ATC1441-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1441-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01370-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el pasado 26 de julio por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por C\u00e9sar Augusto Poveda Hern\u00e1ndez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ricaurte, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el promotor acude a esta herramienta buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad. <\/p>\n
Su reclamo, en s\u00edntesis, gravita en torno a la supuesta lesi\u00f3n de las aludidas prerrogativas superiores ocasionada por la presunta falta de defensa t\u00e9cnica al interior de la actuaci\u00f3n penal que, por el delito de lesiones personales dolosas, se adelanta en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ricaurte bajo la radicaci\u00f3n 2016-01037. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que, seg\u00fan dice, la profesional del derecho que le fue asignada por el Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica no ha asumido su representaci\u00f3n efectiva en la aludida causa, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 su relevo, sin que a la fecha exista pronunciamiento por parte del despacho cognoscente ni de la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
Advierte el gestor que, ante las irregularidades que, en su concepto, se han presentado en el proceso, solicit\u00f3 intervenci\u00f3n especial a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; empero, sobre dicho t\u00f3pico tampoco ha obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
Pretende que se disponga la nulidad de todo lo actuado y se ordene al Ministerio P\u00fablico \u00abcomparezca al interior del proceso\u2026 para que verifiqu\u00e9 [sic] la flagrante violaci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 que en el presente asunto se encontraba configurada una temeridad parcial dado que el reclamo invalidatorio habida sido objeto de pronunciamiento en las acciones de tutela distinguidas con radicaci\u00f3n 2022-00203 y 2022-00233 resueltas por la Sala penal del Tribunal Superior de Cundinamarca. <\/p>\n
No obstante, ampar\u00f3 el derecho de petici\u00f3n de Poveda Hern\u00e1ndez, lesionado por la Personer\u00eda Municipal de Ricaurte, dado que no resolvi\u00f3 la solicitud de intervenci\u00f3n en el proceso penal que le fuera trasladada por competencia, el 19 de abril de 2022, por la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Penales; en tal sentido, le otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de 48 horas para emitir la respuesta pertinente y notificarla al interesado. <\/p>\n
3. El fallo fue impugnado por el actor quien adujo que su pretensi\u00f3n se encontraba encaminada exclusivamente a \u00abordenar a los accionados que se nombre un nuevo defensor p\u00fablico, con el cual poder entrevistarme y atender mi defensa judicial al interior del proceso penal\u2026 201601037\u00bb, de forma que el reclamo nada \u00abtiene que ver\u2026 con tutelas pasadas en las que se solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que el Decreto 333 de 2021 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la vinculaci\u00f3n aparente <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal para resolver, en primera instancia, la presente acci\u00f3n comoquiera que se suscit\u00f3 una vinculaci\u00f3n aparente tanto de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca como del Consejo Superior de la Judicatura que, con vista en el estatuto legal la hab\u00eda facultado para conocer el resguardo en las condiciones que lo hizo. <\/p>\n
Ciertamente cuando la tutela se dirige contra autoridades judiciales, las reglas de reparto contenidas en el ordinal 5\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el numeral 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) determinan que \u00ab(\u2026) ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Al tiempo que, el ordinal 8\u00ba de la referida disposici\u00f3n se\u00f1ala que \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura\u2026 ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Aunque el actor en su demanda menciona a las referidas Corporaciones, ninguna lesi\u00f3n les atribuye, pues el resguardo se enfila de manera espec\u00edfica, tal como lo advirti\u00f3 en la impugnaci\u00f3n, a obtener la designaci\u00f3n de un nuevo defensor p\u00fablico que lo represente en la causa penal que se adelanta en su contra y a que el Ministerio P\u00fablico intervenga en ella en garant\u00eda de sus derechos fundamentales, de ah\u00ed que la protecci\u00f3n que reclama nada \u00abtenga que ver\u2026 con tutelas pasadas en las que se solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado\u00bb, es decir, no imputa ninguna conducta irregular al Tribunal Superior de Cundinamarca que resolvi\u00f3 dos acciones de amparo promovidas con anterioridad. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que exista una alusi\u00f3n a dichas Colegiaturas, es claro que la demanda constitucional no se ciment\u00f3 en alguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n suya pues, se itera, el ataque apunt\u00f3 concretamente a la protecci\u00f3n del derecho de defensa que estima lesionado al interior del proceso penal, evidenci\u00e1ndose que la vinculaci\u00f3n tanto del Tribunal de Cundinamarca como del Consejo Superior de la Judicatura en este caso result\u00f3 apenas aparente pues sustancialmente se requiere que se les impute vulneraci\u00f3n y ello, se itera, no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01 y ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01). <\/p>\n
3. Definici\u00f3n de competencia <\/p>\n
Bajo tal entendimiento, la competencia para conocer en primera instancia el presente resguardo constitucional recae en un Juzgado Penal del Circuito dado que se dirige contra un juzgado promiscuo municipal y una autoridad del orden nacional (Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n), de conformidad con las reglas 5\u00aa y 2\u00aa del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En complemento de lo anterior, como el referido numeral 5 dispone que la competencia para conocer de acciones de tutela dirigidas contra los jueces se encuentra asignada \u00abal respectivo superior funcional\u00bb, el asunto ser\u00e1 remitido a los Juzgados Penales del Circuito Judicial de Girardot, que es al que se encuentra adscrito el Juzgado Promiscuo Municipal de Ricaurte. <\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para conocer en primera instancia este auxilio y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, se reitera, a la oficina de reparto de los Juzgados de Girardot, para que, previo sorteo, sea asignado a un despacho Penal con categor\u00eda de Circuito, conforme lo dicho precedentemente. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal para que el funcionario competente determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
5. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
En cuenta a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
6. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto una vez m\u00e1s se advierte que, \u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto Poveda Hern\u00e1ndez, inclusive, desde el auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la oficina judicial de los Juzgados de Girardot, a efectos de que, previo reparto, el asunto sea asignado a un despacho Penal con categor\u00eda de circuito. <\/p>\n
TERERO: Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a la Sala a quo y a los interesados y expedir las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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