ATC1346-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1346-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03034-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Catorce Civil Municipal de Santiago de Cali y el Juzgado Civil Municipal de Madrid, en la tutela que instaur\u00f3 Ren\u00e9 Mill\u00e1n Mart\u00ednez contra la secretaria de Movilidad y Transporte de Cundinamarca. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor pidi\u00f3 que se ordene a la convocada dar informaci\u00f3n respecto a la petici\u00f3n que interpuso el 8 de marzo de 2022, comoquiera que hasta la fecha sigue sin tener respuesta de fondo sobre su solicitud. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El funcionario judicial de Santiago de Cali repeli\u00f3 la salvaguarda porque observ\u00f3 que la omisi\u00f3n que gener\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n del derecho invocado se suscit\u00f3 en el distrito de Cundinamarca. Por lo tanto, remiti\u00f3 a sus Hom\u00f3logos de dicho departamento, para que se hiciera el reparto respectivo y as\u00ed se abordare el estudio de la demanda en primera instancia, por el juez del lugar donde ocurri\u00f3 la supuesta transgresi\u00f3n del derecho fundamental. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por su parte, el Juzgado Civil Municipal de Madrid tambi\u00e9n se neg\u00f3 a conocer del asunto porque el convocante, a prevenci\u00f3n, eligi\u00f3 instaurar el amparo en Cali, esto es, en su actual domicilio. A su juicio, los efectos de la aducida vulneraci\u00f3n se producen en el lugar en el que se encuentra ubicado el gestor. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que cuenta con la posibilidad de escoger d\u00f3nde invocar el ruego. As\u00ed, en consonancia con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Auto 002 de 2015 de la Corte Constitucional, remiti\u00f3 el infolio a esta Corporaci\u00f3n para dirimir la diferencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Dado que el conflicto se origin\u00f3 entre despachos de distintos distritos judiciales, a esta Sala le ata\u00f1e dirimirla, seg\u00fan el art\u00edculo 7 de la ley 1285 de 2009, en armon\u00eda con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En orden a resolver, el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb. Tal precepto fue reiterado en el art\u00edculo 1\u00b0, 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el 333 de 2021, en el que se agreg\u00f3 \u00abo donde se produjeren sus efectos\u00bb. En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que en trat\u00e1ndose \u00abde una competencia preventiva, (\u2026) si son varios los jueces llamados a asumir el conocimiento, el primero que lo haga excluye a los dem\u00e1s\u00bb. (CSJ ATC420-2021). <\/p>\n
Asimismo, se ha aceptado que para saber cu\u00e1l es el funcionario judicial competente que debe ocuparse de la salvaguarda, se exhibe definitiva la elecci\u00f3n que libremente haga el requirente al presentar su reclamo ante cualquiera de las respectivas agencias, de manera que la escogida queda habilitada para resolverla (CSJ ATC1300-2020). <\/p>\n
En este caso, el actor pretende que la querellada brinde respuesta a su requerimiento. Para ello, escogi\u00f3 la unidad judicial de Santiago de Cali dado que ah\u00ed se sit\u00faa su domicilio, por lo que podr\u00eda afirmarse que tendr\u00eda facilidad en el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y se extender\u00eda las consecuencias del tr\u00e1mite censurado. <\/p>\n
De lo anterior, se observa que lo aducido encaja en uno de los supuestos que trae el art\u00edculo 37 del citado Decreto (en torno al aspecto \u00abterritorial\u00bb) y, por consiguiente, era necesario respetar la selecci\u00f3n del censor, y no, como lo hizo el primer servidor, al desechar el referido ruego, pues como se tiene decantado <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela (resalto propio) (CSJ AT421-2021). <\/p>\n
N\u00f3tese que, aun cuando se admitiera que la presunta infracci\u00f3n igualmente proyecta \u00abefectos\u00bb en Madrid, no le era permitido al juez de Santiago de Cali apartase de las diligencias, pues incluso en esos eventos se confiere prevalencia a \u00abla elecci\u00f3n del accionante\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito a lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Catorce Civil Municipal de Santiago de Cali es el competente para conocer de la disputa en referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Civil Municipal de Madrid. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese al actor lo aqu\u00ed dispuesto, por el medio m\u00e1s expedito posible. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1346-2022 ATC1346-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03034-00 Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Catorce Civil Municipal de Santiago de Cali y el Juzgado Civil Municipal de Madrid, en la tutela que instaur\u00f3 Ren\u00e9 Mill\u00e1n Mart\u00ednez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66789","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66789","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66789"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66789\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66789"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66789"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66789"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}