ATC1324-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1324-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01460-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente al fallo proferido el 4 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Gabriel Buitrago Parrales contra la Sala de Descongesti\u00f3n No 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quince Laboral del Circuito de esa ciudad; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la dignidad humana, vida digna, m\u00ednimo vital, salud, debido proceso y seguridad social, que dice conculcados por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene a la Sala de Casaci\u00f3n accionada \u00abrealizar el correcto an\u00e1lisis de las semanas cotizadas por el suscrito entre 1966 al a\u00f1o 2008, teniendo en cuenta historia laboral y las resoluciones emitidas por la entidad Colpensiones\u00bb y, en consecuencia, \u00abdisponer el derecho pensional, dado que el actor cumpli\u00f3 m\u00e1s de 500 semanas en los \u00faltimos veinte a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, entre el – 11 de octubre de 1988 al 11 de octubre de 2008\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Gabriel Buitrago Parrales promovi\u00f3 demanda laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con la finalidad de que se declarara que el actor \u00abes beneficiario del r\u00e9gimen pensional\u2026 y, por ende, le aplica el acuerdo 049 de 1990\u2026\u00bb y, en consecuencia, que \u00abtiene derecho al reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de vejez, de conformidad con el acuerdo 049 de 1990\u2026\u00bb, comoquiera que \u00abdentro de los veinte a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad [60 a\u00f1os], [cotiz\u00f3] un total de 583 semanas\u00bb. <\/p>\n
2.3. Frente a esa \u00faltima determinaci\u00f3n, el actor formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con fallo del 2 de junio de 2020 (SL2108-2020). <\/p>\n
2.4. Al considerar que esta \u00faltima determinaci\u00f3n vulneraba sus derechos fundamentales, Jos\u00e9 Gabriel Buitrago Parrales promovi\u00f3 una primer acci\u00f3n de tutela contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 4, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma capital, concedi\u00e9ndose el amparo, en sede de impugnaci\u00f3n, con providencia del 21 de mayo de 2021 (STC5642-2021), por lo que se orden\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n accionada \u00ab\u2026 dejar sin efectos la sentencia por ella emitida en el asunto reprochado y, en igual t\u00e9rmino, emitir una nueva a trav\u00e9s de la cual resuelva el recurso extraordinario, con observancia de lo previsto en esta determinaci\u00f3n y en los precedentes ampliamente rese\u00f1ados (entre ellos, la SU-769 de 2014 y, m\u00e1s recientemente, la SL1947-2020 y SL1981- 2020)\u2026\u00bb, toda vez que: <\/p>\n
\u2026 existi\u00f3 una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la norma, al considerar que el actor no reun\u00eda los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, en aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n estipulado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que aqu\u00e9l no cotiz\u00f3 al ISS antes de 1994 ni a ninguna otra caja de previsi\u00f3n, por lo cual, no hab\u00eda un r\u00e9gimen anterior que se le pudiera aplicar, desconociendo as\u00ed, los a\u00f1os que estuvo vinculado al Ministerio de Defensa prestando servicio militar entre 1966 y 1968, tiempo que, seg\u00fan la accionada, s\u00f3lo pod\u00eda ser sumado para pensiones del sector p\u00fablico. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 que, el Acto Legislativo 01 de 2005, \u201ccobij\u00f3 y someti\u00f3\u201d al censor, por tanto, deb\u00eda tener cotizadas 750 semanas al 29 de julio de 2005, no obstante, s\u00f3lo acredit\u00f3 583 en los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima requerida para obtener la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Para mayor ilustraci\u00f3n, se memora lo estipulado en el Par\u00e1grafo transitorio 4\u00ba del referido Acto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s normas que desarrollen dicho r\u00e9gimen, no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho r\u00e9gimen, adem\u00e1s, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendr\u00e1 dicho r\u00e9gimen hasta el a\u00f1o 2014 (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
De lo rese\u00f1ado, precisa esta Sala, en el caso concreto, Jos\u00e9 Gabriel Buitrago Parrales ten\u00eda m\u00e1s de 40 a\u00f1os al 1\u00ba de abril de 1994 y realiz\u00f3 aportes al sistema de pensiones antes de esa fecha, cuando estuvo vinculado al Ministerio de Defensa prestando su servicio militar, tiempo que no puede ser desconocido, s\u00f3lo por tratarse de semanas cotizadas al sector p\u00fablico, por tanto, es pertinente se\u00f1alar que s\u00ed existi\u00f3 un r\u00e9gimen anterior que se le pudiera aplicar al libelista, acatando lo preceptuado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, adem\u00e1s de ello, cumpli\u00f3 la edad de pensi\u00f3n -60 a\u00f1os- el 11 de octubre de 2008. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte un apartamiento del precedente constitucional, especialmente de lo determinado en la sentencia SU-769 de 2014, en la cual se estableci\u00f3 la viabilidad de computar los tiempos de servicio prestados en el sector p\u00fablico con el cotizado al Instituto de Seguros Sociales, a efectos de acceder a la pensi\u00f3n de vejez estipulada Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo a\u00f1o, de conformidad con la totalidad de las semanas reportadas y en el porcentaje all\u00ed establecido. <\/p>\n
2.5. En cumplimiento de dicho mandato, la Sala de Descongesti\u00f3n No 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 21 de agosto de 2021, resolvi\u00f3 nuevamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n (SL3885-2021), decidiendo no casar la sentencia de segunda instancia, por cuanto: <\/p>\n
Conforme la historia laboral (f.\u00ba 63 a 66), se evidencia que entre lo efectivamente aportado al ISS alcanza un total de 471,45 semanas en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima de 60 a\u00f1os, esto es, entre el 1 de octubre de 1988 y el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2008 (poniendo de presente que la vinculaci\u00f3n a la entidad y las cotizaciones efectivas empezaron en agosto de 1997), y 937,71 cotizadas hasta el 31 de octubre de 2015 en toda su vida laboral, que sumadas las del servicio militar obligatorio, arrojar\u00edan 1040,67. <\/p>\n
Pero teniendo en cuenta el \u00faltimo ciclo aportado, ya no estaba vigente el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, ya que \u00e9ste \u00fanicamente existi\u00f3 hasta el 31 de julio de 2010 o hasta el 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando contara con 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, fecha para la cual el demandante alcanzaba un total de 709,59. <\/p>\n
2.6. Al considerar que la referida sentencia desconoc\u00eda lo ordenado por el juez constitucional, el actor promovi\u00f3 incidente de desacato, que fue desechado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, con prove\u00eddo del primero de marzo de los corrientes (ATP231-2022). <\/p>\n
2.7. En esta nueva oportunidad, en s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la Sala de Descongesti\u00f3n No 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u00abno efectu\u00f3 los c\u00f3mputos de semanas en la forma probada en todos los actos administrativos e historias laborales emitidos por el fondo pensional, dejado de aplicar el criterio actual frente a la acumulaci\u00f3n de tiempos conforme al decreto 758 de 1990\u00bb, pues \u00abaun cuando emiti\u00f3 un nuevo fallo, en el cual se supone, el despacho aplica dicho criterio, se\u00f1ala que el actor no demostr\u00f3 los tiempos en el periodo requerido, por tanto no tiene derecho a la pensi\u00f3n, realizando un an\u00e1lisis equivocado de los tiempos del accionante, sin sustento alguno\u00bb, habida cuenta que las pruebas recaudadas en el juicio laboral demostraban que cotiz\u00f3 \u00abm\u00e1s de 500 semanas en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad, pero que el despacho sin comprobaci\u00f3n alguna, dice que son 471,45\u00bb. <\/p>\n
2.8. De otro lado, destac\u00f3 que, al considerar que se hab\u00eda incumplido la orden de tutela que se dict\u00f3 en la primera acci\u00f3n de tutela que inco\u00f3, promovi\u00f3 incidente de desacato, pero que la \u00abCorte Suprema de Justicia\u2026, Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 mediante auto ATP231-2022 del 01 de marzo de 2022, no dar apertura a incidente de desacato al considerar que la [enjuiciada] dio cumplimiento al fallo de tutela, hecho que evidentemente no es as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n, se allegaron las siguientes respuestas: <\/p>\n
3.1. La Sala de Descongesti\u00f3n No 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 que \u00abla sentencia atacada sigui\u00f3 el precedente dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, justific\u00f3 razonadamente y enunci\u00f3 las providencias en las que apoy\u00f3 la decisi\u00f3n, mismas que, el hoy tutelante pretende mostrar como erradas\u00bb; y que \u00abya fue resuelta acci\u00f3n de tutela e incidente de desacato contra esta Sala por los mismos hechos, habi\u00e9ndose cerrado este \u00faltimo mediante providencia ATP231-2022\u00bb. <\/p>\n
3.2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el asunto objeto de cr\u00edtica. <\/p>\n
3.3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales En Liquidaci\u00f3n manifest\u00f3 que \u00abcarece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida; siendo por tanto Colpensiones la entidad actualmente encargada de administrar el mencionado R\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
3.4. El Juzgado 15 Laboral del Circuito de este distrito capital esgrimi\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
3.5. Colpensiones pidi\u00f3 \u00abse declare improcedente la presente acci\u00f3n de tutela por cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
4. El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, habida cuenta que las conclusiones de la Sala de Casaci\u00f3n cuestionada \u00abcorresponden\u2026 a la valoraci\u00f3n de la autoridad demandada, bajo la libre formaci\u00f3n del convencimiento; por lo cual, la providencia censurada es intangible -en principio- por el sendero de este accionamiento\u2026\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por el promotor, quien reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se concluye, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues el auxilio constitucional involucra, entre otras actuaciones, la decisi\u00f3n adoptada el primero de marzo de 2022 (ATP231-2022), que declar\u00f3 \u00abcumplido el fallo de tutela STC5642- 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, el 21 de mayo de 2021\u00bb, con fundamento en el cual se dict\u00f3 la sentencia de 31 de agosto de 2021 (SL3885-2021), con la que se muestra inconforme el tutelante. <\/p>\n
Ello en la medida en que, una de las quejas del actor, es que promovi\u00f3 incidente de desacato, al considerar que, con la anotada sentencia de 31 de agosto de la anualidad anterior, no se acataba la orden de tutela dictada por esta Corporaci\u00f3n; pero que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00abresolvi\u00f3 mediante auto ATP231-2022 del 01 de marzo de 2022, no dar apertura a incidente de desacato al considerar que la Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia dio cumplimiento al fallo de tutela, hecho que evidentemente no es as\u00ed\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que el reclamo involucra directamente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que fue dicha sede judicial la que profiri\u00f3 el citado auto de primero de marzo de esta anualidad. <\/p>\n
Entonces, se reitera, comoquiera que la supuesta v\u00eda de hecho en que se incurri\u00f3, seg\u00fan el tutelante, tuvo lugar, entre otras circunstancias, porque se declar\u00f3 el cumplimiento de la orden de amparo que se profiri\u00f3 en ocasi\u00f3n anterior, es evidente que la queja constitucional involucra el citado prove\u00eddo de primero de marzo pasado, por lo que el referido colegiado deb\u00eda ser vinculado por pasiva, lo que imped\u00eda que el a quo resolviera v\u00e1lidamente la salvaguarda. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, comoquiera que la solicitud de amparo involucra dos de las Salas Especializadas de esta Corporaci\u00f3n, debi\u00f3 aplicarse lo dispuesto en art\u00edculo 44 (inciso segundo) del Reglamento de esta Corte (Acuerdo 006 de 2002), seg\u00fan el cual \u00ab[l]a [acci\u00f3n de tutela] que sea interpuesta contra la Corporaci\u00f3n en pleno o contra Magistrados de distintas Salas ser\u00e1 repartida al Magistrado que se encuentre en turno de la Sala Plena y la conocer\u00e1 la Sala de Casaci\u00f3n Especializada de la cual forma parte dicho Magistrado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Secretar\u00eda General de esta Colegiatura, con el fin de que sea sometido a reparto de Sala Plena, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda General de esta Colegiatura, con el fin de que sea sometido a reparto de Sala Plena para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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ATC1324-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1324-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01460-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66780","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66780"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66780\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}