC3506-2022), descartando por tanto aquellas variaciones territoriales de hecho (CSJ AC1879-2021). <\/p>\n
3. Para el caso de la ni\u00f1a Juanita que es el objeto del conflicto a dirimir por esta Corporaci\u00f3n, la competencia se asignar\u00e1 al Juzgado Segundo de Familia de Medell\u00edn. <\/p>\n
3.1 En efecto, para el 18 de abril de 2022 cuando el Juzgado Promiscuo de Familia de Andes, Antioquia, tom\u00f3 la determinaci\u00f3n de sustraerse del conocimiento, la menor de edad se encontraba en la ciudad de Medell\u00edn por orden de autoridad administrativa que dispuso su ubicaci\u00f3n en hogar sustituto y la actuaci\u00f3n judicial apenas iniciaba, luego no se ve comprometido el principio de la perpetuatio iurisdictionis en la \u00f3rbita judicial, permiti\u00e9ndose de esta manera variar la competencia territorial. <\/p>\n
3.2 Ahora, se advierte de la revisi\u00f3n del enlace electr\u00f3nico contentivo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos (pdf 008), que el 13 de julio de 2022 el Coordinador del Centro Zonal Suroeste de Andes, Antioquia inform\u00f3: \u00abel Hogar Sustituto en el cual se encuentra actualmente la afectada est\u00e1 pr\u00f3ximo a ser cerrado\u00bb, por lo que resulta necesario un cambio de medida (pdf 012), aspecto que no incide en el conocimiento que se asigna por competencia al despacho de Medell\u00edn dada prevalencia de los derechos de la ni\u00f1a y los fines previstos por el legislador en las medidas de restablecimiento de derechos, cuyo tr\u00e1mite se debe adelantar a la mayor brevedad (art\u00edculo 100 Ley 1098 de 2006). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se asignar\u00e1 la competencia al Juzgado Segundo de Familia de Medell\u00edn, decisi\u00f3n de la cual se dar\u00e1 aviso al otro despacho judicial involucrado y a los progenitores de la menor de edad involucrada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Segundo de Familia de Medell\u00edn, es el competente para conocer el asunto referenciado en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque el conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Promiscuo de Familia de Andes, as\u00ed como a los progenitores de la menor de edad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para efectos de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 103 del C\u00f3digo General del Proceso, Ley 2213 de 2020 y en materia de adolescentes se cuenta con la experiencia del sistema de responsabilidad penal (canon 194 Ley 1098 de 2006). <\/p>\n
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