ATC1301-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1301-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-01938-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 23 de noviembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Reinel Dar\u00edo Forero Betancourt, en su calidad de asistente jur\u00eddico del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali contra el Consejo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Valle del Cauca, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdescanso\u00bb, igualdad, trabajo en condiciones dignas y salud, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el 1\u00b0 de diciembre de 2016 fue nombrado en provisionalidad en el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, en el cargo de asistente judicial. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, solicit\u00f3 al titular del despacho el disfrute de las vacaciones a que tiene derecho por haber laborado de manera ininterrumpida entre el 8 de diciembre de 2019 y el 7 de diciembre de 2020, a partir del 20 de diciembre de 2021, las que ya le fueron canceladas, empero, mediante Resoluci\u00f3n No. 08 del 20 de octubre de 2021 el nominador no accedi\u00f3 a lo pedido \u00abpor necesidad del servicio (\u2026) hasta tanto no se aporte presupuesto\u00bb, lo cual, dice, no cuestiona, pues el \u00abJuzgado requiere para su adecuado funcionamiento y la debida administraci\u00f3n de Justicia, la presencia y trabajo de todos sus empleados y por ende la asignaci\u00f3n presupuestal para que el titular pueda nombrar a alguien en el reemplazo de cada uno de ellos, de modo que a su reintegro cuando venza su periodo vacacional su puesto de trabajo no se encuentre congestionado\u00bb. <\/p>\n
No obstante, explic\u00f3 que la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali \u00abs\u00ed desconoce mis garant\u00edas, al no realizar la asignaci\u00f3n presupuestal para poder nombrar reemplazos durante las vacaciones de los empleados judiciales, pues como empleado, tengo el derecho al disfrute de vacaciones, cuando se hayan cumplido los requisitos para ello, y tal situaci\u00f3n no puede ser menoscabada por motivos administrativos\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 ordenar a los accionados \u00ab(\u2026) adelanten las todas las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para que el JUEZ 6 DE EJECUCI\u00d3N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de Cali nombre [su] reemplazo (\u2026) para que se materialice su derecho al disfrute del descanso remunerado y se permita mantener un debido funcionamiento del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 el amparo, tras advertir que \u00abno se puede impedir que REINEL DARIO FORERO BETANCOURT disfrute del derecho al descanso, so pretexto de una restricci\u00f3n de tipo administrativo o laboral, dado que las vacaciones constituyen un elemento \u00ednsito en el derecho que tienen todos los servidores judiciales a trabajar en condiciones dignas, por lo que no puede ser trasgredido en funci\u00f3n del servicio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali, \u00abque en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, realice las gestiones necesarias encaminadas a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer el reemplazo de la (sic) accionante durante el periodo de vacaciones concedido por el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali mediante la Resoluci\u00f3n n\u00b02 de 11 de junio de 2021 y con ello, garantizar la correcta y adecuada prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de administraci\u00f3n de justicia y el derecho al descanso\u00bb. <\/p>\n
3. El anterior fallo lo impugn\u00f3 la Directora Ejecutiva Seccional accionada, toda vez que esa entidad \u00ab(\u2026) no puede desconocer las directrices emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura (CIRCULAR PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011), y darle una interpretaci\u00f3n extensa, particular y ponderada, a un Acto Administrativo que claramente se\u00f1ala la no procedencia del pago para reemplazo de vacaciones de empleados\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abcuando se trata del r\u00e9gimen de vacaciones Individuales, le corresponde al respectivo NOMINADOR definir la situaci\u00f3n sobre el goce y disfrute de sus vacaciones; esto a trav\u00e9s de Actos Administrativos (Resoluciones que conceden Vacaciones Individuales), puesto que es el nominador, quien conoce y aprueba todas las situaciones administrativas en las que pueda estar incurso el Servidor Judicial. Art\u00edculo 131 numeral 8\u00ba de la Ley 270 de 1996\u00bb. <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Examinada la demanda y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n se encamina a censurar el oficio DESAJCLO21-4130 de 25 de octubre de 2021 suscrito por la Directora Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali, dirigido al Juez Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, mediante el cual le comunica que \u00abno es procedente para esta Direcci\u00f3n Seccional, solicitar recursos para reemplazo de vacaciones del servidor judicial REYNEL DARIO FORERO BETANCOURT en calidad de asistente jur\u00eddico del despacho que usted dirige, teniendo en cuenta la Circular No. PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011, mediante la cual se deroga las Circulares 44 y 89 de 2005, dado a que se refiere a la programaci\u00f3n de las vacaciones de los Funcionarios, Circular que a la fecha se encuentra vigente y no ha sido derogada. (\u2026) Como quiera (sic) que la Circular excluye a los servidores que ostentan la calidad de empleados, no es dable para esta entidad desconocerla para atender su solicitud\u00bb. <\/p>\n
Bajo tal perspectiva, para la definici\u00f3n del funcionario competente se hace necesario observar y hacer uso de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En efecto, del estudio de dichas normas, se evidencia que la colegiatura a quo no estar\u00eda llamada a conocer del asunto porque ning\u00fan reproche se dirige contra el Consejo Superior de la Judicatura, siendo aparente su vinculaci\u00f3n, ya que los ataques se dirigen contra el Consejo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Valle del Cauca, siendo los competentes para conocer del auxilio, en principio, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, seg\u00fan el numeral 6\u00ba del Decreto en menci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, como seguidamente el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00ba dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, se torna imperativo integrar el primer canon con el que se acaba de referir, para, de esta manera, concluir que, como se trata de un empleado judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, debe ser el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el que dirima el auxilio. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al reparto del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es s\u00f3lo del fallo de primera instancia, sin perjuicio de lo que la corporaci\u00f3n habilitada para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC1569-2021, 13 oct. 2021, rad. 00229-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19923\u00bb (CSJ ATC185-2021, 17 feb. 2021, rad. 000148-01, citado en ATC567-2022, 27 abr. 2021, rad. 00571-01, entre otros muchos). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 23 de noviembre de 2021 en el tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Secretar\u00eda del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que, previo reparto, se habilite su conocimiento en primer grado. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al a-quo y a los interesados mediante medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
3\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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