ATC1413-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1413-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03245-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Luis Enrique Rodr\u00edguez Fagua contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Boyac\u00e1. <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, radic\u00f3 su escrito introductor ante los jueces civiles del circuito de Bucaramanga, con el prop\u00f3sito de que se ordenara a las querelladas resolver la petici\u00f3n que formul\u00f3 el 18 de abril de 2022, en procura de obtener informaci\u00f3n sobre el \u00abestado de la solicitud de VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA, por las actuaciones surtidas por la FISCALIA VEINTINUEVE (29) LOCAL de la ciudad de Sogamoso (Boyac\u00e1); dentro del proceso con radicado CUI 157596000223201101748; que se adelanta en contra del se\u00f1or JORGE ELIECER BARRERA MEDINA., con ocasi\u00f3n del traslado que realizara el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, como consta en la comunicaci\u00f3n; CSJBOY21-2753 de fecha 30 de septiembre de 2021 y auto CSJBOYAVJ21-292 del 30 de septiembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, al que inicialmente correspondi\u00f3 el asunto por reparto, rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n pretextando que, \u00abcomo la entidad a quien le compete resolver sobre la demanda del Derecho de Petici\u00f3n del accionante, es a la FISCALIA GENERAL DE LA NACI\u00d3N -DIRECCI\u00d3N SECCIONAL DE FISCALIAS DE BOYACA, el asunto deber\u00e1 ser conocido por el competente para conocer frente a ella, es decir, los TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL DE BOYACA O A LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE BOYACA, Conforme el numeral 3\u00b0 del Art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021\u00bb. En consecuencia, all\u00ed remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n
3. La colegiatura receptora, Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00abla vulneraci\u00f3n de los derechos alegados por el actor se produjo en el municipio de FLORIDABLANCA (SANTANDER), que es el lugar en el que el accionante manifest\u00f3 tener su domicilio\u00bb y que \u00abdel relato efectuado por el promotor del resguardo no se aprecia que el mecanismo estuviera enfilado contra una actuaci\u00f3n directa del FISCAL GENERAL DE LA NACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente conflicto de competencias, dado que involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; lo anterior al amparo de lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n
Acorde con el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00ab[s]on competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, pauta que reproduce el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, a cuyo tenor \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de peticiones de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la sede en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar el accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado esta Colegiatura, en asuntos similares al que ahora se examina: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848; reiterado en CJS ATC2816-2017, 4 may.). <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n, no desconoce el car\u00e1cter expedito, preferente y sumario de la acci\u00f3n de tutela pues, con independencia de dichos atributos, como acci\u00f3n judicial \u00abest\u00e1 sujeta al debido proceso (art\u00edculo 29 y 85 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) del que dimana la competencia para el conocimiento de los diferentes asuntos. Este corresponde por el factor territorial al juez del lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental (art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991) y por la naturaleza de la autoridad o del acto se distribuye entre los diferentes despachos judiciales, conforme al Decreto 1382 de 2000\u00bb (CSJ. 10 abr. 2021, rad. 42345). <\/p>\n
En otra oportunidad, se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que el debido proceso es un derecho de car\u00e1cter fundamental, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y la competencia, como una de sus manifestaciones, corresponde a la facultad de los jueces para ejercer jurisdicci\u00f3n en determinada parte del territorio o en ciertos asuntos y, como tal, no puede ser invadida por un hom\u00f3logo unipersonal o corporativo. El Decreto 1382 de 2000 reglament\u00f3 el reparto de las acciones de tutela, y determin\u00f3 el juez natural que debe conocer de acuerdo con el nivel al cual pertenezca la autoridad [encartada] o su jerarqu\u00eda, o si se trata de un particular\u00bb (CSJ 23 may. 2013, rad 67047). <\/p>\n
A partir de los elementos de juicio que componen la foliatura, para la Corte es claro que la competencia para tramitar la demanda de tutela en referencia radica en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, puesto que el domicilio del libelista (lugar donde se estar\u00edan produciendo los efectos de la denunciada vulneraci\u00f3n) corresponde al municipio de Floridablanca, el cual pertenece al circuito judicial que integra el referido fallador. <\/p>\n
Tambi\u00e9n conviene precisar que en el libelo introductor no se endilga ning\u00fan reproche puntual frente al Fiscal General de la Naci\u00f3n (como lo prev\u00e9 el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 – modificado por el Decreto 333 de 20211), sino, de manera general, a la entidad a cargo dicho funcionario y conforme al numeral segundo de esa misma normativa, el conocimiento de una tutela contra entidades, autoridades u organismos del orden nacional radica en los jueces del circuito. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye la Corte que quien debe conocer del asunto en esta oportunidad es el primero de los falladores enfrentados en esta colisi\u00f3n, dado que fue el lugar seleccionado por el actor para tramitar la salvaguarda, siendo v\u00e1lida su escogencia en raz\u00f3n del sistema atributivo de competencia preventiva que rige en materia de tutela, el cual implica que el promotor \u00abbien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos\u00bb (CSJ ATC148-2022, 10 feb. 2022, rad. 0426-00; ATC095-2022, 2 feb. 2022, rad. 00273-00; ATL095-2020, 29 ene. 2020, rad. 87608; ATL1303-2018, 20 jun. 2018, rad. 80327; APL1738-2021, 16 nov. 2021, rad. 120439; AP924-2020, 12 mar. 2020, rad. 109683; APL5980-2021, 25 nov. 2021, rad. 01997-00; APL5984-2021, 02 dic. 2021, rad. 02026-00; APL5577 4 nov. 2021, rad. 01829-00 entre otros). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, el llamado a dirimir la tramitaci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, para conocer de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n a la mentada autoridad, por intermedio de la oficina respectiva, para que asuma el conocimiento del asunto. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo decidido a los estrados involucrados y a la parte accionante, anexando copia \u00edntegra de la esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 \u00ab3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Rep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Rep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n, del Consejo Nacional Electoral, as\u00ed como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento, con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb. <\/p>\n
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