ATC1311-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1311-2022 <\/p>\n
Expediente: 11001-02-03-000-2013-02454-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (02) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la solicitud formulada por R.D.C. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Pide en interesado, la \u00abdes anotaci\u00f3n de registros de antecedentes judiciales o similares\u00bb, sustentada en que no tiene \u00abning\u00fan pendiente con autoridades nacionales y extranjeras\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Esta Sala ampar\u00f3 los derechos fundamentales a la salud, integridad personal, seguridad social, vida y dignidad humana del interesado y en consecuencia orden\u00f3 al \u00abComplejo Carcelario y Penitenciario de Bogot\u00e1 \u201cCOMEB\u201d \u2013 \u201cLa Picota\u201d, a trav\u00e9s de su Director o quien hiciera sus veces, en coordinaci\u00f3n con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y la E.P.S. Cols\u00e1nitas, cada uno dentro de sus competencias y por conducto de sus directores o representantes legales, le prestaran \u201cla atenci\u00f3n integral en salud respecto de la enfermedad VIH\/SIDA que presenta, lo que se har\u00e1 hasta el momento en que permanezca en territorio nacional\u201d\u00bb, ello porque en esa oportunidad se hallaba en tr\u00e1mite la extradici\u00f3n del citado (CSJ STC2013-02454-00, 31 oct. 2013). <\/p>\n
Se acceder\u00e1 a lo suplicado, por las razones que en seguida se exponen: <\/p>\n
Establece el inciso tercero del art\u00edculo 64 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia -Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 1285 de 2009-, la obligaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n y divulgaci\u00f3n de las providencias en firme emitidas por las autoridades jurisdiccionales, as\u00ed <\/p>\n
Las decisiones en firme podr\u00e1n ser consultadas en las oficinas abiertas al p\u00fablico que existan en cada corporaci\u00f3n para tal efecto o en las secretar\u00edas de los dem\u00e1s despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducci\u00f3n exacta por cualquier medio t\u00e9cnico adecuado, las cuales deber\u00e1n expedirse, a costa del interesado (\u2026). <\/p>\n
De dicha norma fue retirada la frase y bases de datos, al declararse su inexequibilidad por la Corte Constitucional (C-037 de 1996), argumentando que <\/p>\n
El inciso tercero plantea la viabilidad de que el p\u00fablico pueda, de acuerdo con los art\u00edculos 74 y 228 de la Carta Pol\u00edtica, consultar los archivos y bases de datos que contengan las providencias judiciales, as\u00ed como obtener copia de esos documentos. Esta Corporaci\u00f3n encuentra que dicha posibilidad, en lo que se relaciona con las bases de datos de juzgados y corporaciones judiciales, se erige en una prerrogativa desproporcionada que atenta contra la protecci\u00f3n de la reserva a la informaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 74, y por ende tambi\u00e9n contra los principios m\u00ednimos de la seguridad jur\u00eddica. Adicionalmente, dicha facultad implicar\u00eda desconocer la atribuci\u00f3n de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -en lo que se refiere a los dem\u00e1s despachos judiciales-, de contemplar en sus respectivos reglamentos internos lo concerniente a los requisitos y procedimientos necesarios para que el p\u00fablico pueda acceder en forma ordenada y confiable a la correspondiente informaci\u00f3n judicial. De ah\u00ed que, en la parte resolutiva de esta providencia, habr\u00e1 de se\u00f1alarse que el respectivo reglamento interno se ocupar\u00e1 de definir lo concerniente a la obtenci\u00f3n y suministro de copias de las providencias y dem\u00e1s documentos judiciales (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Ahora, de conformidad con el art\u00edculo 13, numeral 4, del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia -Acuerdo n\u00ba 006 de 2002-, se profiri\u00f3 el manual de funciones de los cargos adscritos a sus diferentes dependencias \u2013Acuerdo n\u00ba 004 de 2002- que, respecto de los Relatores de las distintas Salas de decisi\u00f3n, consagra <\/p>\n
De conformidad con las pol\u00edticas y criterios de la Corte Suprema de Justicia son funciones del cargo de Relator Nominado: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Titular y extractar las providencias de la Sala. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ingresar al sistema los t\u00edtulos y extractos de las diferentes providencias proferidas por la Sala. <\/p>\n
3. Analizar y clasificar las providencias de la Sala para ser publicadas. <\/p>\n
4. Elaborar los \u00edndices tem\u00e1ticos de jurisprudencia trimestral. <\/p>\n
5. Coordinar la edici\u00f3n, entrega y revisi\u00f3n final del material, tanto para la Gaceta Judicial como para los diferentes medios de divulgaci\u00f3n de la jurisprudencia. <\/p>\n
6. \u2026 <\/p>\n
10. Velar por la confidencialidad y seguridad de la informaci\u00f3n que con ocasi\u00f3n de sus funciones conozca. (Diario Oficial n\u00ba 45.443 de 27 de enero de 2004). <\/p>\n
En este orden de ideas, las relator\u00edas son los \u00f3rganos de difusi\u00f3n y publicidad de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y los funcionarios que las dirigen (relatores), como cualquier otro servidor p\u00fablico, est\u00e1n obligados a la cabal observancia del ordenamiento jur\u00eddico (Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculo 6). <\/p>\n
De otra parte, el art\u00edculo 3\u00ba literal b) de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, se\u00f1ala que las bases de datos son \u00abel conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento\u00bb, y el c), que el dato personal es \u00abcualquier informaci\u00f3n vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables\u00bb. <\/p>\n
Tales preceptivas fueron objeto de revisi\u00f3n por el \u00f3rgano limite constitucional y en su disertaci\u00f3n puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha precisado que las caracter\u00edsticas de los datos personales -en oposici\u00f3n a los impersonales (T-729-2002)- son las siguientes: i) estar referido a aspectos exclusivos y propios de una persona natural, ii) permitir identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visi\u00f3n de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos; iii) su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situaci\u00f3n que no se altera por su obtenci\u00f3n por parte de un tercero de manera l\u00edcita o il\u00edcita, y iv) su tratamiento est\u00e1 sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su captaci\u00f3n, administraci\u00f3n y divulgaci\u00f3n (T-414 de 1992). (C-748 de 6 de octubre de 2011). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, la Ley Estatutaria 1712 de 2014 \u00abPor medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica Nacional y se dictan otras disposiciones\u00bb, cuyo objeto, es \u00abregular el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, los procedimientos para el ejercicio y garant\u00eda del derecho, y las excepciones a la publicidad de la informaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba), prev\u00e9 que su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija, entre otras, a \u00ab[t]oda entidad p\u00fablica, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder p\u00fablico, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los \u00f3rdenes nacional, departamental, municipal y distrital\u00bb (art\u00edculo 5\u00ba); y, define como Informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada cuyo acceso puede ser restringido, a aquella que \u00abestando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al \u00e1mbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jur\u00eddica, por lo que su acceso podr\u00e1 ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias leg\u00edtimas y necesarias, y los derechos particulares o privados consagrados en el art\u00edculo 18 de esta ley\u00bb (art\u00edculo 6, literal c). <\/p>\n
Por su parte, el mencionado art\u00edculo 18 ib\u00eddem, establece <\/p>\n
Informaci\u00f3n exceptuada por da\u00f1o de derechos a personas naturales o jur\u00eddicas. Es toda aquella informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada, cuyo acceso podr\u00e1 ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un da\u00f1o a los siguientes derechos: <\/p>\n
b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad; <\/p>\n
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, as\u00ed como los estipulados en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 77 de la Ley 1474 de 2011. <\/p>\n
Par\u00e1grafo. Estas excepciones tienen una duraci\u00f3n ilimitada y no deber\u00e1n aplicarse cuando la persona natural o jur\u00eddica ha consentido en la revelaci\u00f3n de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la informaci\u00f3n fue entregada como parte de aquella informaci\u00f3n que debe estar bajo el r\u00e9gimen de publicidad aplicable (negrilla y subrayado ajeno al texto). <\/p>\n
Respecto del \u00faltimo canon aludido se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional en su estudio de exequibilidad que <\/p>\n
(\u2026) hace una distinci\u00f3n entre el derecho a la intimidad de quienes sean funcionarios p\u00fablicos y el de las dem\u00e1s personas. Esta excepci\u00f3n resulta pertinente, como quiera que cuando se trata de funcionarios p\u00fablicos, el escrutinio de ciertos datos personales est\u00e1 permitido, de conformidad con los par\u00e1metros de constitucionalidad se\u00f1alados, por lo cual no encuentra la Corte que sea incompatible con el art\u00edculo 74 de la Carta ni con otras disposiciones constitucionales (-C-274 de 2013). <\/p>\n
Y acerca del par\u00e1grafo de la misma norma, en el que se establec\u00eda una duraci\u00f3n ilimitada de las excepciones a la publicidad all\u00ed erigidas, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 18, se establece que ninguna de las reservas tendr\u00e1 aplicaci\u00f3n cuando la persona natural o jur\u00eddica haya consentido en su revelaci\u00f3n. Ello resulta conforme a los par\u00e1metros constitucionales que garantizan tanto el derecho de acceso a la informaci\u00f3n, como los derechos a la intimidad, el secreto profesional, y las libertades econ\u00f3micas. Se\u00f1ala tambi\u00e9n el par\u00e1grafo, en relaci\u00f3n con todas las excepciones consagradas en el art\u00edculo, que su duraci\u00f3n es ilimitada (\u2026) <\/p>\n
Dado que la validez de las excepciones al acceso a la informaci\u00f3n son restringidas, se ha exigido consagrar un plazo razonable, vencido el cual la informaci\u00f3n debe poder ser consultada por el p\u00fablico. En efecto, seg\u00fan esos par\u00e1metros, s\u00f3lo podr\u00e1 mantenerse la reserva mientras subsista efectivamente el riesgo cierto y objetivo de que, al revelarla, resultara afectado de manera desproporcionada uno de los bienes que se busca proteger. En esa medida, frente a la afectaci\u00f3n de intereses tales como los derechos a la vida, la salud, la seguridad personales o a la intimidad, no es posible fijar de antemano una limitaci\u00f3n temporal, pues \u00e9sta depende de que subsistan las condiciones materiales que justifican la reserva. En ese sentido, la expresi\u00f3n \u2018ilimitada\u2019 no resulta contraria al derecho a acceder a la informaci\u00f3n p\u00fablica (\u2026) <\/p>\n
Por lo anterior, y en relaci\u00f3n con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 18, se declarar\u00e1 la exequibilidad condicionada de la expresi\u00f3n \u2018duraci\u00f3n ilimitada\u2019, en el entendido de que tal posibilidad se sujetar\u00e1 al t\u00e9rmino de protecci\u00f3n legal consagrado para la protecci\u00f3n de los secretos profesionales, comerciales o industriales\u201d. <\/p>\n
Tan amplio marco jur\u00eddico para significar, siguiendo los lineamientos fijados, que fue la conducta punible de R.D.C, la que origin\u00f3 su tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, y a la postre, las providencias emitidas en la acci\u00f3n de tutela interpuesta por N.C.D, entre ellas la de esta Sala que, como se dijo, concedi\u00f3 el amparo y en cuya redacci\u00f3n se hizo uso de sus datos personales, para el esclarecimiento de los hechos denunciados como lesivos de sus derechos fundamentales, de los cuales hacen parte, por supuesto, sus nombres y apellidos y padecimientos de salud . <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien el art\u00edculo 74 de la Constituci\u00f3n precept\u00faa que \u00abTodas las personas tienen derecho a acceder a los documentos p\u00fablicos salvo los casos que establezca la ley\u00bb, ello no quiere decir que la informaci\u00f3n necesaria para la acertada construcci\u00f3n del respectivo pronunciamiento, como documento p\u00fablico que es, se halle por encima de las disposiciones y decisiones que en la actualidad, con el fin de preservar los las garant\u00edas esenciales derivadas del art\u00edculo 15 \u00eddem, reglamentan el acopio o tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos. <\/p>\n
Es por ello que, en el asunto analizado a instancia de la petici\u00f3n de D.C, se hace imperativo adoptar una medida semejante o congruente con lo que se viene afirmando y lo dispuesto en SU-458 de 2012 y es que el tratamiento de los datos personales del solicitante (nombres y apellidos) en las bases de datos o archivos correspondientes a las decisiones que emite esta Sala como \u00d3rgano de Cierre de la Jurisdicci\u00f3n Civil, no est\u00e9 asociado, o mejor, desbordan su finalidad leg\u00edtima, pues en la pr\u00e1ctica desencadena el inaceptable resultado de generar sospecha sobre las calidades de la persona, y por esa v\u00eda eventualmente prohijar\u00eda o favorecer\u00eda pr\u00e1cticas de exclusi\u00f3n social y discriminaci\u00f3n prohibidas por la Constituci\u00f3n, como igualmente lo concluy\u00f3 la Corte Constitucional en los casos analizados en la memorada sentencia de unificaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 a la Relator\u00eda de Tutelas de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, que proceda a reemplazar el nombre del solicitante y el de cualquier pariente que permita su identificaci\u00f3n, en el (los) archivo(s) Word objeto de publicaci\u00f3n en Internet de la tutela y posterior desacato n.\u00ba 11001-02-03-000-2013-02454-00, el (los) cuales ser\u00e1n reemplazados en los servidores de dominio de la Corporaci\u00f3n y de la Rama Judicial, por la Divisi\u00f3n de Sistemas; asimismo, que no se asocie a dichos servidores copia alguna del documento en PDF, que pueda contener su identidad; igual consideraci\u00f3n se hace respecto de la presente providencia, sustituyendo en lo pertinente los nombres de aqu\u00e9l, y dem\u00e1s sujetos procesales, con las respectivas iniciales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Relator\u00eda de Tutelas y a la Divisi\u00f3n de Sistemas de esta Corporaci\u00f3n que, en el marco de sus competencias, procedan a reemplazar el nombre del solicitante y el de cualquier pariente que permita su identificaci\u00f3n, en el (los) archivo(s) Word objeto de publicaci\u00f3n en Internet de la tutela y posterior desacato n.\u00ba 11001-02-03-000-2013-02454-00, el (los) cual(es) ser\u00e1n reemplazados por sus iniciales; asimismo, que no se asocie a dichos servidores copia alguna del documento en PDF, que pueda contener su identidad. Igual instrucci\u00f3n se hace respecto de la presente providencia, sustituyendo en lo pertinente los nombres de aqu\u00e9l, y dem\u00e1s sujetos procesales, con las respectivas iniciales. <\/p>\n
Of\u00edciese como corresponda. <\/p>\n
Segundo: Inf\u00f3rmese al peticionario la presente decisi\u00f3n <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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